Página 421 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Desprotección social, precarización laboral y riesgo de tragedia humanitaria para más de 220 trabajadores mineros en Amagá – Antioquia

Publicada el 22/05/2007 | por | Dejar un comentario

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT – ANTIOQUIA,
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – “SINTRAMINEROS”
Y LA ESCUELA NACIONAL SINDICAL – ENS

DENUNCIAN PUBLICAMENTE

Ante los diferentes organismos, redes y movimientos de derechos humanos, así como ante las instancias y autoridades civiles y judiciales a nivel nacional e internacional

El peligro de muerte que actualmente corren 220 trabajadores del proyecto minero de la cuenca del Sinifaná en el municipio de Amagá – Antioquia, por las pésimas condiciones seguridad de la mina a raíz de su abandono por parte de los antiguos propietarios de la empresa Industrial Hullera S.A. “COLTEJER, FABRICATO Y CEMENTOS ARGOS” y por la negligencia estatal en la intervención de la situación, lo que ya ha generado accidentes de trabajo y amenaza con desencadenar en cualquier momento, una catástrofe colectiva que cobre igual numero de vidas.

El proyecto minero de la cuenca del Sinifaná en el municipio de Amagá es fuente de ingresos para más de 300 familias de la región, y genera más de mil empleos entre directos e indirectos, además de pertenecer a todo un sistema subterráneo que es parte del ecosistema de esta zona de Antioquia, por lo que su colapso, aparte del alto numero de vidas que cobraría, amenaza con dejar igual numero de familias desprotegidas, personas desempleadas, desestabilizar la economía local y generar daños ambientales irreparables.

En la misma forma se denuncia la situación de desprotección social de estos trabajadores, que muchos, habiendo laborado desde hace varias décadas al servicio de esa empresa, en proceso de liquidación desde hace nueve años y hoy con el nombre de Mineros Unidos S.A. no tienen acceso a atención medica en salud, cubrimiento de riesgos profesionales ni reconocimiento pensional por parte del Sistema General de Seguridad Social. Esto a causa del no pago de los aportes en seguridad social de sus antiguos propietarios, así como de la negligencia del Instituto del Seguro Social y del Ministerio de Protección Social para exigir el cumplimiento y pago de esta carga prestacional y parafiscal.

Hoy, muchos trabajadores de la mina que legalmente deberían estar pensionados siguen laborando, además enfermos por las condiciones de trabajo y con alto riesgo de perecer por falta de herramientas y condiciones de seguridad minera industrial, junto al resto de trabajadores en igual condición de desprotección social, siendo este uno de los trabajos más peligrosos del mundo.

Por otro lado, a la displicencia de las antiguas propietarias de la mina para culminar el proceso de liquidación de la empresa Industrial Hullera, se suma el exorbitante pasivo financiero que deja a Mineros Unidos S.A. y que la incapacita para asumir las millonarias acreencias laborales y prestacionales que se adeudan a los trabajadores por su causa, impidiendo su operación normal y el sostenimiento de su productividad, situación a la que se suma:

a. La actual ausencia de voluntad del Instituto del Seguro Social – ISS para aplicar las medidas administrativas y jurídicas conducentes a reconocer, a costa de “COLTEJER, FABRICATO Y CEMENTOS ARGOS” las pensiones de los trabajadores con ese derecho, así como el acceso a salud y cubrimiento de riesgos profesionales para todos los trabajadores.

b. La falta de voluntad del Ministerio de Protección Social para exigir condiciones seguras y dignas de trabajo a los mismos.

c. La displicencia del Ministerio del Medio Ambiente para tomar cartas frente a los eventuales daños ambientales generados por el colapso de la mina.

d. La ausencia de control y vigilancia del Ministerio Público frente al caso.

e. Y el ya histórico incumplimiento de las muchas promesas y compromisos que durante años han adquirido el gobierno nacional y los empresarios con estos trabajadores, situación que no solo evidencia la tradicional aversión antilaboral que enmarca muchas acciones del sector industrial y gubernamental colombiano, sino que pone al descubierto la falta de un política minera nacional que abogue por la defensa de los recursos del subsuelo como bien público para la generación de empleo, el crecimiento económico equitativo y el desarrollo social integral.

Por todo lo anterior, demandamos de las diferentes autoridades nacionales e internacionales, del orden administrativo, político y judicial, que según su competencia:

PRIMERO: Implementen las medidas necesarias para proteger los derechos del trabajo y en el trabajo de los trabajadores del proyecto minero de la Cuenca del Sinifaná, en el municipio de Amagá –Antioquia.

SEGUNDO: Se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias por parte del Ministerio de Protección Social y el Instituto del Seguro Social, para garantizar a los trabajadores la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad, el trato digno, la atención en salud, el reconocimiento pensional y el cubrimiento de riesgos profesionales para los trabajadores activos, desde el reconocimiento de su vinculación al Sistema General de Seguridad Social.

TERCERO: Se garanticen en la misma forma, condiciones de salud ocupacional, seguridad y protección industrial para los trabajadores activos de la mina, en el marco de la aplicación de las normas nacionales, convenios, conceptos y observaciones de la OIT y la OMS sobre la materia.

CUARTO: Se investigue y sancione por parte de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público y con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, las responsabilidades existentes desde el sector público y privado, frente a las omisiones y negligencia que han generado este riesgo de tragedia humanitaria que a la fecha ya ha cobrado varias victimas por accidente de trabajo.

QUINTO: Convocar a los grupos económicos – ARGOS, FABRICATO Y COLTEJER- para que asuman su responsabilidad social y económica, aportando los recursos del pasivo actuarial de Industrial Hullera, pues en el pasado se beneficiaron económicamente de la zona, y ahora no pueden abandonarla dejando una tragedia social, y mucho mas cuando desde la cúpula de éstos grupos económicos se habla de la Responsabilidad Social Empresarial como una de sus políticas prioritarias

Por lo que solicitamos a redes y organizaciones sociales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, pronunciarse sobre esto ante:

1. Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co

2. Dr. Francisco Santos Vicepresidencia de la República
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

3. Dr. Camilo Ospina Bernal, Ministro de Defensa Nacional
El Dorado con Carrera. 52 CAN, Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)222.18.74
E-mail: siden@mindefensa.gov.co , infprotocol@mindefensa.gov.co , mdn@cable.net.co

4. Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co

5. Dr. Carlos Franco, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 TEL: (+571) 336.03.11 FAX: (+57 1) 337.46.67 E-
mail: cefranco@presidencia.gov.co ; E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

6. Dr. Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co

7. Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
E – mail: elbsilva@fiscalia.gov.co

8. Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

9. Dr Carmén Rosa Villa, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co

10. Doctor Diego Palacio Betancur – Ministerio de Protección Social
Carrera 12 numero 33 -76, Bogotá D.C. Fax (57 -1) 3305050
e-mail quejasyreclamos@minproteccionsocial.gov.co

11. Doctor Gilberto Quinche Toro – Instituto de Seguros Sociales ISS, Carrera 10 No. 64-28, 3436420/4895008(07) Bogotá D.C.
participacionciudadana@iss.gov.co

12. Doctor José Renán Trujillo – Superintendencia Nacional de Salud., Carrera 13 numero 32 – 76, pisos 6, 7, 8 y 9, Bogotá D.C.

13. Doctor Jairo Rubio Escobar – Superintendencia Nacional de Industria y Comercio, Carrera 13 Numero 27 – 00, Edificio Bochita, Pisos 10, 7, 5, 2 y 6 Bogotá D.C. Teléfono: (571)382 08 90

14. Doctor Hernán Martínez Torres – Ministerio de Minas y Energía
Avenida el Dorado CAN – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C.
Tel (5 1) 324 52 62 Fax: (5 1) 324 52 07
minas.energia@minminas.gov.co

Y a las Juntas Directivas de las Empresas
COLTEJER, FABRICATO – TEJICONDOR Y CEMENTOS ARGOS

Con copia al correo dirdefensaderechos@ens.org.co

ANEP y ASDEICE emplazan al sector empresarial sobre financiamiento de la campaña de Referéndum sobre el TLC

Publicada el 22/05/2007 | por | Dejar un comentario

Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP

Asociación Sindical de Empleados del
Instituto Costarricense de Electricidad
ASDEICE

San José, 21 de mayo de 2007.

Señores

Rafael Carrillo Lara
Presidente, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
(UCCAEP)
Carlos Federspiel Pinto
Presidente, Cámara de Comercio de Costa Rica
Michael Borg,
Presidente, Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham)
Grupo “Por Costa Rica”

Presente

Respetables señores:

Desde el sector empresarial representado por las entidades que ustedes dirigen, se han venido formulando afirmaciones acerca de que los sectores que nos oponemos al mal llamado “tratado de libre comercio”, el TLC, hemos recibido, estamos recibiendo y estaremos recibiendo recursos del exterior, concretamente desde los gobiernos de las hermanas repúblicas latinoamericanas de Venezuela y Cuba, para financiar nuestra lucha y nuestra campaña del No al TLC, y más específicamente ahora que los y las costarricenses iremos a un referéndum que, finalmente, definirá la suerte de esta situación que ha polarizado completamente a nuestra sociedad.

Las organizaciones sindicales que orgullosamente representamos, ANEP y ASDEICE, somos parte de un conjunto mucho más amplio de entidades sociales y cívicas de distinta naturaleza y que, en medio de una enorme diversidad y respeto por las autonomías de cada cual, hemos venido desde hace tiempo articulando esfuerzos y estrategias para la derrota definitiva del nefasto TLC, contando únicamente con nuestros propios recursos, sin un centavo procedente del exterior.

De manera abrumadora, los ticos y las ticas patriotas opuestos a ese nefasto TLC, nos bastamos por sí solos para su derrota, tal y como lo hemos venido demostrando, a través del triunfo en el plano de las ideas y en el plano de la calle; preparándonos ahora, con todo entusiasmo y con más fortaleza, para su entierro en las urnas.

Desde el campo empresarial pro-TLC (porque hay otro contrario al “tratado”), del cual ustedes son representantes más que destacados, se nos ha atacado desde hace ya tiempo, con insinuaciones perversas en unos casos y con abiertas acusaciones en otros, de que ANEP y ASDEICE y el amplio conjunto de entidades con las cuales coordinamos acciones, recibimos platas del exterior para financiar la más noble lucha cívica del pueblo costarricense de las últimas décadas.

Es por ello que, de manera oficial, les estamos extendiendo vehemente invitación para que firmemos delante de toda la prensa nacional, una autorización a fin de que personas o entidades de la más absoluta credibilidad, honorabilidad e imparcialidad, ausculten todas las cuentas de la ANEP y de ASDEICE; así como todas las cuentas de UCCAEP, de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de AmCham y de “Por Costa Rica”; tanto las cuentas principales como aquellas de corte paralelo; igualmente, todas las cuentas que estén a nombre de cada uno de nosotros y de ustedes.

Nosotros proponemos a una entidad como Transparencia Costa Rica, pero no objetaríamos que ustedes propongan otra u otras a conveniencia y aceptación de las dos partes.

Creemos que el transcurso de la presente semana, es tiempo más que suficiente para que cada entidad analice esta situación y tome las decisiones pertinentes. Así que, respetuosamente, hemos previsto que ambas partes nos encontremos a las 2 de la tarde del día martes 29 de mayo, en el Hotel Ambassador, para la firma del acuerdo indicado, ante la prensa nacional. ANEP y ASDEICE pagan lo necesario y nos encargaremos de la convocatoria que pedimos sea reforzada por sus entidades. Nosotros les estaremos esperando para este acto de tanto contenido ético y patriótico.

Al mismo tiempo, creemos conveniente que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envíe observadores a este importante acto, dado que el sector empresarial representado en UCCAEP se ha dirigido a dicho ente, expresando preocupaciones y denuncias en tal sentido. Igualmente, estaremos cursando invitación para este acto, a la Defensoría de los Habitantes de la República y a la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Valga indicarles que ni ANEP ni ASDEICE pretenden arrogarse para sí mismas toda la representación del amplísimo y multidiverso sector opositor al TLC; pero sí creemos que con este acto, se sienta un precedente directo de voluntad política de transparencia de cara a la ciudadanía en cuanto a la procedencia de los recursos para la campaña del referéndum y estamos seguros de que, en cascada, del lado del No al TLC, se verán iniciativas como la nuestra. Si ustedes la asumen, seguramente más entidades pro-TLC harán lo mismo. Además, las organizaciones sindicales que representamos, han sentido la enorme necesidad, por la alusión directa que ha provenido del sector empresarial, de demostrarle al país la transparencia de la procedencia de los recursos que financian el accionar de las mismas; así como la ausencia total, como indicamos, de fondos externos para la campaña del No al TLC.

Nuestra querida Patria necesita de las más absoluta transparencia en el proceso del referéndum sobre el TLC, no solamente por tratarse de la primera experiencia de democracia directa de toda nuestra historia de vida republicana; sino que por la envergadura del asunto sometido a consulta popular, en el cual las pasiones están desatadas, es más que imprescindible y estratégico que el asunto se defina única y exclusivamente entre costarricenses, sin interferencias económicas y financieras externas.

Las entidades que con orgullo representamos, estamos listas para abrir nuestras cuentas; esperamos que las vuestras también.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

cc.: Señores y señoras Transparencia Costa Rica.
cc.: Magistratura Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
cc.: Señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
cc.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de Costa Rica.
cc.: Juntas directivas ANEP y ASDEICE.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

Descarada violación de resolución del TSE sobre uso de recursos públicos

Publicada el 22/05/2007 | por | Dejar un comentario

San José, 21 de mayo de 2007.
S.G. 05-07-1331 -07
¡URGENTE!

Licenciado
Gilberth Barrantes Campos
Auditor General Corporativo
Banco de Costa Rica
Su Despacho

Estimado señor:

Conforme a resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), acerca de la prohibición de utilizar recursos públicos para hacer campaña por el SÍ o por el NO al TLC; adjuntamos a la presente foto extractada de la red Internet, de una especie de manta promocional del “SÍ AL TLC”, colocada en las cercanías del Museo de Costa Rica, en las instalaciones de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacote), en la cual se observa el logotipo del BCR-Banco de Costa Rica.

Solicitamos se proceda de inmediato, no solamente a investigar la posibilidad de alguna erogación financiera con cargo a los recursos del Banco de Costa Rica para que su logotipo apareciera en esa manta promocional; sino que, inmediatamente, se orden la desaparición del emblema indicado que compromete la institucionalidad de un ente público en algo que ya está regulado por el organismo electoral, en un asunto de tanta polarización como lo es el tema del TLC.

Agradecemos la remisión de una respuesta a la presente, la cual solicitamos, respetuosamente, al amparo del Artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

Diputado Merino cuestiona informe sobre patrullaje conjunto

Publicada el 17/05/2007 | por | Dejar un comentario

Mientras el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, habla del “excelente resultado de las operaciones contra el narcotráfico en los primeros once meses de la Administración del presidente, doctor Óscar Arias Sánchez”, al mismo tiempo envía a la Asamblea Legislativa un escueto informe de pocas páginas sobre los resultados del convenio de patrullaje conjunto con los Estados Unidos, que pone en entredicho su discurso, aseguró el diputado José Merino del Río.

El legislador del Frente Amplio se declaró sorprendido, ya que “siendo un asunto considerado de orden estratégico parece que el Ministro no se lo toma en serio, al enviar al Parlamento un cuadro de control de visitas, sin indicar cuáles son los resultados de las operaciones conjuntas con las fuerzas navales y militares de los Estados Unidos”.

Según este pequeño documento durante los últimos meses el hecho “más relevante se produjo el día 2 de abril, cuando la embarcación de nombre Prodeus, de la Fundación Ecológica Mar Viva, sufrió un incendio”. Queda evidenciado así, sostiene el diputado Merino, “que el asunto más importante que se reseña, no tuvo nada que ver con el combate al narcotráfico”.

Merino del Río ha cuestionado en el plenario legislativo reiteradamente los resultados del patrullaje conjunto y la participación de fuerzas militares norteamericanas y manifestó en esta ocasión, la disposición del Frente Amplio, para colaborar en el diseño y ejecución de una verdadera política de Estado para combatir el narcotráfico, que tendría que reconsiderar el convenio del patrullaje conjunto.

AyA: Tiempos tormentosos en perspectiva

Publicada el 17/05/2007 | por | Dejar un comentario

POSICIÓN OFICIAL DE LA ANEP ANTE LAS AUTORIADES INSTUCIONALES Y EL COLECTIVO LABORAL DEL A y A

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva
Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

MBA
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Asunto: CUATRO TEMAS DE PRIMER ORDEN Y DE ALTA SENSIBILIDAD, QUE DE NO RESOLVERSE SATISFACTORIAMENTE, SE TRADUCIRAN, DE MANERA INEVITABLE, EN ACCIONES SINDICALES QUE PODRÍAN ESTAR PARALIZANDO LA INSTITUCIÓN.

Honorables señores:

Reciban nuestro más cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Como es del conocimiento de las jerarquías institucionales y el colectivo laboral de esta estratégica institución, existen en el tapete cuatro aspectos fundamentales de orden laboral, no resueltos, dos de ellos acuerdos de huelga y dos temas sensibles adicionales que deben de ser resueltos con prontitud por las autoridades del A y A.

Dichos temas los exponemos a continuación:

I. ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS:

Sobre este tema, nuestra organización sindical dejo plasmado recién finalizada la huelga cuatro fundamentos esenciales que se deberían garantizar en el proceso de reestructuración institucional. Ellos fueron una participación de consulta y discusión con las organizaciones sindicales, una reestructuración sin movilidad laboral forzada (sea, sin despidos), una reestructuración que permitiera un manual de puestos acorde a las particularidades de la institución, para subir las bases salariales de todo el colectivo laboral, así como garantía de que dicho proceso fortaleciera y modernizara la institución

No obstante de que las organizaciones sindicales del A y A, solicitáramos la participación sindical de manera reiterada, nunca existió voluntad política, generándose así un proceso inconsulto y, en consecuencia, deslegitimado desde nuestro punto de vista, pues imperó en todo momento el poder de imperio. Hoy ya prácticamente finalizado el proceso, sigue sin ser sometido a revisión y análisis por parte del frente de organizaciones laborales del A y A.

Así las cosas, dejamos patente que nuestra organización sindical no avalará el estudio de marras, hasta tanto no garanticemos que se cumpla con los aspectos fundamentales que han dado base a nuestra posición al respecto, amén de que en el discurso oficial, se afirme el compromiso de que dicho proceso de reestructuración se apega a los fundamentos expuesto por la ANEP.

Valga afirmar que el manejo que la administración ha hecho del proceso, ha generado enormes desconfianzas en el seno de las organizaciones laborales y, por ende, en las trabajadoras y en los trabajadores que siguen sumidos en el castigo psicológico de la incertidumbre sobre su estabilidad laboral. Lo anterior, potenciado por el silencio y el secretismo sobre este tema que mantienen las jerarquías con el colectivo laboral.

II. IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA DE 48 HORAS

Esta fue una propuesta que se transformó en acuerdo de huelga que si bien no significa una regalía o dadiva de la institución, sí representa una alternativa de gran viabilidad a lo interno de la institución, misma que ha contado con el respaldo masivo de todo el colectivo laboral. Lo anterior tomando en cuenta que muchos trabajadores y trabajadoras, de manera abnegada, laboran más horas de la jornada actual, sin que se les compute como tiempo extra.

Como es vox populi, la jornada laboral de 48 horas representa un 16.72% de incremento en las bases salariales, con lo cual el colectivo laboral institucional estaría en mejores condiciones salariales, compensando de alguna manera el deteriorado valor adquisitivo que experimentan segmentos laborales como el A y A. Valga decir que sobre este particular, los estudios demuestra que en los últimos vente años, se computa un 64% de perdida en el valor adquisitivos de los salarios.

Todo hacía indicar que este tema contaba con el respaldo de las autoridades institucionales; no obstante, el acuerdo de la honorable Junta Directiva del A y A, no satisface las expectativas sindicales y laborales, pues remite una consultoría que en treinta días presente los términos de referencia que demuestre la incidencia en la productividad e impacto en los indicadores de gestión.

Lo anterior es rechazado de manera respetuosa pero contundente por nuestra organización sindical, pues ya existe un informe de la Dirección Financiera y Recursos Humanos sobre el particular. En todo caso, si dicho análisis no contemplara la solicitud de la honorable Junta Directiva, sobre productividad existen en esta estratégica institución profesionales de altísima formación, conocimiento y experiencia que pueden realizar en un tiempo prudencial tal agregado, descartando el negocio que representan las consultorías y el despilfarro de recursos públicos.

La honorable Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia institucional, deben de valorar en su debida dimensión lo sensible que son estos dos temas en la conciencia colectiva de la población laboral, pues ANEP los ve como disparadores de acciones inmediatas de no contar con la oportuna aprobación.

III. NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON LAS TRES ORGANIZACIONES SINDICALES

Tal y como lo manifiesta nuestra fraterna e histórica organización ASTRAA, esta es una iniciativa que han venido planteando durante veinte años, sin que hasta la fecha se haya convertido en una realidad, lo que denominaríamos como el sueño dorado de las trabajadoras y de los trabajadores del A y A.

Sobre este particular, es oportuno mencionar que una de las políticas transversales de nuestra organización, es la negociación e implementación del máximo instrumento de la legislación laboral costarricense, que proporciona sólidas garantías jurídicas desde la perspectiva de las relaciones laborales.

Como ANEP, hemos venido planteando el reclamo y el mandato de las trabajadoras y de los trabajadores, a lo largo y ancho del país, quienes apelan con vehemencia, beligerancia y dignidad la urgencia de que puedan contar con este instrumento para el bienestar de quienes son los legítimos propietarios; pues las organizaciones laborales, por imperativo jurídico, únicamente tenemos la facultad de negociar y firmar dicho instrumento.

Así las cosas, de manera contundente, dejamos expuesta nuestra posición, sustentada en el mandato producto de la consulta popular a la población laboral de A y A, que realizamos en todo el país; para que a la mayor brevedad posible iniciemos el proceso de negociación conjuntamente con las tres organizaciones sindicales. Valga decir que, al respecto, sostendremos una reunión con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social próximamente.

IV. REFORMA AL ARTÍCULO SIETE DEL REGLAMENTO DE PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y DISPONIBILIDAD, QUE LIMITA EL PAGO DE EXTRAS; REFORMAS AL REGLAMENTO TO DE EXPENSAS, VÁITICOS Y RESOLUCIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

Existe a nivel institucional una serie de normativas jurídicas que limitan o cercenan, de manera desproporcionada, derechos elementales de las trabajadoras y de los trabajadores; así como otras normativas que pueden ser objeto de flexibilidad, sin que por ello se exponga a la institución en un nivel de ilegalidad y cuestionamientos por parte de las entidades contraloras.

Así por ejemplo, vía reglamento, se limita el reconocimiento de horas extras a profesionales cubiertos con la disponibilidad, lo que a todas luces pone a la institución en el margen de la ilegalidad, pues existe sobre esta materia, basta jurisprudencia que indica con claridad meridiana que el reconocimiento económico por concepto de disponibilidad, no impide o elimina el derecho al reconocimiento de horas extras.

De tal manera que la honorable Junta Directiva debe de abocarse con prontitud a corregir el contenido del artículo siete, antes de que sea cuestionado ante los órganos competentes del Estado.

En la misma línea, el reglamento de expensas contiene una serie de ambigüedades, contradicciones y limitaciones, que inducen a una interpretación distinta en cada región y por cada jefatura cantonal, sosteniendo criterios objeto de discusión entre lo denominado como vía pública y limitando el reconocimiento económico cuando el trabajador o trabajadora se desplace a realizar trabajos en instalaciones ubicadas dentro del ámbito o territorio del A y A.

Un ejemplo de antología lo constituye el conflicto sucintando en el A y A de Limón, expuesto por ANEP ante la Presidencia Ejecutiva, donde se determino el pago de expensa a trabajadores que según la normativa, no correspondía, proponiendo las autoridades regionales la devolución respectiva a los trabajadores, como una solución.

Otro ejemplo lo constituyen los trabajadores de estudios básicos, de mantenimiento de redes de conducción, cuadrillas de chapeadotes, entre otros sectores laborales operativos, se encuentran excluidos del actual reglamento.

Con respecto a la resolución sobre conflicto de intereses que emitió la Dirección Jurídica en julio del 2005, y que hace alusión directa al Artículo 42, inciso 16, del Reglamento Autónomo de Servicio, prohíbe a los servidores del A y A de manera general, la realización de trabajas o labores similares a las que realizan en A y A, fuera de su jornada laboral, gocen o no, estos del reconocimiento de la dedicación exclusiva.

Tal interpretación limita al personal operativo, técnico o profesional que sin reconocimiento institucional de dicho plus, se le niega el derecho de asumir labores extra institucionales después de la respectiva jornada laboral. En caso contrario, si la institución persiste en mantener esta resolución, deberá de hacer el reconocimiento de la dedicación exclusiva de manera general para todas y todos los trabajadores, independientemente de ser profesionales o técnicos operativos, por lo que consideramos que estamos ante un principio discriminatorio desde la perspectiva del Derecho Laboral.

Consideramos de fundamental interés determinar si existe la necesaria voluntad política en los distintos niveles jerárquicos para conocer propuestas al respecto, que se conviertan en modificaciones a los reglamentos, tanto de expensas, viáticos, disponibilidad y resolución sobre conflicto de intereses.

Nuestra agrupación sindical manera transparente y responsable, indicamos que los anteriores planteamientos se han constituido en un mandato de gran firmeza, formulado por parte de las trabajadoras y de los trabajadores, en la reciente gira nacional de la ANEP, en la que tuvimos la oportunidad de reunirnos en las regionales y cantorales del A y A en todo el país.

Como ANEP, le hemos tomado la palabra a centenares de trabajadores que se muestran indignados y burlados por las autoridades institucionales, razón por la cual si estas peticiones y acuerdos de huelga no se concretan en los próximos días, tendremos un panorama de enfrentamientos; dado que esta situación ha generado un caldo de cultivo que propicia las condiciones idóneas para una indetenible cadena de acciones sindicales, que pueden desencadenar en paros y movilizaciones masivas de trabajadores y de trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Siempre hemos apostado a nuestra vocación de dialogo y negociación, en tanto exista el espacio y las condiciones, sin que ello signifique renunciar nunca y de manera responsable, a las acciones necesarias que puedan redefinir aspectos de orden laboral e institucional, siempre que consideremos principios de justicia y de derecho de las trabajadoras y de los trabajadores.

Finalmente, manifestamos con toda nuestra convicción que si bien los planteamientos expuestos en esta posición, son avances de gran significación desde la perspectiva laboral, hay dos temas de Perogrullo que deben ser los objetivos superiores tanto de las trabajadoras y los trabajadores como de las organizaciones sindicales que les representa, pues son la garantía absoluta del fortalecimiento y modernización del A y A, lo que indican que también deben ser banderas de la dirección política y administrativa institucional.

En tal sentido, estamos hablando de la impostergable y urgente necesidad de una revalorización salarial acorde al nivel de importancia estratégica del especializado recurso humano del A y A, lo cual impone, necesariamente, deshomologación de Servicio Civil. Y, en segundo término, un A y A fuera del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

En esta dirección y tras estos objetivos superiores, hemos de apuntar con convicción y firmeza y en una única dirección, autoridades institucionales, agrupaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, con la certeza de que nos corresponde ser arquitectos y constructores de un A y A, que responda con altura a los venideros desafíos del país.

Con la estima y consideración de siempre,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Joaquín Rojas Chacón
Presidente de la Junta Directiva
Seccional Nacional ANEP-A y A

C.c. Trabajadores y trabajadoras de A y A.
C.c. Junta Directiva SIPAA.
C.c. Junta Directiva ASTRAA.
C.c. Junta Directiva, Seccional Nacional ANEP-A y A.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-A y A Limón.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-A y A Paseo de los Estudiantes.
C.c. Delegados y Delegadas A y A.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Archivo.

TERRORISMO EMPRESARIAL EN CAMPAÑA PRO TLC

Publicada el 17/05/2007 | por | Dejar un comentario

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Un formulario “estándar” ha sido diseñado y puesto a circular para ese reclutamiento. En algunos casos, incluso, se pide hasta el dato de parientes de la persona trabajadora, en lo que constituye una verdadera acción totalitaria que pretende castrar cualquier ejercicio autónomo de pensamiento; creando un ambiente de verdadero terrorismo empresarial donde toda disidencia, por más tenue que sea, pone en riesgo el empleo de quien ose pensar en contra el TLC.

Esto estaba anunciado. Con una soberbia impresionante, al mejor estilo hitleriano, el máximo líder de la actual cúpula empresarial oligárquica, ya había anunciado que los votos de toda la clase trabajadora del Sector Privado serían favorables al TLC. Sintiéndose dueños de vidas y haciendas, al mejor estilo feudal, los jerarcas de los más poderosos gremios de negocios del país, de un tirón castran todo debate democrático; instaurando en los recintos fabriles, comerciales, agrícolas, de servicios y otros, verdaderas dictaduras donde la palabra democracia está prohibida, pues solamente se imparten charlas de adoctrinamiento, al mejor estilo totalitario.

Bien haría el cuestionado Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en meter mano en esto. La gente trabajadora del Sector Privado vive en una especie de encierro carcelario y por paradójico que suene, hay más libertad para las personas privadas de libertad internadas en el Sistema Penitenciario Nacional; que la libertad de debate, de opinión libre y de expresión autónoma, a la que tiene acceso una persona trabajadora que labora, por ejemplo, en una fábrica de plástico cuestionada, que los que trabajan para un famoso librero de corte fascista, que quienes trabajan en la industria agrícola piñera de corte transnacional.

La democracia y la libertad que pregonan estos líderes empresariales, no alcanza a sus respectivos trabajadores. Son verdaderos fariseos. Ellos sí pueden tener sus sindicatos, que son las cámaras, pero niegan el ejercicio de este derecho constitucional de Libertad Sindical, a quienes son sus asalariados. Le ocultan a su personal que pueden acogerse al mismo artículo constitucional de organización sindical, el 60, que les permite a ellos tener sus propios gremios empresariales: de industrias, de comercio, de agricultura, de transportes, etc. Efectivamente, ese Artículo 60, de la Constitución Política de Costa Rica, indica lo siguiente: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Como los dictadores, como los autócratas, como los totalitarios, estos líderes empresariales de abundante riqueza, le tienen miedo a las ideas, le tienen miedo al pensamiento libre, le tienen terror a que su personal piense en libertad. Si están tan seguros de que “TLC” es tan bueno, porqué no lo defienden delante de_ “su”_ gente, en debates realmente democráticos, con igualdad de posiciones, para que la clase trabajadora de sus negocios sopese ambas posiciones, cuestione uno u otro planteamiento, presente dudas en ambos sentidos. Pero no lo harán: la única democracia que estos tiranuelos de abultado capital toleran es aquella que puedan controlar. No saben de verdadera democracia porque nunca la han practicado.

Comunidades guanacastecas en defensa del recurso hídrico

Publicada el 16/05/2007 | por | Dejar un comentario

Nosotros, personas cristianas hoy en defensa del agua, convocados por Pastoral Social-CARITAS, procedentes de comunidades de Upala, La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Abangares, Nicoya y Nandayure.

MANIFESTAMOS QUE:

1. Nos corresponde a las comunidades, como tradicionalmente lo hemos hecho, ser las primeras defensoras del recurso hídrico, evitando los desperdicios, protegiendo las nacientes, denunciando la deforestación y contaminación en particular con agroquímicos e incentivando el cuidado y aumento de las zonas protegidas.

2. Como Iglesia daremos prioridad a la pastoral ambiental y al profetismo que conlleva la denuncia por los crímenes ecológicos que continúan quedando impunes en nuestras comunidades, no pocas veces en complicidad con funcionarios estatales, al mismo tiempo que animamos a nuestros líderes religiosos, pastores, sacerdotes, religiosas y personas cristianas de cualquier congregación, a que asumamos con valentía la defensa de nuestra pura, limpia y generosa hermana AGUA.

3. Nuestra oposición rotunda a cualquier tratado comercial que ponga en riesgo nuestro recurso hídrico, privilegie a los inversionistas foráneos sobre las comunidades locales o conciba EL AGUA sólo en su aspecto economicista, negándola como un derecho de todas las personas; ellas deben ser parte de su gestión, según el “principio de participación”.

4. Estamos decepcionados de muchos grupos ambientalistas de fuera que siguen llegando a nuestras comunidades con el timo de ayudarnos y terminan traicionando y dividiendo a la comunidad y adueñándose de nuestras luchas y recursos. No más a estos filibusteros ecológicos.

5. Aunque a nivel político EL AGUA quiere presentarse como un bien “de interés público”, para facilitar el camino a su privatización, y sólo se concibe como un negocio, afirmamos que ella, más que mercancía, es un “derecho humano”, es un bien “de interés público”, por lo que debe seguirse permitiendo su administración a los usuarios, por medio de las ASADAS (respetando el principio de subsidiaridad), invirtiendo AyA mayores recursos en un mejor suministro del líquido con eficiencia y calidad.

6. El agua no sólo sacia la sed y lava, sino que es un signo fundamental en nuestra cultura regional. Desde los indígenas corobicíes que la dibujaban como un círculo concéntrico (según trazos de El Farallón de Cañas, Río Chiquito de Bagaces y otros petroglifos de la zona) ella siempre ha sido y seguirá siendo inspiración vital de nuestra cultura popular.

7. Hay muchos pozos no inscritos que mantienen un desperdicio del líquido vital, siendo grande el descontrol estatal al respecto. Algunas comunidades (como Canjelito de Nandayure) sufren la escasez del agua por la multiplicación de pozos para cultivos intensivos en la zona.

8. Con aquel niño que protestó con su cartel ante el Hotel Melliá Conchal en el 2003: “Si nos roban también el agua, entonces nos habrán arrebatado todo”, no permitiremos más las políticas serviles con que AyA, las Municipalidades y el Ministerio de Turismo privilegian en el suministro del agua potable de nuestra zona a los proyectos turísticos, a costa de la sed de nuestras comunidades guanacastecas (_Casos de El Jobo en La Cruz, comunidades aledañas al Proyecto Papagayo y algunas comunidades costeras de Santa Cruz, Nicoya y Liberia)._

NOS COMPROMETEMOS A:

1. Expresar cuando sea necesario nuestra “justa indignación” como creyentes cuando se atente de cualquier forma contra el agua o se niegue o perjudique su acceso a cualquier persona, familia o pueblo, aduciendo motivos económicos. El agua no es sólo un bien de consumo sino un bien al que tienen derecho de todas las personas, aunque no tengan dinero. El suministro del agua no se debe privatizar, debe ser siempre competencia del Estado, siendo administrado con criterios solidarios más que económicos.

2. Preferir el agua potable a la “Coca Cola” e insistir en lo perjudicial para nuestra salud de estas bebidas gaseosas.

3. No seguir el millonario negocio de las empresas embotelladoras de agua e insistir a la población en general a consumir el agua potable que nos suministra AyA, muchas veces de mayor calidad que la otra comercial. Debemos insistir ante el Gobierno para que se aumente el canon a estas empresas y que el dinero recogido por estos nuevos impuestos sea utilizado por AyA para mejorar el servicio nacional.

4. Valorar más el aprovechamiento del agua de lluvia promoviendo sistemas artesanales (huequeando con pala, sembrando ciertas plantas, cercando con piedras…) a fin de que su acumulación alimente nuestros mantos acuíferos y mantenga la esperanza de futuro.

5. Reciclar las aguas servidas con métodos ecológicos y baratos que nos permitan reutilizarlas en el cuidado de las siembras, estanques y otros usos, procurando no producir contaminantes, a través de la depuración de aguas, el tratamiento de residuos y la adopción de medidas y sistemas de producción limpios (Vertido Cero).

6. Apoyar en todo momento la lucha que “La voz del pueblo” y la Municipalidad de Bagaces lideran contra SENARA, empresarios de la zona, el sector turístico y sus embajadores, imponiéndoseles un proyecto destructivo del Río Piedras que favorecerá prioritariamente a los hoteles costeros y muy poco a las comunidades. Vamos a promover en Guanacaste un diálogo entre las comunidades de la altura y las de la bajura para decidir los proyectos que nos convienen y exigir una información transparente a las instituciones del Estado.

7. Suscitar la reflexión de los grupos y las personas creyentes en las comunidades cristianas y Parroquias de Guanacaste y Upala, a fin de descubrir cuanto afectan al recurso hídrico las políticas neoliberales estampadas en los diferentes tratados comerciales.

Dado en Colorado de Abangares el 5-05-2007

Discriminación y privilegios: En el TLC el inversionista no puede escoger sus propias normas

Publicada el 16/05/2007 | por | Dejar un comentario

Se deja igualmente a los empresarios costarricenses relegados y perjudicados en su propio país, porque no pueden optar por semejante privilegio, ni por eso podrían competir contra quienes se hacen la ley a su medida. Así lo expliqué desde estas columnas el 14 de abril pasado (“El Inaceptable Capítulo Diez del TLC”), con mención expresa de las cláusulas 10.16, 10.22 y 10.28, de ese capítulo, de las que todo lo anterior se desprende, por disposición expresa y no por interpretación.

El señor Alan Thompson replicó el 25 de abril pasado desde estas mismas columnas, y sostuvo que no es cierto y que son afirmaciones “descabelladas”. Se funda para eso en hechos y afirmaciones falsas, según paso a demostrarlo. En buena hora el debate para que los lectores, con base en las pruebas –a las que me remito– puedan formar su opinión sobre asunto de tanta trascendencia nacional.

Cambio de opinión. En primer lugar, es necesario recordar que no opinaba así antes el señor Thompson, porque el 15 de enero pasado, en publicación conjunta aquí con otros destacados defensores del TLC, defendió el sistema de solución de controversias de dicho capítulo décimo, “tomando en cuenta que el inversionista foráneo no está familiarizado con el sistema legal y judicial del país anfitrión”. Lo que, en todo caso, ni es cierto, porque para eso todo inversionista contrata abogados especializados, ni tal amabilidad reverencial es necesaria para atraer la inversión extranjera. Por el contrario, esa sumisión solo podría atraer a empresas depredadoras de toda especie, y en todo caso es negativa para el clima de negocios sano, estable e igualitario de inversión, que en todas partes atrae a las empresas normales, que son la gran mayoría.

Los argumentos básicos del señor Thompson para sostener su dicho son dos y ambos no son ciertos: 1º) que lo mismo ya está establecido en anteriores tratados similares, y en acuerdos bilaterales de inversión suscritos por el país, y 2º) que la regulación sustancial del derecho aplicable al acuerdo o autorización de inversión es la legislación costarricense, y que así supuestamente lo establece el artículo 10.28, en contraposición al 10.22 del TLC.

Es completamente falso que los indicados tratados anteriores dejen en libertad al inversionista para establecer sus propias normas, de común acuerdo con el funcionario o gobernante, según lo dice en el TLC expresamente el artículo 10.22, que regula el derecho de fondo aplicable a tales controversias.

Legislación costarricense. Todos aquellos tratados –los cuales en todo caso se ocupan de lo general y no comprenden a las obligaciones específicas como el TLC propuesto– expresamente establecen que tal derecho de fondo regulatorio es la legislación costarricense (la gran mayoría), además del tratado, o es el derecho internacional, en su caso.

Ninguno deja en libertad de escoger, tal como lo hace el TLC, de modo que, si se aprueba, la legislación hondureña, nicaragüense, etc., o la que pongan, desplazará a la costarricense en su propio país, lo que ni Francisco Morazán pudo soñar. Cito a continuación números de leyes aprobatorias de tales tratados, para que el lector lo pueda comprobar en el sitio web www.pgr.go.cr/scij/, del Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) en que constan dichas leyes. Ley 7744, TLC con México; 8055, TLC con Chile; 8300 TLC con Canadá; 8544 TLC con Caricom. Tratados Bilaterales de Inversión : Ley 8076 con República Checa; 7994 con China; 7691 con Francia; 8068, con Argentina; 7695 con Alemania; 7870 con Canadá; 8069 con Paraguay;7748 con Chile; 7869 con España; 8067 con Venezuela; 8081, con Países Bajos, entre otros.

No es cierto tampoco que el artículo 10.22 no dice lo que dice, ni que el 10.28 se le contraponga o lo enmiende. El artículo 10.22.2 (b) del TLC, relativo al derecho con base en el cual el tribunal arbitral “decidirá las cuestiones en controversia”, claramente establece que, “si las normas legales no han sido especificadas de otra manera”, se aplicará “la legislación del demandado (o sea Costa Rica)“. Por tanto, que estas, por mandato expreso de esa norma, rigen solo en forma supletoria, si no se ha acordado otra normativa en los acuerdos de inversión, o concesiones sobre todos los bienes públicos, o en las autorizaciones de inversión, o toda clase de actos administrativos recaídos en el accionar de la empresa del inversionista extranjero. El artículo 10.28, que define los activos que forman la inversión cubierta, no establece el derecho de fondo, sino el marco al que este se aplica, según el artículo 10.22. Tal marco, y para eso es que se menciona a la legislación costarricense, está formado por aquellos casos en que, según nuestra ley, hay derechos adquiridos. O sea, para efectos instrumentales de enmarcar el objeto o campo de aplicación del derecho de fondo que regula el artículo 10.22, y no para establecerlo.

Un principio elemental de aplicación del derecho es que no cabe interpretar o desaplicar con pretextos, normas claras y expresas como estas. Claridad y precisión que les resulta de su propio texto, y de su total corte y cambio respecto a lo acordado al efecto en anteriores tratados similares, lo que se quiere expresamente modificar.

Inconstitucional e innecesario. Además de que lo propuesto en la materia por el TLC es completamente inconstitucional e inaceptable, es también completamente innecesario y además perjudicial.

Lo primero porque, según lo expliqué en el artículo anterior, ya existe un tratado de protección a las inversiones con los Estados Unidos, mucho mejor para los inversionistas y para Costa Rica; y, asimismo, dichos inversionistas tienen garantizado el trato de nacional y de nación mas favorecida por el tratado vigente de 1851. Perjudicial por lo que se dijo y porque el clima general de estabilidad y de negocios está garantizado jurídicamente y depende de otros factores.

En ausencia de ello, los tratados específicos de garantía a las inversiones, similares a los anteriores señalados (que no llegan a los extremos prohibidos del TLC), no resultan determinantes, y en muchos casos ni siquiera importantes, si no se dan esas condiciones. Esto último consta en un importante estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, que los lectores pueden consultar en “http/ssrn.com/abstract>557121”.

De modo que lo único “descabellado” es haber aceptado el referido capítulo décimo y, lo que es peor, defenderlo.

*Abogado

Albino Vargas y Fabio Cháves renunciarán a sus altos cargos sindicales si se encuentra dinero del exterior

Publicada el 15/05/2007 | por | Dejar un comentario

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP

Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad – ASDEICE

Los sindicalistas Albino Vargas Barrantes, actual Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); y Fabio Chaves Castro, Presidente de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE), renunciarán a los altos cargos sindicales que tienen en sus respectivas organizaciones, de comprobarse dineros externos en las cuentas de las citadas instituciones laborales para la campaña del No al TLC en el referéndum venidero.

Para tal efecto, han decidido proponer a las juntas directivas de ambas organizaciones, la convocatoria urgente a la entidad Transparencia Internacional, para que éste proceda a auscultar de inmediato las finanzas de la ANEP y de ASDEICE, en cuanto a las fuentes de procedencia de los ingresos que reciben mensualmente.

Con esta decisión, los citados dirigentes sindicales lanzan un reto a los jerarcas del máximo organismo empresarial privado del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para que ésta proceda a actuar en igual sentido; y particularmente para que su Presidente, el Ing. Rafael Carrillo Lara, ponga a disposición su renuncia de inmediato, si no pueden demostrar con claridad la procedencia de los dineros que ya están acumulando para la campaña del Sí al TLC en el indicado referéndum.

Este idéntico reto se le lanza al señor Michael Borg, Presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham); y al señor Carlos Federspiel, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

En tal sentido, la idea de la ANEP y de ASDEICE es que, simultáneamente, Transparencia Internacional ausculte también a la UCCAEP, a la AmCham y a la Cámara de Comercio, así como a las entidades financieras auxiliares que tienen previstas para la recoleta de fondos en su campaña favorable al TLC.

Si los señores Carrillo Lara, Borg y Federspiel no ponen a disposición sus cargos, en la eventualidad de que no puedan exponer sus cuentas a la luz pública, quedarán completamente descalificados para continuar lanzando comunicados y cartas infames, mentirosas y hasta calumniosas ante la opinión pública nacional, de que dineros extranjeros estarían financiando la campaña del No al TLC.

Debe quedarle claro al país que ni la ANEP ni ASDEICE, ni el amplio abanico de entidades con las cuales se coordinan estrategias organizativas para el referéndum, tienen previsto solicitar ni han solicitado recursos del exterior para sus actividades en torno a la consulta democrática venidera sobre el TLC.

San José, 14 de mayo de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

Terrorista Posada Carriles debe ser juzgado por sus crímenes

Publicada el 15/05/2007 | por | Dejar un comentario

_ “Mientras miles de personas inocentes han muerto en Irak bajo el pretexto del ‘combate al terrorismo’, el gobierno de los Estados Unidos permite que un terrorista, confeso criminal, como Luis Posada Carriles pueda pasearse libremente por las calles de Miami, y eluda la justicia”_, denunció en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el diputado José Merino del Río, presidente del Partido Frente Amplio.

Recordó el diputado Merino que las actividades criminales de Posada Carriles, durante 25 años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) dejaron también su huella en Costa Rica, ya que estuvo vinculado, a la par de Orlando Bosh, a un intento de golpe de Estado, en contubernio con la Mano Blanca de Guatemala, contra el presidente de Costa Rica, Daniel Oduber Quirós en el año 1976, con el fin de instaurar en el país un régimen de extrema derecha similar al de Pinochet.

En ese mismo año ocurriría el atentado contra un avión de Cubana de Aviación, donde murieron setenta y tres personas, caso por el que fue sometido Posada Carriles a un juicio inconcluso en Venezuela, ya que escapó de la cárcel y de ese país.

Durante esos primeros años de la década del setenta, el grupo terrorista de Posada Carrilles y Orlando Bosh, colocaron varios artefactos explosivos, tanto en una misión diplomática de Costa Rica en Estados Unidos, como en el territorio nacional, dirigidos éstos últimos contra periódicos y organizaciones populares.

Luego de su escape de Venezuela, Posada Carriles perjudicó a Costa Rica, en la medida en que participó en el tráfico de armas y drogas para financiar la contrarrevolución en Nicaragua, durante la década de los ochentas, lo cual puso en peligro la paz y estabilidad de un país que tuvo que hacer valer su neutralidad en los conflictos armados.

En su última intentona terrorista, cuando pretendía asesinar al presidente de Cuba Fidel Castro, y según el expediente del juicio que se le siguió en Panamá a Posada Carriles, los explosivos con los que pretendía cometer el atentado, fueron introducidos a ese país por la frontera con Costa Rica.

La manera en que los Estados Unidos ha actuado en el caso de Posada Carriles, liberándolo y sin tramitar la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela, para el diputado Merino enseña la doble moral y la ausencia de ética de la administración norteamericana.

“El Frente Amplio considera que Posada Carriles debe ser juzgado por crímenes que lo hacen aparecer como uno de los terroristas más notorios de Occidente, y que los Estados Unidos deben hacerlo en su territorio o tramitando la solicitud del gobierno venezolano”, manifestó finalmente el diputado Merino.