CONACOOP aclara a La Nación S.A.

Señora (ita) Vizcaíno:

Entiendo que en el ejercicio de cualquier profesión se impone un principio moral conocido como ética. Si en la responsabilidad que compete a un comunicador, comunicadora en su caso, la información no refleja con propiedad lo que se compartió, la nota se vuelve tendenciosa, con buen o mala intencionalidad.

No entraré en detalle acerca de la línea editorial que representa su empresa, pero sí le manifiesto mi enorme sorpresa cuando, al leer en su nota sobre el resultado de la reunión que sostuvimos ayer, con personeros del gobierno, se atreve a afirmar que negociamos una agenda para aliarnos al TLC.

Le adjunto el documento que presentamos ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, el que, puntualiza cuál es nuestra posición en relación con este tratado en particular y que no puede jamás confundirse con apertura comercial, que ya la vive este país desde hace mucho.

Hemos dicho que no hay oposición a la apertura comercial, hemos insistido en la necesidad de institucionalizar el diálogo, hemos planteado una agenda de desarrollo con visión de país, no de sector y, en última instancia, hemos manifestado que la economía social (esta es una forma diferente de hacer empresa) no fue considerada en su conjunto, en ninguna parte del tratado, es decir no hay salvaguardas y, en el tema de comercio justo, en particular, hemos manifestado que no estamos de acuerdo con la forma en que se negoció este tratado.

Así las cosas y a sabiendas que públicamente no se hará esta aclaración, quedo a sus órdenes para ofrecerle mayor información sobre doctrina cooperativa y economía social, lo que, entendemos, no son una obligación que sean del conocimiento de todas las personas.

Quizás esto le permita tener un acercamiento a formas diferentes de emprender que, llegado el momento, incluso puedan serle de utilidad.

Respetuosamente

Harys Regidor Beltrán
Presidente
Consejo Nacional de Cooperativas
CONACOOP

ANEP pide a INFOCOOP mayor selectividad en procesos laborales para no afectar finanzas públicas ni calidad del servicio

San José, 13 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0684-96

Ingeniera
Ana Patricia Jiménez Gómez
Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Su Despacho

Estimada señora directora:

En nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Seccional ANEP-INFOCOOP le expresamos nuestras mayores muestras de respeto y consideración.

Aprovechamos la presente para referirnos, de la manera más respetuosa, a un tema que es de mucho interés para ambas partes, nos referimos al clima laboral que se está presentando en la institución que usted dignamente representa en su calidad de Directora Ejecutiva y que a continuación le detallamos:

Nos hemos enterado de que su autoridad, en aras de buscar la verdad real de los hechos, cuando se abren los debidos procesos administrativos, tiene por norma suspender con goce de salario a la persona involucrada en este tipo de procesos, por largos períodos de tiempo.

Al respecto queremos dejar claro de que no es que estamos en contra de los procedimientos del debido proceso, pero no compartimos la política de que por faltas menores inclusive, se suspendan a los y las funcionarias con goce de sueldo indefinidamente, mientras se le abre una investigación administrativa para buscar la verdad real del hecho; cuando en realidad es más asequible para la institución un traslado horizontal, si se amerita, mientras se realiza toda la investigación, o sea, es una cuestión de maximizar al máximo el escaso recurso humano con que se cuenta.

Somos conocedores de los pronunciamientos vertidos por la Sala Constitucional en esta materia y somos respetuosos de los mismos.

Desde nuestra óptica, creemos que este tipo de políticas afectan severamente las arcas del erario público, pues es sumamente oneroso mantener a uno o una funcionaria suspendida indefinidamente y devengando un salario, cuando de por medio está un largo proceso que incluso podría ser por una causa importante pero no de real impacto institucional.

En la misma dirección, también es contraproducente recargarle el trabajo que realiza el funcionario suspendido a los que quedan en la misma unidad, creando con ésta política sobrecargas de trabajo para la unidad o para un determinado funcionario y, siempre con el peligro constante de que si comete una falta, indudablemente correrá la misma suerte del trabajador suspendido.

Lo más grave del asunto es que, por un lado, se afecta la eficiencia y la eficacia del servicio público en detrimento de los usuarios; y, por el otro lado, se recarga de trabajo a otras y otros compañeros. Este tipo de políticas llevan indudablemente a crear un clima organizacional interno de mucha agitación y confrontación, generándose gran tensión laboral.

Queremos recalcar que nuestro único fin es que este tipo de políticas institucionales sólo se apliquen en casos extremos, como por ejemplo cuando hay peculados o desfalcos a las finanzas públicas y, no por faltas menores, en donde lo que corresponde es la aplicación del reglamento interno de la institución.

Finalmente, creemos que la implementación de una Junta de Relaciones Laborales en el INFOCOOP sería un instrumento muy importante donde se pueden ventilar toda la problemática de los trabajadores; a la vez que le ayudaría a la institución a minimizar los costos económicos de mantener a un funcionario suspendido con goce de salario por largos períodos de tiempo, mientras se busca la verdad real de los hechos. Además de que si se le impone una suspensión sin goce de salario sigue ampliándose el recargo de funciones y tareas a terceros que, por lo general, son los mismos compañeros de la unidad a que pertenece el funcionario suspendido. Pero además, con la creación de un órgano colegiado como es el de la Junta de Relaciones Laborales, existiría una mayor equidad en la aplicación de la pena sancionatoria y los daños morales en que se ven involucrados quienes son investigados sería menor.

Agradeciéndole de manera anticipada toda la atención prestada a nuestra reflexión, en aras de buscar una salida a la problemática existente, de nuevo le expresamos todas nuestras muestras de respeto por tan fina atención.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Miguel Castro Ugalde
Presidente Seccional ANEP- INFOCOOP

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INFOCOOP.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Sr. Luis Enrique Leal Ruiz, Responsable ANEP-INFOCOOP.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de INFOCOOP.
cc.: Archivo.

Correos en tensión laboral: ANEP denuncia preparación de despidos y acoso a la representación sindical

San José, 11 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0681-06
¡URGENTE!

Señores y señoras
Junta Directiva

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General

Correos de Costa Rica S. A.
Su Despacho

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con un gran respeto para vuestras dignas autoridades, le hacemos llegar nuestro más atento saludo.

Nos parece necesario que por esta vía quede constancia que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual honrosamente representamos está sumamente sensibilizada de los desafíos de una entidad como la que ustedes dignamente dirigen en estos momentos, considerando el escenario competitivo adverso en el que le toca desenvolverse y con un entorno más que amenazante según nuestra perspectiva. Aunado a lo anterior y siempre con un carácter estratégico desde nuestra perspectiva sindical, el tema de los derechos laborales, económicos y sociales del personal de la institución, particularmente de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que nos honran con su membresía, también ocupa un gran lugar en nuestra agenda de trabajo para Correos de Costa Rica S. A.

Es por ello que siempre hemos estado convencidos de que la estabilidad institucional y el buen ambiente sociolaboral son elementos imprescindibles para garantizar el futuro de esa noble empresa pública de servicio social. Y perdonando la inmodestia, la ANEP ha dado muestras claras y contundentes de una conducta sindical apegada a esos ideales, mostrando gran flexibilidad a riesgo de grandes incomprensiones en determinados momentos sensibles de la historia institucional.

Sin embargo, estamos percibiendo síntomas de que la representación patronal y jerárquica depositada en esa Gerencia General y en la Honorable Junta Directiva institucional, parece que quiere optar por un estilo de gestión de tensión y hasta de enfrentamiento, lo cual sería sumamente lamentable. Entre otros signos de preocupación anotamos los siguientes:

Primero: El acoso sindical que ya está viviendo el compañero integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos, Rivelino Fernández Porras, a quien, primeramente se le suprime el acceso al correo electrónico que, tenemos entendido, es necesario para su trabajo y por su condición de profesional en el campo; y, ahora, se le traslada abruptamente, sin mayor explicación, precisamente reproduciendo un episodio difícil para el compañero por la sensación de exclusión y de intimidación que genera este tipo de medidas. Quizás estemos en puertas de un acoso sistemático al resto de la representación sindical de la ANEP, lo cual, no solamente en el primer caso sino en los eventuales restantes, podría ser indicativo de prácticas laborales desleales, penalizadas por nuestro ordenamiento jurídico a tenor de lo dispuesto en la Ley No. 7360.

Pensamos que el acoso sindical al compañero Fernández Porras y, eventualmente, a otros de los representantes legales de la ANEP en la institución, obedece a su salida, junto a sus compañeros directivos, con conferencia de prensa el viernes anterior; cuando y por orientaciones específicas de la Secretaría General de la ANEP, se consideró necesario contradecir la especie de que los trabajadores y las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A., son los responsables de determinada problemática financiera, por las demandas laborales sentenciadas en sede judicial; aspecto éste que obedeció a decisiones arbitrarias, completamente apartadas de la legalidad, que tomaron las administraciones anteriores a la suya y, particularmente, la que se gestó luego el cambio de figura legal, en 1998. Esta situación, la salida de nuestros compañeros dirigentes de ANEP en la entidad bajo su digna conducción, a la prensa nacional podría ser incluso tema de debate en sede constitucional.

Segundo: La elaboración en desarrollo de lo que podría ser un listado de despidos, sin ton ni son, totalmente subjetivo, casuístico y con ribetes de antihumanismo. No otra conclusión podemos sacar de la petición que formula el señor Gerente de Operaciones, don Luis Alberto Morera Solórzano, cuando escribió lo siguiente:

“Requiero que me envíen a la mayor brevedad un listo con el personal más problemático de cada una de sus áreas, indicando para cada uno de ellos las justificaciones respectivas en una forma resumida, como por ejemplo el tipo de problemas que presenta, el expediente que tiene, etc. Lo anterior se requiere para valorar la liquidación de dichos funcionarios y de esta forma deshacernos del personal que no desea trabajar para Correos y que más bien indispone a los demás compañeros”.

Ejecuciones sumarias laborales es el calificativo apropiado que encontramos para semejante petición que no tiene consistencia alguna por cualquier lado que se aborde.

Tercero: La decisión política de la Junta Directiva de desconocer la vigencia de la actual Convención Colectiva de Trabajo, instrumento supremo por excelencia de nuestro Derecho Laboral todavía vigente, en materia de negociación colectiva de trabajo; que hasta hace poco culminó su trabajosa tramitación de varios años luego de su homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Creemos que están en desarrollo más conductas perfiladas hacia un deterioro del clima laboral institucional y al deterioro de las relaciones con las organizaciones sindicales actuantes en Correos de Costa Rica S. A., particularmente con la ANEP.

Es en ese marco que, con el sabio consejo que enseña la prudencia, siempre vigente en cualquier circunstancia que, respetuosamente, solicitamos una audiencia urgente con la Gerencia General y otra con la Junta Directiva institucional para tratar de rescatar las posibilidades de diálogo, en el cual seguimos creyendo y de lo cual, como ya indicamos, la ANEP ha dado sobradas muestras cualitativas en lo que respecta a Correos de Costa Rica S. A.

Esperando una respuesta con urgencia de vuestra parte, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Gilberto Bell Arrieta
Presidente Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A.

C.c. Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
C.c. Trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A.

Personal de la Fuerza Pública vigilado como en la película de ciencia ficción «1984» de Orwell

San José, 12 de julio del 2006.
¡URGENTE!
S.G. 05-070682-06

Licenciado
Fernando Berrocal Soto
Ministro
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública
Su Despacho

Estimado señor:

Hemos sido enterados, tanto por personal administrativo y policial destacado en las nuevas instalaciones de la Región Uno, ubicadas en Hatillo, de la instalación en este espacio de un circuito cerrado de video.

Consideramos que por razones de seguridad, en ciertas áreas institucionales, tal sistema puede ser un apoyo muy importante para la gestión y control de los equipos utilizados por el personal.

Con tal propósito y para fortalecer su seguridad, estos sistemas son utilizados, en el sistema financiero nacional y en muchas instituciones que manejan importantes recursos de capital.

Estos sistemas los entendemos y los apoyamos, siempre y cuando, no atropellen los espacios íntimos y vitales de las personas.

En el caso de comentario se nos dice por parte de los y las denunciantes, que se están apostando cámaras de video que no solamente captan la imagen de las personas trabajadoras o visitantes, sino que además se captan todas sus conversaciones.

Lo que nos preocupa además, es que se nos dice, que dicho sistema no será dirigido por profesionales, si no que estará, supuestamente en la oficina del Director Regional.

Des ser así tal instrumento de apoyo para la seguridad, puede transformarse en un simple instrumento de control del personal por parte del Director General y esto generar en una serie de conflictos sicológicos y sociolaborales, de temores de parte del personal, que pueden dar al traste con una sana política de control de seguridad.

Se nos apunta que además de las tres cámaras que ya están instaladas se pretende instalar otra en el comedor, lo que de ser cierto, lesionaría la privacidad de las personas.

A nuestro juicio está bien que se utilice esa tecnología al servicio de la seguridad, pero esta nos debe en ningún caso, transgredir el derecho a la intimidad de la gente. Por ejemplo si además de la imagen se graban las voces, esto conllevaría prácticamente a que las autoridades manejaran y controlaran toda conversación de sus subalternos, por más íntima y personal que esta sea.

Por tal razón y conforme al derecho, solicitamos respetuosamente se nos informe lo siguiente:

1. Los estudios técnico-policiales que recomendaron el uso de tal tecnología, las empresas que participaron en la licitación. El costo de los equipos, costo de instalación, y el costo de la operación del sistema.

2. Además le rogamos se nos informe si tales equipos serán instalados en áreas de uso privado de los y las trabajadoras y si las conversaciones de los y las trabajadoras serán grabadas.

3. Nos parece oportuno además conocer si tales equipos serán instalados en otras dependencias de igual importancia estratégica que la Región Uno y el costo de tal implementación.

Por otra parte respetuosamente, le recomendaríamos a su autoridad, realizar una explicación a las personas trabajadoras sobre la importancia de esta tecnología, sus alcances, beneficios y limitaciones para proteger la intimidad de las personas.

De tal suerte que el instrumento logre sus objetivos y la gente del trabajo además de familiarizarse con el sistema lo comprenda como un instrumento para su propio beneficio y se evite cualquier posible utilización del mismo como un instrumento represor e intimidatorio contra el personal de trabajo.

Sin más nos suscribimos con toda consideración y respeto,

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Seguridad Pública

C.c. Coronel Rafael Ángel Gutiérrez, Viceministro de Seguridad Pública.
C.c.Comisionado Osvaldo Alpízar Núñez, Director Nacional Fuerza Pública.
C.c.Comisionado Francisco Sáenz Patterson, Director Región Uno.
C.c.Junta Directiva Nacional ANEP.
C.c.Trabajadores y trabajadoras Región Uno.

No nos dejemos engañar sobre el futuro de la industria textil

Primero, el mercado de la ropa se expande, sobre todo, por las llamadas “cuotas”, o cantidades que los países importadores aceptan comprar a los países exportadores.

El acuerdo textil, que forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), determinó la reducción del sistema de cuotas hasta su eliminación en enero del 2005. A partir de ese momento los países importadores no pueden imponer restricciones cuantitativas a las importaciones de ropa. El TLC no aumenta ninguna cuota, sino que se adhiere a esa disposición de la OMC.

Segundo, el TLC no protege la ropa proveniente de Centroamérica frente a la proveniente de China. Sólo incorpora una desgravación arancelaria –o disminución de impuestos de importación- generalmente condicionada al uso de materiales provenientes de Estados Unidos. La regla general es que de la hilaza en adelante tienen que provenir de la región.

En otras palabras, los insumos deben comprarse, casi siempre, a Estados Unidos, porque Centroamérica ya casi no produce hilos o telas. Más que proteger la ropa proveniente de Centroamérica, lo que se está garantizando es que, mientras haya producción en la región, los insumos usados sean estadounidenses. No se garantiza la continuación de la producción en Centroamérica, porque nada favorece esta producción frente a la proveniente de otras regiones, como China.

Tercero, las tendencias del mercado de la ropa se profundizarán y Centroamérica reducirá su participación en él. Las corporaciones transnacionales, que controlan las cadenas en las que participa la ropa que se produce en Centroamérica, no están interesadas en la producción ni en la generación de empleo en la región, sino sólo en colocar sus productos y en enfrentar la competencia con China.

La reducción y eliminación de las cuotas de importación, acordadas en la OMC, han modificado la estructura del mercado de Estados Unidos. Por un lado, ha habido un crecimiento extraordinario de las exportaciones de ropa desde China hacia Estados Unidos, que entre enero y mayo del 2005 aumentaron en 800 millones de prendas, representando un aumento de más de un 60%.

El aumento de la presencia china ha reducido las exportaciones de ropa proveniente de México a tal punto que, en los últimos años, han cerrado cerca de 500 plantas con el despido de casi 80.000 trabajadores(as).

México tiene, desde hace 10 años, un tratado con Estados Unidos muy similar al que negoció Costa Rica, por lo que queda claro que el TLC no protege la industria de la ropa en nuestros países. Si fuera así, México no estaría enfrentado a este desastre humano.

Cuarto, tampoco es cierto que las plantas de ropa que están en Costa Rica se vayan del país porque no se ha aprobado el TLC. Estas plantas han sido siempre oscilantes, y se han abierto y cerrado con facilidad.

Además, en estos últimos años se han seguido cerrando plantas en otros países de Centroamérica, aún con el TLC aprobado. En los primeros meses del año 2005, se despidió a más de 6.000 trabajadores(as) en El Salvador y, en Guatemala, se cerraron 28 plantas y se despidió a más de 8.000 trabajadores(as). En ambos casos estaba aprobado el TLC.

El TLC debe ser discutido con información correcta, sin tergiversaciones y manipulaciones engañosas que llevan a conclusiones opuestas a lo que viene sucediendo y a lo que es esperable que suceda si se aprueba. En el caso de la ropa, el TLC no protege la producción que proviene de Centroamérica y, por lo tanto, no protege el empleo de quienes trabajan en esa rama de la producción. Muy por el contrario, si analizamos con seriedad lo que viene sucediendo en el mercado de Estados Unidos, podemos esperar que, con o sin TLC, la industria de la ropa centroamericana se reduzca notablemente, y lo misma suceda con el empleo.

La construcción de alternativas que generen opciones laborales para estos(as) trabajadores(as) y opciones productivas para el país, sí exige rechazar el TLC, ya que, como sabemos, su aprobación impide definir políticas para orientar la producción hacia el desarrollo y, menos aún, para orientar el país hacia la satisfacción de necesidades humanas, como el empleo.

Fuente: www.tribunademocratica.com

Campaña por la defensa de los Derechos Humanos Sindicales

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El entorno laboral en que trabaja la clase obrera industrial y de plantaciones, sobre todo de los enclaves transnacionales y en las zonas francas, y la fuerte arremetida a sus derechos laborales que sufren los empleados del sector público costarricense contradicen en mucho al régimen de democracia formal existente en el país.

Tras el portón de las empresas y de las plantaciones y en el seno de las instituciones y dependencias del Estado desaparecen las más elementales posibilidades para el ejercicio del derecho ciudadano fundamental de un trabajador o trabajadora: la libertad de organizarse en un sindicato o en una asociación laboral para ampararse y defenderse ante la situación de desigualdad y sujeción frente a la voracidad empresarial y neoliberal.

El deterioro de la libertad sindical en el país no solo es vergonzoso sino que es una afrenta a la dignidad de la persona en su condición de trabajador y trabajadora.

A la situación de explotación en que laboran miles y miles de trabajadores y trabajadoras –tanto costarricenses como inmigrantes- y de las empleadas y empleados públicos, se suma una obstinada y permanente campaña en contra de la organización sindical, de los sindicatos y de la dirigencia sindical, que no se detiene ante la injuria ni la ofensa al buen nombre de las personas.

Ejemplos tenemos a diario, baste poner un poco de atención a los editoriales de algunos de los diarios de mayor circulación, de la radio y la televisión, o a las informaciones y denuncias infundadas en contra de los sindicatos y de sus dirigentes.

Al criticar y atacar diversos aspectos de las convenciones colectivas suscritas en el sector público, se busca a la vez que minar su organización sindical y acabar con conquistas legítimas, crear un cinturón preventivo que impida a toda costa su traslado al sector privado.

Esta campaña contra la organización sindical tiene las siguientes características:

• Tiene un trasfondo ideológico clasista que surge desde las cámaras empresariales y de las esferas del poder económico.

• Es permanente y omnipresente y se realiza especialmente por medio de las empresas de comunicación de masas.

• Se realiza en condiciones de gran desigualdad en cuanto a la posibilidad de replica por parte de las personas y organizaciones que son aludidas.

• Recurre a los mecanismos de dominación ideológica más sutiles y a la mediatización de la organización sindical por medio del solidarismo.

• Es contraria a las leyes laborales y a las garantías sociales existente en el país.

• Es contraria a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país en materia laboral.

• Es contraria a la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social que dio fundamento al Estado Social de Derecho y a la legislación laboral.

• En casos extremos se recurre a mecanismos más directos de adoctrinamiento ideológico (como cuando se realizaron charlas y seminarios en las empresas y en la sede de la Unión de Cámaras previo a la movilización de miles de obreros industriales de todo el país que fueron llevados a desfilar en apoyo al TLC con los Estados Unidos).

• Al cercenar derechos adquiridos, busca el abaratamiento de la mano de obra nacional de cara a la entrada de las transnacionales en el marco del TLC con los Estados Unidos.

• Busca crear un muro ideológico y de prejuicios entre los trabajadores y trabajadoras del sector público y los del sector privado. En ese afán busca es satanizar a los primeros, a los que se relaciona con el gigantismo estatal y con la_ “burocracia”_, culpable de la corrupción y del “despilfarro de los recursos que además pagan todos y todas las costarricenses”.

Los ejes de esa campaña contra los sindicatos son los siguientes:

Los sindicalistas y dirigentes de los gremios son corruptos
Los sindicalistas son vagabundos
Los sindicalistas defienden sus propios intereses.
Los derechos sindicales, especialmente los salariales, atentan contra la estabilidad económica del país y de las empresas.
Los sindicalistas son “cabezas calientes”, no son democráticos.
Los derechos sindicales y laborales, expresados en las convenciones colectivas, son prebendas y privilegios.
Los reclamos de los sindicalistas atentan contra la competitividad del país.

Los públicos meta de dicha campaña son, en primer lugar, los propios trabajadores y trabajadoras que se ven afectadas por la falta de libertad sindical.

En una mezcla de terror psicológico y venta de un mundo de ilusiones se pretende vacunar al trabajador y la trabajadora contra la organización sindical mediante diferentes mecanismos de corte paternalista.

También es un público meta de dicha campaña la llamada opinión pública, con la cual se alude a una amorfa masa cambiante de receptores de mensajes, pero que en determinados momentos conforman corrientes de opinión moldeadas desde los grandes medios de comunicación.

Finalmente, en el otro extremo, son objeto de su campaña los patronos independientemente de si son grandes o pequeños empresarios, a los que se busca unificar ideológicamente bajo el paraguas del neoliberalismo.

El sector patronal más oligárquico y poderoso actúa igualmente en otros escenarios como el institucional, donde ha contado con la complicidad cada vez más descarada de la Sala Constitucional, ejerce presión sobre las autoridades del ministerio de Trabajo y los tribunales laborales; además de la Asamblea Legislativa desde donde se ha pretendido variar la legislación laboral para promover la flexibilización laboral y legalizar las prácticas antisindicales.

II.- Una realidad que debemos cambiar

El resultado concreto y más elocuente del ambiente represivo en que se desenvuelve la lucha sindical se resume en los siguientes hechos y realidades:

Eliminación de aspectos puntuales de convenciones colectivas suscritas por los sindicatos del sector público por parte de la Sala IV. La cual se ha extralimitado en sus facultades y ha actuado como punta de lanza de la ofensiva contra los derechos de ese sector, dentro de los planes neoliberales de privatización de los servicios y empresas públicas.

La casi inexistencia de sindicatos en las empresas industriales, principalmente concentradas en la Gran Área Metropolitana, GAM, y el fuerte debilitamiento del movimiento sindical bananero, otrora bastión del movimiento sindical costarricense.

La complicidad de los tribunales laborales y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido a tal punto que actualmente hay más de 30 quejas por prácticas antisindicales y por violación al derecho a la concertación de convenciones colectivas ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo.

En muchas empresas y plantaciones las condiciones de salubridad son infrahumanas, los trabajadores y trabajadoras están expuestas a químicos nocivos para la salud, su trabajo es riesgoso y las normas de seguridad laboral no se cumplen; además de que los salarios no llegan a los mínimos de ley.

En términos de seguridad social, se incumple parcial o totalmente el pago de las cuotas obreras (aunque muchas veces se les rebaja del salario) o patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la póliza de riesgos del trabajo al INS (Instituto Nacional de Seguros).

Además de represiva, la política antisindical del sector neoliberal es discriminatoria con respeto de las mujeres. La fuerte represión antisindical en las empresas tiene una de sus peores consecuencias en la superexplotación ejemplo en las maquilas del textil, y en la discriminación salarial de las mujeres.

Esa discriminación laboral de la mujer es una triste realidad que en las esferas de los gobiernos y de la sociedad se silencia de manera vergonzosa. Las mujeres sufren en mayor proporción el desempleo, en la menor calidad de su empleo, el acoso sexual y la violación de la jornada laboral.

También las minorías sufren una discriminación adicional, como los inmigrantes especialmente nicaragüenses ilegales y los que provienen de los pueblos indígenas ticos y panameños, los cuales suelen ser víctimas de una súper explotación laboral.

Neoliberalismo y TLC

En las últimas décadas, a la campaña ideológica contra el sindicalismo y las asociaciones laborales, se suma la riada neoliberal que ha iniciado el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y que afecta de manera directa las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera costarricense.
El neoliberalismo justifica los cambios con argumentos relacionados con la necesidad de permitir el funcionamiento libre del mercado y la autonomía de las partes.

Se afirma que el salario y el nivel de empleo deben ser fijados a partir el libre juego de las fuerzas del mercado y que impedir el último afectará negativamente los primeros.

La protección contenida en la legislación laboral es presentada por los neoliberales como una rigidez que resta flexibilidad al mercado laboral y encarece artificialmente, el costo del factor trabajo impidiendo el empleo pleno.

El Banco Mundial por su parte plantea que “la legislación sobre salario mínimo, las regulaciones que restringen la capacidad de los empleadores de contratar y despedir y otras intervenciones similares tienden a aumentar los costos, a reducir la competitividad y a limitar el crecimiento del empleo”.

La ofensiva neoliberal en las empresas se sustenta en dos argumentos básicos: la flexibilidad laboral y la desregulación. Con ambos se busca elevar su competitividad a costa de los y las trabajadoras.

En el TLC con los Estados Unidos se concretan toda esta filosofía que se puede resumir en la frase: el TLC es la renuncia a ser una nación soberana convertida en un enclave de mano de obra barata para las transnacionales.

Nuestras banderas

1. Frente a esa realidad adversa los participantes de este encuentro levantamos las banderas de la libertada sindical como un Derecho Humano Fundamental, persuadidos de que no puede haber democracia sin sindicatos.

2. Levantamos la bandera de la defensa de las convenciones colectivas de trabajo y denunciamos y repudiamos el papel vergonzoso que realiza la Sala IV de gendarme y punta de lanza de la ofensiva contra el movimiento sindical que es el principal valuarte en la defensa de las condiciones de vida de miles y miles trabajadores y trabajares del país.

3. Levantamos la bandera de la lucha contra el TLC que significaría la muerte de nuestro Estado Social de Derecho del cual forma parte consustancial la legislación laboral y los convenios laborales internacionales suscritos por nuestro país.

Nuestro llamamiento

Llamamos a todas las fuerzas y organizaciones que expresan diferentes derechos y sensibilidades, como los grupos feministas, ambientalistas, y a los que representan a grupos de la sociedad que son discriminados, relegados u olvidados.

Llamamos a la Iglesia que hoy retoma con fuerza los principios de la justicia social y que bajo el liderazgo de Monseñor Víctor Manuel Sanabria fue actora indiscutible de la reforma social de los años 40.

Llamamos al movimiento contra el TLC que se nutre desde muchos sectores, como el estudiantado, las organizaciones del magisterio y del sector público, la intelectualidad progresista, las universidades, el estudiantado y los trabajadores de la cultura.

Llamamos a los movimientos y partidos políticos progresistas y al movimiento sindical en todas sus corrientes ideológicas.

Llamamos a todas las sensibilidades que actúan y articulan con mayor frecuencia sus agendas y en su conjunto conforman un movimiento social que en el enfrenamiento al modelo neoliberal siente la necesidad de construir su propio proyecto de país.

A todos y a todas las que se indignan ante las injusticias, hacemos el llamado a asumir la consigna de la libertad sindical como una aspiración que no solo es de los sindicatos sino de toda la sociedad.

Llamamos en fin a emprender esta campaña por la Libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental.

San José, 10 de julio de 2006
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¿Qué es la “flexibilidad” laboral?
Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral

¡SIN SINDICATOS NO HAY DEMOCRACIA!

Los asistentes al evento aprobaron realizar la campaña “Por la libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental”, en respuesta a la ofensiva contra los derechos laborales de los trabajadores públicos así como por la fuerte represión sindical en las empresas privadas, en el marco del impulso del TLC y de la flexibilidad laboral.

Al evento asistieron 57 personas de 25 organizaciones laborales y sociales, además de los diputados Oscar López y José Merino del Río, el Sacerdote Orlando García de la Pastoral Social de la Iglesia y el representante del ministro de Trabajo, Sr. Gonzalo Solórzano.

Nota de Diario Extra

Costa Rica con la tasa más baja de América Latina:

REPROCHAN AL SECTOR PRIVADO IMPEDIR LA SINDICALIZACIÓN

Shirley Sandí
Diario Extra

Costa Rica posee la taza más baja de sindicalización en el sector privado de toda América Latina, debido a la persecución de la que son víctimas los trabajadores que se agrupan con el fin de defender sus derechos laborales.

Según comentó Gerardo Cerdas, representante de la Organización Latinoamericana “Grito de los Excluidos”, del 10% de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sindicalizada en el país sólo el 0,2% pertenece al sector privado, cuando los porcentajes superan el 10% en países de mayor represión social como Honduras y Guatemala.

Es por este y otros motivos que 25 organizaciones sociales se reunieron este lunes en San José para arrancar con la campaña “Por la Libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental”, la cual busca extender a corto y mediano plazo todas aquellas acciones que respalden las libertades sindicales por medio de publicaciones, afiches, seminarios con empresarios y pretende hasta promover una feria nacional en este tema.

Cerdas comentó que la persecución sindical en el país es terrible, aunada a reciente eliminación de derechos estipulados en las convenciones colectivas por parte de la Sala Cuarta como la punta de lanza a los planes neoliberales de privatización que impulsa el Tratado de Libre Comercio, resalta la inexistencia de sindicatos en las empresas industriales del Área Metropolitana y el debilitamiento en el sector bananero.

“Vamos a luchar por un reconocimiento social a nivel de derechos que indiscutiblemente se traducirá en enfrentamiento, porque los trabajadores deben reclamar su dignidad”, comentó Cerdas.

30 QUEJAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES

Cabe destacar que actualmente en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo hacen fila más de 30 quejas por prácticas antisindicales y para el próximo mes se tiene prevista la vista de una delegación de este organismo internacional que verificará dicha situación.

Finalmente los sindicatos reprocharon las condiciones de insalubridad en que se labora en muchas empresas y plantaciones, sin salarios mínimos de ley, el incumplimiento del pago de las cuotas a la CCSS y la póliza de riesgos de trabajo del INS y la discriminación hacia la mujer, inmigrantes e indígenas.

¿CÓMO SE ATACA A LOS SINDICATOS?

Los ejes de la compaña en contra de los sindicatos, la cual lideran empresarios y ciertos medios de comunicación son los siguientes:

  • Los sindicatos son corruptos.
  • Los sindicatos son vagabundos.
  • Los sindicalistas defienden sus propios intereses.
  • Los derechos sindicales, especialmente los salariales, atentan con la estabilidad económica del país y las empresas.
  • Los sindicalistas son cabezas calientes, no democráticos.
  • Los derechos sindicales y laborales, expresados en convenciones colectivas, son prebendas y privilegios.

Fuente: Campaña por la defensa de los Derechos Humanos Sindicales.

ANEP pide a Defensoría intervenir en el INS: Nombramientos políticos sin idoneidad

San José, 11 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0679-06

Doctora
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimada señora Defensora:

En primer término, le expresamos el mayor de nuestros respetos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que nos honramos en representar, conjuntamente con la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en el Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitamos se intervenga para que se investigue los hechos relacionados con el nombramiento del Presidente Ejecutivo y del Subgerente del Instituto Nacional de Seguros (INS), realizados por el actual Gobierno de la República; pues a tenor de lo dispuesto por los estatutos jurídicos correspondientes, cuyo lema ha sido salvaguardar el principio de la técnica, dichos nombramientos carecen de validez jurídica dado que no satisfacen los requisitos exigidos por dichos estatutos.

Aquí lo que más preocupa es que la ley que regula esta materia, se hizo para defender el interés de los ciudadanos de un país, en este caso de todos los y de todas las costarricenses; interés que se ve puesto en serio peligro, cuando no son las personas o los profesionales con los perfiles requeridos y debidamente normados (según la normativa jurídica que detallaremos más adelante), los que los diferentes poderes ejecutivos nombran en las instituciones del Estado Costarricense.

Y es que en el caso específico del Instituto Nacional de Seguros, una institución que no sólo es una aseguradora comercialmente hablando, sino que es un ente público que debido a su génesis de creación fue estructurada y pensada como un ente fundamental en el soporte de la “Seguridad Social Costarricense” (dándosele la administración total de los seguros sociales de Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio de Automóviles, y por supuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otras); hace que un manejo ineficiente e ineficaz de la institución por falta de conocimientos de sus jerarcas sea de elemental relevancia, para los intereses de la ciudadanía, toda vez que una mala administración afectará el bienestar público.

Son las actividades anteriores, más el manejo técnico de los Seguros Comerciales, los que en la gestión y control de los seguros en Costa Rica, requieren necesariamente de que quienes controles sus decisiones político-técnicas y gerenciales, sean personas de una amplia experiencia y conocimiento de la actividad aseguradora en el país y en el mundo. Condiciones que, definitivamente, no cumple el actual Presidente Ejecutivo del INS, el señor Guillermo Constenla Umaña y que tampoco cumple el recién nombrado Subgerente General del INS, Lic. Luis Ramírez Ramírez. Entendemos que los dos son abogados de profesión y esta por demás demostrado que nunca han estado en el campo de la actividad de los seguros del país.
Es por todo lo anterior que recurrimos a su digna representación como Defensora de los Habitantes, a plantear lo siguiente:

A. Sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo

La ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), establece en su Artículo 3 la reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970, donde señala que la Junta Directiva debe estar integrada por un

“1) Presidente Ejecutivo de reconocida experiencia y conocimiento en el campo de las actividades de la correspondiente institución designado por el Consejo de Gobierno cuya gestión se regirá por las siguientes normas (…)”.

Similarmente, la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) reitera la disposición anterior acerca de la experiencia y conocimiento que el Presidente Ejecutivo debe poseer en el campo de las actividades institucionales.

Como es de dominio público, el Consejo de Gobierno nombró al Ing. Guillermo Constenla Umaña como Presidente Ejecutivo del INS; sin embargo, el perfil profesional del Ing. Guillermo Constenla Umaña no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Por esta razón, dicho nombramiento por parte del Consejo de Gobierno configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Presidente Ejecutivo la figura de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución, delegar la Presidencia Ejecutiva en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la institución eventualmente comprometería el buen uso del patrimonio institucional.

En ese sentido y de manera conexa, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, también es congruente con los motivos expuestos.

Dado que hay presunción de vicios de nulidad en este nombramiento, estimamos que es necesario, a fin de resguardar el patrimonio institucional, proceder a un nuevo nombramiento de Presidente Ejecutivo que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en la Ley.

B. Sobre el nombramiento del Subgerente

De igual manera, las condiciones de idoneidad que se establecen para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo del INS, se reiteran en el Artículo 4 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) cuando establece la condición de idoneidad en el campo de los seguros para el servir al cargo de Gerente y Subgerente:

“Designará también la Junta Directiva un Gerente que tendrá a su cargo la administración de los negocios del Instituto, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de acuerdo con la ley y con las instrucciones generales que le imparta la Junta Directiva; y un Subgerente, con igual poder, que reemplazará al Gerente en sus ausencias temporales y coadyuvará en la administración superior de la Institución, con las funciones que expresamente le señalen la Junta Directiva y el Gerente.” (se suple el subrayado)

Similarmente, el Reglamento General del Instituto Nacional de Seguros (Decreto Ejecutivo No.29 del 24 de junio 1964) establece en el Artículo 17 la potestad del Subgerente de reemplazar al Gerente en sus ausencias y de ostentar la representación judicial y extrajudicial del Instituto.

De manera conexa, la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley 7105), señala en su Artículo 15, que sólo los miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas podrán ser nombrados en cargos públicos que requieran conocimientos en las ramas y especialidades de las Ciencias Económicas:
Artículo 15.- Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán:

a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado.

b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.

Desde este punto de vista, el nombramiento del Sr. Luis Ramírez como Subgerente de la institución, realizado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, también tiene vicios de nulidad, puesto que el mencionado funcionario carece de experiencia y conocimiento en el campo de los seguros; y en general, en el campo de las Ciencias Económicas.

De nuevo, se configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Subgerente la figura que sustituye al Gerente y que debe asumir la administración de los negocios del INS, que son negocios en el campo de los seguros; al delegar la Subgerencia, y eventualmente la Gerencia, en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la Institución, se estaría comprometiendo el buen uso del patrimonio institucional.

De ahí la necesidad de proceder con un nuevo nombramiento de Subgerente que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en los cuerpos normativos.

C. Sobre el nombramiento de miembros de la Junta Directiva del INS

El nombramiento de los directivos Sonia Picado Sotela y Alberto Raven Odio, de igual manera incumplen con los requisitos de idoneidad en materia de seguros. Específicamente, en el Artículo 2 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros, se consigna lo siguiente acerca del nombramiento de los directivos:

“2) Seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institución (…)” (se suple el subrayado)

Esto mismo está consignado en la ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), en su Artículo 3 que reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970.

Como es de dominio público, el perfil profesional de los directivos Picado Sotela y Raven Odio, no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Precisamente, la no idoneidad de estas personas hace presumir que para el caso del INS (y en un momento en que algunos de los principales jerarcas que han ejercido en el pasado puestos directivos están siendo severamente cuestionados por la opinión pública y sus casos en manos del Ministerio Público), se estaría aumentando el riesgo de posibles irregularidades con daño patrimonial evidente producto de la impericia en la materia por parte de algunos de sus directivos.

Por tales razones, como indicamos, la ANEP y la Seccional ANEP-INS solicitan a la Defensoría de los Habitantes de la República intervenir en esta situación procedimiento a emitir los señalamientos pertinentes y demandando las debidas explicaciones, en aras del inobjetable interés ciudadano que implica la estabilidad financiero-institucional del Instituto Nacional de Seguros.

Anexamos texto de las disposiciones legales indicadas.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Víctor Ríos Sanabria
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-INS

cc.: Trabajadores y trabajadoras del INS.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

ANEP denuncia prácticas de acoso laboral contra sus dirigentes en Adaptación Social (Sistema Penitenciario Nacional), por denuncias de presuntas irregularidades en las cárceles del país.

San José, 10 de julio del 2006.
¡S.G. 05-07-0674-06
¡URGENTE!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de Justicia y Gracia

Licenciando
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia

Su Despacho

Estimada señora y estimado señor:

Con la mayor consideración, expresamos a vuestras dignas autoridades el más respetuoso saludo de nuestra parte.

De manera enfática, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que mucho nos honra en representar, les exhorta con vehemencia para que se giren las directrices que a bien han de corresponder, a fin de proteger la integridad moral, laboral, psicológica y hasta física de todos aquellos compañeros y de todas aquellas compañeras que en el Sistema Penitenciario Nacional y en el propio Ministerio de Justicia y Gracia ostentan cargos de representación sindical a nombre de la ANEP, así debidamente acreditados ante las instancias de ley; ante ciertos episodios de acoso, increpación, malacrianzas, intimidación y hasta amenazas veladas que han empezado a sufrir algunos de ellos, simplemente porque la ANEP y sus estructuras sindicales intermedias en las mencionadas entidades institucionales, han tenido la “osadía” de formular preguntas, hacer cuestionamientos y presentar denuncias de presuntas irregularidades en varias situaciones que los despachos de vuestras autoridades ya conocen.

Aunque podría valorarse como una posibilidad totalmente hipotética, en algunos de los y de las representantes de ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional, empieza a tomar cuerpo una especie de temor de que se intente una especie de “vendetta” política en su contra; en el sentido de que, eventualmente y de manera abrupta aparezca, en sus correspondientes y particulares espacios de trabajo, material u objetos radicalmente prohibidos en las cárceles del país, que buscase inculpar por su presunta tenencia a cualesquiera de los dirigentes de ANEP que han decidido comprometerse con la tarea del saneamiento institucional. Aunque tal monstruosidad no cabe en nuestra concepción sindical, sí queremos expresar aquí esa especie de angustia que empieza a inquietarnos, para que conste ante eventualidades trágicas.

Tómese en cuenta que este tipo de comportamientos de ciertas jerarquías contra representantes sindicales debidamente acreditados, pueden ser objeto de, incluso, procesos penales a la luz de la Ley No. 7360 y sería sumamente penoso y engorroso que las máximas autoridades políticas institucionales tengan que verse involucrados en algo así, porque funcionarios de segunda ó de tercer rango se molestan ante la eventualidad de que deban rendir cuentas de sus actos pasados y/o presentes.

Pareciera que ciertas estructuras institucionales de vieja data, que nunca estuvieron acostumbradas a rendir cuentas de sus actos, hoy parecen sumamente molestas y agresivas por las gestiones que la ANEP viene realizando en pro de una gestión institucional más transparente, más abierta, más participativa y más conciente de la trascendencia para el país de una institucionalidad bastante postergada ante la sociedad, como lo es la del Sistema Penitenciario Nacional.

Valga indicar, además, que este accionar de la ANEP que tanto parece molestar a algunas autoridades de corte tradicional, está en estricta congruencia con fundamentales lineamientos éticos que ha decidido impulsar el Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez; y si bien es cierto con esta Administración mantenemos fuertes discrepancias estratégicas sobre la concepción de desarrollo que mejor le conviene a la clase trabajadora, la ANEP está conciente de que en el tema de la transparencia y de la ética en la función pública mucho se puede hacer de manera compartida, entre los sindicatos y las autoridades institucionales respectivas.

Vistas así las cosas, respetables máximas autoridades del Ministerio de Justicia y Gracia, reiteramos nuestra petición de actuar en lo indicado con la urgencia debida; pues, como dice el refrán popular “quien nada debe, nada teme” y estamos convencidos de que todas nuestras gestiones presentadas recientemente ante sus despachos, guardan congruencia con la política de transparencia institucional que el Gobierno que ustedes integran ha manifestado promover.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Sectorial ANEP-DGAS.
cc.: Juntas Directivas Seccionales ANEP-Adaptación Social-
cc.: Trabajadores y trabajadoras, Sistema Penitenciario Nacional-Ministerio de Justicia y Gracia.
cc.: Archivo.

Nicaragua: Privatizaciones no dieron resultados esperados

Gustavo Alvarez | El Nuevo Diario, Nicaragua

Un sistema bancario muy concentrado, en el que pocos bancos abarcan la mayor parte del negocio, un sistema de telefonía básica que se mantiene en el monopolio y un servicio de comunicación celular claramente oligopólico son algunas de las conclusiones del último informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre el mercado nicaragüense.

El estudio está elaborado comparativamente entre todos los países centroamericanos, pero en lo que respecta a Nicaragua, los resultados indican que el país no sale bien parado en cuanto a la forma de competir de las grandes empresas.

En el caso de la banca, el estudio indica que como consecuencia de la alta concentración del mercado, “personas y empresas están sujetas a altas tasas de interés, elevadas comisiones y a condiciones de desigualdad en el acceso al crédito”, similar al resto de la región.

Marcos Ávalos, consultor de la Cepal y uno de los autores del estudio que fue presentado ayer en Managua, dijo que en Nicaragua, cinco bancos concentran entre el 90 y el 95 por ciento de todas las colocaciones de los activos, y en ese sentido, se considera un país con una alta concentración en este sector.

Agregó que la banca nicaragüense ha demostrado una gran capacidad de competir a nivel centroamericano, ya que ha logrado una presencia en casi todos los países de la región, pero hay que preguntarse cómo andan los costos de los servicios que tienen que pagar los clientes, qué tan alta es la tasa de interés, de captación y de colocación.

El estudio concluye que es posible reducir sustancialmente los costos de operación de la banca, los márgenes de intermediación, y en ese sentido, mejorar la calidad y los precios de los productos que sirven a las empresas nicaragüenses que están tratando de competir internacionalmente

Del monopolio estatal al privado

En el caso de las telecomunicaciones, Nicaragua aparece en una peor situación en comparación con los otros países, ya que la privatización de la telefonía no produjo los resultados esperados.

Ávalos afirmó que el modelo de privatización con exclusividad, que es el que se llevó a cabo en Nicaragua, provocó problemas para transitar hacia un modelo competitivo.

Dijo que el país tiene que hacer grandes esfuerzos para mejorar el grado de competencia de las empresas de telecomunicaciones y reducir las barreras de entrada de los nuevos operadores.

El consultor de la Cepal agregó que el bajo nivel en el grado de competitividad de la telefonía del país queda revelado en los niveles de cobertura y los precios, que no son los adecuados.

“Las privatizaciones llegaron con la promesa de tener un buen número de operadores, lograr avances calificativos en materia de calidad y precio, pero después de diez años, en telefonía fija ha sido más difícil de lo pensado que entren nuevos operadores”, apuntó.

Nicaragua tiene un solo operador en telefonía fija, y en el resto de países de la región, el 85 por ciento de participación lo tiene el operador dominante, mientras en México pasa del 90 por ciento.

A juicio de Ávalos, en el caso de Nicaragua, la privatización de la telefonía fija_ “es un monopolio público reemplazado por un monopolio privado”_.

Costa Rica es líder en el sector de telefonía fija en Centroamérica, con coberturas muy superiores a las de los otros países del área, a pesar de estar en manos del Estado y al compararlo con los países que han privatizado, deja muy mal parado a quienes se han decidido por este último modelo.

El funcionario de la Cepal dijo que el problema se debe a que las privatizaciones no estuvieron suficientemente acompañadas por un esfuerzo por crear competencia y porque los reguladores no disponen de recursos suficientes para ello.

Julio César Bendaña, director de Competencia y Transparencia en los mercados, del Mific, dijo que primero se privatizó y después se trabajó en crear leyes de competencia, pero debió ser al revés, y por eso se dan estos problemas.

El estudio de la Cepal enfatiza en que si los servicios bancarios, de telecomunicaciones y otros rubros no son suficientemente competitivos en un país, los productores que tratan de exportar, no van a poder enfrentar en sus costos a los competidores de otros países, además de perjudicar a los consumidores en general.