Ante la preocupación latente de la situación actual del régimen de pensión de invalidez, vejez y muerte y su estado, así como su continuidad para generaciones futuras, es que la ANEP crea la seccional ANEP-Pensionados de IVM con la intención de velar y proteger este baluarte de la sociedad costarricense.
Autor: ANEP
Aumento en la edad de jubilación, igual a “policías con bastón”
Por: Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional de ANEP
Al mismo tiempo que en la Seccional ANEP-Fuerza Púbica, le hemos solicitado a los señores diputados y a las señoras diputadas una reforma que permita la jubilación anticipada de las personas trabajadoras integrantes de los cuerpos policiales; la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), nos quiere aumentar la edad de retiro a los sesenta y cinco años (65), tanto hombres como mujeres. Se aduce problemas de sostenibilidad en el régimen de pensiones; lo que no se dice, es cuáles son las razones de esa dificultad.
En relación con la edad de jubilación, existen estudios técnicos que demuestran que el desgaste físico y emocional, así como el deterioro en la salud, en general, de las personas trabajadoras de cuerpos policiales, es mayor al que sufren las que se vinculan con otras labores. El trabajo del o de la policía es una ocupación de alta exigencia, responsabilidad y expectativa social con respecto a su servicio y rol, por tanto, se califica como una ocupación altamente estresante, así es, basta ponerse el uniforme para sentir esa presión que conlleva la función policial.
Criterios técnicos señalan que, “Es un proceso de desequilibrio entre las demandas y la capacidad de respuesta de la persona que se enfrenta a ellas, dado que entran en juego multitud de factores (personales, de la situación y de las relaciones interpersonales), entre los que destaca la percepción que la persona tenga sobre si sus recursos (personalidad, experiencia, capacidad, etc.) son suficientes o no para hacer frente a los requerimientos que se plantean.”
Estos estudios han demostrado que la edad de jubilación de un policía no debe exceder los cincuenta y cinco años de edad.
El INFORME TÉCNICO DE-ST-ITE-3-2017, del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinó que la función policial es insalubre y peligrosa. Aunado a ello, entre los argumentos que se presentan en los estudios mencionados se rescatan los siguientes:
– La complicada trayectoria de la vida policial genera enfermedades que, por su naturaleza, repercuten fuertemente a determinada edad, lo cual atenta contra la eficiencia del servicio de seguridad ciudadana.
– El policía es especialmente propenso a desarrollar padecimientos tales como: hipertensión arterial derivada del frecuente estrés, estados de vigilia constantes, comidas rápidas ingeridas en su propio lugar de trabajo, falta de actividad física, etc.
– Insuficiencias y enfermedades cardíacas, trastornos vasculares periféricos causados por las extensas jornadas en las que debe permanecer de pie.
– Perturbaciones digestivas y enfermedades respiratorias derivadas de sus largas horas a la intemperie.
– Accidentes laborales producto del quehacer preventivo o represivo.
– Deterioro de la columna vertebral, motivado por osteoporosis propia de la edad o por la portación cotidiana del equipo de protección (chalecos antibalas, armas de reglamento, vara policial, botas, radio de comunicación y otros).
– El nivel de tensión emocional que la persona policía maneja acelera el quebranto de su estado de salud en general, y es propenso a desarrollar patologías psiquiátricas por cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento físico, y separación familiar en muchos casos.
– Desde la óptica psicológica, el policía sufre un desgaste gradual por la exposición a eventos extremos, fatiga mental acumulada por los pesados horarios de trabajo, sensación de inseguridad constante en el policía y sus familiares directos ante probables represalias y acciones de venganza por parte de la delincuencia, etc.
En Colombia, por ejemplo, las y los oficiales, así como los miembros del nivel ejecutivo se pueden retirar por solicitud propia, siempre y cuando tengan 20 años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido 55 años de edad los hombres y 50 años de edad, las mujeres.
La función policial se relaciona estrechamente con la vida. Las personas que trabajan como guardianes del orden, se saben expuestas a enfrentarse, en cualquier momento, con un criminal, teniendo que jugarse el físico, ya sea para repeler una agresión ilegitima o para evitar la comisión de un delito.
Para nadie es un secreto que la criminalidad cada día es más sofisticada, más preparada, más atrevida; por ello, resulta un riesgo para la seguridad común mantener a personas de más de sesenta años en labores de seguridad ciudadana. Eso, amén, de la injusticia que representa para quienes exponen su vida constantemente y ven pasar los años lejos de sus hijos e hijas, perdiéndose de graduaciones, cumpleaños, navidades, etcétera.
En momentos de mayor criminalidad, sabidos de la penetración del crimen organizado en nuestro país, resultaría peligroso, grosero y hasta inhumano, retardar la jubilación de nuestros y de nuestras policías. De ser así, la delincuencia posiblemente sacará provecho, al enfrentarse con personas adultas mayores, en algunos casos; a policías que, por su edad y el desgaste que provoca la función policial, se harán acompañar de un “bastón”.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Abogado
Directivo Nacional de ANEP
Policías solicitan a diputados mejoras en sus condiciones laborales
Seccionales de ANEP en la Municipalidad de Cartago y Osa logran importantes acuerdos
En ANEP Rechazamos y Condenamos el no pago de Excedentes de las Cooperativas y cualquier responsabilidad que se le quiera Endilgar a nuestra Organización Sindical
La actuación de las cooperativas de ahorro y crédito de negarse a entregar excedentes o dividendo para el año 2021 debe ser calificada de ilegal.
No existe ningún fundamento legal para que dichas entidades se nieguen a entregar dineros que son de sus afiliados, cuando, por el contrario, la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 establece en su artículo 3 inciso c), que es el deber de dichas entidades la «Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común».
Resulta altamente cuestionable que se justifique la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una «medida preventiva» en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.
En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.
Pero dicha acción, no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.
El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.
Para las entidades cooperativas, el rebajo automático de planilla a los salarios mínimos ha sido una mera facilidad para asegurar pagos más ágiles, pues igualmente tienen acceso a las correspondientes gestiones de cobro como cualquier entidad financiera.
Sin embargo, ante la posibilidad de que se elimine dicho recurso, la defensa cobarde de dichas entidades ha sido otra ilegalidad como la retención de dividendo o excedentes a sus usuarios.
La ANEP condena esta actuación por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito, fomentada por la misma SUGEF y su jerarca Rocío Aguilar, y las insta a respetar el ordenamiento jurídico costarricense, pues de lo contrario se exponen a acciones legales directas por el atropello a los derechos económicos fundamentales de los trabajadores.
Igualmente se invita a todas las personas que se estén viendo afectadas por esta medida ilegal, a acercarse a la ANEP para realizar las gestiones legales correspondientes para luchar por la restitución de sus derechos económicos y sociales.
Con miles de firmas trabajadores de la Caja piden ser excluidos del proyecto de empleo público
Alcalde de Cartago se incapacita para no asistir a juicio
El alcalde de Cartago, Mario Redondo presentó una incapacidad por enfermedad antes de un juicio que se iba a desarrollar el martes 6 de abril por el no pago de horas extras a unos trabajadores. Para sorpresa de nuestra organización, ese mismo martes, Redondo se mantuvo trabajando en el municipio y en horas de la noche participó del Concejo Municipal de dicha provincia.
ANEP tomará cartas en el asunto para que se sienten las responsabilidades pertinentes.
CCSS busca aumentar edad de jubilación y que pensionados reciban un monto menor
Jefatura de Pérez Zeledón inconforme tras visita sindical a China Kichá
Intereses de la deuda pública: casi ¢6 mil millones diarios
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Para ser exactos, el dato correcto es 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Para que lo entendamos y comprendamos mejor, hablemos de 6 mil millones de colones ¡cada día!
Y si usted quiere tal dato por hora, la cantidad es de 242 millones 185 mil 763 colones (¢242.185.763). También, para mortificarle más y con solicitud de previa disculpa de su parte, se lo damos por minuto: 4 millones 36 mil 429 colones (¢4.036.429). Y, ¿lo quiere por segundo? (majadero yo): 67 mil 273 colones con 81 céntimos (¢67.273,81).
¿De qué estamos hablando? Pues del pago escandaloso, obsceno y, si se quiere, hasta inmoral y socialmente criminal, de los intereses de la deuda pública; de cuyo monto global no queremos recordarnos al momento de escribir este artículo. Es un monto que, desde nuestra visión de clase, resulta impagable.
¡Veamos! Con la gran pompa escénica y mediática con que el Ministro de Hacienda, señor Elián Villegas Valverde, suele hacer sus “cruciales” anuncios periódicos sobre el estado de las finanzas públicas; su más reciente aparición fue para darnos a conocer que en el primer cuatrimestre del presente año 2021 (meses de enero, febrero, marzo y abril), el pago de intereses de la deuda pública ascendió a los 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); una cifra tan grande como que es equivalente a 1,84% del Producto Interno Bruto (PIB).
Se estima que, en la actualidad, un punto porcentual del PIB equivale a 378 mil 510 millones de colones (¢378.510.000.000)
Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata, 697 mil 495 millones de colones (¢697.495.000.000); y la dividimos entre cada uno de los 120 días que tiene el primer cuatrimestre del año en curso (31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril); pues nos da la cifra de un pago diario de intereses de la deuda pública, cada 24 horas, de 5 mil 812 millones 458 mil 333 colones con 33 céntimos (¢5.812.458.333,33). Disculpen la reiteración. Estamos redondeando esta cifra a 6 mil millones de colones diarios, para una cabal comprensión de la monstruosidad de este crimen social que significa el pago cotidiano de intereses de la deuda pública.
¡Sí! Es un crimen social porque esa plata diaria, esos 6 mil millones de colones, se los sacan al pueblo trabajador con empleo o sin él; se los sacan a las micro, pequeñas y medianas empresas; se los sacan a las capas medias y a quienes laboran por cuenta propia; se las sacan a las personas trabajadoras estatales mediando su pago riguroso de la renta salarial.
Esto es así por cuanto el sistema tributario costarricense es perversamente corrupto e injusto: pagan más los que menos tienen y quienes tienen más, evaden y eluden su correspondiente pago de tributos, hacen toda clase de triquiñuelas para no pagar lo que por ley deben, esconden la plata en paraísos fiscales, disfrutan de exenciones y exoneraciones, amén de tener acceso a las multimillonarias operaciones de compras, adquisiciones y construcciones que necesita el sector público.
Nosotros estimamos que, mediando esa gigantesca deuda y su pago obsceno y criminal de intereses, no será posible proyectos de reactivación económica realmente consistentes. Creemos que los políticos tradicionales mienten, descaradamente, cuando se llenan la boca hablando de reactivación económica y el tema de la deuda pública y sus criminales intereses, no lo abordan ni en lo más mínimo.
La deuda pública del país, aunque mayoritariamente es de carácter interno; y, dentro de este carácter interno, gran parte de ella es entre instituciones estatales, necesita ser auditada y con sólida participación ciudadana. Además, requiere una profunda reestructuración y reingeniería de modo tal que resulte más “humanitario” su manejo.
Con el estado actual de cosas en materia de deuda pública, no es el pueblo trabajador el que está ganando; por el contrario, es el que está pagando. Y este asunto de la deuda pública y su pago de intereses, representa un punto fundamental del sostén ideológico-financiero del desprestigiado sistema político-partidista actual que, como todos lo percibimos, nos ha venido hundiendo como sociedad.
Con miras a la elección presidencial y diputadil del 6 de febrero de 2022, a 263 días de PASAR FACTURA, será importantísimo tener en cuenta los diferentes discursos de campaña, en cuanto a ver si estos hablan de varios temas tabú que, por lo general, no se abordan dado que tocan los intereses económicos más formidables de lo que ha llegado a ser la plutocracia reinante y gobernante.
¿Cuáles son esos temas?: la deuda pública y su socialmente criminal pago de intereses; el sistema tributario injusto y corrupto; la política salarial y, específicamente, el salario mínimo; la reactivación económica y el ABC de las políticas públicas congruentes de esta, por ejemplo. Vamos a hablar mucho de esto y de temas asociados en próximas columnas.
Para terminar, fíjese usted que la lectura del presente artículo se hace en 7 minutos, aproximadamente. Esto quiere decir que, una vez que usted concluyó de leerlo hubo que pagar poco más de 28 millones de colones adicionales de intereses de la impagable deuda pública costarricense.
