Campaña cívica Pasar Factura … ¿qué es?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al considerar, por una parte, la magnitud de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y su partido, al punto de que solamente un 15% de los y las costarricenses le da a su gestión una valoración positiva (la más reciente encuesta del CIEP-UCR); y, por otra, la coalición partidista que le ha dado oxígeno político para que sobreviva hasta el final de su pésimo mandato (8 de mayo de 2022), estamos impulsando la idea de que quienes se decidan ir a votar en las elecciones nacionales del domingo 6 de febrero de 2022, lo hagan de manera responsablemente seria y poderosamente crítica de lo que han sido las últimas administraciones gubernativas, incluyendo, muy especialmente, la actual.

PASAR FACTURA es el nombre, es el concepto político, es el sentimiento que queremos posicionar en las mentes de las personas trabajadoras votantes que en tal fecha tienen que ir a la urna electoral para votar por una persona que asuma la Presidencia de la República, así como por las dos personas que acompañen a ésta en las vicepresidencias, para el período de gestión 8 de mayo de 2022-8 de mayo de 2026.

También se tiene que resolver la integración de la Asamblea Legislativa 1 de mayo 2022-1 de mayo 2026, designando a las 57 personas diputadas que la conformarán.

A la hora de votar, PASAR FACTURA (si es que se está, finalmente, decidido a ir a la urna); yo pensaré, -para empezar mi análisis-, en la clase de gestión presidencial que se ha venido realizando. ¿Cómo ha impactado en mi diario vivir y el de mi familia, la presidencia del señor Carlos Alvarado Quesada, al cual hemos catalogado como el más grande estafador político de los últimos tiempos a nivel de personas políticas en Casa Presidencial?

Considere usted que, por tanto, una buena campaña PASAR FACTURA tiene un ámbito de incidencia de hasta un 85% del electorado, que ve negativamente lo que este señor ha impulsado desde la máxima posición ejecutiva del país.

Y, por supuesto, PASAR FACTURA, tratándose de la votación presidencial, abarca el análisis que, como potenciales personas electoras, hagamos acerca de las máximas jerarquías político-ejecutivas que han acompañado la desastrosa gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada (en ministerios, en instituciones, en empresas públicas): ¿cómo nos ha afectado estos señores y estas señoras en esos cargos?

PASAR FACTURA conduce,inevitablemente, a valorar las diversas candidaturas presidenciales con relación a las actuales diputaciones en cuanto al partido político que les es común.

La abrumadora mayoría de la población trabajadora de este país ha sufrido en carne propia las consecuencias de fuertes legislaciones anti-obreras, anti-sociales, anti-clase media, que han salido de la actual Asamblea Legislativa; misma que le ha dado a la gestión de Carlos Alvarado Quesada un amplio espacio político para impulsar la peligrosa senda de la desigualdad, de la exclusión social y económica, de la pauperización generalizada.

Las diferentes leyes depredadoras del bien común y de la inclusión social, que han sido emitidas por el actual parlamento, han contado, en esencia, con el binomio político Liberación Nacional y Acción Ciudadana, actuando ambos en una simbiosis ideológica impensada antes de la llegada del actual mandatario. El partido del actual presidente legislativo, Restauración; su ala disidente y la propia Unidad, no están exentos del fomento y respaldo al indicado tipo de legislación. Y también, no pocas personas le cuestionan al Frente Amplio su paso por la gestión de Alvarado Quesada.

PASAR FACTURA debe conducirnos al ejercicio individual interior de valoración cívica jamás realizado de cara a una votación presidencial y diputadil como la del domingo 6 de febrero de 2022.

Tenemos que tener presente que los poderes fácticos van a jugar en esta campaña electoral mucho más intensamente que en la del 2018. Ésta nos enseñó, de la manera más cruel, que una cosa es votar y otra cosa es elegir. La elección pasada se dio antes de que votáramos, básicamente mediante los titulares de las corporaciones plutocráticas del negocio de las noticias, tanto escritas, como televisivo-radiofónicas.

Vamos a ser agredidos y agredidas, de cara a los comicios del domingo 6 de febrero de 2022, nuevamente; de manera intensa por parte de la propaganda ideológica que financia la plutocracia gobernante en estos momentos, misma que pretenderá dar más impulso a los avances que la gestión de Alvarado Quesada y sus partidos en la Asamblea Legislativa, le han posibilitado en el presente cuatrienio constitucional.

PASAR FACTURA es el mejor mecanismo de defensa que tenemos a nuestra disposición para cobrarle a los partidos políticos que me arruinaron el negocito, que me obligaron a cerrarlo, que me forzaron a despedir; que me rebajaron el salario; que me despidieron del todo; que me quitaron derechos y que me los siguen arrebatando; que por sus decisiones se generó más pobreza en mi hogar y más conflictividad familiar; que le impusieron el IVA a la pequeña actividad micro-mediana empresarial, mientras aprobaban multimillonarias amnistías tributarias a gigantescas corporaciones privadas… Tengo pleno derecho a señalar con el dedo electoral acusador a esos partidos que me hicieron tanto daño, a mí y a mi familia. Es una buena idea, ésta, de PASAR FACTURA.

PLN: convención y plutocracia

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al parecer, el Partido Liberación Nacional (PLN), se estaría jugando su existencia misma dentro del escenario político nacional, de cara al proceso electoral nacional del próximo febrero de 2022.

Nos parece que algunas personas con altos grados de responsabilidad en su dirección actual, al margen de ésta y/o marginadas de la misma, son conscientes de que las preferencias ciudadanas con el PLN están el nivel más bajo de toda su historia de participaciones en procesos electorales nacionales; y, además, la cuantía de gente con derecho a votar y dispuesta a hacerlo por el PLN, no les alcanzaría para ganar la Presidencia de la República.

Enorme resentimiento hay con el PLN más que con ningún otro partido. En especial, en bases obreras y de sectores medios, el enojo con los últimos gobiernos liberacionistas y con las personas diputadas suyas de los últimos períodos constitucionales, es constatable sin grandes esfuerzos científico-analíticos.

Si nueve de cada diez personas electoras don derecho a voto en febrero de 2022, indican que no tienen simpatía partidaria alguna en estos momentos (encuesta CIEP-UCR que, aunque con reservas, es la de mayor credibilidad en el país); es posible que un enorme segmento de las personas “partidariamente desencantadas” fueron liberacionistas.

El prácticamente acabóse del PLN, como protagonista histórico esencial de los sucesivos procesos electorales, empieza a manifestarse con las derrotas electorales de los años 2014 y 2018, cuando empieza a hacerse visible que su control ideológico-hegemónico lo asumen personas que de filosofía y de política socialdemócrata saben tanto como un arquitecto sabe de cirugía plástica.

Empezó en el seno del PLN un proceso de posicionamiento de la visión de sociedad centrada en la tesis neoliberal del todo mercado-nada Estado, dando paso a que fuese convertido como uno de los partidos representativos de los intereses de lo que ahora tenemos más claro que nunca: la plutocracia reinante en el devenir fundamental de la cosa pública.

Las personas liberacionistas de verdadero pensamiento socialdemócrata empezaron a ser relegadas de posiciones decisoras en el rumbo de ese partido y, mientras más se les arrinconaba, más empoderamiento de las tesis plutocráticas cogían fuerza a su interior; sobre todo, porque tal grupo relegado nunca tuvo la vocación de articularse para resistir la operación serrucho contra el ideario socialdemócrata original.

La convención liberacionista de próxima fecha no pareciera arrojar un resultado político que ponga en peligro el control plutocrático del PLN. La plutocracia ha envenenado tanto el ADN socialdemócrata del PLN que no parece haber ya antídoto.

Para agravar las cosas, la actual fracción parlamentaria liberacionista ha mostrado una enorme saña antiobrera y un enorme desdén y desprecio por la situación socioeconómica de las clases medias.

La autoproclamación del PLN como partido policlasista, vigente en su época de oro; nunca como en el presente período legislativo constitucional (2014-2018), había tenido tan nula relevancia o consideración, ni siquiera por apariencia, en función del respeto que merecería el legado de las personas fundadores del PLN.

A nivel del personal estatal de todo el sector Público (unas 330 mil personas y sus familias), las ideas plutocráticas del PLN son de un impresionante rechazo. Su base electoral en la Administración Pública, otrora de enorme cohesión e incidencia, está sumamente erosionada.

La Socialdemocracia, en consecuencia, sigue huérfana. El pase del Partido Acción Ciudadana (PAC) a las filas de la hegemonía plutocrática, reafirmó que tal orfandad sigue vigente.

La gran incógnita a despejarse con la convención liberacionista es si alguno de los precandidatos presidenciales estará dispuesta a desafiar el nuevo orden en el PLN; nuevo orden que, como lo demuestra su actual fracción legislativa, socialdemócrata no es. Es plutocrático.

La vacuna por el voto

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Catalina Crespo Sancho, interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que el Gobierno estuviera vacunando contra el covid-19 durante toda la presente Semana Santa.

En lo específico, su gestión legal la ha dirigido contra Carlos Alvarado Quesada, como cabeza política del Poder Ejecutivo; contra el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza; y contra Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo leímos en información de prensa que circuló el pasado viernes 26 de marzo, la cual indica que, a partir de datos oficiales de Casa Presidencial, a nuestro país han llegado un total de 11 lotes de vacunas, para un total de 676.455 dosis; notándose que, por el contrario, solamente se han aplicado poco más de 312.000 dosis y unas 106.000 personas ya recibieron ambas dosis.

Esas 676.455 dosis llegaron a Costa Rica en un período de tres meses, si consideramos que fue el 23 de diciembre de 2020 cuando llegaron las primeras 9.750 dosis.

Al faltar tres trimestres (más un mes adicional), para las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022; y, considerando esa cantidad de 676.455 como promedio trimestral, tendríamos un total de 2.029.365 dosis adicionales al primer lote del 23 de diciembre anterior.

Es decir, un gran total de 2.705.820 dosis (en los cuatro trimestres diciembre 2020-diciembre 2021), para un equivalente de ciudadanía receptora de la famosa vacuna de 1.352.910 personas: un 27% de la población total del país, si consideramos la cifra de 5 millones de costarricenses.

Que nuestro país y sus máximas autoridades político-ejecutivas y de salud estén aplicando la vacuna contra el covid-19, mediando una táctica cuenta-gotas es motivo para que se especule al respecto (considerando que la transparencia de la gestión pública del actual Gobierno no es su característica), de que es parte de la estrategia electoral PAC para seguir “administrando” el país.

En tal sentido, el Gobierno estaría vacunando antes de las elecciones (táctica cuenta-gotas), para luego intensificar el proceso de inmunización de las personas antes del domingo 6 de febrero entrante; lo cual hace que muchos estemos pensando en que se está impulsando tal proceso de salud con perspectiva electoral, lo que llevó a un ciudadano amistad nuestra, a definir tal táctica cuenta-gotas, como “La vacuna por el voto”.

Las suspicacias de que “La vacuna por el voto”podría ser una artimaña del gobierno PAC para repetir período en la administración del país (2022-2026), se acrecienta si la misma Defensoría de los Habitantes de la República está cuestionando que se tengan embodegadas muchas vacunas, mencionándose la cifra de 200 mil dosis. ¿Serán más? Es probable que sí.

Como indicamos al inicio, la acción judicial de la señora Catalina Crespo Sancho, que ha resonado en prensa, es para que se siga vacunando contra el covid-19 en esta Semana Santa. Si fuese lo contrario, habría tenido, también, gran destaque de prensa.

Es decir que la jerarca de la Defensoría de los Habitantes de la República debió ir más lejos: tenía que cuestionar la sospechosa lentitud de vacunación contra el covid-19 y su relación con la proximidad del proceso electoral del 6 de febrero de 2022.

Pero, no solamente en función de desenmascarar esta táctica cuenta-gotas, perversa en sí misma, si es que está pensada para coincidir con el proceso comicial venidero; sino porque se trata de un problema de salud pública que involucra la salud y la vida de los 5 millones de compatriotas que habitamos este país, más la cantidad de personas de otras nacionalidades que conviven con nosotros.

Prácticamente, cada vez que llega al país un nuevo lote de vacunas, Carlos Alvarado Quesada se apersona al aeropuerto a recibirlas, a tomarse la foto y a pulsear foco mediático. Su imagen está por los suelos y la abrumadora mayoría del pueblo rechaza su gestión. Si le ven recibiendo vacunas a menudo, seguro piensa él, obtendría algo de valoración positiva.

Nada raro sería que con cercanía al domingo 6 de febrero de 2022, se incremente el arribo al país de mayores cantidades de dosis de vacunas y de menos período de tiempo entre un envío y el anterior; y, por ende, más poses presidenciales recibiéndolas.

Así, la táctica cuenta-gotas, “La vacuna por el voto”, estaría ayudando al logro del macabro objetivo de un tercer-período gubernativo-administrativo PAC… un nuevo período consecutivo en la hegemonía del país para la plutocracia gobernante.

Déficit, deuda e intereses: ¿quién se atreve?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

No encuentro otra palabra-concepto para describir el manejo de la cuestión fiscal del país, que emplear el vocablo CRIMINAL, así puesto con letras mayúsculas.

No encuentro otra palabra-concepto para las personas responsables de ese manejo, en los diferentes gobiernos del tri-partidismo PLUSC-PAC que catalogarles como CRIMINALES SOCIALES, también en mayúsculas.

No encuentro, en el “menú” de precandidaturas presidenciales, ni el más mínimo planteamiento, aunque fuera tenue e insípido, de abordar con profunda seriedad este asunto del déficit fiscal, de la deuda pública y de su obsceno pago de intereses… ¿Quién se atreve? Creo que me quedaré esperando.

Recientemente escribí el siguiente tuit: “Empezamos el 2021 pagando 240 millones de colones POR HORA en pago de intereses de la deuda pública: 5 mil 772 millones por cada uno de los 31 días de enero y los 28 de febrero. En dos meses: 340 mil 586 millones. ¡CATASTRÓFICO! Y los diputados ensañados con el empleado público”.

Noten ustedes que estoy empleando letras mayúsculas para que se comprenda mi desvelo en cuanto a resaltar lo que me parece a mí como un cataclismo fiscal en perspectiva.

Con gran pompa, el Ministerio de Hacienda nos dio a conocer que ya ha captado, en el primer trimestre del presente año 2021, en el mercado financiero interno, Bolsa Nacional de Valores, 1 billón 365 mil 479 millones de colones (1.365.479.000.000). (El principal diario del capital neoliberal publicó una nota al respecto, el pasado sábado 27 de marzo).

Prácticamente, esta gigantesca cifra representa unos 3.8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), calculando cada uno en 359 mil 800 millones de colones (359.800.000.000 -datos de 2020-); dato que nos proporcionó el distinguido académico universitario, de la UNED, don Luis Paulino Vargas Solís.

Esta cantidad de captación en bolsa que reporta la cartera ministerial de Hacienda, 1.365.479.000.000, promediada a los 90 días del primer trimestre 2021, nos da la cifra de captación diaria de 15 mil 171 millones 988 mil 888 colones (15.171.988.888.000).

Hablamos, entonces, de que al Gobierno se le está prestando (“captación de bonos”, en el lenguaje bursátil oficial), 632 millones 166 mil 203 colones (632.166.203), ¡CADA HORA! Datos, repetimos, del primer trimestre de 2020.

Además, se nos dice que la cantidad de dinero hasta ahora “captada”, 1.365.479.000.000, representa ya el 76% del total de la cifra prevista por tal concepto, “captación”, para el primer semestre del presente año 2021: lo que denominan Plan de Endeudamiento. Entonces, éste es de1 billón 796 mil 682 millones 894 mil colones (el 100% al terminar junio 2021); prácticamente, 5 puntos PIB.

Quiérese decir, entonces, que el 24% que resta del Plan de Endeudamiento del primer semestre del año 2021, equivale a 431 mil 203 millones 894 mil colones (431.203.894.000). Esto es 1.19 puntos PIB.

En consecuencia, la pretensión del Gobierno es obtener prestado, solamente en el primer semestre del año en curso, 1 billón 796 mil 682 millones 894 mil colones: ¡5 puntos PIB!, desagregados así:

a) 1.365.479.000.000: 76% del Plan de Endeudamiento para el primer semestre del 2021, ya obtenidos (3.8 PIB).

b) 431.203.894.000: 24% restante de dicho plan (1.19 PIB).

Cifras incomprensibles. Cifras inmanejables para quienes somos viles mortales, castigados y condenados a servirle a la Economía, la dominante; que es distinta a la Economía al servicio de la gente, la que urge instaurar en este país.

Entonces, con los datos del primer trimestre 2021 tenemos:

Solamente en pago de intereses de los meses de enero y febrero, 340 mil 586 millones de colones; es decir, unos 240 millones de colones por hora; o, 5 mil 772 millones de colones al día.

Se pagaron, si lo pasamos a dólares, en solamente esos dos meses, 553 millones 798 mil 373 dólares (tipo de cambio, 615 colones). Al día, 9 millones 385 mil 365 dólares. Por hora: 391 mil 56 dólares (240 millones de colones).

Por otra parte, si el plan de endeudamiento del Gobierno para el primer semestre del presente año 2021, es de 1.796.682.894.000 colones; en dólares, el equivalente es 2 mil 921 millones 435 mil 600 dólares ($2.921.435.600). 

¡Ciudadanos y ciudadanas!: Estamos hablando de que este Gobierno nos endeudará, solamente en el primer semestre de este año 2021 en, prácticamente, ¡3 mil millones de dólares!; endeudamiento que no pasa por la Asamblea Legislativa.

O sea, nos endeudan, a “los y las de abajo”, promedialmente hablando, en 16 millones 666 mil 666 dólares diarios, o, si lo ponemos por hora, son 694 mil 444 dólares.

Esta gran cantidad de números, la gran cantidad de cifras que les hemos compartido, metafóricamente viene a ser como un aquelarre de carácter fiscal; sí, es algo “demoníaco”. Un verdadero festín maligno que le hace daño a la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

¿Quién se atreve? ¡Sí!, ¿quién se atreve a nivel de precandidaturas presidenciales, a entrarle a esto. En mi caso, sí me atrevo a pronosticar que nadie… o casi nadie.

Hacerlo, pero hacerlo de verdad, es desafiar a la hegemonía política dominante, la de la plutocracia reinante; dentro de la cual el sector financiero-bancario, el del aquelarre fiscal, se convirtió ya en el enemigo más criminal que jamás tuvo el pueblo costarricense, solamente comparable a los invasores filibusteros de 1856-1857.

ANEP presenta segunda acción de inconstitucionalidad en contra de ley “antihuelgas”

La ANEP no baja los brazos en su lucha por devolver el derecho constitucional de huelga a la clase trabajadora, por lo que acudió por segunda ocasión a la Sala Constitucional, solicitando que se declare inconstitucional varios artículos de la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos.