Unidad de Asesoría Jurídica logra reinstalación de trabajador despedido de forma arbitraria en la Municipalidad de Goicoechea

Este 2021, continúa el arduo trabajo de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP por la defensa de los derechos laborales de nuestra afiliación. En esta ocasión logrando la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Goicoechea despedido de forma injusta e arbitraría.

Se trata de un funcionario de Limpieza de Vías de apellido Rivas, quien cuando llegaba al trabajo, el reloj marcador no le registraba las marcas de entrada, situación que se presentó durante las primeras dos semanas del mes de marzo del año 2020. Posterior a esta situación, dejó de utilizar el marcador debido a las recomendaciones emitidas por el propio municipio ante la alerta nacional sanitaria girada por el Ministerio de Salud por el Covid-19.

David Estrada, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, detalló que el funcionario presentó varios testigos y pruebas demostrando que sí llegó a trabajar durante esos días, y que su ingreso lo hacía de forma temprana. Además, de que cumplía su trabajo e incluso de que realizaba sus marcas sin percatarse del mal funcionamiento del reloj marcador.

No obstante, el Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, Rafael Vargas Brenes, decidió despedir al funcionario bajo el argumento de que el reloj funcionaba bien, por lo que consideraba ausente durante esas dos semanas y media a el funcionario. Esto a pesar de existir prueba de que había trabajado durante ese tiempo.

Previo a aplicar el despido, el Alcalde había recibido una recomendación de archivar la causa por parte del Órgano Director del Procedimiento, no obstante, decidió realizar caso omiso de esta.

Sin embargo, para el abogado Estrada Zeledón, el más grave vicio fue que el alcalde resolvió utilizando documentos desconocidos para el acusado, violentando su derecho de defensa.

“La ANEP por medio de la UAJ, le brindó acompañamiento jurídico al trabajador y en el momento del despido se interpuso un recurso de apelación ante la jerarquía impropia del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José”, explicó Estrada

Evidenciando las nulidades evidentes cometidas por el Alcalde en el despido, el Juzgado decidió anular el mismo y en su lugar ordenó que el trabajador sea reinstalado inmediatamente con el pleno goce de sus derechos y el pago de sus salarios caídos.

Es la plutocracia el real poder gobernante

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Plutocracia: Forma de gobierno en que el poder está en manos de los ricos o muy influido por ellos. Plutocracia: Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. (https://www.lexico.com/es/definicion/plutocracia)

Debemos decirlo con absolutamente contundencia. La degeneración que han venido sufriendo los partidos políticos tradicionales, en materia de principios y valores, abrió el camino para que, en la actualidad, sea la visión de mundo de la plutocracia la que tiene el control absoluto del real poder en nuestra sociedad de la desigualdad y de la exclusión económico-social.

La plutocracia, intermediando sus operadores políticos, ha llegado a controlar la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa; desarrollando una estructura de gerenciamiento político-ejecutivo cuyos personeros resultan muy bien pagados, como el caso de la actual presidencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con casi 11 millones de colones por mes de salario.

Aunque las clases adineradas siempre han ejercido influencia en la política nacional, la misma se vio atemperada cuando esos partidos tradicionales seguían idearios y principios que, por ejemplo, desde la real Social Democracia y desde el verdadero Humanismo Cristiano, impulsaron políticas públicas centradas en la búsqueda y la promoción del bien común, la movilidad social y la inclusión económica.

El bipartidismo clásico, conformado en esencia por los partidos Liberación y Unidad; bipartidismo “ampliado” con la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en escena y su degeneración hacia un “neoliberalismo progresista”, creó las condiciones para que en su seno irrumpiera con fuerza el control plutocrático de sus respectivas administraciones gubernativas y de sus diversas representaciones parlamentarias.

La plutocracia, mediando sus operadores político-ejecutivos, tiene el control absoluto de las instituciones del sistema financiero nacional, como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la dupla Supen-Sugef (Superintendencia de Pensiones-Superintendencia de Entidades Financieras), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC); y, por supuesto, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Nucleadas entre sí en el plano ideológico, ejecutan decisiones de política financiero-económico que impactan al 99% por ciento de la vida de la población costarricense para beneficio del 1% plutocrático.

La plutocracia y su facción más militante, la de la oligarquía financiero-bancaria, es la responsable directa de que tengamos una desastrosa situación fiscal que, por una parte, obliga al pueblo costarricense a erogar de sus golpeados bolsillos, la astronómica cantidad de 195 millones de colones por hora en pago de intereses producto de una deuda que generaron los últimos gobiernos controlados por la plutocracia.

Dicha facción (grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad) (https://dpej.rae.es/lema/facci%C3%B3n), también es responsable de la desastrosa situación que presenta el sistema tributario nacional, caracterizado por la regresividad y por la corrupción; al punto de haber superado los 15 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado dejó de recaudar durante cada uno de los diez años de antes de la llegada de la pandemia; para dar paso al pesado endeudamiento que está estrangulando a la sociedad con ese abusivo pago de 195 millones de colones de intereses por hora.

Cada colón evadido, eludido, escondido en paraísos fiscales; cada colón escamoteado al erario producto de exenciones y exoneraciones abusivas; fue sustituido por otro colón producto de préstamos (deuda interna, básicamente), pero a intereses de inmisericorde usura que todos estamos pagando a diario.

La plutocracia y su facción oligárquico-financiera, con sus operadores político-partidistas como el PLN, la Unidad, el PAC, Restauración y derivados, a través del negocio corporativo de las noticias del periodismo de odio; tienen en colapso la convivencia de la gran mayoría de la sociedad que no encuentra una vertiente unificada para canalizar el fuerte enojo que la embarga.

La plutocracia, ahora, está exigiendo, mediando la acción ejecutivo-legislativa de sus operadores políticos, la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, pues quiere el retorno de un Estado autoritario con un ministerio de corte totalitario, Mideplan, para el control absoluto de todo el recurso humano en la totalidad de la administración pública costarricense. Crear un Estado verticalista, al estilo del que había antes del conflicto armado entre costarricenses, ocurrido en 1948.

La plutocracia, en su afán del poder total en la sociedad, ya había logrado dos leyes estratégicas para sus intereses: la 9635, conocido popularmente como “combo fiscal”, en el 2018; y, la ley anti-huelgas, 9808, en el 2019. En esta última legislación, fue de enorme notoriedad el beneplácito político del sindicalismo alineado; el mismo sindicalismo alineado que, ahora, está co-participando en la concreción de la nefasta Ley Marco de Empleo Público.

ANEP solicita la destitución de la Directora de Migración y Extranjería

07-01-2021 | Entrevista – ANEP en el programa Horizontes:  Jonathan Flores; Directivo Nacional de ANEP: Inacción y falta de interés por defender el recorte del presupuesto de Migración: «ANEP pide destitución de la Directora de Migración y Extranjería» 

Necesitamos renegociar la deuda interna

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El distinguido ciudadano, académico universitario y de profesión economista, don Luis Paulino Vargas Solís, quien es el director del Centro de Investigación Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), publicó un excelente comentario titulado “Necesitamos renegociar la deuda interna”, que merece toda la atención ciudadana posible.

El artículo de don Luis Paulino fue publicado en setiembre de 2020.

La corriente sindical en la cual militamos ha venido insistiendo en este grave asunto de la deuda pública del país, especialmente en el escandaloso pago de intereses de la misma, a razón de 195 millones de colones diarios.

Pensamos que este problema es uno de los fundamentales que pueden ayudarnos a explicar la gravedad de la desigualdad y de la exclusión socioeconómica que sufre la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

Por la importancia del asunto, hemos considerado compartir con usted doce consideraciones que motivan a don Luis Paulino a fundamentar su planteamiento de la necesidad nacional de una renegociación política de la deuda interna del país.

En varias partes, don Luis Paulino escribe con la temporalidad del artículo, hablando del año que iba a concluir (2020), proyectando lo concerniente al presente, 2021. La contundencia de los planteamientos es completamente actual.

Este distinguido académico costarricense nos llama la atención de la siguiente manera:

PRIMERO – Factores que hacen viable esa renegociación.

1)  Del total de la deuda del Gobierno Central, el 77% es interna.

2)  Solo un 4% del total de la deuda interna está en manos de “no residentes”, o sea, personas o sociedades que no están domiciliadas en Costa Rica.

3)  Alrededor de un 45% de esa deuda está en el propio sector público (obviamente el restante 55% corresponde al sector privado, incluyendo bancos privados, cooperativas y mutuales).

 SEGUNDO – Factores que lo hacen necesario.

4)  Según las estimaciones oficiales, los pagos por intereses representarían para este año un 5,3% del valor de la producción nacional (el PIB) y un 5,6% el año venidero. O sea: la mayor parte del déficit fiscal proviene de los intereses.

5)  Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central, que corresponden al financiamiento del déficit más la deuda que vence y que debe ser refinanciada, representa un monto muy significativo: 14% del PIB este año, y 15% en 2021.

TERCERO – ¿Qué objetivos tendría la renegociación?

6)  Reestructurar los plazos para convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y disminuir significativamente las amortizaciones que deban hacerse este año y los años inmediatos siguientes.

7)  Disminuir significativamente las tasas de interés, las cuales actualmente rondan un nivel sumamente elevado de alrededor del 7%. Puesto que la tasa básica pasiva está en estos momentos en un 3,45%, la tasa que pague el gobierno no debería exceder del 4%.

 CUARTO – ¿Cuáles deberían ser las metas concretas a las que deberíamos aspirar?

8)  Primero: reducir los pagos por intereses. Una tasa del 4% sobre la deuda interna, debería reportar un ahorro de unos ₡400 mil millones anuales, un poco más del 1% del PIB.

9)  La reestructuración de los plazos, deberían permitir reducir en varios puntos del PIB las necesidades de refinanciación de la deuda pública para este año y los siguientes.

QUINTO – ¿Habría alguien que pierda?

10)   Pues claro: los acreedores recibirán menos pagos por intereses, y deberán admitir plazos de vencimiento más largos. No olvidemos que ello incluye no solo personas y familias muy ricas, sino también cooperativas, fondos de pensión y mutuales, además de muchas instituciones públicas.

11)   Frente a ese inconveniente, lo que habría que sopesar es la necesidad urgente de abrir espacio en lo fiscal. Claramente esta medida no sería suficiente, y debería ir acompañada de algunas otras, pero es un paso necesario, para aliviar la presión sobre las finanzas públicas, y crear condiciones para una mejor gestión de la crisis y el impulso de una política vigorosa de reactivación económica y generación de empleos.

12) Esta medida, junto a algunas otras, podrían darnos la autonomía de decisión suficiente para prescindir del gravoso, realmente dañino, acuerdo con el FMI.

ANEP se reunió con trabajadores de la Municipalidad de Paraíso

En la reunión se detalló a los trabajadores municipales el escenario actual del empleo público, así como los proyectos de ley en la corriente legislativa y el panorama municipal luego de la entrada en vigencia de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

MSP limita patrullajes ante falta de presupuesto

En días recientes conocimos de la exposición que hizo el Ministro Michael Soto en la Asamblea Legislativa, en dicha comparecencia, el señor ministro dijo: “De no aprobarse la solicitud de 15.500 millones de colones de presupuesto extraordinario para este año, a fin de solventar el recorte efectuado el año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública podría verse obligado a cerrar varias delegaciones policiales, disminuir el patrullaje y dejar al policía sin equipamiento básico”.

Al efecto, hemos conocido que, en varias delegaciones policiales ya se está aplicando una disminución en el patrullaje preventivo, ello, producto de la disminución en el presupuesto para combustible. Así mismo, en ANEP tenemos constancia de problemas con chalecos vencidos, faltante de botas, delegaciones en mal estado, que no tienen locker para resguardo de las pertenecías de nuestros uniformados, carentes de un lugar para “estar”, de un espacio para las policías es periodo de lactancia, etcétera.

A nivel ciudadano, el tema también es complejo puesto que la mayoría de personas que transitan por las calles, quienes tienen su negocio o estén dentro de su vivienda quedan aún más desprotegidos antes la delincuencia, los cuales podrán aprovechar la nula presencia para ser certeros en sus asaltos, en la venta de droga y demás delitos que afecten a la población.

La carga se hace cada vez más pesada para nuestros uniformados, que no solamente deben lidiar con el incremento en la criminalidad, el irrespeto de un sector de la sociedad, los abusos y atropellos de un sector del mando, sino que, además deben soportar trabajar en delegaciones insalubres, con plagas de ratas o cucarachas, con equipo defectuoso o en mal estado, e inclusive, con la sobre carga que representa que les hayan asignado tareas de tránsito.

Por ello, sabidos del incremento en la incursión del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro país, lo cual se concatena con un aumento en el desempleo, es oportuno que nuestros legisladores doten del adecuado y necesario presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, es urgente que la Administración, establezca planes remediales urgentes y en atención de prioridades, para fortalecer la seguridad ciudadana, desde la dotación de insumos y condiciones dignas para la población policial.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares

Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico

Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)