Autor: ANEP
Empleo público: el ataque es ideológico cargado de odio
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Alvarado Quesada, la élite macro-empresarial para la cual él gobierna, así como las diputaciones que ejecutan las órdenes políticas de la misma (a las cuales se les “tuerce” los brazos”, según decir del legislador oficialista-PAC, Luis Ramón Carranza Cascante); insisten en imponer su concepción ideológica del empleo público en esta etapa histórica tan compleja que estamos viviendo, marcada por la exclusión económica y por la desigualdad social, con la renuncia a la búsqueda y a la promoción del bien común, por parte de quienes controlan las políticas públicas.
Nosotros pensamos que más que una cuestión fiscal, la concepción de empleo público que están tratando de imponer, con la tramitación parlamentaria atropellada del Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es de carácter ideológico, en esencia, con una fuerte dosis de odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales.
El Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, ha indicado que “…es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81 del PIB a partir del 2023”, según comunicado de prensa emitido por la Unidad de Comunicación Institucional de dicha cartera ministerial, con fecha 6 de enero en curso. (Por cierto, que, en el mismo, se oficializa que el “Gobierno no considera aumentar el IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras en propuesta al FMI; decisión cargada de miedo por la fuerte resistencia popular a iniciativas de este tipo, así expresado por una multiplicidad de sectores, entre ellos el sindicalismo no alineado).
¿Por qué creemos que el trasfondo del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, es de orden ideológico con fuerte carga de odio de clase?
Si nos atenemos a la magnitud del tamaño del déficit fiscal, según el oficialismo, que nos digan que solamente se pretende ahorrar 0.81% del PIB y que tal ahorro se daría a partir del 2023, es muestra que es lo ideológico y no lo fiscal lo que impulsa tal funesta legislación; si nos atenemos que la gritería oficialista de corte neoliberal es que el déficit fiscal es “altísimo” y que está “fuera de control” (7-9 puntos PIB).
Efectivamente, 0.81% del PIB es una cantidad que equivale a unos 285 mil millones de colones; una cantidad que puede ser sustituida, fácilmente, por otras fuentes de ingresos fiscales que siguen intocadas y que tienen que ver con la naturaleza perversa de las exoneraciones-exenciones empresariales, que suman 6 puntos del PIB; o bien, con la pavorosa red de corrupción que permite las más diversas y extendidas formas de evasión y de elusión fiscales, que superan los 8 puntos del PIB.
“A confesión de parte…”, nos dice el refrán popular. Es el propio Ministerio de Hacienda el que se encarga de oficializar, de manera indirecta, que no es lo fiscal lo que priva en la locura irresponsable de un proyecto como la Ley Marco de Empleo Público plagado de inconstitucionalidades; considerando que ya no es sostenible la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. De esto ya nos habíamos encargado de desacreditarlo hace bastantes meses, en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.
Como es lo ideológico el contenido sustancial del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el mismo tiene un valor estratégico para la camarilla del real poder gobernante de la actualidad, la de la consigna del “Todo mercado-Nada Estado”. La reestructuración totalizante del modelo de Estado Social que todavía conservamos, aunque en condiciones precarias, ya logró la conversión en ley de la República de los otros dos proyectos integrantes de esta especie de “tríada maldita de legislación antiobrera” en contra del empleo público. Nos referimos a la ley del combo fiscal, impuesta en el año 2018; y la ley anti-huelgas, también impuesta en el 2019. Adicionalmente, ese expediente anti-empleado público, 21.336 es, en realidad, el objetivo central, también ideológico, para las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya nadie engaña a nadie.
Lectura del manifiesto laboral en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público
Lectura del manifiesto laboral en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público por parte de los 61 municipios en donde la ANEP cuenta con afiliación, realizado este miércoles 17 de febrero a las 6:00 a.m.
COMO PERSONAL TRABAJADOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE…
HACEMOS PÚBLICO EL SIGUIENTE MANIFESTO:
PRIMERO: Como costarricenses creemos en el imperio de la Constitución Política y de la Ley; normas fundamentales que sustentan nuestra convivencia civilizada; normas esenciales que hasta la fecha han dado base sólida a la autonomía del Régimen Municipal de Costa Rica.
SEGUNDO: Como personal trabajador al servicio de la comunidad en el seno del régimen municipal, estamos convencidos de que la base de la Democracia radica en el gobierno local, el de las municipalidades; pues éstas son la institucionalidad más cercana a las necesidades de la ciudadanía habitante de nuestro cantón.
TERCERO: Hemos estado dando seguimiento a las decisiones impulsadas por el presente Gobierno y por la actual Asamblea Legislativa en canto a atacar, una y otra vez, la institucionalidad democrática y republicana del régimen municipal de Costa Rica; y denunciamos ante la comunidad habitante de nuestro cantón de que ha llegado la hora de asumir una posición firme y valiente para salvar la autonomía constitucional de las municipalidades.
CUARTO: Hacemos público el más fuerte rechazo y repudio al proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo No. 21.336; el cual, no solamente pone en serio peligro esa autonomía constitucional del régimen municipal, sino que representa el sometimiento político y de gestión de nuestro gobierno legal a los designios de la Casa Presidencial de turno.
QUINTO: El indicado proyecto Ley Marco de Empleo Público representa un retroceso severo en materia de relaciones obrero-patronales en las municipalidades, generando en las mismas involución y retroceso en materia de derechos laborales y económico-sociales; así como gran inestabilidad y deterioro de la paz social.
SEXTO: Por el contrario, las municipalidades deben ser fortalecidas a fin de que en los dolorosos tiempos que vive nuestra Patria, ante el avance de las desigualdades y de la exclusión económica y social; pasen a ser generadoras de un mayor dinamismo de integración y de potenciamiento de más oportunidades para las personas habitantes del cantón, especialmente las que sufren desempleo como la población joven.
SÉTIMO: Nos comprometemos, a partir de este momento, a intensificar nuestra acción colectiva en defensa de la autonomía del régimen municipal, lo cual es asumir una defensa activa de la propia Constitución Política de la República.
OCTAVO: El próximo lunes 22 de febrero de 2022, una delegación obrera de nuestra dirigencia sindical se hará presente en las afueras de la sede de la Asamblea Legislativa, en San José; solicitando desde ya a las fracciones parlamentarias que se nos den atención debida y trato respetuoso.
MANIFIESTO PROMULGADO, LEÍDO A VIVA VOZ, A LAS 6 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021, DESDE EL PLANTEL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE…
7 mil millones de dólares disponibles en el sector público
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conforman seccional
Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conformaron, el pasado lunes, la seccional ANEP-PANACI, con el objetivo de defender la institución ante un posible cierre que dejaría a la población no vidente en un estado de vulnerabilidad.
Lo anterior debido a qué en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para cerrar esta institución que brinda apoyo logístico a miles de personas ciegas
Unidad de Asesoría Jurídica logra reinstalación de trabajador despedido de forma arbitraria en la Municipalidad de Goicoechea
Este 2021, continúa el arduo trabajo de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP por la defensa de los derechos laborales de nuestra afiliación. En esta ocasión logrando la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Goicoechea despedido de forma injusta e arbitraría.
Se trata de un funcionario de Limpieza de Vías de apellido Rivas, quien cuando llegaba al trabajo, el reloj marcador no le registraba las marcas de entrada, situación que se presentó durante las primeras dos semanas del mes de marzo del año 2020. Posterior a esta situación, dejó de utilizar el marcador debido a las recomendaciones emitidas por el propio municipio ante la alerta nacional sanitaria girada por el Ministerio de Salud por el Covid-19.
David Estrada, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, detalló que el funcionario presentó varios testigos y pruebas demostrando que sí llegó a trabajar durante esos días, y que su ingreso lo hacía de forma temprana. Además, de que cumplía su trabajo e incluso de que realizaba sus marcas sin percatarse del mal funcionamiento del reloj marcador.
No obstante, el Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, Rafael Vargas Brenes, decidió despedir al funcionario bajo el argumento de que el reloj funcionaba bien, por lo que consideraba ausente durante esas dos semanas y media a el funcionario. Esto a pesar de existir prueba de que había trabajado durante ese tiempo.
Previo a aplicar el despido, el Alcalde había recibido una recomendación de archivar la causa por parte del Órgano Director del Procedimiento, no obstante, decidió realizar caso omiso de esta.
Sin embargo, para el abogado Estrada Zeledón, el más grave vicio fue que el alcalde resolvió utilizando documentos desconocidos para el acusado, violentando su derecho de defensa.
“La ANEP por medio de la UAJ, le brindó acompañamiento jurídico al trabajador y en el momento del despido se interpuso un recurso de apelación ante la jerarquía impropia del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José”, explicó Estrada
Evidenciando las nulidades evidentes cometidas por el Alcalde en el despido, el Juzgado decidió anular el mismo y en su lugar ordenó que el trabajador sea reinstalado inmediatamente con el pleno goce de sus derechos y el pago de sus salarios caídos.
Es la plutocracia el real poder gobernante
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Plutocracia: Forma de gobierno en que el poder está en manos de los ricos o muy influido por ellos. Plutocracia: Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. (https://www.lexico.com/es/definicion/plutocracia)
Debemos decirlo con absolutamente contundencia. La degeneración que han venido sufriendo los partidos políticos tradicionales, en materia de principios y valores, abrió el camino para que, en la actualidad, sea la visión de mundo de la plutocracia la que tiene el control absoluto del real poder en nuestra sociedad de la desigualdad y de la exclusión económico-social.
La plutocracia, intermediando sus operadores políticos, ha llegado a controlar la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa; desarrollando una estructura de gerenciamiento político-ejecutivo cuyos personeros resultan muy bien pagados, como el caso de la actual presidencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con casi 11 millones de colones por mes de salario.
Aunque las clases adineradas siempre han ejercido influencia en la política nacional, la misma se vio atemperada cuando esos partidos tradicionales seguían idearios y principios que, por ejemplo, desde la real Social Democracia y desde el verdadero Humanismo Cristiano, impulsaron políticas públicas centradas en la búsqueda y la promoción del bien común, la movilidad social y la inclusión económica.
El bipartidismo clásico, conformado en esencia por los partidos Liberación y Unidad; bipartidismo “ampliado” con la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en escena y su degeneración hacia un “neoliberalismo progresista”, creó las condiciones para que en su seno irrumpiera con fuerza el control plutocrático de sus respectivas administraciones gubernativas y de sus diversas representaciones parlamentarias.
La plutocracia, mediando sus operadores político-ejecutivos, tiene el control absoluto de las instituciones del sistema financiero nacional, como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la dupla Supen-Sugef (Superintendencia de Pensiones-Superintendencia de Entidades Financieras), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC); y, por supuesto, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Nucleadas entre sí en el plano ideológico, ejecutan decisiones de política financiero-económico que impactan al 99% por ciento de la vida de la población costarricense para beneficio del 1% plutocrático.
La plutocracia y su facción más militante, la de la oligarquía financiero-bancaria, es la responsable directa de que tengamos una desastrosa situación fiscal que, por una parte, obliga al pueblo costarricense a erogar de sus golpeados bolsillos, la astronómica cantidad de 195 millones de colones por hora en pago de intereses producto de una deuda que generaron los últimos gobiernos controlados por la plutocracia.
Dicha facción (grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad) (https://dpej.rae.es/lema/facci%C3%B3n), también es responsable de la desastrosa situación que presenta el sistema tributario nacional, caracterizado por la regresividad y por la corrupción; al punto de haber superado los 15 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado dejó de recaudar durante cada uno de los diez años de antes de la llegada de la pandemia; para dar paso al pesado endeudamiento que está estrangulando a la sociedad con ese abusivo pago de 195 millones de colones de intereses por hora.
Cada colón evadido, eludido, escondido en paraísos fiscales; cada colón escamoteado al erario producto de exenciones y exoneraciones abusivas; fue sustituido por otro colón producto de préstamos (deuda interna, básicamente), pero a intereses de inmisericorde usura que todos estamos pagando a diario.
La plutocracia y su facción oligárquico-financiera, con sus operadores político-partidistas como el PLN, la Unidad, el PAC, Restauración y derivados, a través del negocio corporativo de las noticias del periodismo de odio; tienen en colapso la convivencia de la gran mayoría de la sociedad que no encuentra una vertiente unificada para canalizar el fuerte enojo que la embarga.
La plutocracia, ahora, está exigiendo, mediando la acción ejecutivo-legislativa de sus operadores políticos, la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, pues quiere el retorno de un Estado autoritario con un ministerio de corte totalitario, Mideplan, para el control absoluto de todo el recurso humano en la totalidad de la administración pública costarricense. Crear un Estado verticalista, al estilo del que había antes del conflicto armado entre costarricenses, ocurrido en 1948.
La plutocracia, en su afán del poder total en la sociedad, ya había logrado dos leyes estratégicas para sus intereses: la 9635, conocido popularmente como “combo fiscal”, en el 2018; y, la ley anti-huelgas, 9808, en el 2019. En esta última legislación, fue de enorme notoriedad el beneplácito político del sindicalismo alineado; el mismo sindicalismo alineado que, ahora, está co-participando en la concreción de la nefasta Ley Marco de Empleo Público.
ANEP solicita la destitución de la Directora de Migración y Extranjería
Necesitamos renegociar la deuda interna
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El distinguido ciudadano, académico universitario y de profesión economista, don Luis Paulino Vargas Solís, quien es el director del Centro de Investigación Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), publicó un excelente comentario titulado “Necesitamos renegociar la deuda interna”, que merece toda la atención ciudadana posible.
El artículo de don Luis Paulino fue publicado en setiembre de 2020.
La corriente sindical en la cual militamos ha venido insistiendo en este grave asunto de la deuda pública del país, especialmente en el escandaloso pago de intereses de la misma, a razón de 195 millones de colones diarios.
Pensamos que este problema es uno de los fundamentales que pueden ayudarnos a explicar la gravedad de la desigualdad y de la exclusión socioeconómica que sufre la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.
Por la importancia del asunto, hemos considerado compartir con usted doce consideraciones que motivan a don Luis Paulino a fundamentar su planteamiento de la necesidad nacional de una renegociación política de la deuda interna del país.
En varias partes, don Luis Paulino escribe con la temporalidad del artículo, hablando del año que iba a concluir (2020), proyectando lo concerniente al presente, 2021. La contundencia de los planteamientos es completamente actual.
Este distinguido académico costarricense nos llama la atención de la siguiente manera:
PRIMERO – Factores que hacen viable esa renegociación.
1) Del total de la deuda del Gobierno Central, el 77% es interna.
2) Solo un 4% del total de la deuda interna está en manos de “no residentes”, o sea, personas o sociedades que no están domiciliadas en Costa Rica.
3) Alrededor de un 45% de esa deuda está en el propio sector público (obviamente el restante 55% corresponde al sector privado, incluyendo bancos privados, cooperativas y mutuales).
SEGUNDO – Factores que lo hacen necesario.
4) Según las estimaciones oficiales, los pagos por intereses representarían para este año un 5,3% del valor de la producción nacional (el PIB) y un 5,6% el año venidero. O sea: la mayor parte del déficit fiscal proviene de los intereses.
5) Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central, que corresponden al financiamiento del déficit más la deuda que vence y que debe ser refinanciada, representa un monto muy significativo: 14% del PIB este año, y 15% en 2021.
TERCERO – ¿Qué objetivos tendría la renegociación?
6) Reestructurar los plazos para convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y disminuir significativamente las amortizaciones que deban hacerse este año y los años inmediatos siguientes.
7) Disminuir significativamente las tasas de interés, las cuales actualmente rondan un nivel sumamente elevado de alrededor del 7%. Puesto que la tasa básica pasiva está en estos momentos en un 3,45%, la tasa que pague el gobierno no debería exceder del 4%.
CUARTO – ¿Cuáles deberían ser las metas concretas a las que deberíamos aspirar?
8) Primero: reducir los pagos por intereses. Una tasa del 4% sobre la deuda interna, debería reportar un ahorro de unos ₡400 mil millones anuales, un poco más del 1% del PIB.
9) La reestructuración de los plazos, deberían permitir reducir en varios puntos del PIB las necesidades de refinanciación de la deuda pública para este año y los siguientes.
QUINTO – ¿Habría alguien que pierda?
10) Pues claro: los acreedores recibirán menos pagos por intereses, y deberán admitir plazos de vencimiento más largos. No olvidemos que ello incluye no solo personas y familias muy ricas, sino también cooperativas, fondos de pensión y mutuales, además de muchas instituciones públicas.
11) Frente a ese inconveniente, lo que habría que sopesar es la necesidad urgente de abrir espacio en lo fiscal. Claramente esta medida no sería suficiente, y debería ir acompañada de algunas otras, pero es un paso necesario, para aliviar la presión sobre las finanzas públicas, y crear condiciones para una mejor gestión de la crisis y el impulso de una política vigorosa de reactivación económica y generación de empleos.
12) Esta medida, junto a algunas otras, podrían darnos la autonomía de decisión suficiente para prescindir del gravoso, realmente dañino, acuerdo con el FMI.
