Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Debemos cerrarle el paso a las peligrosas y extremistas posiciones legislativas, así como a sus soportes externos (especialmente, los de carácter mediático), en materia de los recortes presupuestarios que se están planteando en estos momentos en la actual Asamblea Legislativa; cuando, sin ton ni son, se manejan, “a lo loco”, cifras antojadizas cambiantes, minuto a minuto, tocando ámbitos sensibles de la política pública como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Cultura.

No se trata de hacer defensa del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pues bien conocidas son nuestras posiciones político-sindicales con relación a la gestión que encabeza Alvarado Quesada, al frente del Poder Ejecutivo.

Se trata de llamar a la sensatez, a la racionalidad y a la prudencia, dado que los recortes presupuestarios extremistas que se están planteando, afectarán tanto a las personas asalariadas prestadoras de los servicios públicos que serán duramente afectadas, como a quienes son receptoras de los mismos.

Esta es la parte más peligrosa del drama del fundamentalismo recortista: agravará más la situación socioeconómica de compatriotas y de personas extranjeras que conviven con nosotros, ya de por sí deteriorada tanto por el desempleo y la informalidad, como por la precariedad salarial, la calidad de sus viviendas, la delincuencia, la problemática de la convivencia intrafamiliar que la pobreza conlleva, entre otras calamidades.

Bien ha hecho el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, reclamando de manera airada lo que está sucediendo en esto de los recortes presupuestarios de corte fundamentalista, propios del extremismo neoliberal que ya ha contaminado, de manera lamentable, esferas institucionales del sistema democrático, imprescindibles para una convivencia civilizada, sana y en paz. Es más, el indicado legislador ha dicho sentirse “estafado”, al darle su confianza al Gobierno y su fracción parlamentaria cuando, al parecer, le habrían indicado que no serían compartidos por el oficialismo tales recortes presupuestarios.

Recortar en programas sociales significa, prácticamente, caer en la perversa esfera de la violación de Derechos Humanos fundamentales, algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Las personas diputadas que están abanderando estos extremismos recortistas deberían visitar un centro de cuido del programa CEN-CINAI, por ejemplo. Estamos seguros que ni siquiera por enfrente de uno han pasado.

¿Cómo se puede concebir recorte presupuestario al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en una sociedad que tendrá, o que ya está teniendo, un alto porcentaje de su población en la fase de “tercera” edad? Otra cosa muy distinta es plantear si toda la política pública en tal sentido, merece una reestructuración de fondo; sin embargo, el recortismo extremista no puede actuar en esta línea, simplemente “macheteando” partidas, como indicamos, “a lo loco”.

Lo que sucede con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y, específicamente, con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en este sentido de la “moda” del recortismo presupuestario fundamentalista, no se puede tolerar bajo circunstancia alguna. Algunos entendidos estiman que la última ley de impacto social estructural que se emitió en el país fue, precisamente, la de Asignaciones Familiares, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), creando uno de los programas sociales más sonados en la América Latina. ¿Sabrán las diputaciones actuales del PLN que tal legislación es “obra liberacionista”?

¿Cómo comprender que se atente contra el presupuesto de los programas sociales en momentos en los cuales estamos viviendo, en puertas del bicentenario de la independencia, la más cruda situación socioeconómica del país desde la fundación de lo que la historia oficial ha denominado como “¿Segunda República”, en 1949?

Tan dramático e increíble como los casos anteriores, es el recorte presupuestario para la Cultura, incluyendo lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que es “cerrarlo de un porrazo”. Es cierto que la televisión y la radio públicas merecen mejor suerte y que su papel estratégico para la democracia informativa y para la inclusión comunicacional están pendientes de un redireccionamiento estratégico. Pero aplicarle al SINART un cierre abrupto y abusivo, presupuestariamente hablando; o quitarle el presupuesto a la Orquesta Sinfónica Nacional y a la cultura, en general; no queda más que compararlo con el grito fascista de “Muera la Inteligencia”. Y sobre los recortes presupuestarios en Seguridad, ¿no sería conveniente preguntarle qué piensa al respecto el crimen organizado?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Sin temor a equivocarnos, sin falsas modestias, sin arrogancia ni petulancia algunas; luego de varios años de esfuerzos individuales y colectivos, de personas y de agrupaciones civiles de diversa naturaleza; ciudadanía activa de distinta procedencia político-partidaria o sin ninguna, pero con visiones de mundo compartidas en medio de la diversidad de pensamiento filosófico e ideológico; la corriente sindical en la cual militamos pone a disposición del público y, especialmente, en manos de la ciudadanía patriótica costarricense, de la clase trabajadora del país y de sus sectores empresariales más honestos, conscientes y responsables, el mejor documento de pensamiento obrero-social generado en las últimas dos décadas; tanto por su contenido como por las riquísimas aportaciones político-intelectuales que contempla, generadas en el clima de constante dinámica cotidiana de lucha social de los últimos años y desde una organización sindical de incansable militancia.

Hablamos de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha publicado el documento denominado Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, con ocasión de la realización del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollándose, promovido por la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

Según el subtítulo de este documento, Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, se logró juntar en una única publicación, los esfuerzos más notables de producción de pensamiento alternativo al más que fracasado modelo neoliberal y su doctrina hegemónica del Consenso de Washington, cuyos resultados perversos para la sociedad costarricense ya no se pueden negar.

Este conjunto de experiencias de análisis y de propuesta sobre la organización alternativa de la sociedad, empezó a impulsarse luego de la histórica lucha cívico-patriótica del combo ICE, en el año 2000; año emblemático que derivó, entre otras consecuencias, en el rompimiento del hasta entonces bipartidismo histórico, Liberación-Unidad, en momentos en los cuales, el impulso por ambos de ese intento de privatización del ICE, marcaba el derrumbamiento ideológico de los valores que ambos partidos pregonaban sustentar como “eternos”: por un lado la Socialdemocracia original; y, por otro, el Humanismo Cristiano, respectivamente.

El documento Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, junta experiencias en la generación de encuentros multisectoriales que, de un modo u otro, en sus diferentes espacios y ámbitos de quehacer social, ya intuían que la histórica convivencia civilizada de la sociedad costarricense se iba resquebrajando; y que, por tanto, era necesario analizar y plantear, en blanco y negro, nuevos retos, por ejemplo, en cuanto a movilizad e integración sociales, restauración del bien común en toda política pública, real justicia tributaria redistributiva; restauración de la importancia estratégica de la producción agropecuaria nacional; fomento, potenciación y relanzamiento de la producción para el mercado interno; como complemento, en este caso, del excesivo protagonismo que los sectores dominantes le venían dando (y hasta la fecha), al mercado externo, para propiciar una producción laboral, social y ambientalmente justa; entre otros principios y valores que ya habían sido descartados por los abanderados del Consenso de Washington y sus versiones “a la tica”.

Evidentemente, en estas dos décadas, 2000-2020, una intensa y rica serie de esfuerzos en la dirección contraria a la del orden autoritario que se nos está imponiendo, se han producido; de manera tal que, Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, no es, ni pretende ser, el único esfuerzo de generación de pensamiento alternativo. Hay otros de igual o de mayor relevancia, especialmente, en el orden sectorial.

Lo que sí destacamos es que en Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, las entidades y las personas que tomaron parte en sus diversas fases de ejercicio propositivo, siguen acariciando la materialización de tantos anhelos expresados en este documento, en aras de la llegada de ese sujeto histórico que lo posibilite; considerando que la actualidad de todos (o casi todos), los aportes incluidos en este documento son, prácticamente, irrefutables, contrastados con la sociedad de la exclusión económica y social que ya estamos, de manera dolorosa, padeciendo.

Para desafiar el orden autoritario que se nos está imponiendo, hay material de sobra en Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva como democracia verdadera.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada presentó para su correspondiente trámite legislativo, el proyecto Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense (Expediente No. 21.531); una importante, necesaria y más que oportuna iniciativa que, festejamos y felicitamos, comprometiendo nuestro apoyo explícito y activo a la misma, una vez estudiada.

La iniciativa llega en momentos muy oportunos desde el punto de vista de la crisis social y de empleo en la provincia de Puntarenas, cuyas autoridades locales han anunciado una profundización de la misma, ahora que la pesca de arrastre ha quedado legalmente prohibida.

La recuperación de la riqueza atunera costarricense es un viejo anhelo, muy acariciado por amplios sectores cívico-patrióticos y económicamente sanos de nuestra sociedad.

Tres objetivos fundamentales presentan el proyecto del diputado del Partido Frente Amplio: 1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la descomunal e inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica. 2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco al pueblo costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas anualmente o pagando montos ridículos muy por debajo de su valor real. 3) Fomentar la creación y el desarrollo de la flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas y otras formas de organización asociativa de economía social que generen significativas fuentes de trabajo para la población empobrecida de nuestras costas.

No nos habíamos percatado de que otra iniciativa de ley en tal sentido ya estaba en la corriente legislativa. Se trata del expediente No. 21.016, Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro Muñoz Fonseca, legislador de esta colectividad política, de manera atinada, nos llamó la atención al respecto.

En este texto-proyecto 21.016 podemos leer: “…, el recurso atunero de nuestro país es un bien público que debe y puede generar mayores beneficios a mayor número de costarricenses de una forma sustentable”.

Pensamos que es éste el momento político más oportuno para que en la Asamblea Legislativa el tema de la recuperación de la riqueza tunera costarricense cobre alta prioridad.

En tal sentido, abogamos porque los equipos de asesores de ambas fracciones parlamentarias (Frente Amplio y Unidad), pudieran trabajar una unificación de las dos iniciativas de ley que venimos comentando, de forma tal que quede un solo expediente para que logre un apoyo parlamentario masivo.

Evidentemente, el Gobierno de la República tiene que asumir su parte en este proceso y darle su “visto bueno político”, para potenciar el abordaje del tema desde el Poder Ejecutivo.

La riqueza atunera tica, criminalmente cedida y robada durante muchísimos años, ofrece enormes potencialidades de generar sólidas oportunidades de inclusión económica y social, así como de una justa distribución de los beneficios de explotación nacional de la misma, por parte de costarricenses.

Éstos, organizados grupalmente en cooperativas y/o emprendimientos de economía social, de manera tal que no propiciemos una apropiación privada y el fomento de un lucro personalísimo, evitarán que se deje por fuera a grandes grupos de personas trabajadoras, hoy desempleadas y con hambre.

Sin duda alguna que, mediando un sistema tributario justo para esta actividad en manos ticas, también el Estado saldrá ganando y, por ende, será una contribución fiscal fresca para el problema del déficit fiscal.