Posición de la ANEP acerca de la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917, para eliminar pago de anualidades en el empleo público durante los años 2021 y 2022

– Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable

Atendiendo orientación político-ideológica del Gobierno de la República y su equipo económico, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, en primer debate, este día jueves 1 de octubre de 2020, el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades para las personas trabajadoras del sector Público, en los años 2021 y 2022 (Expediente Legislativo No. 21.917).

Este proyecto anticipa la eliminación definitiva del pago de anualidades para siempre, tal y como lo contempla la iniciativa de ley neoliberal sobre el empleo público, mucho más retrógrada y anti-obrera.

32 diputados y diputadas atendieron la “orden” ideológica en tal sentido; mientras que 8 personas legisladoras prefirieron mantenerse dentro de la Constitución y dentro de la ley: José María Villalta (Frente Amplio); Frangie Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu (independiente); y, Otto Roberto Vargas, del Republicano Calderonista.

Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable.

Las medidas económicas que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia cargan su peso, exclusivamente, en las espaldas de las clases populares, particularmente sobre la de las personas trabajadoras, lo que a todas luces resulta socialmente injusto.

Además, pretenden seguir apelando a los perversos criterios de estigmatización del empleo público, alimentando la campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico al que, cruelmente, han sido sometidas las familias trabajadoras asalariadas estatales; especialmente, las de ingresos medios y bajos, en los últimos tiempos.

Primero fue la ley de “alivio fiscal”, con la que, lejos de aliviar la carga tributaria a la ciudadanía, nos puso a financiar al sector empresarial permitiéndole la retención del IVA que pagamos todos y todas. Una medida que, vista en su justa dimensión, bien puede considerarse expolio puro y duro.

Luego fue la ley de reducción de jornadas, que permite al empresariado la rebaja sustantiva del salario a los trabajadores y a las trabajadoras, sin prever ninguna medida compensatoria a favor de estas personas.

Ahora, es la eliminación del pago de la anualidad que afecta a miles de personas trabajadoras del sector público; desnudándose en su demagogia porque, inicialmente, habían planteado que quedarían por fuera de la legislación el personal de los servicios públicos en combate a la pandemia del covid-19. Al darse cuenta de la flagrante inconstitucionalidad de esta discriminación, el Gobierno corrió a corregirla, demostrando que sigue fomentando ocurrencias de legislación antiobrera, por puro fanatismo ideológico en contra del empleo público.

La inequidad de trato en las medidas paliativas que lleva a cabo el Gobierno para atender el estado de emergencia es más que evidente. Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han planteado ninguna propuesta, ni una sola, que demande colaboración a los grupos de poder económico ni a las clases adineradas que perciben rentas de capital.

La solidaridad que se pregona como telón de fondo en el escenario de la emergencia, es mera retórica de unos dirigentes políticos a quienes parece preocupar más la defensa de los intereses de los poderosos que el asegurar el bienestar de las grandes mayorías.

En el ámbito económico, llama la atención ver cómo el dogmatismo ideológico de las autoridades de Gobierno prevalece sobre todo razonamiento. Dejaremos de lado el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha hecho ver a todos los países que en el contexto de la desaceleración económica producida por la pandemia del Covid-19 resulta especialmente pertinente mantener los niveles salariales; no solo como medida para proteger a las personas trabajadores, sino como mecanismo capaz de aumentar la demanda y así contribuir a la estabilidad económica. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_739939.pdf)

Sabemos que a nuestros dirigentes políticos hablarles de la OIT les resulta cosa de necios trasnochados. Pero sí queremos hacer ver que, desde los oráculos internacionales del neoliberalismo y la globalización, también se ha dicho que la reducción de salarios en el Sector Público es una medida contraproducente para la economía. ¡Sí!, para la economía, que no para los trabajadores, que nadie vaya a interpretarlo mal.

Autoridades del Banco Mundial sostienen que una reducción de salarios a los empleados públicos genera distorsiones a largo plazo, a la vez que ralentiza la reactivación económica.

En el artículo titulado “Deberían reducirse los salarios del sector púbico para financiar la respuesta al nuevo coronavirus”, el especialista superior en el sector público del Banco Mundial, Zahid Hasnain, señala que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral como lo es el sector público, generará un impacto significativo.

En palabras del especialista, “La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección”. (https://blogs.worldbank.org/es/voces/Deberian-reducirse-los-salarios-del-sector-publico-para-financiar-la-respuesta-al-nuevo-%20oronavirus).

En nuestro medio, destacados economistas desde la plataforma académica del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), también han advertido de los perjuicios que generaría una reducción de salarios en el Sector Público. (https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Evidentemente, una reducción de salarios en el sector público, como lo es el no pago de la anualidad, aparte del perjuicio económico directo que ocasionará a miles de familias, muchas de ellas altamente endeudadas como lo hace ver el pronunciamiento del citado Observatorio Económico y Social; también generará mayor desazón e incertidumbre entre los empleados públicos, lo que redunda en mayor contracción del consumo y su consecuente impacto negativo para la reactivación económica-.

Desde el punto de vista jurídico, debemos decir que el no pago de la anualidad es improcedente por constituir una reducción del salario. La anualidad que devengan los servidores públicos es parte inescindible de sus salarios. La naturaleza salarial que tienen las anualidades hace de ellas un elemento inmodificable en perjuicio de los trabajadores.

Anular el pago de este rubro salarial a quienes ya les ha sido reconocido como parte de su remuneración, constituye un acto de ius variandi abusivo, sin importar que el mismo provenga de un acto legislativo.

Si bien el Estado puede introducir reformas al esquema remunerativo del sector público, esas reformas en todo caso deberán observar el principio de no retroactividad de la ley, resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

En la relación de empleo, sea ésta de naturaleza pública o privada, el salario es el derecho adquirido por excelencia, y ninguna reforma, provenga ésta de un acto privado, administrativo o legislativo, puede modificar a la baja el salario actual que devengan los trabajadores y las trabajadoras.

Los argumentos antes expuestos, nos permiten afirmar que la propuesta de ley planteada por el Gobierno y que 32 personas legisladoras votaron en primer debate, adolece de vicios de inconstitucionalidad que la ANEP, demandará próximamente, exigiendo la responsabilidad correspondiente al Estado como patrono.

Adicionalmente, los especialistas que vienen asesorando a la ANEP en materia de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos, de conformidad con todos los tratados que el país ha firmado y ratificado al efecto, están alertados de que éste tema será de obligado litigio internacional contra el país.

El actual parlamento costarricense viene emitiendo legislación contraria ya no solamente a la misma Constitución Política que nos rige, la de 1949; sino las convenciones de DD.HH. que son de obligada observancia por nuestro Estado; tanto a nivel continental (Corte Interamericana de Derechos Humanos), como la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

San José, jueves 1 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Nuestra posición sobre las jornadas de repudio ciudadano ante el acuerdo con el FMI y el aumento del costo de vida con más impuestos para el pueblo trabajador

|ANEP – ASDEICE y la corriente sindical que integramos junto a otras organizaciones, hacemos de conocimiento público nuestra posición ante el movimiento Rescate Nacional, en el marco de las jornadas de 30 de setiembre

1- Ante el descontento generalizado de una gran mayoría ciudadana, la corriente sindical que integramos, decidió a través de dos de sus organizaciones (ANEP –ASDEICE), como muestra unitaria de buena fe, aceptar la invitación que mediante visita presencial, nos hiciera parte de la dirección del Movimiento Rescate Nacional en persona de José Miguel Corrales y otros ciudadanos, para participar de la jornada que habían programado para este día miércoles.

2 –Que de esta forma, adelantamos acciones que teníamos programadas para los próximos días, y este 30 de setiembre realizamos en San José, un plantón frente al Banco Central de Costa Rica para evidenciar la necesidad de usar parte de las reservas internacionales como alternativa al convenio con el FMI. Así mismo, compañeros de nuestras organizsciones, en medida de sus posibilidades, se integraron a participar en distintos puntos regionales para que no se cargue la crisis con más impuestos para el pueblo trabajador.

3- Que en materia de más impuestos para los de abajo y condonación de impuestos para grupos con utilidades multimillonarias, desde 2018 diferimos de la ruta del equipo económico del Gobierno de Alvarado y defendimos los destinos del país con una serie de propuestas en mano, saliendo a las calles exigiendo justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre.

4- Que desde inicios del mes de agosto, junto a sectores privados, en momentos en que el temor de la crisis sanitaria inhibía el derecho a protestar contra quienes aprovechaban el dolor del COVID-19 para impulsar su agenda económica, nos pusimos en la primera línea organizando la primera jornada de calle mediante la caravana del 27 de julio, exigiendo junto a la agricultura campesina, y miro y pequeña empresa, que el equipo económico de Gobierno, dejara de ver solo hacia el poder económico y volviera sus ojos a las necesidades de los sectores sociales, laborales y productivos.

5- Que desde que inició la pandemia del COVID-19, hemos realizado a Gobierno los días 14 de abril, 29 de julio y 17 de agosto una serie de propuestas para atender la crisis con equidad, solicitando además una mesa de crisis con sectores sociales, a la que el Gobierno ha hechos oídos sordos.

6 – Que hemos planteado siempre propuestas en mano, soluciones dialogadas para los grandes temas nacionales, haciendo uso también de la democracia de la calle como mecanismo legítimo de expresión del sentir popular.

Por tanto, proponemos: Avanzar hacia unidades más amplias, que permitan clarificar de forma conjunta consignas, objetivos, agenda y discurso, en defensa de las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador, y contra las políticas públicas que insisten en la misma receta económica concentradora y excluyente que crea desempleo, desigualdad, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y damnificados y descartados de la economía.

Es hora de que los líderes y liderezas sociales demos ejemplo de unidad y los distintos sectores y movimientos sociales (Rescate nacional incluido) avancemos hacia una sola instancia de convergencia y coordinación, que con una dirección conjunta o compartida desarrolle acciones orientadas hacia la justicia social, económica y fiscal; en busca del bienestar de las mayorías.

MSP destruye evidencia que impide el reclamo de derechos laborales.

A los funcionarios policiales hasta antes del año 2012 no se les reconocían horas extra, aunque su jornada muchas veces fuera superior a las doce horas que se establecen como ordinarias, por ser considerados dentro del régimen de excepción que plantea el artículo 143 del Código de Trabajo.

Es a partir de la resolución número 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, que se establece el derecho para que nuestros policías puedan cobrar horas extra, en caso de superar las doce horas de jornada diaria o de 72 horas semanales, es así como en el año 2014 se establece el reglamento para el reconocimiento de ese derecho en sede administrativa.  

La citada resolución, así como varias sentencias que determinan el pago de dicho extremo laboral a favor de funcionarios o ex funcionarios policiales, pareciera ser el motivante para que ahora al momento de solicitar información de los registros de control interno, en donde se consigna la hora de entrada y de salida del funcionario, por consiguiente, el tiempo efectivamente laborado, se nos responda que los libros fueron desechados por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).

Lo extraño de la situación, es que los libros de control interno no se deberían desechar antes de los diez años. Por ello, hemos solicitado una aclaración al señor Michael Soto Rojas, en su calidad de jerarca de la cartera de Seguridad Pública, además, no descartamos sumarnos a las denuncias penales que al efecto se han planteado, con la finalidad de que se investiguen varios supuestos tipos penales por lo supra indicado.

Denuncia ANEP: INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución

ANEP expuso dicha problemática ante las máximas autoridades del INA, a la fecha el problema persiste.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su seccional ANEP-INA, denuncia ante la opinión pública el gasto injustificado y malos manejos con los fondos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ya que en la actualidad existen varios funcionarios, que se encuentran laborando fuera de la institución, sin embargo, continúan activos en la planilla del INA; es decir el INA paga sus salarios.

Este escenario se viene presentando desde el año 2018, mediante una serie de convenios, en los que el INA presta funcionarios a otras instituciones del Estado hasta el año 2022, asumiendo el Instituto el pago de salarios por un monto total de ₡490.688.775.00. Incluso dejando plazas vacantes congeladas en la institución que son esenciales; o en algunos casos recargando funciones a trabajadores del INA.

En uno de los casos un funcionario de la Unidad de Servicio al Usuario (Agencia Nacional de Empleo) del INA, con un salario mayor a los 1.7 millones de colones, fue trasladado al Instituto Costarricense de puertos del Pacifico (INCOP). Actualmente el pago de las remuneraciones que percibe este funcionario siempre han sido cubiertas por el presupuesto del INA, su clave (puesto) no cuenta con sustituto, porque la misma se encuentra presente en la relación de puestos de forma activa para poder hacer efectivo el pago de su salario. El cargo dejado está siendo atendido mediante la figura de recargo de funciones por otra funcionaria de la institución.

En el cuadro adjunto se puede ver el salario percibido por cada funcionario, así como la institución en la que se encuentra laborando a través del convenio interinstitucional y la proyección de lo que estaría cancelando el INA a cada funcionario durante el tiempo de vigencia de cada acuerdo.

Freddy Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-INA, manifestó que esta situación es del conocimiento pleno del Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, Unidad de Recursos Humanos y de todos los funcionarios. Ya que la ANEP expuso dicha problemática ante las autoridades del INA y a la fecha el problema persiste.

“Al tener conocimiento de que existen compañeros fuera de nuestra institución y que el INA asume su salario correspondiente de manera mensual, nos cuestionamos: ¿Por qué la Administración cede funcionarios a otras instituciones Públicas y no puede solventar las necesidades internas?, como por ejemplo el Núcleo Agropecuario hace ya más de 4 años que no tienen jefatura, además hace 2 años no hay encargado de Planeamiento y Evaluación y todavía no ha sido nombrado, por lo que por el exceso de trabajo se ven recargados los compañeros administrativos, así como los docentes.”, detalló el presidente de la Seccional de ANEP.

Para Bonilla, saltan a la luz muchas interrogantes sobre el manejo de estos convenios y el por qué el INA está incurriendo en esta erogación de pagos y qué papel asume el Servicio Civil, y si este último tiene conocimiento o no de estos convenios.   

“No sabemos cuál es la política de esta administración al otorgar plazas que realmente necesitamos para cederlas a otras instituciones, sabiendo que de un modo u otro se está pagando una duplicidad de funciones. ¿Por qué la Administración avala dichas erogaciones en donde Costa Rica sufre esta pandemia y la directriz del gobierno es disminuir el gasto?”, finalizó Bonilla

Cuadro sobre funcionarios trasladados del INA a otras instituciones.

INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución by EugenioGuerrero on Scribd

Rodrigo Cubero Brealey: ¡SUELTE EL DINERO!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El país está totalmente crispado. Estamos en medio de una severa crisis económico-social desde antes de la llegada de la pandemia. Ésta la agudizó. Costa Rica se ha desdibujado completamente, al punto de que estamos ubicados en el listado de los 10 países más desiguales del planeta. Llegamos a una situación tal en que la quiebra técnica del Estado será realmente dramática en el corto plazo, si no hay de por medio modificaciones estructurales que corrijan el errático rumbo que le han impuesto al país los gobernantes partidos tradicionales.

En lo inmediato, la clase política tradicional solamente atina a seguir impulsando medidas económico-fiscales, dentro de los parámetros fundamentales que han dado soporte al gran fracaso económico-social en que han sumido al país. No muestran ni el mayor asomo de creatividad ni de innovación para sacar a Costa Rica del pantano en que está.

Como gran cosa, lo apuestan todo a un préstamo-convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.250 millones de dólares, de los cuales ya la Asamblea Legislativa aprobó el primer tracto, estando en este momento en fuerte debate lo concerniente a los restantes 1.750 millones de dólares.

Alvarado y su gobierno le están proponiendo al FMI asumir, a cambio de ese dinero, una serie de compromisos que no son más que un nuevo paquetazo de impuestos en contra de los sectores mayoritarios de la población costarricense; precisamente los grupos sociales más afectados por las políticas económicas de los últimos gobiernos y sus duras consecuencias en cuanto a precarización del trabajo, desempleo creciente, salarios congelados, ruina micro-pequeña y mediana empresarial; continuación del fraude fiscal y de las exorbitantes exoneraciones, más una fuerte alza en la concentración de la riqueza. Todos estos problemas se agudizarán con el convenio-préstamo con el FMI.

Lo paradójico del asunto es que el país posee, custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una alta cantidad de dólares; específicamente, unos 8.500 millones de dólares conceptuados como reservas monetarias. 1.750 millones viene a representar, aproximadamente, un 20% de ese monto de dinero guardado en el BCCR.

Sin embargo, tienen al país en medio de una gran tensión, en ruta de confrontación abierta, por su obcecada insistencia en que no hay más alternativa que acudir al FMI para obtener ese préstamo. Precisamente, en este mismo día, cientos de compatriotas se manifiestan en diversos puntos del país para mostrar su repudio (entre otros objetivos), a la propuesta de Alvarado de amarrarnos al FMI.

Con el apoyo total de Alvarado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey repite, una y otra vez que no se puede coger esa plata; que no es posible utilizar esos dineros de las reservas monetarias como alternativa al préstamo-convenio con el FMI.

Para la ciudadanía de a pie, resulta incomprensible la posición del señor Cubero Brealey, como si el dinero, como si esas reservas monetarias fueran de su propiedad personal. Lo que pasa es que don Rodrigo está matriculado ideológicamente: él pertenece a esa secta de economistas neoliberales para los cuales uno de sus principales dogmas es la “independencia” del Banco Central, algo tan ridículo si lo contrastamos con la pertenencia de él al equipo económico gubernativo de Alvarado. Entonces, ¿cuál independencia?

Lo que tenemos que entender es que la cerrazón del presidente del Banco Central, su postura ideológica, la fuerte resistencia que muestra para comprender que no estamos en tiempos normales, obliga a que los sectores organizados de las mayorías populares, de manera consistente, construyamos la alternativa que le haga frente a lo que él representa y a los sectores que él protege.

Don Rodrigo sigue apelando a los postulados “sagrados” del recetario macroeconómico que él aplica a la situación estructural nacional de las finanzas públicas; todo lo cual va en contra del bien común y de la inclusión social. La necesaria consigna del momento, don Rodrigo Cubero Brealey, ¡suelte el dinero!, no tendrá el impacto necesario si no es pronunciada, con acciones concretas, por las miles de voces de las personas que nos sentimos perjudicadas por el recetario del señor presidente del BCCR.

ANEP logra reinstalación de trabajadores en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José

Pese a existir el fallo de un juzgado laboral que ordena la reinstalación de los trabajadores, el Comité de Deportes y Recreación de San José, se ha negado a la reubicación de los trabajadores. La ANEP solicitaría la presencia de un juez laboral, junto a la Fuerza Pública, para que se trasladen a la institución a realizar la debida reinstalación.

Rodrigo Cubero Brealey: ¡Soltá la plata!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cerca de 8 mil 500 millones de dólares tiene acumulados el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en lo que denominan Reservas Internacionales Netas, desde antes de la llegada de la pandemia. Las Reservas Internacionales son “…activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos”. Este dato lo tomamos el documento Informe de gestión de las reservas internacionales netas durante el primer semestre 2019, emitido por el BCCR. Esa plata está ahí y para disponibilidad inmediata.

La sociedad costarricense está en alta tensión en estos momentos. Es más, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política que rige nuestra vida institucional-republicana, en la fecha del 7 de noviembre de 1949, no se observaba un escenario nacional tan cargado de amenazas de todo tipo, un pueblo tan enojado en todos los niveles de su estratificación social; así como una clase gobernante, especialmente su segmento hegemónico, cada vez más distante del pueblo que la eligió. De todo esto se ha hablado bastante ya en los últimos meses.

Los principales partidos políticos de esa clase gobernante, Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, que nos han puesto al borde del precipicio, pregonan todos los días y a toda hora, que ya estamos en los tiempos de la hecatombe fiscal.

Esencialmente, se argumenta la crisis fiscal, el alto déficit en las finanzas del Gobierno Central, la “descomunal” cuantía de la deuda pública y su pago exorbitante de intereses; así como que, indican, no se ha hecho lo suficiente en materia de “contención del gasto”.

Nunca han enfatizado en impulsar fuertes políticas públicas en el amplio abanico de posibilidades alternativas de obtención de ingresos frescos, como los 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), en evasión-elusión y en exenciones-exoneraciones, tributario-fiscales; nunca se han preocupado por una renegociación estratégica de los montos de la deuda y su pago de intereses más que abusivo; nunca se han preocupado por cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense hacia la progresividad del mismo. Cientos y cientos de veces hemos hablado de ello y con planteamientos serios. Pero hay más fuentes para obtención de ingresos fiscales frescos.

Sin embargo, y dado que el “apocalipsis” fiscal ya llegó, según nos dicen, la única manera de enfrentarlo es acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos salvará del infierno del default , “prestándonos” 2.250 millones de dólares de los cuales ya adelantó 500 millones, restándose la aprobación legislativa de 1.750 millones $; eso sí, a cambio de un brutal paquete de impuestos, completamente injusto y regresivo que el gobierno de Alvarado Quesada denominó como “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”.

La corriente sindical en la cual militamos, desde un primer momento, planteó que Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el FMI; y, mucho menos, con los contenidos de masacre social que conllevan esos nuevos impuestos; básicamente destinados a incrementar el sufrimiento, la pobreza, la precariedad laboral y la quiebra de la mayoría del pueblo trabajador costarricense y de las ya de por sí bastante golpeada clase media, así como los micro-pequeños y medianos emprendimientos productivos y empresariales. ¡No hay necesidad de ese préstamo! Ahí están las reservas internacionales que custodia al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero que no son de su propiedad; es propiedad del pueblo costarricense.

“Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”. Bien puede ser éste el lema para una fuerte acción cívico-popular de alta incidencia política tendiente a que el señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entienda que la situación fiscal-tributaria y socioeconómica de la Costa Rica que está en puertas del Bicentenario es sumamente grave; y que, por tanto, deben desprenderse del recetario dogmático-sectario del monetarismo fiscalista; debe don Rodrigo “liberar· su mente para superar ese arcaico concepto de “república independiente” que le han impuesto a los bancos centrales, el fundamentalismo neoliberal. De lo contrario, le corresponderá a la ciudadanía activa mediando consciente movilización asumir esa necesaria y urgente tarea. “Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”

La corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Llevamos cualquier cantidad de días, semanas, meses y hasta años denunciándolo, desde esta columna y en una gran cantidad de espacios de diverso orden, aprovechando cuantas oportunidades hemos tenido: la perversa y corrupta naturaleza de un sistema tributario profundamente regresivo, además diseñado para evadirlo y para hacerse rico con sus múltiples posibilidades de triquiñuelas, es la base de la espantosa crisis fiscal que amenaza la misma integridad del tejido social de la República.

Con el país al borde del cataclismo económico-social más grave de su casi bicentenaria existencia republicana, tenemos que decirlo a viva voz, con una mezcla de dolor y de indignación: ¡Teníamos razón!

Lo que ha venido denunciando el ciudadano don Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda hasta hace pocas semanas, confirma que no solamente hemos hecho lo correcto en la materia; sino que, además, certifica que hay una corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda, la cual se convirtió en el cáncer que ha venido carcomiendo parte de las finanzas públicas desde adentro.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene un alto porcentaje de personal honesto, responsable, noble y sacrificado, la corrupción que lo ha carcomido se agudizó en las últimas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. Una especie de casta político-tecnocrática, con ramificaciones intra y extra-institucionales se las “ingenió” para construir un real poder con peso político en las sucesivas administraciones cuyos jerarcas ministeriales se “acomodaron” a ese poder, rehusaron confrontarlo, terminando por cohonestarlo, de manera abierta o tácita.

Miles y miles y miles de millones de colones, de dólares, se evadieron en el marco de ese clima institucional del real poder en el Ministerio de Hacienda; plata que hoy no solamente está haciendo falta para intentar frenar el colapso del país, sino que deben estar en paraísos fiscales o en suculentas cuentas bancarias.

Curioso es notar que cuando el citado exjerarca ministerial planteó eliminar el secreto bancario para efectos tributarios, ese real poder y sus referentes externos soltaron toda su furia opositora, presionando para echarlo de la cartera de Hacienda. Al final lo lograron.

En varias entrevistas, especialmente en el programa del reconocido ciudadano don Claudio Alpízar Otoya, don Rodrigo Chaves Robles habló, sin pelos en la lengua de lo que encontró en el Ministerio de Hacienda. Aunque nos parece que se guardó varios elementos de sensible peligrosidad, lo que nos contó es espeluznante. De lo que señaló, destacamos:

  • En Hacienda hay 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre sí; es decir, cruzar datos es algo casi imposible.
  • Los contenedores que entran al país se revisan por decisión de personas que usan una lista física impresa. Con con marcador fosforescente se decide qué se revisa y qué no, y se marca. Ese es el criterio «técnico e imparcial».
  • Ante resultados incompetentes, el señor Chaves despidió funcionarios sin capacidad técnica, personas que ya habían estado con muchos ministros de Hacienda, en ésta y otras administraciones, sin dar resultados. Después de su salida de Hacienda se recontrataron algunas de esas personas por el actual ministro.
  • Se quedó frío al pedir el presupuesto de su ministerio: le informaran que anualmente se pagan 16 millones de dólares en alquileres (sólo en ese ministerio). Una de las razones que le dieron es que esos edificios son de “cierta” familia y no podían cancelar contratos. Indica que con lo que se ha pagado en alquileres, ya se hubiera construido tres edificios de primer nivel.
  • Anualmente prescriben entre 12 mil y 20 mil millones de colones en cobros de impuestos, por “ineficiencia” de Hacienda.
  • En Hacienda se “perdieron” 3.400 carpetas con información de cobros a deudores. Nadie le supo decir cómo.
  • Los escáneres que se compraron para Aduanas hace 18 años aún están sin instalar.

En resumen, indica don Rodrigo: Hacienda está diseñada para no funcionar a propósito. Los presidentes de la República y ministros que hemos tenido desde hace varios lustros, permiten este desastre para que ciertas empresas e intereses sigan evadiendo. Al igual que siempre lo hemos pensado nosotros, en ANEP, no se necesitan más impuestos; se necesita orden en ese desorden y que los evasores y elusores paguen, según don Rodrigo. Los trabajadores y las trabajadoras, las micro-pequeñas y medianas empresas, la ciudadanía de a pie, es la gente que no evade impuestos. Nosotros creemos que, así como están las cosas, en el Ministerio de Hacienda la corrupción es sistémica.

Fallas en planificación ponen en jaque recursos del MSP

  • Ministro Soto anuncia “policías sin botas ni uniformes para el 2021 por recorte en presupuesto”.

El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, anunció que los recortes en el presupuesto dejarían policías sin uniformes ni botas para el año 2021, inclusive, nos dice que se vería afectada la reparación de vehículos y pago de alquileres de delegaciones. Aunque en otras ocasiones hemos secundado ese discurso, porque tenemos clara la importancia de que nuestros abnegados policías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones, consideramos oportuno apuntar que, olvida el señor ministro que en la actualidad (2020), muchos funcionarios carecen de botas y uniformes, se ha reducido la alimentación y que muchas delegaciones siguen esperando ser intervenidas.

No se logra entender y digerir, como un ministerio con tantísima necesidad, devolvió en el año 2019, hace poco, la suma de ₵3.273 millones porque no pudo ejecutar esos recursos. Esa es una historia repetida año tras año, a pesar de cientos de delegaciones en mal estado, falta de botas, uniformes, cinturones, fundas, chalecos ¡se devuelve dinero por imposibilidad de ejecución! Ello solamente se puede atribuir a falta de planificación, mala gestión de los departamentos y funcionarios responsables, o problemas con el sistema de gestión y ejecución de compras. Si lo ultimo fuera la causa, desde hace mucho se debieron promover las reformas útiles y necesarias, a efectos de maximizar el uso de los recursos y, por ende, mejorar las condiciones de la población policial, así como la seguridad ciudadana.

La bandera que hemos levantado en ANEP se relaciona con la reivindicación de la función policial, hemos defendido la inyección de recursos, nos hemos opuesto a la reducción de los mismos, no obstante, no hemos observado las mejoras que se requieren con urgencia. Impuesto a sociedades, impuesto al banano, recursos de la CNE, donaciones millonarias de la República Popular de China o de los Estados Unidos de América. Por ejemplo: China donó más de ₵3.300 millones en el 2018, EEUU viene donando de manera sostenida equipo, dinero e insumos, pero ¡no alcanza!

Así las cosas, nos parece que el ministro Soto debería explicar las razones por las cuales nuestros uniformados carecen de botas y uniformes en la actualidad, al mismo tiempo que se ha limitado la alimentación en las delegaciones y se sigue desatendiendo lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la reparación inmediata de delegaciones insalubres.

Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.

Pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias

  • ¡¡¡Guerra a los impuestos debe ser unánime clamor social!!!
  • Es hora de que los mega ricos ticos aporten realmente

De la manera más categórica y vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.

El propio Ministro de Hacienda, Elían Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos que andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.

La guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.

Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.

Por otra parte, tenemos que repetir hasta la sociedad, y no nos cansaremos al respecto, en que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. ¡Hay alternativas!

Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949.

Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP