Autor: ANEP
Día Internacional de las Juventudes
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El comentario siguiente es el pronunciamiento oficial de la Seccional ANEP-JOVEN y de la Secretaría de Juventud de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en el Marco del Día Internacional de las Juventudes.
El Día Internacional de las Juventudes surgió en el año 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998), designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.
La fecha busca resaltar el esfuerzo de los gobiernos y de las sociedades en promover el papel de las juventudes como actores sociales en los procesos de cambio; y generar un espacio de análisis, debate y concientización sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan.
Este día, adicionalmente, busca celebrar y dar voz a las juventudes, a sus acciones y a sus iniciativas. Además, destaca el compromiso de las personas jóvenes en la vida y en los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros países.
Actualmente la participación de las personas jóvenes se convierte, desde las diferentes formas de organización, en un instrumento capaz de fortalecer la democracia y buscar la justicia social.
La sociedad actual nos marca una serie de preocupaciones y desafíos, destacándose la circunstancia de que, justo las personas jóvenes se convierten en uno de los sectores vulnerables no sólo en el acceso a derechos, sino en el ejercicio pleno de sus deberes.
El desempleo juvenil, el aumento de la informalidad y la precarización laboral, así como la violación tácita de los derechos laborales, hacen que el acceso a oportunidades reales de trabajos decentes, estén siendo amenazados por la transformación de los modelos económicos que se han venido implementando en nuestra región.
La lucha contra la desigualdad, así como el creciente aumento de las brechas sociales, incluyendo la violación a los derechos humanos, coloca sobre el escenario sociopolítico el debate respecto del modelo de sociedad que queremos las personas jóvenes.
En ese sentido, la efervescencia de los malestares sobre el derecho de trabajo, la protección de la seguridad social, la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos integrales; así como, la protección del ambiente, la reactivación económica solidaria, la justicia tributaria y la construcción de un modelo educativo bajo un enfoque crítico, plantea la necesidad del diálogo social, realmente efectivo y verificable, por encima del lucro.
Las personas jóvenes somos agentes de cambio, por ende, no sólo basta con alzar la voz; sino con ejercer nuestro derecho real de participación y marcar la diferencia, desde la construcción no sólo de alianzas y de unidad, sino en la incidencia sobre la política pública.
Las juventudes somos el presente, y en ese sentido, tenemos una responsabilidad para, por un lado, fortalecer nuestras democracias; por otro, defender las conquistas y legados que durante la historia nos han heredado.
ANEP en el programa Horizontes
10 problemas para participar en el proceso «Costa Rica escucha, propone y dialoga»
• Primeras impresiones sobre el proceso anunciado por el Gobierno. ¿Será un diálogo real o más de lo mismo?
1) Gobierno sin credibilidad y el Presidente, Carlos Alvarado Quesada ya no genera confianza.
2) Ya establecieron un acuerdo y una mesa aparte con el empresariado del alto corporativismo UCCAEP. Se desconocen lo que han pactado con Horizonte Positivo, el ala del real poder en Casa Presidencial.
3) La agenda legislativa, especialmente la de naturaleza anti-obrera y contraria al bien común, continuará. No se establece tregua alguna.
4) Proceso débil y de naturaleza unidireccional… no hay «cara a cara» entre contrarios determinantes. El verdadero Diálogo Social, ampliamente estudiado, es de otra naturaleza.
5) No se puntualizan las condiciones serias para determinar que es un proceso serio, y que tendrá real y efectiva incidencia.
6) Gobierno ya tiene posiciones político-ideológicas definidas como en materia de empleo público y en materia de eliminar la histórica jornada de 8 horas.
7) Los ámbitos definidos del «diálogo» son impuestos por el Poder Ejecutivo y presuponen ya un acuerdo con el macro-empresariado. Por ejemplo: no se visibiliza con toda claridad el tema tributario-fiscal. Ya tienen decidido el acuerdo con el FMI.
8) Temas ultrasensibles como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP ni siquiera aparecen.
9) Metodología confusa y siempre bajo orientación vertical.
10) No hay garantes que generen la credibilidad suficiente.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Domingo 9 de agosto de 2020.
Desempleo en nivel histórico del 24%
• Para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas
• El “Quédate en casa” como política pública ante el covid-19 se desacredita, por ello, urgen medidas económico-sociales extraordinarias: proponemos varias
Las cifras oficiales de desempleo, dadas a conocer hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo sitúan en un nivel histórico: ¡24%!; la cifra más alta desde la fundación de la Segunda República, en 1949.
Sin embargo, para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas, tomando en cuenta las personas que ya declinaron buscar trabajo porque se cansaron de hacerlo; o las personas que tienen empleo ocasional y/o por horas. Todo ello, impulsa el crecimiento de la informalidad que podría llegar al 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), para finales del 2020.
Prácticamente, estamos llegando a un punto en que, en Costa Rica, se puede afirmar que solamente una persona de cada tres, en edad de trabajar, contaría con empleo formal y salario fijo; y, por ende, serán la base fundamental de sostenimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de la Seguridad Social misma. Y, además, hay que recalcar que gran parte de esa base fundamental es el empleo público.
Sin duda alguna, y dada la persistencia de la pandemia del coronavirus covid-19, el “Quédate en casa”, como política pública para combatirla, se desacredita, pierde legitimidad y augura más tensiones sociales y más manifestaciones de calle.
El “Quédate en casa” sin medidas económico-sociales que lo hagan sostenible, va hacia el fracaso total y, por ende, podríamos tener un incremento de casos de pandemia en cifras insospechadas; amén de un aumento de tensiones sociales y de eventos de todo tipo en la calle.
Esas medidas económico-sociales no serán suficientes con una nueva asignación del bono proteger; es urgente, medidas como las siguientes para ser aplicadas en el último cuatrimestre del presente año 2020 -setiembre, octubre, noviembre y diciembre-: 1) moratoria en el pago de los recibos de agua, luz, teléfono e internet; 2) moratorias en el pago de las cuotas de los préstamos en entidades financieras; 3) inyección de capital a las micro-pequeñas y medianas empresas para aliviar sus cargas municipales, de seguridad social y fiscales.Además, de parte de la Asamblea Legislativa deben tomarse decisiones como: a) aprobación urgente del proyecto de cancelación de dudas del campo agropecuario; b) aprobación urgente de los proyectos de ley sobre tarifas de alquileres y sobre precios de medicamentos; c) supresión del pago del marchamo vehicular del año 2020-2021; d) aprobación del impuesto solidario a las altísimas fortunas y capitales acumulados en los últimos 10 años; e) aprobación de un proyecto de ley para regular el uso de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su incidencia en el tipo de cambio.
Finalmente, es urgentísimo impulsar una política fiscal radicalmente distinta a la que viene promoviendo el grupo de élite empresarial que gobierna con Alvarado a la cabeza: a) abandono del recortismo presupuestario irresponsable, irreflexivo e irracional; b) reestructurar la deuda pública del país; c) moratoria, transitoria al menos, en el pago de los abusivos intereses; c) impuesto (al menos, transitorio) para las zonas francas; d) parar el ataque a los salarios del empleo público y frenar el odio hacia la clase trabajadora estatal; e) inyección de recursos para las municipalidades a fin de que propicien obra pública local y micro-pequeños emprendimientos para la reactivación económica; f) fortalecimiento integral del Ministerio de Hacienda para el logro de una verdadera recaudación de impuestos; g) retomar el informe legislativo sobre la investigación de “los papeles de Panamá”.
San José, jueves 6 de agosto de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Pese a cuestionamientos y mala gestión, presidente Alvarado sigue protegiendo a Yamileth Astorga y a su red de cuido en A y A
Por: seccional ANEP-A y A
La realidad de Acueductos y Alcantarillados
En conferencia de prensa del 31 de julio de 2020, el Presidente de la República dijo:
“Cuando dijimos tomar acciones en efecto las tomamos, las personas responsables de los departamentos de cobros fueron si no me equivoco suspendidos por la Junta Directiva en una investigación que está en curso porque eran las personas responsables de esa temática ahí fue en lo que yo dije actuar actuamos lo que yo instruí a doña Yamileth a hacerlo lo que se procedió de conformidad¨
Lo manifestado por el Presidente, fue un acuerdo que tomó la Junta Directiva de AyA, en la Sesión Extraordinaria 2020-39, en la cual se suspende con goce de salario por un mes a dos funcionarias de mandos medios mientras se realiza el período de investigación (Mismo que fue excluido del acta).
Lo que no indica el Presidente, no sabemos si es por desconocimiento o por seguir defendiendo la mala gestión de Astorga, es lo siguiente:
Mediante GG-2020-01125, el Ing. Manuel Salas Pereira, Gerente General de AyA, da la instrucción de que la facturación se realice en forma estimada a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso.
Al respecto nos preguntamos:
¿Por qué razón no se suspende al Gerente General siendo quien provocó el problema y en su lugar investigan a dos funcionarias de mandos medios por cumplir su directriz?
Igualmente nos preguntamos:
¿Qué pasó con el Consejo Gerencial de AyA que se reunió para tomar decisiones?
Consideramos que el Ing. Salas Pereira es pieza fundamental dentro de la “red de cuido” de Astorga, en qué nos argumentamos para decirlo, en que su nombramiento es promovido por ella, y no solo eso, resulta que él es primo hermano de Ligia María Salas Pereira, esposa del Viceministro Jorge Gutiérrez Espeleta, primo hermano de doña Yamileth.
Cobros excesivos que afectaron a muchas familias en plena pandemia por una directriz que emitió el Ing. Salas Pereira sin recibir sanción alguna y, en su lugar, suspenden con goce salarial a dos funcionarias vendiéndole al colectivo la idea de que algo se hizo para “arreglar la torta”
Dos millones de dólares solo en honorarios por una contrademanda perdida, con la empresa Acciona Agua S.A. por errores de AyA que ahora deberá pagar los costarricenses, donde tanto la Presidenta Astorga Espeleta como el Gerente Salas Pereira tenían conocimiento según lo indica el Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga en sus declaraciones a la Prensa, pero ahora resulta que salen absueltos de toda culpa.
Una inversión multimillonaria en una plataforma tecnológica, por el monto de 45 millones de dólares con recursos propios.
Señor Presidente: Con semejante cantidad de dinero cuántos acueductos se pueden hacer o modernizar, cuántas zonas marginales se pueden atender, cuántos bonos proteger se podría entregar con ese dinero a familias costarricenses de bajos recursos o, en el
peor de los casos, que han perdido sus empleos y, mientras esto pasa, la población sigue siendo gravemente afectada por los razonamientos de agua.
Una ejecución presupuestaria de un 32% al 31 de mayo del 2020, que no llega ni al 50% de la ejecución estimada.
Señor Presidente los papeles hablan y no la inauguración de proyectos en Guanacaste o Limón que iniciaron hace muchísimo tiempo, inclusive, antes de que doña Yamileth entrara al AyA. ¿Conocía usted esta información?
También, tenemos pérdidas acumuladas a diciembre 2018 de 15 mil millones de colones y a 2019 de 14 mil millones de colones respectivamente, los cuadros no mienten y estas pérdidas suman 30 mil millones de colones.
Además, una lista enorme de informes de la Auditoría Interna de AyA donde advierten manejos administrativos irregulares y que la Subgerencia de AyA aún no ha entregado a la Seccional, entre ellos los siguientes: AU-2020-00109, AU-2020-00269, AU-2020-00282.
Pero ahí no termina la pesadilla para los costarricenses y principalmente para las trabajadoras y los trabajadores que tememos en algún momento perder AyA y quedarnos sin trabajo, veamos:
Mediante documento DM-784-2020, el Ministerio de la Presidencia, Sr. Marcelo Prieto Jiménez, solicita a doña Yamileth Astorga transferir recursos al Fondo Nacional de Emergencias.
Esto lo consultó vía correo electrónico la Junta Directiva de la Seccional a la Licda. Ana Cecilia Matamoros, Directora de Financiero, quien nos respondió lo siguiente:
“El estudio financiero que ustedes solicitan lo está trabajando directamente la Gerencia, yo todavía no tengo acceso a los resultados finales, de las sesiones en que he participado se ha concluido que AYA no tiene capacidad de aportar recursos a la CNE, sin embargo, se siguen haciendo valoraciones”
Realmente, a la Seccional ANEP-AyA, le preocupa que pese a la recomendación de la Dirección Financiera, se le quite más plata al AyA por compromisos políticos sin tener la capacidad, no porque no se quiera sino porque financieramente no se puede
Señor Presidente:
¿Qué más quiere que pase en AyA para que destituyan a Yamileth Astorga de su cargo?
Respetuosamente, no debería justificar su permanencia en proyectos viejos, pues con ello lo que hace es generar más indignación entre la población trabajadora y entre los clientes en general.
Por buena que sea una persona, por mucho que esta ayude a otras personas o por haber hecho buenas obras, si comete uno o varios errores, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, así funciona en todas las esferas políticas.
Nosotros no quisiéramos pensar que existe algún interés personal más allá del interés de la población que exige su salida.
Con igual respeto, condenamos y repudiamos lo manifestado en un medio de comunicación, por parte del Ministro de la Presidencia, el Señor Prieto Jiménez, quien dijo que los errores de la institución no requieren repercusiones políticas.
No obstante, si esto lo dijera desde la perspectiva del consumidor, posiblemente diría:
Los errores de la Institución requieren repercusiones políticas pues van en detrimento del bolsillo de los consumidores y de la estabilidad económica de la Institución, por tanto, se debe de destituir de su cargo a la Presidenta Ejecutiva de AyA.
Son muchos los errores y contando, mismos que venimos denunciando a través de la Prensa que ella tanto alude al punto de solicitar que no se les brinde información, pero, lamentablemente estas acciones en el gobierno del PAC no generan destituciones.
(Adjuntamos cuadros comparativos)
AL 31 DE MAYO DEL 2020
ANEP cuestiona manejo de protocolos por covid-19 en Municipalidad de Turrubares
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la falta de protocolos en la Municipalidad de Turrubares para prevenir el contagio y aumento de casos por el virus covid-19.
La organización sindical solicitó al alcalde del municipio, mediante una carta, dar de forma detallada cuales son las «las directrices tomadas en esa municipalidad por la pandemia que vivimos en cuanto al personal de esa municipalidad, cuantos funcionarios fueron enviados a hacer teletrabajo nombre y puestos de los mismos, si tienen las condiciones necesarias para realizar su labor (…)», entre otros aspectos.
La ANEP ha constatado la preocupación de los trabajadores, debido a que cuando se presentó el primer caso, no hubo ningún proceso de desinfección de las instalaciones, ni del equipo que utilizaba el funcionario contagiado; y estas mismas herramientas de trabajo se las otorgaron a otro compañero trabajador.
Asimismo, en los últimos días se presentó un nuevo caso positivo por covid-19 y otros funcionarios se encuentran aislados por tener contacto directo con la persona contagiada.
El Mascarillazo: Posición de la ANEP ante el escándalo de la CCSS por compra de mascarillas
Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas presentaron documento en Casa Presidencial
Representantes de la Asociación de Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas (Acoplatec), presentaron este miércoles un documento en Casa Presidencial solicitando que se convoque nuevamente en la corriente legislativa el expediente N°21.587 “Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas», para su respectiva discusión, análisis y modificación, con la intención de dejar de lado la informalidad laboral.
Incluso los representantes de Acoplatec indican que con la informalidad, no solo pierden ellos en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.
Compartimos el documento presentado.
San José, miércoles 5 de agosto de 2020.
Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República
Sr. Marcelo Prieto Jiménez, Ministro de la Presidencia
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Asunto: Solicitud urgente de Conductores de Plataformas Tecnológicas, integrados al Encuentro Multisectorial de Organizaciones.
Reciban formal y respetuoso saludo de nuestra parte.
Hoy miércoles 5 de agosto nuevamente nos dirigimos a ustedes. Hace una semana también lo hicimos, como una de las organizaciones firmantes del Oficio “Remisión oficial a sus dignas autoridades del Manifiesto de la Manifestación Vehicular Pacífica del lunes 27 de julio de 2020”, del cual todavía no recibimos de parte de Casa Presidencial ni acuse de recibo, ni formal respuesta.
Como organización de Conductores de Plataformas Tecnológicas, consideramos:
I. Que el desempleo, esa odiosa situación que enfrentamos las personas que en condición de trabajar, pero no tenemos acceso a fuentes de empleo (o lo hemos perdido); es un problema constante en nuestro país, el cual alcanzó cifras record antes del COVID -19, profundizándose dramáticamente estos meses de pandemia.
II. Que el subempleo, esa triste situación que enfrentamos las personas que no tenemos empleo por tiempo completo, cuyas jornadas no aprovechan completamente la capacidad del trabajador, y cuya retribución salarial, representa ingresos por debajo del mínimo, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas; también es una realidad aumentada ante el COVID-19
III. Que si bien ambas condiciones (desempleo y subempleo) han aumentado durante la Pandemia del Covid-19, las mismas ya alcanzaban cifras alarmantes antes del inicio de esta emergencia nacional, como alarmante de igual forma era la cifra cercana al 50% de informalidad laboral en que se encontraba la población económicamente activa, antes de marzo anterior.
IV. Que ante el aumento ambas condiciones (desempleo y subempleo),la informalidad laboral, es una de las opciones que nos recuerda que la necesidad tiene triste cara. La informalidad, esa creatividad de reinventarnos ante el desempleo y el subempleo, es la única opción que hemos encontrado miles de personas, para llevar alimentos a nuestras familias, ejerciendo o desarrollando ocupaciones, cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Lo anterior como alternativa a las ineficaces soluciones que en materia de desempleo y subempleo, han gestionado quienes a lo largo de los últimos años, han postulado sus nombres para integrar dos de los principales Poderes de la República (Ejecutivo y Legislativo).
V. Que como trabajadores de plataformas tecnológicas, somos parte de esa informalidad laboral, de esa triste realidad de buscar ingresos en actividades que por no estar reguladas, carecen de un marco legal que nos proteja como ciudadanos de injusticias, que nos de derechos, derecho de trabajo digno, de empleo decente.
VI. Que con la informalidad, no solo perdemos nosotros en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.
VII. Que para nosotros regulación significa ser sujeto de derechos y no más ciudadanos de segunda categoría. Pero para el país, la regulación de nuestra actividad económica, significa ingresos frescos a la Seguridad Social (con aporte obrero y aporte patronal), así como nuevos ingresos para Hacienda, en materia de impuestos.
VIII. El Gobierno, no sólo ha sido incapaz de solucionarnos el tema del desempleo o subempleo (lo hicimos nosotros a como pudimos, con mucho esfuerzo de por medio), sino que además, y peor aún, el gobierno cuando decimos que queremos contribuir a la seguridad social de todo el país, cuando decimos que queremos contribuir con impuestos que sean invertidos en programas sociales.
IX. Que debido a lo anterior, no nos parece un abordaje responsable para con nuestras familias, que el Gobierno de la República en días recientes, haya convocado y de forma inmediata desconvocado, de la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias iniciado el pasado 1 de agosto; los expedientes legislativos relacionados con regular y dar una solución estructural que proteja de la informalidad a las 16 mil familias de personas conductoras de plataformas tecnológicas, quienes somos una realidad laboral vigente en el país (especialmente el Expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR
MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS”).
X. Que en los últimos días, a pesar de la recesión en la economía, de la caída den los ingresos, de la dificultad que representa para miles de familias de conductores de plataformas tecnológicas, que formamos parte de la informalidad laboral, ganarnos con trabajo el ingreso para costear el pan y techo de cada día; hemos visto encrudecida la fiscalización de nuestra actividad económica la cual si bien es no regulada, no ha sido declarada formalmente ilegal por parte de las instancias pertinentes.
XI. Por lo mencionado en el punto anterior, nos resulta difícil de comprender, como a actual Administración(Ejecutivo) y las Legislaturas en ejercicio (Diputados), durante la actual Administración han promovido, aprobado y ejecutado; Amnistías Tributarias para los grandes deudores del Estado, otorgando condonación totales de intereses y rebajos parciales de penalizaciones… pero en contraste con lo anterior, no muestra la misma diligencia para aprobar en tiempos de pandemia, una Amnistía para la actividad económica que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, en materia de lo dispuesto por la DIRECTRIZ N° 082 – P, emitida por el Poder Ejecutivo, y publicada en el ALCANCE DIGITAL N° 194, específicamente en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017.
Debido a lo hasta aquí expuesto, formalmente solicitamos.
A. La convocatoria en la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias, para trámite, discusión y aprobación, de los proyectos de ley que regulen nuestra actividad económica (especialmente el expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS).
B. El establecimiento para la actividad de transporte que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, a través de los mecanismos que correspondan a la competencia del Poder Ejecutivo; de una Amnistía en tiempos de Pandemia, con respecto a la vigilancia y sanciones en las vías públicas terrestres del país, sobre lo dispuesto en la DIRECTRIZ N° 082 – P (publicada en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017).
C. La respuesta al Oficio del miércoles 29 de julio de 2020 (supracitado) y la creación de una mesa única de atención a la crisis, entre el Gobierno y las Organizaciones públicas y privadas que impulsamos como primera actividad el manifiesto y la caravana vehicular del 27 de julio.
Criterio de ANEP sobre Proyecto de Ley que pretende eliminar anualidades
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó su criterio a los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de Ley 21.917 que pretende eliminar las anualidades en el sector público.
Anep: Proyecto de Ley Anualidad 21.917 by Yariela Novo on Scribd
