Seccional presenta recurso de amparo contra el MSP por no brindar insumos a los oficiales para protegerse del covid-19

La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra  el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Michael Soto, en busca de que el ministerio brinde los insumos básicos a los policías  para protegerse del virus covid-19.

El recurso de amparo fue presentado por infringir los artículos 21, 60 y 66 de la Constitución Política, los cuales buscan resguardar el derecho a la salud de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública expresó que pese a que se ha informado a las autoridades la necesidad de dotar equipo de higiene y limpieza para resguardar la salud de los funcionarios, siempre se le informa que están en proceso de adquisición, lo cual podría ser resultado del aumento de casos positivos en las delegaciones de la Fuerza Pública.

Anchía agregó que los cuerpos policiales forman parte de la primera línea de respuesta en la atención de la emergencia sanitaria nacional, ya que se encargan del resguardo de los puestos fronterizos, escolta de contenedores de ruta internacional, atención de incidencias por aglomeraciones, controlar actividades prohibidas por el Ministerio de Salud , así como mantener la función primaria de seguridad ciudadana.

El recurso de amparo fue admitido por la Sala Constitucional para estudio y se le otorgó al MSP tres días hábiles para responder.

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Manifestación vehicular pacífica: planteamientos urgentes

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con ocasión de la manifestación del pasado lunes 27 de julio se dieron a conocer una serie de planteamientos, todos urgentes, que dimensionan los angustiantes sentires de diversos grupos de costarricenses que no forman parte del selecto cuerpo de la élite político-macroempresarial que está controlando los destinos del país. 

1) ¡Fondo de Emergencia ya! Auxilio económico efectivo para que el millón de ciudadanos que han visto disminuidos sus ingresos, tengan alimento y techo. 

2) Eliminación del IVA en la canasta básica, por la aprobación de una ley que regule el abusivo precio de medicamentos.

3) Financiar parte del Fondo de Emergencia gravando grandes fortunas de personas físicas y rentas de sectores con ganancias millonarias. 

4) Aprobación inmediata de leyes que frenen el fraude fiscal que comete el gran capital: Legislar implementando recomendaciones del informe final legislativo que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Papeles de Panamá”. Además, considerándose la moratoria en el pago de la deuda y/o sus intereses.

5) Por la defensa de la herencia del Estado Social de Derecho y su institucionalidad clave para la justicia, estabilidad y paz social. Oposición frontal a la venta de instituciones del Estado. 

6) El ICE no se vende: No a la venta de Kölbi y defensa del Modelo Eléctrico Nacional. 

7) La Caja se defiende: Que el Gobierno pague la deuda a la CCSS, que se legisle o creen mecanismos efectivos para cobrar a los grandes evasores de la seguridad social; amén de dotarla de recursos adicionales para la emergencia y no impulsar iniciativas de desfinanciamiento.

8) Respeto real y efectivo a la independencia judicial, como garantía del Estado de Derecho para todos los habitantes: ¡No rotundo a politización de la justicia en cualquiera de sus formas!

9) Contra la creación de un mega-ministerio “UPAD” (Ministerio de Acción Social -MAS-) que concentraría bases de datos con información personal sensible de los costarricenses.

10) Cancelación de deudas para la agricultura campesina. Rescate y protección del aparato y estructura productiva de la seguridad alimentaria. Fortalecer CNP y no vender Fanal.

11) Rechazo del recorte de presupuestos municipales que sabotea la reactivación económica local; al recorte de 30 mil millones del Bahnvi, que deja a tres mil familias pobres sin hogar; tanto como al dañino recorte a las Juntas de Educación, a la Educación en cuanto tal y al Desarrollo Comunal.

12) ¡Regulación ya! Solución estructural que proteja de la informalidad a las 16 mil familias de personas conductoras de plataformas tecnológicas.

13) Por una política integral y oportuna de acompañamiento real a restaurantes, bares, y afines; protegiendo las familias cuyo ingreso dependen de ese giro de negocio, y al empleo que generan.

14) Estrategia integral que le garantice al comercio equidad de trato, la no extinción de su actividad económica y una menor contracción del consumo.

15) Aprobación de legislación orientada al rescate y recuperación de la micro y pequeña empresa, garantizando mecanismos alternos efectivos para que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras vinculadas a las mismas.

16) No rotundo a la eliminación de la histórica jornada de 8 horas. No al impuesto al aguinaldo y al salario escolar. No a la reducción de jornadas en el sector público ni al congelamiento de las anualidades. Oposición rotunda al proyecto de ley marco de empleo público.

17) Impulso de iniciativas institucionales orientadas a la recuperación del medio cultural en todas sus formas. 

18) Alto a la incidencia desmedida en las políticas públicas de una millonaria cúpula empresarial; concentrando riqueza en pocas manos y aumentando la desigualdad social. 

19) Entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a su legítima propietaria: la clase trabajadora cotizante.

20) Instalación urgente de una mesa unitaria de crisis entre el Gobierno y la multiplicidad de organizaciones sociales y asociaciones de comerciantes, de micro y pequeña empresa.

Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora

•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3

•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial

Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.

De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.

La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.

ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.

La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.

Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.

ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.

ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

San José, miércoles 28 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

¿Cuáles son los planteamientos de los diversos grupos que participan en la manifestación vehicular?

Este lunes 27 de julio, grupos con diversas consignas se unieron en la manifestación vehicular para demostrar la realidad que enfrentan en medio de la emergencia sanitaria.

La ANEP comparte el manifiesto el cual contiene las reivindicaciones o planteamientos de los grupos participantes, quienes han visto la agudización de la crisis fiscal y las repercusiones sociales y económicas agravadas con la pandemia del covid-19.

Son muchas las familias desempleadas producto de la pandemia y muchas otras ya lo venían sufriendo desde antes.

Temas de Manifetación Vehíc… by Yariela Novo on Scribd

Manifestacion Vehicular

Gepostet von ANEP am Montag, 27. Juli 2020

Galeria

ANEP-PPME cuestiona Vicepresidenta de la República ante faltante de personal en Policía de Migración

Los cuestionamientos se dan luego de la comparecencia de la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa sobre la situación de personal migratorio en puestos fronterizos.

Diputados llaman a comparecer a Presidenta Ejecutiva de AyA tras denuncia de Seccional de ANEP

Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.

El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.

La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra. 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/424672/presidenta-aya-ordena-no-hablar-con-diario-extra-#:~:text=Yamileth%20Astorga%2C%20presidenta%20ejecutiva%20del%20Instituto%20Costarricense%20de%20Acueductos%20y,por%20la%20ejecuci%C3%B3n%20presupuestaria%20y

Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.

La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).