- Impulsará legislación para imponer las primeras rebajas salariales
- ANEP rechaza radicalmente tan nefasta pretesión que, además, es golpe directo a la Caja
- Es hora de demandar impuestos especiales solidarios a las grandes fortunas hasta ahora intocadas e intocables
Esta nueva y perversa intención de Alvarado y del grupo real de poder de su entorno más íntimo (en el cual figuran círculos empresauriales de cuestionado comportamiento tributario a lo largo de los últimos tiempos), habrá de generar una profundización más grave y desestabilizadora del deterioro de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya muy golpeadas por la multimillonaria inversión en atención de la pandemia, por un lado, y, por otro, dadas las excesivas concesiones que se vienen dando para con las responsabilidades patronales, más allá de lo lógicamente comprensible.
En efecto, datos provenientes del prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la también prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR), indicaron que para el año 2018 (obviamente, período pre-pandemia), aunque la Población Económicamente Activa (PEA), del sector Público representó apenas un 18 % del total de la misma, para la Caja los aportes provenientes de la misma significaron un 44 % de sus ingresos. Para el 2019, ya andábamos en el 45 %; es decir, casi la mitad de los ingresos de la Caja lo viene aportando la colectividad laboral estatal y, repetimos, en época de pre-pandemia.
Imaginemos y pensemos cómo estará esta relación para el primer semestre del presente año 2020, con tanta reducción de jornadas y de despidos en el sector Privado, lo cual hace más grave todavía en imponer reducciones salariales en el empleo público.
Si la intentona gobiernista para rebajar salariales fuese para aplicarlos a montos de un millón, o de un millón y medio de colones hacia arriba (aparte de dejar abierto el nefasto camino para reducciones salariales posteriores y a montos menores a los apuntados), incrementará el estrés financiero de la Caja en estos críticos momentos, amén de fortalecer las intentonas ya descaradas y abiertas para su privatización, tal y como lo plantean esos círculos empresauriales amigos de Alvarado.
Al continuar con esa lógica enfermiza en contra de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Público, Carlos Alvarado Quesada y su gobierno, se aprestan para lanzar un nuevo ataque al mundo obrero estatal: presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para imponer lo que serían las primeras rebajas salariales, duras y directas, a las remuneraciones del empleo público; una peligrosísima iniciativa que, de manera contundente y categórica, la ANEP rechaza dejando constando por esta vía nuestra oposición rotunda al respecto.
Luego de muchísimos meses de combatir la perversa tesis, hoy completamente derrotada, de que el déficit fiscal se debía a los salarios estatales, empezar a rebajar salarios en el empleo público es la más incorrecta, aparte de injusta e inútil, medida que se pueda tomar para enfrentar, de manera estructural, el problema del déficit fiscal que, reiteramos, no tiene origen salarial alguno. Solamente hará gran daño social y económico, deteriorando más la ya precaria paz social.
Aparte del grave daño financiero a la Caja, enormes impactos negativos tendrían las entidades del sector financiero-bancario y cooperativista considerando, como bien se sabe, el altísimo endeudamiento salarial de las personas trabajadoras; endeudamiento muy fuerte en el caso de quienes laboran para el sector Público. Los créditos personales, de vivienda, de estudio y hasta de micro-emprendimientos se verán en puertas de colapso, de impago, no descartándose remates de casas y casos de familias en la calle.
Por otra parte, en lo económico-social, las rebajas salariales en el sector Público serán devastadoras, también, para la sostenibilidad de la maltrecha actividad productivo-empresarial, en épocas en que la necesidad de circulante en manos de la gente es más que vital para evitar el derrumbe económico total que, lamentablemente, cada día parece estar más cercano.
La gente en movilización organizada y pacífica debe actuar con firmeza y determinación para detener esta nefasta intentona del grupo de Alvarado y sus apoyaturas mediáticas, de continuar castigando y hostigando a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, gran parte de las cuales están en la primera línea de fuego del combate a la pandemia, por una parte; y, por otra, el sector Público resultará vital para la reconstrucción económico-social en la post-pandemia.
Tal movimiento debe, entre otras acciones urgente, exigir a la Asamblea Legislativa que se apreste a apoyar iniciativas de ley que ya están en su seno, tendientes a exigir de parte de los sectores económicamente muy adinerados, los súper-ricos, aportes tributarios solidarios extraordinarios, considerando que deben existir en su seno culturas de evasión impositiva que, entre otros factores, les ha contribuido a acumular las incuantificables fortunas que ya atesoraban antes de la pandemia.
Esta gigantesca tarea que deben acometer las fuerzas sanas de los movimientos sociales y patrióticos, también tiene la misión histórica de acometer la transformación tributaria estructural cuya ausencia ha venido permitiendo el robo de impuestos de, al menos, 3 mil 800 millones de dólares anuales; cifra conservadora y baja que pudo haber acumulado en la última década, tal cantidad que ahora es muy cercana a la cifra de endeudamiento público que está estrangulando ya al país.
Esa transformación tributaria estructural debe incluir lo concerniente para hacer algo con las extraordinariamente gigantes cifras de dinero sucio circulante en el sistema financiero-económico del país, el lavado, que expertos estarían situando entre los 6 y los 22 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡anuales!
Hacemos un llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a sus familias, para que se alisten a defenderse, desde las propias bases en sus respectivos centros laborales. Es un asunto de sobrevivencia, no de siglas sindicales.
San José, domingo 12 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
