BCCR e IVA

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Parece ser que el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey, vive en otro planeta; en realidad, actúa como viene funcionando esta entidad en los tiempos del neoliberalismo: como república independiente. Proponer que el impuesto al valor agregado (IVA) suba al 15% es una gran desconsideración (para decirlo de manera de manera elegante), para con la gran mayoría del pueblo costarricense hoy más agobiado en el plano económico y en plano social, por la crisis sanitaria de la pandemia.

Es sumamente conocido que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más injusto de los impuestos que puede tener un sistema tributario, dado que se le aplica a todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso de las personas, de manera tal que el IVA empobrece más a quienes menos tienen. Eso es tan cierto como lo que nos ha venido pasando luego de la imposición de la ley del combo fiscal, especialmente para el caso de las personas trabajadoras asalariadas, por una parte; y por otra, la afectación negativa que han sufrido las micro-pequeñas y medianas empresas. El covid-19 no ha hecho más que agravar las penurias de ambos segmentos de la comunidad nacional.

Lo que nos propone don Rodrigo en consecuencia es echarle leña a la hoguera de las desigualdades; dándole la razón, nada menos y nada más que a la “bendita” OCDE que desde el 2018 había advertido que Costa Rica era ya muy desigual tanto o más que México y que Chile, que habían ingresado a esta organización y que todo el mundo sabe en América Latina de las desigualdades de ambos países. Costa Rica parece que hará el ridículo, sentándose en la mesa del “club de los países ricos”, quedando como el más pobre y el más desigual de los mismos.  

“Gran favor” le está haciendo al país el jerarca bancario-fondomonetarista con su propuesta de trepada del IVA.

Pero nuestra indignación no termina ahí, decir que hay que subir el IVA al 15% para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la quiebra y al propio IVM de un destino igual de desafortunado, es creer que los y las costarricenses tenemos una inteligencia disminuida; o bien que no estamos a la altura de la mente brillante de don Rodrigo. Aparte de mostrar con esta propuesta una gran manipulación emocional de los sentimientos de la población costarricense para con la CCSS no deja de representar un gran irrespeto a una conquista social enraizada en el alma nacional, que debemos censurar. Seguramente don Rodrigo, al igual que su tocayo hacendario, si se enfermase iría a un hospital privado porque su ingreso le permite pagar ese tipo de atención, “olvidando” el señor presidente del BCCR que más del 90% del pueblo tico no podría financiarse un endeudamiento en la medicina privada.

A tales desventuras tenemos que enfrentarnos los viles mortales que dependemos de la CCSS, pues la república independiente del BCCR parece estar por encima del bien y del mal. Resulta imprescindible acabar con este modelo económico excluyente que puso al BCCR a impulsar concepciones económicas contrarias al bien común; cual es más grave en tiempos de pandemia, las personas entendidas, especialmente las versadas en economía que creen que ésta debe estar al servicio de las personas y no al revés, esperarían de un Banco Central volcado hacia la reactivación económica, utilizando sus reservas monetarias en tal sentido y preocupado por atacar las causas estructurales del déficit fiscal y del alto endeudamiento público que precisamente están en la base de los problemas de la CCSS, como lo es la alta evasión tributario-fiscal, y el abusivo y dispendioso sistema de exenciones-exoneraciones.

Si hubiera congruencia con una afiliación consecuente a la OCDE, tal y como lo pregona esta entidad, el BCCR debería estar ya diseñando modificaciones estructurales tributarias y tomando medidas para atajar el crecimiento de la desigualdad. Además, impulsando las reformas legales del caso para que interviniera en la política pública de generación de empleo. Sin embargo, a don Rodrigo lo único que se le ocurrió es recetarnos más impuestos indirectos, como el IVA o sea más evasión fiscal. Hay que acabar con esa república independiente, lo cual constituye una gran tarea de enorme necesidad ciudadana.

Una sociedad con menos enemigos

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud ANEP

Una sociedad con menos enemigos es posible, no porque pueda constituir la idea de un anciano trasnochado o la utopía de un joven desprovisto de realismo. Es que verdaderamente existe esa posibilidad y las personas como seres racionales estamos en el deber de trabajar por alcanzarla.

Si los seres humanos “nacemos buenos y la sociedad nos corrompe” hay que procurar una sociedad distinta. Si “las personas somos por naturaleza eminentemente malas y sólo la voluntad podría hacernos diferente” hay que unir buenas voluntades. Si, por el contrario, tanto la naturaleza como las circunstancias sociales nos niegan la oportunidad de ser cien por ciento buenos o cien por ciento malos, podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos.

En una sociedad con menos enemigos es posible el auge respetuoso del ejercicio de prensa. Si logramos tomar distancia del populismo y del morbo que gira en torno al “otro como enemigo”, estaremos obligando a la industria periodística a decidirse por informar. Es decir, si dejamos de consumir las noticias sensacionalistas, cargadas de violencia y de promoción de odio, el profesional en periodismo es provocado a informar con mayor grado de objetividad, respetando su audiencia y en última instancia, la propia dignidad humana.

En una sociedad con menos enemigos se desarrolla con mayor eficacia el hábito y el sentido de escucha, el sentimiento de inseguridad y el temor de ser traicionado pasa a un segundo plano, y los proyectos políticos fructifican. Como parte del grupo social, nos sentiríamos tentados a apoyar a quien democráticamente fuera elegido, con el valor para confrontarlo cuando se requiera, pero con la suficiente decencia para procurar el bien común.

El problema que atravesamos en Costa Rica es que, el único momento en el que los políticos escuchan a las mayorías es cuando piden su voto, toman partido -el que les garantice la tranquilidad ante sus intereses personales- y luego, dividen la sociedad entre “buenos y malos”, entre oficialismo y oposición. El escenario político se vuelve en un campo de batalla y por eso se sobredimensionan los mínimos consensuados. Cuando en realidad el oportuno consenso y el rápido entendimiento entre los distintos actores sociales debería ser parte poco novedosa de un Estado moderno que apunta al pleno desarrollo.

El discurso que promueve al otro como enemigo casi siempre inicia con epítetos y con estrategias que socaban el honor, la vida privada y sin reparar en ello, la propia institucionalidad del país. La clase política olvida que una mejor idea, en público como en privado, con promoción o sin ella, siempre genera buenos resultados.

El país debe reparar sobre la realidad que vivimos, si nos vemos como enemigos la desconfianza, la confrontación y el odio nos va a cegar. Cuando los gobiernos muestren debilidad estratégica o intelectual, el pueblo debe ser culto para pasar el mal momento. La mejor alternativa que tenemos como democracia es saber elegir, no podemos ser reiterativos en los errores.

Concluyo indicando que la base de una democracia no son los partidos políticos, es el pueblo. La división que vivimos como costarricenses es la que nos permite tener la calidad de políticos del momento, buenos o malos han sido nuestra elección. La cobardía disfrazada de exceso de prudencia en las personas estadistas e intelectuales que verdaderamente tienen capacidad para gobernar, tampoco ha ayudado. Y las juventudes pensantes y progresistas, que siempre fueron parte importante de las transformaciones sociales de nuestro país, hoy como única guía de acción se muestran encantadas con los conceptos superficiales y sesgados del pseudo-progresismo.

Empleo público, autoritarismo y orden constitucional

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde antes de la llegada oficial de la pandemia el país mostraba ya peligrosos signos del avance de conductas autoritarias, más allá de la prepotencia, como forma fundamental del ejercicio de la acción gubernativa; autoritarismo que bajo la formalidad democrática pareciera haber contaminado la toma de decisiones en temas de altísimo calibre en los diferentes poderes fundamentales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pareciera que, lejos de amainar, el autoritarismo en tiempos del coronavirus tiende a incrementarse.

La gestión gubernativa desde los ámbitos del real poder hegemónico dominante que tira línea a los indicados tres poderes acude al autoritarismo ante el descrédito constante de la clase político-ejecutiva que da la cara a nombre de esa gestión gubernativa, dado que la legitimidad de muchas de sus decisiones, por su carácter contrario al bien común, ha venido decayendo notablemente en los últimos tiempos. Por supuesto que en el camino se han venido dando excepciones, pero no tienen mayor impacto en el viajar del autoritarismo por el tejido institucional-republicano en la toma de decisiones de potencial conflictivo en lo económico y en lo social.

Precisamente hemos venido notando que transitar la ruta del autoritarismo está encontrando un fuerte valladar, un gran obstáculo, un impensado escudo democrático: la Constitución Política todavía vigente, también conocida como Carta Magna, que entró a regir en 1949, teniendo ya 70 años de vida política activa. 

La imposición de la reelección presidencial en 2003 (precisamente para facilitarle a Óscar Arias Sánchez una segunda presidencia de la República -lo cual se dio, finalmente-) abrió ese camino del autoritarismo; camino que ha tenido varios episodios de descalificación constitucional impresionantes y que, con ocasión de la tramitación-imposición-aprobación parlamentaria de la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635), refrendó que el autoritarismo se impuso a la construcción democrática de las relaciones político-sociales (hubo un fallo constitucional de compadre hablado, se torció el reglamento legislativo para obtener los votos diputadiles suficientes a fin de imponer tal legislación, y el propio tribunal guardián de la Carta Magna dijo que lo fiscal está por encima de lo constitucional). Luego vino la ley mordaza y la eliminación del derecho constitucional de huelga, que por cierto ha iniciado ya su proceso de litigio en el plano internacional.

Cuando creíamos haberlo visto todo nos llega el proyecto Ley Marco de Empleo Público, cargado con tales niveles de autoritarismo que sus promotores ideológico-políticos y sus redactores concretos dejan en evidencia, prácticamente en cada uno de sus articulados, un desprecio profundo por los valores que impregnaron la Constitución Política de 1949, especialmente aquellos que validaron la descentralización institucional del poder público.

Prácticamente pretenden imponernos un todopoderoso Estado central, de corte autoritario y antidemocrático, con el cuentito de regular las relaciones de empleo público; con su superministerio, el Mideplan, ya no “rector”, sino con un rango de comisario político-institucional para definir, diszque a futuro, las relaciones obrero-laborales en el seno de la Administración Pública, de toda la Administración Pública del país.

No se trata del salario único; no se trata de eliminar un plus en particular ni de las anualidades; no se trata, incluso, de derogar uno de los derechos humanos fundamentalmente reconocido, como es el de la negociación colectiva; ¡qué va! Es más profundo que todo eso junto.

Mideplan es el parlante ideológico y el megáfono político de esos sectores antidemocráticos que, bajo ese modelo del ejercicio del poder político con formas autoritarias cada vez más densas y descaradas, desean una derogatoria de facto de la Constitución Política de 1949 porque ya ésta les es evidentemente molesta e incómoda para la instauración final de la desigualdad social total y del mercado como único mecanismo de legitimación de la vida en sociedad. Es demasiado grave lo que está ocurriendo.

¡No más impuestos! Transformemos el sistema tributario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Si antes de la aparición oficial en el país, con el primer caso reportado el 6 de marzo de 2020, de la pandemia del coronavirus covid-19, la urgencia de una profunda transformación tributaria estructural era ya imposible de eludir, ¡ahora lo es más!

Creemos que no existe en los actuales momentos un desafío político-histórico y económico-social más relevante que, de una vez por todas, asumir una beligerante y militante acción cívica en tal sentido: la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense.

Las fuerzas sindicales y sociales, así como político-partidistas que todavía están sanas, tienen una obligación moral ineludible para crear nuevas bases de sustentación sólida con la finalidad de que las generaciones venideras pueden tener acceso a las diferentes ofertas de política pública diseñadas para la inclusión social en materia de salud, de educación, de asistencia y promoción social, entre otras.

La pandemia y sus efectos perversos para la integración y para la movilidad sociales, sólo nos están mostrando que todavía podemos caer más bajo en los respectivos indicadores económico-sociales como los del desempleo (especialmente, el juvenil), de la informalidad, de la criminalidad, de la violencia, entre otros.

Prácticamente, la mayoría de la población costarricense sentimos que gracias a las herencias institucionales del mejor patrimonio de lo que, por lo general, es asumido como el Estado Social de Derecho, el país está enfrentando la pandemia en mejores condiciones que otras naciones cercanas e, incluso, supuestamente superiores en cuanto a desarrollo.

Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional; con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.

Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante que se siente frustrada pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del covid-19 tenían esperanzas al respecto.

Sin embargo, no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente; y, ponen al país contra la pared forzándole a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder, consideran eso como una “salida” a la crisis.

La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas que muestras casos de “prostitución” de los objetivos macro-económicos con las cuales se promovieron en el país).

A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los 35 mil millones de dólares que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.

Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!

Reformar el FMI y el Banco Mundial para una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Por: CSI

Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.

En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.

“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.

Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.

De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.

“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.

Geopolítica de la epidemia: La globalización en peligro

Por Andrés Malamud*

La rápida propagación de la pandemia vino a reforzar el poder de los Estados al tiempo que aumenta su interdependencia. Esta paradoja anuncia una globalización “desacoplada”, de la que emergerán cambios sustanciales en la geopolítica mundial.

En noviembre de 2015, la prestigiosa revista Nature Medicine publicó una carta firmada por quince científicos que se titulaba “Un racimo de coronavirus de murciélago tipo SARS exhibe potencial de emergencia en humanos”. La investigación de laboratorio había comprobado que los “murciélagos herradura” chinos eran portadores del virus SHC014-CoV. La frase final del resumen reiteraba la advertencia del título: “Nuestro trabajo sugiere el riesgo potencial de reemergencia del SARS-CoV a partir de virus actualmente en circulación en poblaciones de murciélagos”.

“Yo veo el riesgo de un virus agudo y muy extraño desparramándose por el planeta”, dice Nassim Taleb en la página 317 de mi ejemplar de The Black Swan, publicado en 2010. Relleno en igual proporción de brillantez y engreimiento, el libro de Taleb no es un cisne negro, uno de esos eventos altamente improbables pero de tremendo impacto: es uno más de las decenas de análisis y proyecciones que pronosticaron esta pandemia.

El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su sigla en inglés) es el think tank de pensamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos. Cada cinco años consulta a decenas de expertos para imaginar cómo será el mundo quince años más tarde. Sus documentos son públicos y están online, En diciembre de 2004 publicó el tercero de ellos, titulado “Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020”. Tiene 123 páginas, y en la número 30 se lee lo siguiente: “El proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar substantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia”.

Maldición, nos avisaron. Pero el documento continúa.

“Algunos expertos creen que es sólo cuestión de tiempo hasta que una nueva pandemia aparezca, tal como la Gripe Española de 1918-1919 que mató unas veinte millones de personas en todo el mundo. Desde las megaurbes del mundo en desarrollo con pobres sistemas de salud (como las de África subsahariana, China, India, Bangladesh o Pakistán), semejante pandemia sería devastadora y podría difundirse rápidamente por todo el mundo. La globalización estaría en peligro si los muertos se contasen por millones en los principales países y la difusión de la enfermedad pusiese un alto al comercio y los viajes globales durante un período extenso de tiempo, obligando a los gobiernos a gastar enormes recursos en los exhaustos sistemas de salud. Por otro lado, la respuesta al SARS mostró que la vigilancia internacional y los mecanismos de control se están tornando más efectivos para contener enfermedades, y los nuevos desarrollos en biotecnología prometen mejoras sostenidas”.

Siendo estos documentos públicos, y teniendo Rusia, China y las potencias europeas sus propios laboratorios y centros de planeamiento estratégico, es inevitable concluir tres cosas. Primero, los tomadores de decisión sabían que esto podía pasar –o, mejor dicho, que iba a pasar–. Segundo, sabían que podían crear herramientas para evitarlo o contenerlo.

Tercero, no hicieron nada.

El lago de los cisnes negros

A veces, lo que antes de ocurrir nos parecía imposible después de ocurrir nos parece inevitable. Éste es el tercer componente de la definición del Cisne Negro (junto con la baja probabilidad y el alto impacto): la predictibilidad retroactiva. El cerebro humano vive para adaptarse y autojustificarse. Hagamos un ejercicio: miremos para adelante sin descartar escenarios.

Las consecuencias políticas de la pandemia dependerán de factores aún desconocidos, algunos biológicos (como la posibilidad de reinfección o la gravedad de la segunda ola) y otros económicos (como la magnitud de la recesión y la quiebra de sectores estratégicos). Pronosticar es fútil, pero prepararse es necesario. Ello no exige adivinar el futuro sino imaginar futuros posibles.

Consideremos tres niveles: la transición del poder global, las instituciones internacionales y la política doméstica. La transición del poder afecta las relaciones verticales entre países que declinan y países que emergen. Las instituciones internacionales moldean las formas en que los países cooperan o compiten horizontalmente. La política doméstica define quién manda, y cómo, en el interior de los países.

La transición del poder ya estaba en curso: Estados Unidos declinaba y China emergía, mientras Rusia sobrevivía y la Unión Europea se achicaba. Al principio, el origen geográfico del virus y el ocultamiento de información por parte de China parecieron contrariar el sentido de la transición. Mientras los líderes occidentales criticaban a Pekín y minimizaban la amenaza del coronavirus, el régimen comunista mostraba dificultades en lidiar con el contagio. Esto duró poco. La implementación efectiva de aislamientos draconianos y la construcción fulminante de hospitales gigantescos suscitaron la estupefacción global. Al mismo tiempo, la actitud indolente de Trump y los espasmos unilaterales de Estados Unidos pintaron en blanco y negro el contraste con China: de un lado, centralización y eficacia, del otro, descentralización y caos. La imagen internacional de cada Estado reflejaba, inicialmente, el grado de efectividad de su organización interna. Días más tarde, el comportamiento internacional contribuyó a ampliar la brecha reputacional. Por un lado, Estados Unidos suspendió sin aviso las conexiones aéreas con Europa mientras intentaba rapiñar la vacuna que se desarrollaba en un laboratorio privado alemán. Por el otro lado, China secuenció la información genética del coronavirus, la compartió online y empezó a mandar cargamentos de equipos y especialistas para asistir a los países occidentales más afectados. Lo que 480 Institutos Confucio distribuidos por el mundo no pudieron hacer, el COVID-19 logró: China llegó a la primera división del soft power, donde los países lideran por su capacidad de atracción y no de coacción.

Es cierto que la primera reacción china reflejó el autoritarismo del régimen antes que la capacidad del Estado. Las autoridades regionales de Hubei escondieron el brote y persiguieron a quienes la denunciaron, mientras el gobierno nacional negaba la crisis. Pero el cambio drástico de estrategia, y la efectividad de su implementación, salen bien parados ante las demoras, titubeos y negaciones de Occidente. A los ojos de quien recibe la ayuda, China aprendió de sus errores y no escatimó solidaridad.

En el primer tablero del poder mundial hay dos actores además de China y Estados Unidos: Rusia y la Unión Europea. Es difícil prever el impacto que tendrá la pandemia sobre la declinante población rusa, aunque algo es seguro: Moscú seguirá siendo un spoiler, un actor con capacidad para arruinar el juego ajeno pero sin capacidad para definir las reglas del juego. La Unión Europea, en cambio, saldrá de esta crisis reforzada o agonizante. A esta disyuntiva también se enfrentan las instituciones internacionales.

En la guerra, el comercio o la investigación científica, los Estados pueden competir o cooperar. La elección de la estrategia depende del objetivo. La creación de bienes públicos, aquellos de los que no se puede excluir a terceros, requiere cooperación. Un ejemplo típico es la estabilidad financiera internacional: todos los países se benefician de ella, incluso aquellos que no participan en su producción. Bajo el liderazgo de Barack Obama, el G20 proporcionó este bien colectivo después de la crisis de 2008. Pero hay bienes colectivos de otra naturaleza: los de club y los de red.

Los bienes de club son aquellos de cuyo uso se puede excluir a terceros. Un ejemplo es la Unión Europea: existen beneficios, como los fondos estructurales o de cohesión, a los que solo acceden los Estados miembros. Pertenecer tiene sus privilegios, y los privilegios generan resentimiento. Externamente, las tres mayores potencias militares del mundo (Estados Unidos, China y Rusia) perciben a la Unión Europea como irrelevante en el mejor de los casos y hostil en el peor. Internamente, la pandemia produjo un efecto ambivalente. Por un lado, llevó al cerramiento de las fronteras nacionales y a la competencia por equipos sanitarios. Por el otro, incentivó la cooperación monetaria para garantizar la estabilidad del euro. Este contraste entre la dimensión política y la dimensión funcional de la cooperación interestatal se replica a nivel global, como veremos en un momento.

Los bienes de red son aquellos cuya utilidad aumenta con su difusión: cuantos más usuarios lo tengan, mejor para todos. El ejemplo típico es el teléfono: no me sirve de nada ser el único que lo tiene. Lo mismo se aplica a las vacunas y a la inmunización en general. No nos resulta indiferente si los demás están sanos: nos conviene que lo estén. Y si el objetivo es que todos tengan algo, la estrategia apropiada es la cooperación y no la competencia. A nivel de los Estados, esto se llamaba multilateralismo. Algunos lo siguen promoviendo, pero sus chances de resucitar son escasas. A su substitución por otra estrategia denomino cambio del poder.

La pandemia vino a reforzar el poder de los estados al mismo tiempo que aumentaba su interdependencia. ¿Cómo se puede ser más fuerte y más dependiente al mismo tiempo? No con la globalización como la conocimos sino, probablemente, con la que viene: una globalización “desacoplada”.

Se vislumbran dos tipos de desacople: el funcional y el político. En el desacople funcional, diferentes políticas se concentran alrededor de diferentes centros gravitacionales. Si la seguridad sigue siendo un asunto eminentemente regional, porque las amenazas físicas se acumulan en las fronteras y disminuyen con la distancia, la economía es un asunto cada vez más global porque las fuentes de divisas, insumos y mercados están distribuidos por el planeta.

Sudamérica torna este desacople bien visible: las amenazas securitarias para la región son el colapso de Venezuela y la consolidación de una red regional de narcocriminalidad, mientras su economía depende de las tasas de interés (fijadas por la reserva federal de Estados Unidos) y del precio de sus productos exportables (subordinado al crecimiento chino).
El desacople político rememora las esferas de influencia de la Guerra Fría. En este escenario, el mundo sigue interconectado pero los países, y no las políticas, se dividen entre dos centros de gravedad: Pekín y Washington. Las esferas no están separadas por muros ni alianzas militares, sino por estándares técnicos y de infraestructura: cada uno con su internet, su 5G y sus normas digitales. Europa todavía tiene la chance de erigirse en tercer polo: después de todo, uno de los dos megafabricantes de aviones es europeo, y Francia es el único país que posee un portaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos. Pero el tren está pasando mientras los europeos pelean en el andén, y algunos ya decidieron subirse a la locomotora china.

Organizaciones internacionales hay de dos tipos: las multipropósito o políticas, como Naciones Unidas (ONU), y las específicas o funcionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). También a este nivel podría producirse un desacople. Las organizaciones políticas fueron poco requeridas o poco competentes, al revés de las organizaciones funcionales. En las organizaciones regionales ocurrió lo mismo: la Comisión Europea fracasó en evitar el unilateralismo de los Estados miembros, mientras el Banco Central Europeo aparece como la única institución que puede evitar el quiebre de la Unión Europea (y la quiebra de sus miembros).

Los cisnes negros se repetirán. Los Estados tienen dos herramientas para nadar en ese lago: la ciencia y la cooperación. Y las vienen usando mal.

Los cuatro jinetes

El cambio político, en el interior de los Estados, dependerá del continente donde el Estado resida. Con pincelada gruesa, puede distinguirse a los cuatro grandes continentes en función de su modelo socioeconómico. En Asia (Pacífico), el individuo se subordina a la comunidad y el Estado planifica la economía. En Europa, los individuos cooperan y el Estado garantiza el bienestar. En América, y esto vale para Estados Unidos tanto como para Brasil y México, el mercado (formal e informal) manda y los políticos se le someten. Así, en China prevalece la razón de Estado, en Europa la cuestión social y en Estados Unidos la lógica económica. ¿Y África?

El continente africano alberga a alrededor del 18% de la humanidad, lo mismo que China o India, pero sólo produce el 3% del PIB global. En 2050 habrá superado el 25% de la población mundial. A esta altura carecemos de información o proyecciones sobre cómo la afectará la pandemia, aunque hay indicios de que el clima, la estructura etaria y la ruralidad podrían mitigarla mientras la deficiente infraestructura sanitaria debería agravarla. La región podría convertirse en una fuente global de inestabilidad o de crecimiento, y quizás la pandemia contribuya a definir cuál predominará.

En Oriente, China incluida, la habituación a las epidemias y la efectividad de la respuesta estatal consolidan el status quo. En Occidente, en cambio, se anticipan profundos cuestionamientos. Los gobernantes deberán responder por su reacción frente a la pandemia pero, sobre todo, por la magnitud de la recesión. Las consecuencias dependerán del ciclo electoral: los líderes que enfrenten elecciones en el corto plazo podrán beneficiarse del “efecto estadista”; los que no, podrían convertir una victoria épica en derrota electoral, como les ocurrió a Churchill en 1945 y a Bush padre en 1992. Con recesión no hay reelección.

Entre enfermar a la población y enfermar la economía, los líderes populistas de Occidente optaron inicialmente por enfermar a la población. Los cuatro jinetes del coronavirus, Trump, Johnson, Bolsonaro y López Obrador, argumentaron que la economía parada provocaría más muertes que el virus. Por presiones sociales y efecto contagio debieron revertir el curso. Las consecuencias sanitarias y electorales del zigzagueo están abiertas, pero vale interrogarse sobra la compatibilidad entre el retorno del Estado –en cuanto aparato burocrático– y la vigencia de liderazgos populistas, que encarnan la representación antes que la eficiencia.

Del aumento de la vigilancia sobre los ciudadanos mucho ha escrito Yuval Harari, de quien todo se recomienda. Quizás lo más relevante sea que la tecnología no llegó para remplazarnos sino para controlarnos. No seremos substituidos por robots sino monitoreados por geolocalización y reconocimiento facial. Y después de la pandemia, menos gente cuestionará la centralización de la información.

Hasta hace poco, algunos observadores temían que la transición del poder alimentara un conflicto militar, mientras otros recelaban lo contrario: el vacío de poder. Vacío es lo que produjo mientras Estados Unidos se replegaba a medida que el coronavirus avanzaba, pero detrás vino China a rellenar el vacío con expertos y equipos. Las elecciones estadounidenses de noviembre podrían restablecer el equilibrio entre las dos potencias. Dada la primacía mundial del dólar, el mundo aún no está listo para prescindir de emisor. El multilateralismo que el planeta reclama será bilateral o no será: sólo dos países son necesarios, y juntos son suficientes, para que el próximo cisne negro nos encuentre a todos más robustos. Pero eso ya lo sabíamos.

Exageran quienes postulan que nada será como antes. Las catástrofes pueden afectar las relaciones de poder, pero la naturaleza del poder es más resistente. Si la humanidad sobrevivió a la expansión digital de Twitter de 140 a 280 caracteres, no será un virus analógico el que la cambie.

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-MINAE ante pandemia por Covid-19

Entre varias de las inquietudes recibidas se encuentra la entrega continua del equipo idóneo a las personas funcionarias que laboran en estas áreas naturales, y que en sus deberes esta la atención no solo de visitación que ingresa por un día, sino también a sitios donde se ofrece el hospedaje, además de la recepción de personas ajenas que participan en la actividad de voluntariado (nacionales y extranjeros) y con permanencia prolongada por varios días en las instalaciones de los funcionarios y funcionarias.

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