Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Pese a las fuertes presiones provenientes de los principales sectores y vocerías de la ideología política hegemónicamente dominante, la del neoliberalismo excluyente y depredador, el Presidente Alvarado firmó la ley que saca a las municipalidades del país de la regla fiscal; expediente legislativo No. 21.922 que recibió una votación más que suficiente como para haber garantizado un resello si el veto exigido por tales sectores y vocerías se hubiera dado.
La regla fiscal es considerada uno de los dogmas fundamentales de la ideología neoliberal del mercado totalizante; y, valga la acotación, la aplicación de la regla fiscal con sus programas de austeridad rigurosamente presupuestaria, encontró a muchos sistemas sanitarios totalmente en ruinas al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, como se está constatando en varios países del mundo, generándose así miles de personas muertas.
El asunto central es que a pocas horas de la votación de segundo debate de dicho expediente el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le mandó una carta, más que abierta, al Presidente Alvarado, solicitando la interposición del veto a dicha legislación, acabadita de salir del horno, empleando él la instantaneidad de la comunicación digital de hoy en día, la de las redes sociales, para que todo el mundo supiera de su inconformidad con la aprobación de tal ley y, por ende, su tácita exigencia de interposición del veto presidencial.
Tal acción evidenció que en cuanto a lealtades la prioridad del ministro Robles no era hacia el mandatario; sino hacia esos sectores político-económicos y mediáticos, guardianes ideológicos del neoliberalismo de la regla fiscal.
Tenemos entendido de que lo usual y lo correcto es que la inconformidad de un ministro de Estado para con una ley ya aprobada en el parlamento, es discutirlo en privado antes de dar a conocer a la opinión pública la decisión oficial del Poder Ejecutivo si el veto se interpondrá.
Es evidente que la ley aprobada derivada del expediente 21.922 contó con una fortaleza política que el Presidente no podía desconocer pues, como nunca antes, toda la comunidad municipal nacional respaldó tal iniciativa defendida fuertemente por la ANEP. Ya desde antes de la aprobación del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, estuvimos denunciando que esta legislación violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal, lo cual, por cierto, continúa debatiéndose todavía en sede judicial-constitucional.
Lo cierto del caso es que, por segunda vez, el Ministro Robles recibió una segunda desautorización política en el corto período de dos meses, de parte de su jefatura superior, el Presidente de la República; al menos, de parte de la autoridad política formal, puesto que para este señor su lealtad real está en otro lado, como apuntamos líneas arriba.
Nos preguntamos: si el cargo de Ministro de Hacienda viene siendo el más importante desde el punto de vista de la ideología dominante: la del fundamentalismo del mercado neoliberal; si el señor Robles es un cuadro tecnocrático de uno de los pilares de tal ideología en el plano internacional como lo es el Banco Mundial; y, si es la segunda vez que es la propia autoridad presidencial de la República la que le serrucha el piso (la primera fue cuando propuso un impuesto a los salarios que, al instante, explosionó las redes sociales en contra y el mandatario tuvo que salir a desautorizarlo, de manera inmediata); repetimos, nos preguntamos: ¿no es lo lógico que se vaya, que renuncie, que deje el cargo?
