Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes , Secretario General ANEP

“El que nada debe, nada teme”, proverbio religioso oportunísimo para abrir el presente comentario. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le ha pedido a la Asamblea Legislativa que apruebe, con urgencia, el levantamiento del secreto bancario, pleno (así lo definimos nosotros pues actualmente debe mediar para ello una autoridad judicial); definiéndole como una necesaria herramienta para combatir el fraude tributario y la evasión fiscal.

¡Aplausos! Definitivamente, la clase trabajadora, la que tiene empleo formal o la que se la está jugando en la informalidad, día a día; la de ingresos bajos y medios; la que está altamente endeudada y que tiene una liquidez salarial precaria; la que es puntual pagadora de los impuestos que le competen y que no los evade, pues, quiéralo o no, debe honrarlos casi que de manera inmediata al tiempo que percibe ingresos (estables o no), ¡debe apoyar el levantamiento del secreto bancario! Igualmente, las micro, pequeñas y medianas personas propietarias, de negocios.

Aunque desde los tiempos de don Helio Fallas Venegas, entonces Ministro de Hacienda en el período gubernativo-constitucional 2014-2018, se había hablado del robo de impuestos en los altos montos que esto estaba alcanzando ya en el país; la potencia política que parece asistirle al ministro Chaves Robles no da ya espacio, hoy en día, para desmentir que en Costa Rica el fraude tributario y la evasión fiscal están llegando hasta los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) al año.

La magnitud de esta estafa a la sociedad, o mejor llamarlo como crimen social contra toda la población, que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él, debe estar en los sectores de mayor acumulación de riqueza; de esos sectores (personas y corporaciones) que declaran cero ganancias o declaran cero pérdidas, pese a los nombres archiconocidos o prestigiosos de sus marcas y de sus empresas; denominaciones corporativas “libres de toda sospecha” que, en no pocos casos, esconden la plata de sus ganancias, legales y/o “controversiales” (por decirlo, elegantemente) en los paraísos fiscales.

Lo que llama la atención es que quienes ya empiezan a pegar gritos al cielo en contra de la propuesta del ministro Chaves, para que el Parlamento apruebe el necesario pero real urgente y obligado levantamiento del secreto bancario, pleno; son voces que proceden de los sectores del alto corporativismo megaempresarial metido en “controversias” tributarias (declarantes de cero ganancias y de “pérdidas”); son voces que han venido pidiendo el linchamiento político-social del conglomerado laboral del sector Público, responsabilizándole por el déficit fiscal, lo cual ya no es sostenible bajo ninguna circunstancia; son las mismas voces que ahora están clamando por la venta de activos públicos, montándose en la pifia política del ministro Chaves para que se privatice la Fanal y el banco Bicsa; son voces afines a los sectores político-empresariales de negocios que quisieran dejarse para sí, precisamente ya no solamente estas dos entidades del patrimonio público, sino ir más lejos, tiburoneramente hablando: dejarse el INS, el BCR, el ICE, el INS, Recope, el AyA y hasta la CCSS.

Lo ridículo de esta oposición megaempresarial al levantamiento del secreto bancario de parte de tales sectores archimillonarios es que son los mismos que han impulsado el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el “club de los países ricos”; cuando, precisamente, la OCDE tiene en funcionamiento, desde el año 2009, el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, al cual ya pertenece Costa Rica.

Es decir, nos meten a la OCDE, pero no quieren someterse a la transparencia tributaria, para efectos fiscales, de las riquezas que concentran; algo que es políticamente insostenible en materia internacional, toda vez que la autoridad política superior de la OCDE, el G20, en ese mismo año 2009, decretó “el final de la era del secreto bancario”. 

Oponerse al levantamiento pleno del secreto bancario en un acto antipatriótico en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Dados los altos movimientos de dinero sucio provenientes del crimen organizado y del negocio del narcotráfico que circula, anualmente, por la economía costarricense y su circuito financiero-bancario y comercial; amerita que las autoridades fiscales y tributarias del país sepan, con toda claridad, quién está ganando y acumulando plata como Dios manda, es decir, limpiamente; y quién concentra riqueza y ganancias valiéndose de dineros y de capitales de dudosa reputación, por no decir, abiertamente, sucios y ensangrentados.

En estos momentos cruciales de la historia nacional, con tanto desempleo, tanta desigualdad, tanta precariedad laboral; tanto endeudamiento salarial; tanto cierre-quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas; quien se oponga al levantamiento del secreto bancario pleno, tal y como lo pide el ministro Chaves, es porque se siente culpable del dinero que acumula, a lo mejor indebidamente; es porque sabe que su procedencia podría ser difícil de demostrar; es porque se podrían descubrir sus conexiones, enlaces, vínculos turbios; o es porque, aun cuando sea plata bien habida, simplemente evade sus responsabilidades tributarias y, por tanto, le está robando a toda la sociedad. Terminamos este artículo con otro proverbio religioso: “el que mal anda, mal acaba”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, ANEP

Las verdaderas causas del problema fiscal del país están, ahora, adquiriendo su real dimensión y, hay que admitirlo abiertamente, producto de la nueva gestión política en el Ministerio de Hacienda a cargo del señor Rodrigo Chaves Robles.

Él ha puesto énfasis en varios aspectos con relación al grave problema fiscal nacional, algunos de los cuales, por supuesto, no compartimos. Ahora bien, dos de ellos resaltamos nosotros que han sido de reiterada preocupación en la causa que defendemos, a partir de haberse dado en el país la más grande ofensiva político-mediática de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de un segmento de la población costarricense del país: las personas trabajadoras asalariadas del sector público, a la cuales se les venía responsabilizando del problema del déficit fiscal.

Ahora, tal y como lo veníamos sosteniendo, no podrá el país superar tal problema si no se “agarra el toro por los cuernos” en lo siguiente. Por un lado, atender el desafío que representan los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), reconocidos por el indicado jerarca como la cifra de evasión fiscal y de fraude tributario anuales. A ellos debemos sumarle la cifra de exenciones-exoneraciones, también oficial, de 6 puntos PIB.

Por otra parte, y la más grave, está representada por el elevadísimo monto de la deuda pública y su exorbitante cifra diaria de pago de intereses, calificado como “obsceno” por la persona en el cargo de Ministro de Hacienda que le antecedió al Sr. Chaves Robles.

Se estima que la deuda pública del país está ya, en unos 37 mil millones de dólares y al terminar la presente gestión gubernativa, en el 2002, ya habría pasado los 40 mil millones de dólares si el indicado jerarca logra que la actual Asamblea Legislativa le autorice un nuevo endeudamiento, eurobonos, por un monto de 4.500 millones de dólares.

Tal cifra de deuda está implicando, en estos momentos y sin ese monto adicional en perspectiva, una cantidad de casi 5 mil millones de colones por día, ¡cada 24 horas!, en pago de intereses, según datos del Ministro Chaves en cuanto a que para este año 2020, poco más de 5 puntos PIB deben destinarse para tal fin.  

Es en este punto en el cual queremos llamar su atención en lo siguiente: si la deuda pública es de semejante magnitud y el pago diario de los intereses obscenos que demanda, ¿no cree usted que debería auditarse? ¡Así es! Hace un tiempo un distinguido grupo de costarricenses planteó la idea que nosotros, de manera entusiasta, apoyamos. Le urge a Costa Rica tener claridad de qué entidades, qué personas, cuáles son nacionales y cuáles extranjeras, son las acreedoras del país.

Se necesita saber cuál es la cuantía de deuda pública que se le debe a acreedores internos y cuál es la cuantía a acreedores externos. Se ocupa saber los términos de ese endeudamiento en cada caso, tasas de interés, plazos, vencimientos, casas jurídicas representantes, entes financiero-bolsistas intervinientes y similares. Cuánta de esa deuda podría reestructurarse, redefinirse en plazos, fundirse, canjearse, etc., etc. Y, no menos importante, cuánto de esa deuda pudiera ya haberse pagado de sobra por la carga abusiva de intereses, tal y como sucede con las deudas de los mortales altamente endeudados con tarjetas de crédito, con créditos de electrodomésticos, por ejemplo. Es decir, cuánto de esa deuda debe ya considerarse amortizada.

Uno piensa que hay dos formas de ejercer tal auditoría de la deuda. Una sería mediando la emisión de una ley dictada por la Asamblea Legislativa en cuya elaboración tomen parte especialistas de reconocida independencia y solvencia moral y profesional, como los de las universidades estatales y algunas privadas ya reconocidas como prestigiosas y de altísima calidad académica. Por supuesto, las personas especialistas de la autoridad hacendario-financiera del país en sus diversas manifestaciones institucionales. Esta vía podría ser sumamente difícil pues la actual composición parlamentaria no parece ser proclive al interés del bien común dado que se ha venido denunciando el excesivo peso político de los banqueros en la política nacional; banqueros con un interés directo en que el estado actual de las cosas en materia de deuda pública siga como está.

La otra podría ser la conformación de una organización cívica de diferentes procedencias sectoriales que, autónomamente, con base en experiencias internacionales exitosas en estas cuestiones, pudiera generar un esfuerzo libre de toda intromisión partidaria y acometer semejante tarea histórica, para lo cual, seguros estamos, sobran voluntades y mentes de altos quilates dispuestas a aportar en tal sentido.

Lo que sí es contundentemente conclusivo es que esta cuestión del endeudamiento y de los altos intereses que conlleva está provocando que el país esté ya pisando arenas movedizas de consecuencias gravísimas ya no solamente para la generación presente sino para la de los y de las costarricenses que todavía no nacen. La auditoría, ciudadana o no, de la deuda es un imperativo patriótico ineludible.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El ciudadano don Juan Diego Castro Fernández ha formulado un vehemente emplazamiento público, mediante un video que circula ya en redes sociales, al también ciudadano don Leonel Baruch Goldberg, reconocido acaudalado político-empresario-banquero, acerca de su papel en el negocio de financiamiento de varios partidos políticos participantes en la campaña electoral del 2018.

En lo específico, nos dice don Juan Diego que don Leonel se ganó una cantidad de dinero cercana a los 2 mil millones de colones producto de la plata que le prestó a los partidos Liberación, Unidad, PAC y Frente Amplio; pues a los cuatro les dio a crédito una suma superior a los 10 mil millones de colones.

Decidimos terciar en el asunto desde dos perspectivas, con base en la orientación político-ideológica del periódico digital propiedad del banquero Baruch, en cuanto a exigir del funcionariado público total transparencia con los fondos públicos mediante las correspondientes notas de prensa que elaboran los y las profesionales asalariados del medio digital de su propiedad.

En primer lugar, es más que conveniente y necesario que don Leonel haga pública su declaración de impuestos para que la ciudadanía sepa que sí tributó renta con base en esos casi 2 mil millones de colones que se ganó por intereses de préstamos con base a dineros públicos de deuda política (fondos públicos), que reciben los indicados partidos. Es decir, es plata del pueblo costarricense la que hizo más grandes las arcas de don Leonel; y, por tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber sí tributó al respecto y cuánto tributó.

En segundo lugar, ni menos relevante que lo planteado en el punto anterior; es la imperiosa necesidad de que don Leonel explique la procedencia de la plata que prestó al PLUSC-PAC y al FA (10 mil millones y resto de colones), desde dos ángulos.

1. Si es netamente propia, proveniente de su fortuna personal acumulada en buena lid, cuán congruente son sus declaraciones tributarias con relación a su real patrimonio capital; un reto que debería asumir la tributación hacendaria para auscultar, considerando que la posesión privada de semejante cantidad de dinero resulta imposible de pasar desapercibida pues se hizo público el asunto al pasar a ser esa plata destinada para deuda política en condición de préstamo para campaña electoral que los partidos involucrados aspiran a recibir de las arcas públicas.
2. Si la plata prestada a esos partidos es proveniente de inversionistas que son clientes de su banco, don Leonel; entonces es imperativo ético-moral insoslayable que usted le hable al país acerca de la identidad-procedencia de esos inversionistas y sus dineros; toda vez que sabe muy bien usted que, en la actualidad, los flujos ilícitos de capital en el sistema bancario-financiero del país están a la orden del día; especialmente esos dineros lavados que, en palabras del propio Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, representan 22 puntos PIB anualmente.

Comprenderá usted, don Leonel, que nos motiva una sana y cívica preocupación con esta interpelación a su persona; dada la alta relevancia de su papel en los ámbitos de la real hegemonía que direcciona las principales decisiones políticas del país en estos momentos.

Sabe usted muy bien que la cosa pública, hoy, es sumamente “controversial” como se constata fácilmente con las publicaciones periodísticas del medio de comunicación digital de su propiedad. Y ese altísimo nivel “controversial”, es más profundo y preocupante cuando la cosa privada se interrelaciona con la pública como en este caso; mismo que abrirá cualquier cantidad de interrogantes si usted decide quedarse callado.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.