Jonathan Flores, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP
Para muchos, las palabras del actual Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves, con las que afirmó que en Costa Rica circulan unos 22 puntos porcentuales del PIB, provenientes del lavado de dinero, son escandalosas. Aunque, a decir verdad, los números son impresionantes, la “revelación” de que por nuestro país se mueven gigantescas cantidades de capital, producido por actividades ilícitas, no es ninguna sorpresa para aquellos que seguimos la pista al tema de la seguridad ciudadana, y todas las aristas que la misma incluye. Que esta fuerte aseveración lleve a cuestionar con seriedad la vinculación entre el poder económico de las estructuras criminales y las estructuras político-partidarias, tampoco es algo nuevo, y desde ANEP ya lo habíamos señalado antes, en diversos espacios.
Hay situaciones que a la ciudadanía se le escapan, ven con normalidad y hasta acusan de paranoico a aquel que plantee la teoría de una posible doble intención detrás de acciones “aisladas” que van siendo impulsadas, o apoyadas, por la clase política que nos gobierna. Ejemplo claro de ello es el ver seguridad privada en un aeropuerto, o que el contrato de concesión portuaria no contemplara la revisión de los contenedores con los escáneres, por mencionar solo dos circunstancias, que para muchos son simples negocios estatales que no se atendieron con la mejor eficacia.
Sin embargo, ahora que en el imaginario del pueblo flota la incógnita de los posibles vínculos entre el financiamiento de partidos políticos y líderes del crimen organizado, resulta más sencillo apuntar aquellas acciones que dan evidentes reflejos de que hay una serie de movimientos que solo favorecen a una parte de la ecuación, y es justamente la que se dedica a actividades ilícitas.
Veamos: con un pueblo económicamente vulnerable, se golpeó aún más a la población con impuestos, y se disminuyó considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, mediante la aprobación de la ley 9635 (paquetazo fiscal). Pero, a sabiendas las autoridades de Hacienda de los flujos importantes de dinero que solo pasan por nuestro sistema bancario para redirigirse a otros destinos, no se aplicaron impuestos a estos capitales golondrina. ¿A quién favorece eso? Correcto, a quienes evaden, eluden y blanquean capital.
Otro aspecto, ya antes mencionado, y que desde ANEP se ha denunciado, el negocio tremendo con la seguridad privada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la mayor puerta de entrada y salida de nuestro territorio. Poco a poco, se está desplazando la policía estatal y se contrata seguridad privada, por cierto, esa empresa de seguridad privada está siendo investigada por posible contrabando. Las acciones del gobierno se han supeditado a decir: “no tenemos la potestad de prohibir esta tercerización” ¿Y el poder de imperio intransferible en materia de seguridad? Pensemos lo fácil que sería para un grupo narco, o de similar naturaleza, adquirir por completo una empresa privada de seguridad y operar a sus anchas. Es muy lógica la posición vulnerable del país en este aspecto, ya la F.A.A. (Federal Aviation Administration) nos bajó la categoría en materia de seguridad aeroportuaria, y, aun así, seguimos viendo como la administración del recurso policial en el lugar sigue dando pie a debilitar la operación principal en el aeropuerto.
Sigamos. ¿Sabían que Costa Rica se retiró del programa de revisión de contenedores de la ONU? Pues sí, hasta el año anterior, se “incorporó” de nuevo, ante una serie de cuestionamientos muy evidentes. No obstante, al contactar con el personal de la Policía de Control de Drogas, se nos indica que se sigue trabajando exactamente igual, solo atendiendo las alertas provenientes del exterior, sin una programación real de revisión preventiva de los contenedores. Sobra preguntar quienes ganan con esta débil seguridad en los puertos, es suficiente con observar las noticias de los cargamentos de droga que han llegado directamente a Europa desde Costa Rica.
A esto debemos sumar la actual imposibilidad que tienen nuestras autoridades de revisar, con escáner, los contendores en la terminal de A.P.M. en Moín; porque en el contrato de concesión no se incluyó este “pequeño” aspecto de seguridad. De manera que, por el alto costo que debe pagar el gobierno para el uso de los escáneres, no es posible implementar revisiones preventivas serias, y seguimos dependiendo de las alertas internacionales para hacer algún decomiso en dicha terminal.
Sobre todos los peros, los obstáculos y los “yerros” que han imposibilitado la implementación de escáneres en las fronteras terrestres del país, ni hablamos. El punto es el mismo, si las autoridades del país de verdad estuvieran enfocadas en la seguridad, y la evasión fiscal, estos escáneres estuvieran operando hace años, y ya tendrían muy buenos frutos. Nuevamente, los beneficiados con esto son únicamente quienes evaden, eluden, contrabandean y blanquean.
Podemos seguir uniendo el rompecabezas manifestando, una vez más, el debilitamiento de los Cuerpos Policiales. Servidores estatales que trabajan 12, 16 y más horas, y que deben estar acudiendo a los estrados judiciales a reclamar los derechos laborales que a diario les violentan. Funcionarios que, según cálculos propios proyectados a seis años, perdieron el poder adquisitivo de su salario en alrededor de 90 mil colones. Destacados lejos de su hogar, sin poder pasar tiempo de calidad con su familia, rogando para poder tener oportunidad de estudio universitario, sin la posibilidad de concursar por un ascenso, porque estos se dan a dedo. En pocas palabras, tenemos policías sumamente desmotivados y las renuncias son cada vez más cuantiosas. ¿Sabía que la PCD tiene menos de 150 oficiales para todo el país? Y mes a mes siguen renunciando más.
Entonces, unamos un poco las piezas del rompecabezas, el sistema bancario no se toca, se disminuyen las posibilidades de revisión en puertos y fronteras, se vulnera la seguridad del principal aeropuerto y se desmotiva al policía. Pregunto para resaltar: ¿Todo este escenario a quienes beneficia? Correcto, repetimos: a las estructuras de crimen organizado, que lavan, contrabandean, chantajean, roban, asesinan…y que ponen su dinero sucio a merced de ser usado por las verdaderas estructuras de poder en el sistema bancario. Y quedan miles de aspectos sin analizar, como la elección de los magistrados del Poder Judicial, la falta de una política criminal real, y de proyectos verdaderos de implementación de políticas de seguridad ciudadana…entre otros.
Así cerramos el círculo, la delincuencia organizada opera con cada vez más ventajas, ponen sus ganancias a disposición del poder, que financia las campañas políticas, colocan a sus “apadrinados” en las posiciones estratégicas para seguir impulsando movimientos que les permitan seguir haciendo sus actividades ilícitas, y el ciclo vuelve a empezar.
En conclusión, más grave que descubrir que nuestra economía puede estar dependiendo de estructuras criminales, es descubrir que los escenarios que permiten a las organizaciones criminales seguir varios pasos por delante de las autoridades son generados por estas mismas. La gran cuestionante ahora es: ¿Cuáles políticos son los que han sido colocados en su posición gracias a los grandes señores, dueños del dinero sucio?
