Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La aprobación-imposición de ley del combo fiscal-No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), hace ya poco más de un año, puede considerarse como el quiebre de la institucionalidad republicana establecida desde que entró en vigencia la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949. Un “parteaguas” desde la fundación de la Segunda República y la apertura hacia el establecimiento del Estado neoliberal total. Eso está generando diversos tipos de rebeldías que, para los ampliamente sectores del cívico-patriotismo nacional, debemos celebrar y conjuntar.

La decisión de Corte Plena de rebelarse contra el dictado imperial de la Contraloría General de la República, pretendiendo esta pisotear la soberanía constitucional de aquel y obligándole a aplicar una reconfiguración estructural de su modelo salarial, en contravención al principio de irretroactividad de la ley, expresa una consecuencia directa de ese quiebre de la institucionalidad republicana que la ley 9635 generó.
El punto correcto del problema es este, no el de si hay un plus salarial que debe ser transformado. ¡Es el imperio de la Constitución lo que está en juego! La Contraloría juega con fuego. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

Por otra parte, la derogatoria de facto que hizo esa ley 9635 de la histórica autonomía constitucional del régimen municipal representó otro quebranto de la institucionalidad republicana heredada de la Segunda República. Ya hay otra manifestación de rebeldía expresada, en este caso, en sede constitucional por parte de una gran cantidad de las actuales alcaldías y concejos. Próximamente, esa rebeldía municipal, en perspectiva obrero-laboral, deberá expresarse en las calles y en ello ya estamos trabajando. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

Con todas las discrepancias que podamos tener acerca de la cuestión salarial de la alta academia universitaria pública del país, la academia de lujo; e, incluso, discrepancias sobre el comportamiento de su actual cúpula dirigente por darle la espalda a la gente en los momentos críticos de la aprobación-imposición de esa detestada legislación, al hacer prevalecer un cálculo partidista-corporativo; lo real es que hoy las universidades estatales están rebeladas contra la grave lesión que a su autonomía constitucional representó esa ley 9635, otro quiebre a la institucionalidad heredada de 1949. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

El 22 de marzo de 2019, presentamos (ejecutando nuestro acto de rebeldía obrera) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas, para proteger la estabilidad socioeconómica y financiera de las miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público, violentadas en tal sentido por la indicada ley que, en nuestro criterio, quebrantó ese principio constitucional de irretroactividad de las leyes (entre otras violaciones al ordenamiento constitucional establecido del 7 de noviembre de 1949). Esperamos que el tribunal constitucional de la República no se haga un “harakiri”.

Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Varios miles de compatriotas dedicados a la producción agropecuaria nacional, agricultores y agricultoras, por ejemplo, sufren hoy las duras consecuencias de un sistema económico que los viene atropellando, de manera sistemática, a lo largo de los últimos gobiernos del hoy tripartidismo gobernante. Están al borde de la ruina económica, pero siguen hoy más burlados que antes en búsqueda de una fuerte política pública que les atienda su crítica situación de endeudamiento; y, aunque reciben ofrecimientos gubernamentales al respecto, son tan burlescos que no les queda más que ejercer una rebeldía activa. De hecho, acaban de lanzar un ultimátum. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
¡Son tiempos de rebeldía! En este 2020 y dada la agenda ideológico-política del gobiernismo tripartidista (PLN-PUSC-PAC), cargada de iniciativas contrarias al bien común y en contra de la reducción de la desigualdad, la apelación a la rebeldía cívica en la lucha social está más que legitimada.

La mayoría parlamentaria actual, misma que está funcionado mecánicamente, está impulsando decisiones y tomando iniciativas ordenadas por las grandes cámaras empresariales, básicamente por el alto corporativismo del “empresauriado” evasor de impuestos, acumulador desenfrenado de riqueza. Esto lo admitió, de manera pública, la señora Paola Vega Rodríguez, actual legisladora de la República e integrante de la fracción parlamentaria del oficialismo gobiernista.

El tal sentido y para “compensar”, el rol de la lucha social bajo criterios de rebeldía cívica es el gran reto que tenemos los sectores populares, sociales, cívicos y sindicales (en este caso, los no afines al gobiernismo oficialista), en este año 2020; de manera tal que, en el marco de la lucha frontal contra la desigualdad creciente, construyamos un polo de poder patriótico que impulse la restauración de, al menos, un sano equilibrio para una convivencia sanamente compartida antes de que lleguemos a un punto de no retorno de consecuencias indescriptibles.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al localizar en la internet al vocablo “malinchismo”, específicamente en el sitio web de la Real Academia Española de la Lengua (RAE),  –https://dle.rae.es/malinchismo–, leemos la siguiente definición: “Actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”.

Notemos, al respecto, estos dos enunciados confrontados en la anterior definición: “apego a lo extranjero” vs. “menosprecio de lo propio”.

Aunque no exactamente pudiera calzar, como anillo al dedo, a la circunstancia que de seguido pasamos a comentarles, sí creemos que lo que pasó el pasado 17 de diciembre de 2019, en el seno de la insípida comisión de “negociación” salarial para el sector Público, podría catalogarse como “malinchismo” sindical. ¿Por qué?

A 350 mil personas trabajadoras asalariadas del sector Público se les cambió, abruptamente, las reglas del juego en cuanto a cómo se decide la recuperación del poder adquisitivo del salario, mediando (hasta diciembre pasado), reajustes por costo de vida fijados semestralmente, es decir, dos veces año.

Y aunque tales reajustes semestrales, por lo general, han venido siendo poco sustanciales como para hablar de recuperación real de pérdida del poder adquisitivo; la verdad es que la oportunidad del reajuste semestral daba espacio para cuestionar el proceso de deterioro de la situación socioeconómica familiar en el sector Público y plantear las alternativas, de carácter integral, para abordar este grave problema.

Lastimosamente, con el beneplácito de varias entidades sindicales, presuntamente, esto “¡no va más!… (como suele decir un conocido narrador de futbol).

Las corrientes sindicales Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y Central General de Trabajadores (CGT), decidieron optar por el “apego a lo extranjero”, es decir, adoptaron el discurso gobiernista-oficialista, macroeconómico-fiscal de ideología neoliberal, legitimando esa política salarial que culpabiliza a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, por este asunto del llevado y traído déficit fiscal, de ser las responsables del mismo.

Si se analizan bien las declaraciones y proclamas de estas corrientes sindicales en cuanto a los graves perjuicios del neoliberalismo en lo que respecta a las condiciones socioeconómicas de las clases trabajadoras, no fueron consecuentes con las mismas a la hora en que decidieron legitimar con su firma, en convenio con el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, un único reajuste salarial anual por costo de vida para todo el sector Público, imponiéndoselo a esas 350 mil familias trabajadoras asalariadas. Sin hablar de la cuestión numérica del pacto salarial que firmaron.

Es decir, hicieron un “menosprecio de lo propio”, de su propio pensamiento sindical y social, adoptando la visión “extranjera” de la cuestión macrofiscal, que es la del neoliberalismo. A esto es lo que llamamos “malinchismo” sindical.

Particularmente es de resaltar que ese “malinchismo” sindical es más grave aún en el caso de las  las corrientes Rerum Novarum y CMTC,  pues ambas pertenecen a y comulgan con los postulados de su entidad sindical matriz a nivel continental, como lo es la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), de notable posición crítica al neoliberalismo y por sus acertados planteamientos a favor de nuevas políticas de combate a la tormentosa desigualdad en nuestra región americana que, precisamente, está catalogada como las desigualdad del planeta; lo cual incluye otra política fiscal radicalmente distinta a la que fue legitimada por estos grupos sindicales en el “acuerdo” del 17 de diciembre de 2019.

Las personas dirigentes-firmantes y legitimadoras de tal “acuerdo” siguen sin dar la cara. La condena obrera a su desleal proceder debe ser constante. En los tiempos de la desigualdad, lo que corresponde es la rebeldía al sometimiento del empobrecimiento y de la exclusión social y económica. Argumentos sobran. Lo inaceptable es que desde “la acera de los mismos” le demos a los de la otra acera, la legitimación que han venido perdiendo, precisamente, por el grave ataque a las personas trabajadoras que, presuntamente, estamos representando.

Don Mario Rojas, de la CTRN (y del sindicato SEC); don Olman Chinchilla, de la CMTC (y del sindicato Sinconapro, del Consejo Nacional de Producción -CNP-); don Carlos Cabezas, de la CGT (y del sindicato SEPI, del Patronato Nacional de la Infancia -PANI-); y, don Mario Rodríguez, también de la CGT (y del sindicato SITRAA, de Acueductos y Alcantarillados -A y A-), deben más que una explicación.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hemos venido sosteniendo la tesis de que en nuestro país está en desarrollo la instauración de un sistema de corte autoritario-totalitario en el ejercicio del poder político-gubernativo, marcado con especial énfasis a partir de la aprobación, más bien, imposición, de la detestada Ley de la República No. 9635, mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.

Somos del criterio de que tal legislación, a un año de la férrea lucha social ejercida por los sindicatos en su contra, muestra todas sus carencias, su inefectividad, sus injusticias; y, lo que es más grave, sus roces y violaciones constitucionales.

En este último ámbito, el de haber atentado contra los principales postulados de la Constitución Política de 1949, que resalta la creciente reacción observada en las últimas semanas por parte de autoridades institucionales municipales, las cuales se han manifestado en contra de tal legislación por haber esta violentado la Carta Magna en cuanto a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Nos sentimos muy satisfechos de que nuestro insistente clamor de denuncia al respecto (iniciado desde el mismo momento en que se dio cuenta pública de los alcances de la tramitación parlamentaria de tan nefasta iniciativa), ya tiene enorme eco.

Ha sido provechoso nuestro transitar por una importante cantidad de concejos municipales, a lo largo y ancho del país, pues suman ya varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en favor de que retorne la soberanía de los gobiernos locales a sus legítimas autoridades electas popularmente: alcaldías y concejos.

Como bien sabemos, la lógica política dominante de quienes se inspiran en el neoliberalismo para el disciplinamiento de la sociedad, según su visión totalitaria de la esta, es la imposición. Efectivamente, los neoliberales no negocian, ¡imponen!

Eso fue lo que pasó con la autonomía constitucional del régimen municipal, cercenada por la ley 9635, cuando lo que correspondía era haber procedido a eliminarla siguiendo los procedimientos de modificación constitucional, establecidos por la misma carta magna; si lo pretendido era someter a los gobiernos locales a los ajustes fiscalistas de la tecnocracia político-neoliberal, hoy en control abierto y descarado más que nunca antes de las políticas económicas del país.

Por eso hay que festejar que la municipalidad más grande del país, la de San José, por intermediación de su actual alcaldía, haya acudido a la sede constitucional para la devolución al sistema municipal de la autonomía autoritariamente cercenada por la detestada legislación 9635.

Al mismo tiempo, justo es destacar que fue la de Alajuela la que inició la cadena en desarrollo de municipalidades insumisas que están tocando las puertas de la Sala Cuarta, en abierta rebeldía a las imposiciones del Ministerio de Hacienda de convertir a los 82 gobiernos locales del país en corresponsalías de una política fiscal destinada a perjudicar a las grandes mayorías del país; beneficiando a los sectores financiero-bancarios y a quienes ganan con el déficit fiscal y con los intereses del pago de la exorbitante deuda pública del país.

La lista de las municipalidades insumisas rebeladas contra la inconstitucional Ley 9635 incluye a las de Goicoechea, Tilarán, Buenos Aires, Esparza, Zarcero, Aserrí, Santa Bárbara, Garabito, Paraíso, Santo Domingo, dato que aún no estaba actualizado al momento de escribir este artículo.

Adicionalmente, el clamor por la democracia lesionada y vulnerada en cuanto a la autonomía de las municipalidades con respecto al Gobierno Central y al pretendido totalitarismo fiscalista hacendario está en el mismo seno del Parlamento, con dos iniciativas de ley.

Una de ellas, impulsada con gran apoyo obrero de la familia laboral costarricense: el expediente legislativo No. 21.430, precisamente denominado Ley para el Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.

El otro expediente legislativo en la misma línea es el 21.949, salido del seno de la fracción parlamentaria liberacionista (como si fuera la expresión de una especie de “mea culpa” por haber cohonestado esta el ataque más mortífero de toda la historia del régimen municipal costarricense, efectuado al aprobarse la ley del combo fiscal); proyecto de ley para que las municipalidades y los concejos de distritos queden fuera del ámbito de la aplicación de la regla fiscal contenida en esa ley 9635.

A las puertas de las elecciones municipales de febrero entrante, al menos, ambas iniciativas de ley (ojalá fundidas en una sola), deberían estar aprobadas por la actual Asamblea Legislativa; retornándose de esta forma la soberanía gubernativa de las municipalidades a fin de que estas, en un escenario social de alta polarización y de desigualdad, pudieran asumir nuevos retos y desafíos de integración social.

La municipalidad es el Gobierno más cercano a la gente. En momentos en que la ciudadanía ha llegado a niveles insólitos de hartazgo con relación a su clase política tradicional, los gobiernos locales parecen destinados a devolver la confianza, en el propio seno de la comunidad, en la efectividad de la acción gubernativa de sus alcaldes y concejales, lo cual resulta imprescindible para salvar a la Democracia misma. ¡Enhorabuena por las municipalidades insumisas!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La llegada del nuevo año 2020 y el inicio de la tercera década del Siglo XXI; es más, en la proximidad de la celebración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, el Bicentenario; da pie para compartir con quienes nos dan el gran honor de leer esta columna, algunas impresiones nuestras con relación al futuro inmediato y mediato del sindicalismo costarricense.

Partimos, para tal efecto, de nuestro planteamiento anterior en cuanto a que en Costa Rica no existe un movimiento sindical en el amplio concepto del término: ni en lo filosófico-ideológico ni en lo político-social. Tan solo, una especie de archipiélago de sindicatos, con procesos unitarios casuales-coyunturales, pero no estructurales.

Aunque en algunos casos hay contenidos programáticos y postulados diversos, todos muy valiosos, éstos son subordinados al preponderante factor del gremialismo corporativista que marca el accionar cotidiano de los sindicatos; quedándose esos contenidos y esos postulados tan sólo para declaraciones políticas, muy “bonitas”, en los planos nacional e internacional.

Si consideramos que en la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra actividad, esa circunstancia no nos ha sido ajena; creemos que es perentorio apostar por trascenderla y propiciar al máximo, una concatenación entre el discurso y la práctica; de modo tal que sea el interés obrero-social que decimos defender el que marque nuestras decisiones a todo nivel; y no el interés de firmar un acuerdo con las instancias del poder para que éstas nos certifiquen que estamos “vigentes” en el plano de la cancha de la institucionalidad democrática donde nos toca jugar, de manera lastimera, en no pocas ocasiones, sin el menor asomo de dignidad.

La más reciente fijación de incremento salarial por costo de vida valedera para el sector Público, impuesta con beneplácito sindical en diciembre anterior, fue un nuevo episodio en esta lamentable circunstancia de ese sindicalismo de alto sesgo gremialista-corporativista.

Si no es ese sindicalismo de corte gremialista-corporativista lo que ya no estaría a la altura de los acontecimientos en la sociedad de la desigualdad de hoy en día, entonces, ¿cuál es la alternativa?

Nuestra apuesta está centrada en la posibilidad de una acción sindical que,   sin dejar de lado su naturaleza esencial de corte corporativista gremial, asuma posiciones políticas fuertes para articular agendas multisectoriales y para propiciar un polo de contrapoder; mediando propuesta, vocación negociadora real (de respeto y respetable), sin renunciar a la movilización cívica y pacífica; para confrontar en amplio sentido y vías, las políticas de la preponderante clase tradicional en el gobierno y en el poder que no está interesada ni en el bien común ni en la inclusión social.

Al respecto, consideramos lo siguiente, dentro de varias afirmaciones que, por supuesto, no son todas ni son las únicas posibles en un debate cívico al respecto. Veamos las siguientes tres:

UNO: La clase hegemónicamente dominante, apoyada en sus latifundios mediáticos practicantes del periodismo de odio, tiene el control absoluto de los partidos Liberación, Unidad y PAC. La gestión político-ejecutiva y legislativa que sus respectivos gobiernos han venido realizando, para nada pone en riesgo el control real del poder que ejerce esa clase. Por el contrario, han decidido exterminar la posibilidad del desafío organizado desde los sectores populares.

DOS: Prácticamente, de parte de tales partidos no existe una opción que le genere confianza plena a la gente que está sufriendo la exclusión social y económica en sus múltiples manifestaciones. Por otra parte, los partidos evangélicos tienen una agenda económica prácticamente afín a la de la clase hegemónicamente dominante. Y los partidos que presumen de una proclividad socialdemócrata consecuente, tirando hacia la izquierda, han desperdiciado las oportunidades recibidas por parte de un electorado que les apostó todavía soñando en algo distinto.

TRES: La deuda social y económica se ha acrecentado, tanto como se ha acrecentado la concentración de la riqueza, la deuda pública, el déficit fiscal y el endeudamiento personal. El detestado combo fiscal no funcionó, tan sólo para sacarle más plata a los que menos tienen.  No menos notable es el crecimiento del enojo, la frustración, la impotencia, la indignación; sin embargo, esto no adquiere, todavía, mayores niveles de expresión contundente y desafiante.

En las bases de los sindicatos y de las diferentes corrientes que les agrupan, hay una gran comunidad de visión sobre el estado actual de nuestra sociedad y de nuestra Democracia. Las directivas, las dirigencias y los liderazgos de tales organizaciones con las excepciones de rigor, han venido bloqueando esas potencialidades de articulación desde las bases.

El modelo sindical tico, caracterizado por el verticalismo, la jerarquización y hasta por el machismo, se convirtió en un muro de contención para el desarrollo de la expresión popular desafiante de este orden socioeconómico y excluyente. Este muro debe romperse.

Nosotros mismos somos portadores y promotores de tales circunstancias que, repetimos, ya no están a la altura de un desafío sindical en las nuevas condiciones de espacio y de tiempo que acaban de comenzar. Vamos a ver si podemos redimensionarnos nosotros mismos y apuntalar el cambio que creemos necesario. Haremos lo propio.

Es ésta la gigantesca tarea que nosotros mismos hemos querido asumir para la actual circunstancia sociohistórica y económico-social de nuestra Patria: construcción de ese gran contra-poder cívico-social con aporte sindical; con una agenda de fuertes medidas de inclusión social y económica, bloqueadoras del crecimiento de la desigualdad, pero factibles de imponerse, precisamente a ese contra-poder de constatación real.

Aquí no se agota el tema y le lanzo como una provocación al debate en el seno del archipiélago sindical tico y para el mundo ciudadano que, pese a todos nuestros defectos, pleitos y problemas, tiene la fuerte convicción de que “no hay democracia que se precie de serlo sin sindicatos; y sin sindicatos no hay democracia”.