Iceístas irán a las calles para frenar iniciativas de debilitamiento y privatización del modelo eléctrico nacional

La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.

  1. La jornada se realizará de forma regionalizada el próximo lunes 15 de julio:

Las y los trabajadores del ICE se manifestarán en diferentes regiones del país, en el caso de  San José iniciarán la concentración a las 7:00 de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.

Además de lo anterior el 15 de julio los Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos todos los costarricenses.

Para ello se le pide al Gobierno agilizar las gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.

Por tal razón dentro del ICE la jornada será regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando en su momento oportuno.

  • La jornada será contra el desmantelamiento del CENCE y de la CNFL: Pese a los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias, valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes (desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.

Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142 de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit institucional.

  • En un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha sido clara: Desde ASDEICE, coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la cual este Tribunal Constitucional sentencia:

«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida actuación de la autoridad»

La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.

Sector municipal de la ANEP a huelga contra política pública este lunes 15 de julio

Huelga se dará contra el proyecto de ley 20.968 por atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores municipales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anuncia que el sector municipal se unirá a las manifestaciones del próximo lunes 15 de julio, en protesta al proyecto de ley Nº20.968, el cual busca crear una desestabilización laboral en las municipalidades.

Así lo confirmó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien indicó que la convocatoria a huelga contra política pública ya se comunicó a las 61 seccionales de la ANEP en municipios de todo el país, para que se sumen al movimiento.  

“Esta protesta tiene como finalidad principal cuestionar la política pública que se deriva de dicho proyecto de ley 20.968; pues dicha política varía radicalmente los principios de estabilidad laboral en el empleo público municipal”, dijo Vargas.  

La convocatoria de la ANEP para trabajadores municipales del Área Metropolita tiene como punto de inicio el Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda, a partir de las 8 de la mañana, para luego trasladarse hacia la Asamblea Legislativa. En el caso de los trabajadores municipales fuera del Área Metropolitana, se realizarán manifestaciones en sus regiones junto a trabajadores iceístas y estudiantes, que ese día también se estarán manifestando.

Vargas indicó que el proyecto de ley Nº20.968, denominado “Reforma del artículo 155 inciso b) del código municipal, ley n.° 7794, de 30 de abril 1998 y sus reformas” impulsado por la diputada Aracelly Salas, atenta contra la estabilidad laboral en las municipalidades.

“Nunca como antes la autonomía constitucional del régimen municipal había estado en tanto peligro. En ANEP estamos alarmados, lo último que estamos viendo es un proyecto para flexibilizar despidos, para convertir a la figura del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despidos de personal; con restructuraciones muy cuestionables y estudios técnicos que no garantizan ninguna objetividad”, indicó el Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, este proyecto de ley es una grave amenaza al empleo municipal y curiosamente se promueve en las postrimerías de la próxima elección de alcaldes, por lo que cuestionan si será una estrategia política para “limpiar las municipalidades con el objetivo de colocar pega banderas”.

Impulso a proyecto de ley

Otra de las razones que llevará a los trabajadores municipales a las calles, es darle impulso en la corriente legislativa al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

“Queremos reforzar la importancia de que se apruebe el expediente legislativo Nº21430 presentado por la ANEP el 29 de mayo para devolver de manera integral la autonomía de régimen municipal, la cual se perdió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública”, finalizó Vargas.

De esta forma la ANEP con sus seccionales en el sector municipal se unen a la familia Iceísta y a los estudiantes de secundaria (MEDSE) en una jornada de lucha social.

Periodismo de odio y propaganda nazi

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El infernal régimen totalitario de Adolfo Hitler, en la Alemania nazi del período 1933-1945, tuvo en la propaganda un punto fundamental para la manipulación de las masas a niveles prácticamente únicos en la historia contemporánea del planeta.

Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, ideó, en una especie de inspiración malévola y perversa insuperable a la fecha, 11 principios en materia de propaganda; planteamientos de tal impacto psicológico-operativo en el control de las mentes que siguen siendo aplicados, en estas épocas, a los más diversos ámbitos de la vida en sociedad.

Lo que ha venido pasando en la sociedad costarricense de los últimos tiempos y gobiernos, nos muestra a una clase dominante, política y económicamente hablando, que le cuesta mucho mantener el control.

Los políticos y los partidos que le sirven se han venido desprestigiando, deslegitimando, corrompiendo y aislándose de las necesidades y de las aspiraciones de la gente que tan solo busca vivir en paz, con seguridad y bienestar.

Nunca antes como ahora, la distancia entre el gobernante y los gobernados había sido tan profunda.

La más reciente apuesta de esa clase dominante por renovar su control hegemónico, el Partido Acción Ciudadana (PAC), no les funcionó. Presuntamente, y según su propio fundador -hoy defenestrado por sus propias actuaciones-, el PAC nació con dos objetivos estratégicos fundamentales: combatir la corrupción y combatir el neoliberalismo. Ni lo uno ni lo otro.

¿Cómo estamos hoy? El PAC (ahora Gobierno por segunda vez), está tan deslegitimado como sus contrapartes ideológicas, PLN y PUSC. Hoy, los tres, completamente desgastados y con credibilidad a ras del suelo.

Es en tal sentido que esta gente del poder, gran parte de la cual no tiene escrúpulos y mediando la prensa del odio que responde a sus intereses, viene aplicando varios de los 11 principios de la propaganda nazi para tratar de frenar el ascenso de un proceso de resistencia cívico-popular que hoy tiene más amplia base social que hace un año.

Ponga usted cuidado a lo que indica el principio número uno de la propaganda nazi-goebbeliana: “Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizando al adversario en un único enemigo”.

A medida que van quedando al desnudo sus incompetencias estructurales para generar una sociedad de integración social, los sectores del real poder, el política y económicamente hegemónico, han venido tratando -de manera poco ética y muy perversa-, de que la población crea que los males generales de la sociedad se deben a la acción de una sola persona, en este caso de carácter sindical; y, ahora, en la organización sociolaboral que le cobija.

Contando con varias renombradas figuras del periodismo nacional al servicio de corporaciones mediáticas del gran negocio de las noticias, el postulado nazi de la propaganda goebbeliana, “principio de simplificación y del enemigo único” ha venido cobrando notoriedad realmente peligrosa, pues se nota intencionalidades subliminales para que tal individuo-persona sea exterminado físicamente, incluso.

Gran parte de la fractura social que muestra nuestra convivencia como sociedad en estos momentos se debe a la acción perversa de ese periodismo de odio que, sin escrúpulo alguno, ha venido potenciando ese principio nazi propagandístico; pues ante la potencia argumentativa de la resistencia civil que descalifica el modelo económico excluyente que nos vienen imponiendo, resulta más “práctico” personalizar al máximo en ese individuo sindical que, de manera reiterada, es una voz (dentro de tantas), que viene señalándoles el mal rumbo que le han impuesto al país, acumulando riquezas de manera desenfrenada y hasta (en algunos casos), por métodos nada convencionales y sí ilegales.

Lo que no parecen considerar es la real dimensión del impacto liberador que está generando en las bases de la población el uso de las redes sociales, por un lado; y, por otro, el papel de la prensa decente y el de la prensa digital de carácter alternativo. Se está rompiendo el bloqueo ideológico que hasta no hace poco mantenían esos latifundios mediáticos controlando las mentes populares.

Y, lo segundo, también de manera afortunada para la democracia, es que la solidez argumentativa de las propuestas formuladas por la amplia gama de sectores cívico-sociales y sindicales en resistencia va teniendo fuerza social, músculo social. 

La ruta hacia el retorno de la inclusión social, la de la reducción de las desigualdades, la del bien común y la del fortalecimiento de las políticas públicas al efecto, se ha abierto ya con mucha solidez y ese tránsito liberador de la gente hastiada, indignada, enojada empezó con enorme fuerza. 

Si se perdieron 10 millones de dólares diarios… ¿entonces?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La máxima cúpula empresarial del país, sindicalizada en el gremio representativo de los intereses de los mega-negocios y del más alto corporativismo del sector privado de la economía, la UCCAEP, gritó a los cuatro vientos denunciando que cada día de bloqueo en las principales rutas nacionales (especialmente, la número 32), generaba una “pérdida” de 10 millones de dólares diarios, en el rubro de las exportaciones.

Como lo sabe todo el mundo, el pasado lunes 24 de junio, con la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, inició un nuevo episodio de lucha social contra el modelo neoliberal; lo cual (entre otras expresiones de acción civil organizada y explícita), mostró a gran cantidad de trabajadores traileros-transportistas, con sus herramientas de trabajo (los cabezales y los camiones), estacionados en carreteras de enorme relevancia para la economía del país.

Este no es punto principal para el presente comentario. Es el de los datos, las cifras, los números. Empecemos: 10 millones de dólares diarios multiplicados por 365 días al año, son 3.650.000.000; 3 mil 650 millones de dólares.

Con el tipo de cambio de 590 colones por dólar, hablamos de la siguiente cifra en colones: 2 billones 153 mil 500 millones de colones (2.153.500.000.000). Entonces, hablamos de unos 6.15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Si la gritería del alto corporativismo empresarial es cierta, en cuanto a que cada día de la actividad exportadora del país genera unos 10 millones de dólares; tenemos que la fuerza obrera que labora en la misma y todo el conglomerado laboral que gestiona lo pertinente, generaría 6.15 puntos de PIB al año (a razón, de 350 mil millones de colones por cada punto PIB).

La obligada pregunta que generan estos datos se relaciona con la naturaleza del cumplimiento de las responsabilidades de Seguridad Social y tributarias de esos conglomerados corporativos exportadores; pregunta de multifacéticas derivaciones con sus respuestas correspondientes.

¿A quién se le podría ocurrir la bestialidad de pensar de que los sindicatos estamos en contra de la actividad exportadora del país? ¿Cómo alguien en el mundo de este tipo de negocios y de mediana inteligencia, podría pensar que exista una intencionalidad maquiavélica para atentar contra los miles de puestos de trabajo que son el pilar de este desarrollo comercial del país?

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si tal nivel de capital involucrado en esta actividad exportadora, es congruente con un nivel distributivo justo, tanto en el plano salarial-ocupacional, como en el plano de las responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si esta actividad es generadora de pérdidas y/o de cero ganancias, como pareciera derivarse (en algunos casos), de la más reciente información obligadamente divulgada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que sí resulta legitimo es proponer una revisión estructural del sistema impositivo de la actividad, con la finalidad de determinar si se guarda relación con el volumen de dinero generado, las aportaciones salariales y a la Seguridad Social; y, como indicamos, las responsabilidades para con el sistema tributario.

Para que tengamos una idea más cabal de la magnitud de los recursos, de las ganancias, del valor monetario del rubro exportador del país (considerando la supuesta pérdida diaria de 10 millones de dólares por los bloqueos), esos 6.15 puntos PIB representan un poco más de 5 veces lo que se pretende recaudar con el controversial paquetazo de impuestos-combo fiscal, ley 9635, “cuna madre” de las protestas sociales del año pasado, de las que se acaban de desarrollarse y de las que vendrán.

Esta “cuna-madre” se llama injusticia tributaria: un sistema de impuestos que obliga a pagar más, proporcionalmente hablando, a quien gana menos; y los que ganan más, no pagan lo debido, lo evaden-lo eluden, son exonerados y, lo que es peor, lo sacan del país para esconder sus capitales en paraísos fiscales.

Es éste el problema fundamental-central de nuestro tiempo, de nuestro tiempo tormentoso.

Si se perdieron 10 millones de dólares diarios… ¿entonces?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La máxima cúpula empresarial del país, sindicalizada en el gremio representativo de los intereses de los mega-negocios y del más alto corporativismo del sector privado de la economía, la UCCAEP, gritó a los cuatro vientos denunciando que cada día de bloqueo en las principales rutas nacionales (especialmente, la número 32), generaba una “pérdida” de 10 millones de dólares diarios, en el rubro de las exportaciones.

Como lo sabe todo el mundo, el pasado lunes 24 de junio, con la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, inició un nuevo episodio de lucha social contra el modelo neoliberal; lo cual (entre otras expresiones de acción civil organizada y explícita), mostró a gran cantidad de trabajadores traileros-transportistas, con sus herramientas de trabajo (los cabezales y los camiones), estacionados en carreteras de enorme relevancia para la economía del país.

Este no es punto principal para el presente comentario. Es el de los datos, las cifras, los números. Empecemos: 10 millones de dólares diarios multiplicados por 365 días al año, son 3.650.000.000; 3 mil 650 millones de dólares.

Con el tipo de cambio de 590 colones por dólar, hablamos de la siguiente cifra en colones: 2 billones 153 mil 500 millones de colones (2.153.500.000.000). Entonces, hablamos de unos 6.15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Si la gritería del alto corporativismo empresarial es cierta, en cuanto a que cada día de la actividad exportadora del país genera unos 10 millones de dólares; tenemos que la fuerza obrera que labora en la misma y todo el conglomerado laboral que gestiona lo pertinente, generaría 6.15 puntos de PIB al año (a razón, de 350 mil millones de colones por cada punto PIB).

La obligada pregunta que generan estos datos se relaciona con la naturaleza del cumplimiento de las responsabilidades de Seguridad Social y tributarias de esos conglomerados corporativos exportadores; pregunta de multifacéticas derivaciones con sus respuestas correspondientes.

¿A quién se le podría ocurrir la bestialidad de pensar de que los sindicatos estamos en contra de la actividad exportadora del país? ¿Cómo alguien en el mundo de este tipo de negocios y de mediana inteligencia, podría pensar que exista una intencionalidad maquiavélica para atentar contra los miles de puestos de trabajo que son el pilar de este desarrollo comercial del país?

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si tal nivel de capital involucrado en esta actividad exportadora, es congruente con un nivel distributivo justo, tanto en el plano salarial-ocupacional, como en el plano de las responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si esta actividad es generadora de pérdidas y/o de cero ganancias, como pareciera derivarse (en algunos casos), de la más reciente información obligadamente divulgada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que sí resulta legitimo es proponer una revisión estructural del sistema impositivo de la actividad, con la finalidad de determinar si se guarda relación con el volumen de dinero generado, las aportaciones salariales y a la Seguridad Social; y, como indicamos, las responsabilidades para con el sistema tributario.

Para que tengamos una idea más cabal de la magnitud de los recursos, de las ganancias, del valor monetario del rubro exportador del país (considerando la supuesta pérdida diaria de 10 millones de dólares por los bloqueos), esos 6.15 puntos PIB representan un poco más de 5 veces lo que se pretende recaudar con el controversial paquetazo de impuestos-combo fiscal, ley 9635, “cuna madre” de las protestas sociales del año pasado, de las que se acaban de desarrollarse y de las que vendrán.

Esta “cuna-madre” se llama injusticia tributaria: un sistema de impuestos que obliga a pagar más, proporcionalmente hablando, a quien gana menos; y los que ganan más, no pagan lo debido, lo evaden-lo eluden, son exonerados y, lo que es peor, lo sacan del país para esconder sus capitales en paraísos fiscales.

Es éste el problema fundamental-central de nuestro tiempo, de nuestro tiempo tormentoso.

ANEP defiende el derecho de acceso a la información pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) seguirá defendiendo el derecho al acceso a la información pública, esto luego de que el sindicato solicitara, el pasado 11 de enero del 2019, información al Ministerio de Hacienda sobre la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones, la cual fue negada por la Dirección de Tributación.

Debido a la negativa, la ANEP interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual se encuentra suspendido, ya que la Sala considera que la actuación del Ministerio se apega a lo establecido en el artículo 18 bis del Código Tributario, por lo que solo se puede dar la información que se encuentre firme en sede administrativa y que no haya sido impugnado en sede judicial.

Bajo este panorama, la Sala Constitucional concedió plazo a la ANEP para que interpusiera acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 18 bis, donde se solicita información relativa al nombre de los contribuyentes y los responsables al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, estos aspectos tienen un marco interés público y constituye información pública por lo que debe ser accesible.

Para la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, si las deudas tributarias son ejecutivas para el Ministerio de Hacienda, es decir, surten efectos jurídicos, es improcedente que se limite el acceso a dicha información.

Actualmente la Sala ha admitido dicha acción de inconstitucionalidad para estudio y ha solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda que le rindan informe al respecto.

Seccional Policía Profesional de Migración insta a Ministro de Seguridad nombrar Director en la Policía de Migración

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015, con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.    

La solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el nombramiento de un sub director.

“Este nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación. Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el escalafón policial” finalizó Mora.    

Encuentro Social Multisectorial solicita mesas de negociación simultáneas en sede neutral

• La apertura de negociación debe ser inaugurada oficialmente por el propio Presidente de la República.

El Encuentro Social Multisectorial (ESM), conformado por diversas organizaciones civiles, se reunió esta tarde en la sede el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con representación del Gobierno de la República a quienes se le solicitó la apertura de mesas de negociación simultaneas con sede en la Defensoría de los Habitantes.La propuesta del Encuentro Social Multisectorial se da luego de conocer la respuesta enviada por parte del Presidente de la República, Carlos Alvarado al Arzobispo José Rafael Quirós Quirós, (este último funge como mediador) analizando los 18 puntos de negociación solicitado por las agrupaciones civiles.“La negociación debe realizarse en un espacio físico neutral que reúna las condiciones para el trabajo en grupos. Proponemos las instalaciones de la Defensoría de los Habitantes, con la finalidad de que todas las sesiones de trabajo sean realizadas simultáneamente”, indicó José Oviedo integrante de la ESM y representante del Agro.Otra de las solicitudes presentadas la tarde de este jueves, es que la apertura de dichas mesas de diálogo, deben ser inauguradas en un acto oficial por el Presidente de la República, Carlos Alvarado. Además, se debe definir la duración del proceso para que este concluya lo más rápido posible y aporte a mantener la paz social del país.“Dada la crispación social de los últimos días, esta intensión de diálogo y negociación de las partes, debe tener un acto de apertura oficial con la participación del propio Presidente de la República, de las autoridades políticas a involucrarse en este proceso y de nuestras respectivas representaciones directivas que componen el Encuentro Social Multisectorial”, asevero Ulises Blanco integrante del ESM y representante de las poblaciones rurales.El Encuentro Social Multisectorial reconoce el esfuerzo gubernamental por validar y atender el planteamiento de 18 puntos, independientemente del contenido de forma y fondo en cada caso; sin embargo, cuestionó la ausencia de respuesta en el punto 15, que se refiera a la “Recuperación de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”, la cual está siendo violentada por la actual ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas.La representación del Encuentro Social Multisectorial estuvo integrada por José Oviedo, representante del agro; Franklin Salazar del sector cooperativista; Kenneth Sánchez del movimiento estudiantil, así como Cesar López representante sindical y Ulises Blanco de las poblaciones rurales.Finalmente, el ESM reafirmó la importancia de la participación activa de mediación de la Iglesia Católica, así como la participación de la Defensoría de los Habitantes, tomando la palabra empeñada por el Presidente de la República al Arzobispo, indicando “reitero la voluntad y el compromiso de este Gobierno de establecer diálogo respetuoso con orientación a resultados con los diferentes sectores”.Por su parte la delegación del Gobierno de la República estuvo integrada por Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia; Juan Alfaro Viceministro de la Presidencia; Victoria Hernández Mora, Ministra del MEIC; Irene Campos, Ministra del Mivah, así como Renato Alvarado Ministro de Agricultura; Ricardo Marín Viceministro de Trabajo y Daniel Soto, Viceministro de Panificación.También se contó con la participación de la Iglesia Católica como mediadora, con la representación de Edwin Aguiluz, Director de la Pastoral Social Caritas de la CECOR, Luis Alejandro Rojas Alvarado, Asesor Pastoral Social. Así como una delegación observadora integrada por representantes de la Defensoría de los Habitantes, esta última encabezada por la Defensora Catalina Crespo.

IVA: La magnitud de su injusticia

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 1 de julio de 2019, entró en vigencia el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y la magnitud de su injusticia se desnuda ante bancos inundados de plata.

Con datos en la mano, proporcionados a la ANEP por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ante solicitud nuestra y con corte a setiembre del año 2018, se nos muestra la magnitud de la injusticia que representa la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA); con gran agobio económico para los sectores empobrecidos, los asalariados altamente endeudados, el micro, pequeño y mediano empresariado y, por supuesto, la cada vez más estrujada y sacrificada clase media.

Si hay un dato que, con dolorosa crudeza, muestra la profundidad de la injusticia que agobia a la mayoría del pueblo costarricense por un modelo económico fracasado, es los datos de los depósitos y tenencia de activos que en moneda extranjera tienen, por un lado, los bancos comerciales; y, por otro, los sectores económicamente poderosos de gran influencia política en nuestra sociedad.

Los bancos públicos y privados en depósitos del público y tenencia de activos en moneda extranjera acumulan 32.819 millones de dólares: $32.819.000.000,00, esto es 19 billones 363.210 millones de colones: ¢19.363.210.000.000,00, lo que representa ¡55,32 puntos del PIB!

Y, con toda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida popularmente como combo fiscal, incluyendo el IVA, pretenden recaudar 1,40% del PIB, haciéndole daño a la mayoría de la población.

Por otra parte, los sectores de gran poderío económico, el gran empresariado corporativo de los meganegocios, incluyendo potenciales capitales de procedencia dudosa, tenían depósitos en bancos y a esa misma fecha de setiembre de 2018, 12.351 millones de dólares: 12.351.000.000, 00. En colones, 7 billones 287.090 millones (¢7.287.090.000.000,00). Esto equivale a, prácticamente, 21 puntos del PIB.

¡Es indudable! El Sistema Bancario Nacional pudo, por sí mismo, librar al pueblo costarricense del injusto paquetazo fiscal y del IVA mismo.

Es más, semejante acumulación de capital también serviría para resolver el mismísimo déficit fiscal.

Esa espantosa situación (más allá de la lógica de la comprensión de la generación de lucro privado producto de la actividad empresarial), se debe a los profundos procesos de exclusión económica, de sistemática desigualdad y de abusiva concentración de la riqueza; procesos cuya responsabilidad política fundamental debe caer sobre los partidos Liberación, Unidad y PAC y los soportes mediáticos, “pone-magistrados”, que les sustentan.

Contra este megapoder, el de la corrupción y el de la codicia desenfrenada, lucha el pueblo costarricense. En el fondo, esta acumulación tan excesiva y tan desenfrenada de dinero es lo que reclaman las mayorías, al sentirse excluidas, burladas, en total indefensión económica y social por la desigualdad indetenible; y por el hambre en no pocos casos ya.