Autor: ANEP

En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM). Como instancia de reacción popular, se ha recogido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y sociales ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el desempleo y otros.

El Encuentro Social Multisectorial (ESM), es la alianza de sectores que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa (formal e informal), la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva.

En este punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos (infraestructura escolar, vial y otros), dejan la sospecha de la imposición de un modelo económico (“neoliberal”, de economía de mercado, de concesión de obra pública y otros), que desmantela instituciones estatales (CNP, CCSS, ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS y otros).

En virtud de lo anterior, planteamos al Gobierno de la República, una mesa de negociación multisectorial unitaria, para abordar los siguientes grandes temas nacionales:

1. Salida de Edgar Mora Altamirano.
2. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos.
3. Moratoria de 18 meses del IVA y transformación del sistema tributario.
4. Atención urgente a problemáticas de transportistas.
5. Atención urgente a problemática de pescadores.
6. Atención urgente a deudas de agricultores, productores agroalimentarios, problemas rurales y mercadeo integral de productos y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y uso de suelo.
7. Tramitación urgente de proyectos contra intereses de usura.
8. Retiro de TODOS los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales.
9. Retiro del proyecto Ley marco de empleo público.
10. Devolver el INFOCOOP al Movimiento Cooperativo, según lo establece la ley de asociaciones cooperativas.
11. Defensa del ICE contra la privatización del modelo eléctrico nacional, promovida desde el Ejecutivo a través del MINAE. Respeto a la autonomía institucional dada por ley 8660.
12. Problemática de Limón: Ilegalidad de APM Terminals por incumplimiento contractual, respeto al interés público y económico, fortalecimiento de JAPDEVA y solución a la problemática de empleo en Limón.
13. Defensa y fortalecimiento del CNP.
14. Atención a pliego de cuerpos policiales.
15. Recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal.
16. Detener el despilfarro de dinero en este momento por parte del MEP.
17. Retiro del proyecto de educación dual y cambios en prueba faro.
18. Impulsar un vigoroso plan de reactivación económica.

El anterior es el contenido fundamental de una agenda mínima para la reducción de la desigualdad, dada a conocer al país este lunes 1 de julio de 2019, en el marco de una atmósfera nacional de efervescencia.

Albino Vargas, Secretario General ANEP

Hoy, 1 de julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse en próximos días.

La entrada en vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de julio.

Como bien sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.

Efectivamente, el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo, sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas (en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.

Los sectores pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario nacional.

Sobran las alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.

Por el contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa injusticia tributaria.

Como si esto no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad, altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente los del sector financiero.

Entre otras razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario (público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).

La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.

San José, lunes 1 de julio de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Una de las demandas que genera mayor atención, de las planteadas con ocasión de la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, ocurrida este lunes 24 de junio, tiene que ver con el delicado debilitamiento que sufren estos en cuanto al recurso humano; una circunstancia que no han querido atender las autoridades políticas de los últimos gobiernos, precisamente por los fundamentalismos dogmáticos que dominan las cuestiones relacionadas con la política macroeconómica y fiscal del país.

En tal sentido, resulta dramática la situación que se vive en los parques nacionales y en las áreas protegidas de nuestro país. Se le pregona al mundo que somos un país “verde” y que el 25 % del territorio nacional está ecológicamente destinado a su preservación. Este es uno de los mejores “ganchos” para la atracción del turismo internacional.

Sin embargo, estamos mostrando una doble moral pues se está perdiendo esta ventaja comparativa que se ha tenido en cuanto al mercadeo turístico, dado que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la caza furtiva están arrinconando al escaso y desprotegido personal del servicio público de guardaparques; cuyos trabajadores se sienten impotentes y en total estado de indefensión para asumir tantos frentes abiertos a la vez, en materia de seguridad y de preservación de las áreas verdes del país. Mal pagados, precariamente dotados de herramientas y de tecnología y sobreexplotados, exigen más personal.

Otro caso de irresponsabilidad política de la clase hegemónicamente gobernante tiene que ver con la carencia de personal en la policía migratoria del país. Sin caer en xenofobias, la realidad es que a nuestro país entra “Raymundo y todo el mundo” con la mayor facilidad. Las fronteras nacionales están prácticamente abiertas y el escaso personal, también mal pagado, extenuado y sobreexplotado, sigue sin reforzamiento estratégico.

Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales del país crece la llegada de turistas y con bombos y platillos se anuncia que más líneas aéreas abren rutas de acceso directo desde sus lugares de origen al territorio nacional, pero la agilidad de la tramitación sufre en cuanto a celeridad por la escasez de personal.

El colmo de esta penosa situación es el fuerte reclamo de que hemos llegado a punto tal de irresponsabilidad que está haciendo falta personal de control aéreo, algo que nos hace correr el riesgo de que seamos un país que cae en el ridículo al respecto, por graves problemas de seguridad aérea.

En cuanto a la carencia de personal para la importante labor de la seguridad en las carreteras, la situación es igual de grave. Se ha determinado que, al menos, hacen falta unos 1.000 oficiales de Tránsito para atender el fenómeno psicosocial que acontece en las carreteras del país con conductores en alto grado de estrés, de tensión, de agresividad, por la acumulación de una serie de factores que vuelven más peligroso el transitar por las rutas nacionales.

No hay palabras para expresar la realidad que vive el sacrificado y disminuido cuerpo de oficiales fiscales del país, encargado de combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Cuesta creer que un país con una cifra de evasión tributaria superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) tenga 100 efectivos en este cuerpo policial.

La magnitud de la irresponsabilidad política de la gente que controla el real poder en este país al respecto no tiene perdón de Dios. El robo de impuestos es un crimen contra toda la sociedad y debería ser estratégicamente prioritario su combate para una buena fe gubernativa centrada en la promoción del bien común y de la inclusión social. ¡No la hay!

El déficit de personal policial penitenciario es, igualmente, preocupante en grado sumo. Si no fuera por su altísima vocación de servicio público, el país habría presenciado y vivido dolorosos episodios de violencia intramuros carcelarios como se han dado en otros países, con muertes incluidas.

Igualmente, el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza Pública, tiene grandes dificultades para atender los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en un país que, dolorosamente, está apostando por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por el alto desempleo y la no menos alta informalidad; amén de que la violencia y el crimen organizado muestran un desarrollo criminal muy cualitativo y el Estado no está haciendo lo correspondiente con relación al fortalecimiento, en todos los ámbitos, incluido más personal, con su fuerza pública.

Hay que enfrentar con mucha fuerza, unidad, solidaridad y argumentos la perversa política neoliberal de satanización del empleo público, especialmente en el campo de la seguridad ciudadana y en todos los cuerpos policiales que sirven a esta. En eso estamos. Los cuerpos policiales ofrecen una fuente de empleo para tanto joven con preparación que no encuentra trabajo en estos momentos.

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Hace muchísimo tiempo lo habíamos pronosticado desde la esfera sindical. Particularmente, la persistente lucha patriótica del sindicato de JAPDEVA, SINTRAJAP lo había estado denunciando. Desde la corriente sindical en la cual militamos, ¡también! Las tarifas por utilizar los muelles del Atlántico se triplicarían con relación a lo que estuvo cobrando la empresa estatal portuaria limonense y nacional.

¿Quién lo hubiera imaginado? La misma cúpula empresarial que aplaudió la entrega de ese patrimonio nacional para que fuera operado por un consorcio transnacional, APM-Terminal, ahora se rasga las vestiduras y pega el grito al cielo porque el uso de las terminales portuarias que fueron de JAPDEVA, ahora implican un aumento de costos de hasta el 280 %.

Perdones ustedes nuestra inmodestia: pero, al igual que con la circunstancia de la lucha contra la ahora odiada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, tenemos que decirlo fuertemente: los sindicatos teníamos razón.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), dieron declaraciones al popular periódico DIARIO EXTRA, indicando “…que las tarifas cobradas por APM Terminals son de las más altas afectando así la competitividad, pues han registrado alzas que van del 60 % hasta el 280 % en el manejo de la carga”.

Estamos en presencia de los altos costos políticos que implica la imposición de las más funestas posiciones ideológicas del llamado modelo neoliberal, cual es la satanización de que la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos de alta rentabilidad, es contraria al desarrollo social y económico para el mejor bienestar de la población.

Dichas cámaras empresariales, integradas al núcleo político de la actual hegemonía dominante, constatan ahora el enorme perjuicio que les causa la privatización monopólica, vulnerándose así uno de los postulados más “sagrados” del dogma neoliberal que siempre han defendido estos entes empresariales, que nos habla de la “libre competencia”. ¿Cuál?

Ahora, claman por la intervención de “papá Estado”: para que éste, vía el Consejo Nacional de Concesiones-MOPT, revise las tarifas, pues la “…la competitividad del país podría estar en riesgo, provocando que las empresas navieras prefieran ir a otros muelles de menor costo”.

Implícitamente están reconociendo que con Japdeva sí eran competitivos, por lo cual el grito que pegan deberían darle una pizca de honestidad y de transparencia y reconocerlo abiertamente.

Lo delicado de la situación es que, como dice el refrán popular, es al perro flaco al que se le pegan las pulgas:  el personal obrero piñero y bananero parece que sería la víctima directa. Estas personas trabajadoras asalariadas serán sacrificadas ante el Dios mercado, con sus empleos en riesgo de perderse.

Afortunadamente, existe hoy en día más conciencia obrera de la importancia de la organización sindical en estos sectores laborales, tradicionalmente oprimidos y explotados. Relevantes esfuerzos se vienen haciendo al respecto, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, por ejemplo.

Por ejemplo, una de las organizaciones integrantes del mismo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), ha logrado suscribir, recientemente, dos convenciones colectivas de trabajo, algo imposible hasta hace poco tiempo y, en parte, facilitado por la vigencia de la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Pese a las contradicciones inherentes al modelo económico excluyente, ideológicamente contrario a la promoción del bien común y de la inclusión social, esa circunstancia podría ofrecer un espacio de diálogo social inter-partes; a fin de, por un lado, lograr que la competitividad de que habla el indicado empresariado no esté en riesgo; y, por otro, la protección de miles de puestos de trabajo en momentos tan crudos como el actual, dada la inoperancia de un gobierno que no atina por ningún lado en materia de reactivación económico y alto desempleo.