
Benjamin Sevilla, Junta Directiva Nacional ANEP
Las “fake news” son noticias falsas que se publican y comparten por las distintas redes sociales. No es un fenómeno nuevo, siempre han existido, lo que pasa es que con el desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) su impacto, por el alcance e inmediatez, es mayor. De ahí que popularmente se diga que una persona es enjuiciada por la mañana y ya por la tarde condenada, o que, el honor de una persona dura años en construcción y sólo minutos en ser destruido.
Marta Cerezo Prieto en su obra “Medios de Comunicación: representación e interpretación del delito”, menciona un estudio del año anterior de Vosoughi, Roy y Aral, S, en el que se comprobó que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verídicas, lo que demuestra que todas las personas somos objeto de “fake news”.
En una sociedad democrática como la nuestra, que pese a todas las observaciones que se pudieran hacer sobre el tema, aún gozamos de cierto grado de libertad en materia de expresión, comunicación e información, lo que correspondería ante el fenómeno de las fake news, es aprender a diferenciar las noticias falsas de las verdaderas. Pero, si lo que se pretende es acudir a la sanción de nuevas leyes que regule la creación y difusión de noticias falsas entonces, se debería valorar previamente, si estas leyes son convenientes y oportunas, si con ello no se censura la opinión pública o si los ostentadores del poder seguirán sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
En el primer caso, para diferenciar las noticias falsas de las verdaderas, los expertos aconsejan dudar de aquellos temas que son reiterativos; cuestionar las que se publican inmediatamente después de los hechos; leer la noticia entera y no quedarse únicamente con los titulares; averiguar la fuente, el autor; buscar el titular en Google, en caso de ser cierta la noticia es probable que otros medios también la estén abordando; hay que verificar su contexto, que la fecha sea actual y también; que las imágenes o fotografías no sean montajes.
Si como país determinamos que lo procedente es regular el asunto a través de la sanción de leyes, conviene prestarle atención al criterio técnico jurídico, depurar la norma de los sesgos políticos electorales y guardar el equilibrio entre las distintas normas y derechos. La idea es garantizar una legislación que regule eficazmente los alcances de las noticias falsas y no un proyecto en beneficio exclusivo de la clase política o, mejor dicho, de ciertas figuras políticas que lo que buscarían es evitar que se les cuestione para salvaguardar su imagen. La imagen de una figura pública se blinda así misma con buenas acciones, escuchando las críticas de sus conciudadanos y hablando con transparencia y honestidad.
Las noticias falsas, sin importar de donde vengan, impactan a un sector de la población joven, una población que manifiesta ciertas carencias de sentido crítico, que no le gusta leer los periódicos, que prefiere leer los titulares en Facebook y que antes de revisar fuentes y verificar imágenes, les resulta más cómodo darle credibilidad a lo que dicen ciertas figuras influyentes en las distintas redes sociales. Dichosamente, no todas las personas jóvenes se comportan de esta manera, existe un alto porcentaje de ellas que aprovechan las facilidades de las tecnologías de la información y comunicación para incidir, capacitarse y contribuir con el desarrollo de la sociedad.
Lo que no debe suceder en una democracia como la nuestra es relativizar las fake news. Es lamentable que, en nuestro país, si una noticia falsa es difundida de manera consciente o no, por un sindicalista, por un sacerdote, por un pastor evangélico, por el periodista de “x” medio de comunicación o por una persona que pertenece a determinado partido político, entonces es un terrible delito. Pero, si las noticias falsas son creadas o difundidas por el otro medio de comunicación, por alguien que se autodenomina progresista, por la persona que pertenece a “x” o “y” partido político, entonces hay que guardar silencio, tapar el asunto y desviar la atención. Esto es vergonzoso por constituir una doble moral, porque nos confronta como sociedad, nos posiciona como los buenos y los que creen y piensan diferente, como los “otros” a los que hay que destruir, anular o reducir a su mínima expresión.
Finalmente, difundir o crear noticias falsas es denigrante para cualquier sociedad civilizada, genera diversos conflictos, debilita el funcionamiento de los Estados y cuando se da en los espacios de la comunicación, se traduce en una práctica antiética de la labor periodística.
El Encuentro Social Multisectorial (ESM) y el Gobierno de la República, oficializaron este jueves, el arranque de las mesas de negociación donde se abordarán diversos temas de interés nacional como reactivación económica, agricultura, ruralidad, transporte de carga, pesca, educación y asuntos laborales.
Además, se abrirán espacios bilaterales para la atención de temas como el modelo eléctrico, respeto a la autonomía institucional, fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, problematización del tema cooperativo y cuerpos policiales .
La actividad desarrollada en el anfiteatro de Casa Presidencial, contó con la observación de la Defensoría de los Habitantes y la Iglesia Católica, así como más de 60 delegados del ESM.
Espacios de trabajo acordados
El diálogo se da en tres tipos de espacios distintos que facilitarán las dinámicas necesarias para el abordaje de las inquietudes de los sectores:
Mesas de trabajo: se reúnen periódicamente para analizar temas alrededor de asuntos agropecuarios, ruralidad, pesqueros y transporte. En estas se ha incorporado a actores de grupos externos al ESM que tienen las mismas preocupaciones.
Espacios bilaterales: encuentros que plantean el objetivo de aclarar la postura y el quehacer del Gobierno en temas como modelo eléctrico, fortalecimiento del CNP, pliego de cuerpos policiales, cooperativas, reactivación económica, empleo público, entre otros.
Espacio diferenciado de escucha: permitirá facilitar una instancia para que los sectores puedan dirigir sus preocupaciones sobre el tema de autonomía municipal.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, aprovechó el espacio para realizar una serie de petitorias al Presidente de la República, Carlos Alvarado, esto en representación del ESM.
Las petitorias al presidente de la República son:
De esta forma el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República dan por oficializado el arranque y metodología de las mesas de negociación
La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), lamentan que el jefe de una Policial Regional esté envuelto en condiciones de presunta comisión de ilícitos que empañan su desenvolvimiento laboral, poniendo en grave riesgo la seguridad y estabilidad de su propio empleo y hasta enfrentar procesos judiciales.
La Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPME) hace un llamado respetuoso y vehemente para toda la membrecía en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, especialmente a los y a las integrantes de la misma como personas socias de la ANEP, para que en el ejercicio de sus delicadas y estratégicas tareas al servicio del país, siempre tengan presente los valores de la máxima transparencia, la ética sólida, la moral más contundente y en abierta confrontación a todas clase de prácticas indebidas, torcidas y corruptas.
Bajo estos principios, la seccional recibió una denuncia anónima en enero del presente año, por lo que trasladó dicha denuncia a la Dirección a la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la cual desencadenó la detención del jefe de la Oficina Regional Policial de Paso Canoas, Sabalito, Pérez Zeledón y Golfito, quien presuntamente habría permitido la salida de país de un familiar, quien tenía restricción.
Es importante destacar que desde hace mucho tiempo la Seccional en la Policía Profesional de Migración ha venido luchando en favor del fortalecimiento institucional, la reivindicación plena del personal del servicio migratorio y por salarios decentes y dignos.
La ANEP y su seccional están conscientes de que, hoy en día falta personal en el seno de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, los recortes al presupuesto tienen al personal migratorio del país en condiciones de gran precariedad salarial y ocupacional, con grave riesgo de sus propias vidas y con riesgos de caer en tentaciones de obtención dinero fácil, que jamás justificaremos, pero que se dan en un preocupante contexto de deterioro integral del entorno sociolaboral de Migración y Extranjería.
La seccional solicitará al ministro de Seguridad, Michael Soto que revisen otros casos qué se habían puesto en conocimiento de la administración anterior.
Gerardo Mora Ordóñez
Directivo Nacional de ANEP
Presidente de la Seccional ANEP PPME
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Trate usted de imaginarse lo que representa esta cantidad de plata: 12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000). Ahora, haga lo mismo con esta otra: 20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000). Sumemos las dos: 32 mil 819 millones 800 dólares ($32.819.800.000). Recuerde: estamos hablando en dólares y, para mayor comprensión, hablemos en números redondos: 33 mil millones de dólares: $33.000.000.000.
Convirtamos semejante cantidad de plata, en dólares, a un tipo de cambio de, digamos, 580 colones por dólar. Entonces tenemos, 19 billones 140 mil millones de colones: ¢19.140.000.000.000.
Tomemos esta gigantesca cantidad de plata en colones y hagamos la relación de esta con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), mismo que en Costa Rica anda por los 350 mil millones de colones por punto porcentual. Entonces, ¡pongan cuidado!: prácticamente estamos hablando de 55 puntos PIB. ¡Sí, 55 puntos PIB!
¿A dónde queremos llegar? ¿Qué pretendemos que usted comprenda? ¿De qué estamos hablando? ¡Atención!:
Don Eduardo Prado Zúñiga, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por petición nuestra, nos dirigió con fecha 14 de diciembre de 2018, su oficio No. GER 0337-2018, en el cual nos dio a conocer el dato por él denominado “Depósitos del público y tenencia de los activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, en millones de dólares”.
El primer dato de arriba, los 12 mil 351 millones 200 mil dólares, se catalogan como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”; y el otro, los 20 mil 468 millones 800 mil dólares, se clasifican como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. Atesoran unos 33 mil millones de dólares.
Conclusión: ¡Los banqueros están boyantes! Están en una situación próspera, muy favorable, de gran felicidad.
Tomemos nota de la contracara de esta realidad: La neoliberal Ministra de Hacienda, la señora Rocío Aguilar Montoya, nos ha anunciado que la deuda pública del país llegará, este año, a la peligrosa cifra de los 59 puntos porcentuales del PIB; y, además que, si avanza hasta los 60 puntos PIB, para el año entrante 2020, la paralización del sector público llegará hasta la grave situación de detener cualquier tipo de inversión en obra pública.
Es decir, la deuda pública del país está llegando a la también gigantesca cantidad de los 20 billones 650 mil millones de colones (20.650.000.000.000), lo que en dólares representa la cifra de 35 mil 603 millones de dólares; redondeando, 36 mil millones de dólares. Conclusión: ¡la deuda es estrangulante!
Hagamos, en consecuencia, la siguiente relación para dimensionar, desde nuestra perspectiva obrero-social, la magnitud de la desigualdad en Costa Rica: Por un lado, la deuda pública del país llega ya a los 36 mil millones de dólares; mientras que la plata que tienen los bancos comerciales, en moneda extranjera, es muy similar: 33 mil millones de dólares, a setiembre del año pasado 2018. ¿Cómo estarán a un año después?
Por supuesto que nadie, en su sano juicio, podría pensar que, ante la magnitud de tales cifras y el contraste entre ellas, se pudiera pensar que habría que impulsar medidas estatistas de expropiación de capitales privados depositados en los bancos en moneda extranjera para hacerle frente a esa deuda pública que nos está estrangulando. Ni con esta finalidad ni con ninguna otra.
Sí nos interesa abrir el debate público al respecto, especialmente ante la ciudadanía trabajadora y ante la población altamente endeudada en dos sentidos. Por un lado, la urgencia de que se proceda con una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, así, indicado en mayúsculas, pues llegar a los 60 puntos PIB de deuda el año entrante 2020, implicará tormentos sociales y familiares de mayor impacto confrontativo.
Por otro, queremos empezar a preguntar, en alta voz, cómo es que los bancos comerciales, públicos y privados, han llegado a acumular tanta cantidad de plata en moneda extranjera. ¿Cuáles son las medidas de política económica, fiscal, monetaria, tributaria y similares adoptadas en los gobiernos de los últimos tiempos, los del tripartidismo PLN-PUSC-PAC, como para que estos grupos financieros, incluyendo los bancos estatales, estén en condiciones tan boyantes en contraposición a las condiciones que tienen las mayorías populares y ciudadanas?
El que la deuda del país sea estrangulante y el que los banqueros estén más que boyantes solamente tiene una explicación: la adopción del perverso dogma neoliberal en cuanto a las políticas macroeconómicas y macrofiscales de las sucesivas administraciones gubernativas de los últimos 35 años, a partir de la implementación del primer programa de ajuste estructural, en 1984, durante la presidencia Monge Álvarez.
Desde ese momento a la fecha, los mismos grupos de poder económico-financiero han tenido la hegemonía estratégica del control sobre los gobiernos hasta hoy en día con el ya descarado neoliberal partido PAC: el balance es atroz para el pueblo, para las mayorías: Deuda pública representando el 59% del PIB… y creciendo; banqueros boyantes con plata acumulada por el orden del 55% del PIB… y creciendo. ¿Cuánto más aguantaremos?
¡5 MIL EMPLEOS EN RIESGO! Esta es la cifra que ha venido dando el sector empresarial exportador piñero del país, en cuanto a probables despidos en esta actividad productiva, si se mantienen las altas tarifas impuestas por el consorcio transnacional APM Terminals, al cual le fue casi que regalada la jugosa actividad de operación de los muelles portuarios de Limón que durante casi 60 años operó Japdeva.
Ahora nos encontramos con un nuevo grito de desesperación al respecto, esta vez proveniente de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la cual denuncia que la tarifa por mover una caja ha crecido en 23 centavos de dólar, afectando uno de los más “sagrados” preceptos del libre mercado: la “competitividad”.
Y lo que es peor, Corbana nos está diciendo que ahora los muelles del Atlántico costarricense son los más caros de la región centroamericana. ¡Qué va! Lo que están reconociendo de manera implícita y ya lo habíamos apuntado en otro comentario nuestro, es que con Japdeva la operación era mejor y más barata.
De la cruda realidad que nos está mostrando la imposición del contrato de operación portuaria a cargo de la transnacional holandesa, destacamos que mover una caja de banano en los muelles de Limón ahora cuesta un 109%. Se pasó de 0.21 centavos de dólar que costaba con Japdeva, a los 0.44 centavos actuales, un incremento absoluto de 0.23 centavos, más del doble.
Lo más llamativo del grito de auxilio de Corbana es que invocan el interés público, pues le piden intervención al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para que les ayude ante el poder público político e institucional (MOPT-Aresep), a bajar las tarifas y, por tanto, no se pongan en peligro de riesgo financiero a las exportadoras de banano y de piña.
El interés público señalado por Corbana tiene una enorme proyección social: las familias trabajadoras asalariadas dependientes de la producción exportable de banano y de piña. Hace un tiempo el empresariado piñero, pegando el grito al cielo también como Corbana, indicó que 5 mil empleos podrían estar en riesgo de perderse si APM sigue cobrando tarifas abusivas.
Al respecto pensamos que todas estas personas trabajadoras, ya sean las 5 mil que podrían perder su trabajo, según el empresariado piñero; o bien, otros posibles empleos en riesgo en la propia actividad bananera, deben hacerse sentir; es decir, deben expresar su opinión ante el país e introducirse en el debate acerca de las altas tarifas que cobra APM y que, repetimos, ha generado el grito desesperado de Corbana.
¿Y qué tal si los obreros bananeros y piñeros salen a la calle? Tendrían más que justificadas razones, con fundamento en la invocación al interés público que formula Corbana. ¡Pues sí! Lanzamos esta iniciativa para que todas las personas trabajadoras del banano y de la piña se tomen un ratito y reflexionen sobre su propia estabilidad en el empleo, la estabilidad social y familiar, así como su bienestar, en el marco de las altas tarifas que está cobrando APM Terminals; en el marco de la confesión de Corbana de que estas son las tarifas más caras de la región y que, por tanto, los puertos de Limón y de Moín ya no serían competitivos.
Es posible organizar un evento de calle en domingo, creemos nosotros. Dejamos esta iniciativa en manos de esos valientes compañeros y compañeras que ostentan niveles de representación sindical en las distintas fincas, de las diversas empresas productoras del banano y de la piña, de las varias representaciones obreras para que, sin mediar sigla de por medio, se haga manifestación pública y pacífica de la gran preocupación obrera y familiar si APM Terminals insiste en esas altas y desmesuradas tarifas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), logró la creación de una nueva seccional en el sector municipal, luego de que 43 trabajadores de la Municipalidad de Osa se afiliaran a nuestra organización.
Anteriormente este municipio contaba con siete afiliados, sin embargo, por normativa de los Estatutos de ANEP y al no contar con al menos 12 afiliados no se podía conformar la Junta Directiva y por ende la seccional.
Dentro de los principales objetivos de la seccional se encuentra la negociación de una convención colectiva, la creación de la Junta de Relaciones Laborales y la recuperación de la autonomía del régimen municipal, esta última afectada por la entrada en vigencia de la ley Nº9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas”
Con esta nueva incorporación de afilados, ANEP cuenta con la mayor representación sindical en el municipio, lo que le permite ser el titular a la hora de solicitar una negociación de convención colectiva ante la alcaldía.
Le damos la bienvenida a la familia anepista esta nueva seccional y a sus integrantes.

El proyecto de ley presenta problemas importantes respecto del marco constitucional. Estos problemas tienen que ver con la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y frente al ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación.
Folletos sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público by Yariela Novo on Scribd
Folletos sobre el proyecto … by Yariela Novo on Scribd
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas – CSA – desde su fundación en marzo del 2008 – identificó como un desafío central la actuación frente a las empresas trasnacionales; sea desde el punto de vista de la atención a la organización y defensa de las/os trabajadoras/es de la región con relación directa de dependencia de las mismas para alcanzar los derechos fundamentales en el trabajo, así como para enfrentar el poder corporativo expresado, entre otros, en los cambios en la estructura y organización del mundo del trabajo a nivel global, modelo que atenta contra la inclusión, igualdad y justicia social.
Folleto – ESP by Yariela Novo on Scribd
Cartilla CGP Version Final (1) by Yariela Novo on Scribd
La Seccional ANEP- PANI acudió a la Asamblea Legislativa para denunciar una medida drástica de la administración, la cual violenta el derecho de la libertad sindical, las recomendaciones y convenios internacionales suscritos con la OIT.
La problemática radica debido a que la Presidencia Ejecutiva del PANI emitió un oficio en el cual se restringe el ingreso a los albergues de la institución, lo cual se limita la labor sindical ya que no se les permite a los sindicatos corroborar denuncias de los afiliados en los albergues y en las oficinas.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.

