Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Una de las demandas que generan mayor atención, planteadas con ocasión de la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, ocurrida este lunes 24 de junio, tiene que ver con el delicado debilitamiento que sufren los mismos en cuanto al recurso humano; una circunstancia que no han querido atender las autoridades políticas de los últimos gobiernos, precisamente por los fundamentalismos dogmáticos que dominan las cuestiones relacionadas con la política macroeconómica y fiscal del país.
En tal sentido, resulta dramática la situación que se vive en los parques nacionales y en las áreas protegidas de nuestro país. Se le pregona al mundo que somos un país “verde” y que el 25 % del territorio nacional está ecológicamente destinado a su preservación. Éste es uno de los mejores “ganchos” para la atracción del turismo internacional.
Sin embargo, estamos mostrando una doble moral pues se está perdiendo esta ventaja comparativa que se ha tenido en cuanto al mercadeo turístico, dado que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la caza furtiva están arrinconando al escaso y desprotegido personal del servicio público de guardaparques; cuyos trabajadores se sienten impotentes y en total estado de indefensión para asumir tantos frentes abiertos a la vez, en materia de seguridad y de preservación de las áreas verdes del país. Mal pagados, precariamente dotados de herramientas y de tecnología y sobre-explotados, exigen más personal.
Otro caso de irresponsabilidad política de la clase hegemónicamente gobernante tiene que ver con la carencia de personal en la policía migratoria del país. Sin caer en xenofobias, la realidad es que a nuestro país entra “Raymundo y todo el mundo” con la mayor facilidad. Las fronteras nacionales están, prácticamente, abiertas y el escaso personal, también mal pagado, extenuado y sobre-explotado, sigue sin reforzamiento estratégico.
Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales del país crece la llegada de turistas y con bombos y platillos se anuncia que más líneas aéreas abren rutas de acceso directo desde sus lugares de origen al territorio nacional. Pero la agilidad de la tramitación sufre en cuanto a celeridad por la escasez de personal.
El colmo de esta penosa situación es el fuerte reclamo de que hemos llegado a punto tal de irresponsabilidad, de que está haciendo falta personal de control aéreo, algo que nos hace corre el riesgo de que seamos un país que cae en el ridículo al respecto, por graves problemas de seguridad aérea.
En cuanto a la carencia de personal para la importante labor de la seguridad en las carreteras, la situación es igual de grave. Se ha determinado que, al menos, hacen falta unos 1.000 oficiales de tránsito para atender el fenómeno psicosocial que acontece en las carreteras del país con conductores en alto grado de estrés, de tensión, de agresividad, por la acumulación de una serie de factores que vuelven más peligroso el transitar por las rutas nacionales.
No hay palabras para expresar la realidad que vive el sacrificado y disminuido cuerpo de oficiales fiscales del país, encargado de combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Cuesta creer que un país con una cifra de evasión tributaria superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), tenga 100 policías en este cuerpo policial.
La magnitud de la irresponsabilidad política de la gente que controla el real poder en este país al respecto, no tiene perdón de Dios. El robo de impuestos es un crimen contra toda la sociedad y debería ser estratégicamente prioritario su combate para una buena fe gubernativa centrada en la promoción del bien común y de la inclusión social. ¡No la hay!
El déficit de personal policial penitenciario es, igualmente, preocupante en grado sumo. Si no fuera por su altísima vocación de servicio público, el país habría presenciado y vivido dolorosos episodios de violencia intramuros carcelarios como se han dado en otros países, con muertes incluidas.
Igualmente, el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza Pública, tiene grandes dificultades para atender los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en un país que, dolorosamente, está apostando por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por el alto desempleo y la no menos alta informalidad; amén de que la violencia y el crimen organizado muestran un desarrollo criminal muy cualitativo y el Estado no está haciendo lo correspondiente con relación al fortalecimiento, en todos los ámbitos, incluido más personal, con su fuerza pública.
Hay que enfrentar con mucha fuerza, unidad, solidaridad y argumentos, la perversa política neoliberal de satanización del empleo público, especialmente en el campo de la seguridad ciudadana y en todos los cuerpos policiales que sirven a la misma. En eso estamos.
