Cuando se trata de sanciones disciplinarias impuestas a los y las funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente de quienes con orgullo visten la digna casaca policial, sin duda alguna, y modestia aparte, es ANEP la entidad con mayor conocimiento de causa de lo que ha acontecido y sigue sucediendo.
Aún en la retina de los oficiales rasos se encuentran situaciones como los aproximadamente 170 policías despedidos mediante el artículo 140.1 (por pérdida de confianza). Debido a que los mismos figuraban de alguna forma en alguna acusación penal (sin importar el estado de la misma), irónico en una función en la que, por su naturaleza, es usual ser parte de estos procesos. Además de eso, todos conocemos al menos un par de casos de compañeros sancionados con mano dura por asuntos como una publicación en redes sociales, pérdida de equipo, un altercado vecinal y consumo de alcohol, entre otros. Y ahora, recientemente, nos venimos enterando de numerosos casos de personal que, a pesar de la recomendación de sanción, del disciplinario legal, el Consejo de Personal se aparta y aplica despido.
Ah, pero ¿Existe igualdad en el tema sancionatorio? Definitivamente NO. Es un asunto histórico, sostenido en el tiempo y que, lamentablemente, pese a nuestras inocentes expectativas, no cambia con la presente Administración, a cargo del Ministro Soto.
Es sencillo, tenemos casos muy concretos, y estoy seguro que la “tropa” los recuerda todos: Un exdirector de Apellido Andrade que le robaron el radio en una actividad no laboral; una actual directora regional de apellido Chavarría, que se sometió a una suspensión del procedimiento a prueba, por peculado (si a nivel penal); un jefe de apoyo legal policial de apellido Arce que en medio de un siniestro natural fue encontrado completamente ebrio en tiempo laboral, otro jefe de apoyo legal de apellido Cordero, investigado por la Policía Fiscal; y recientemente el director de apellido Cubillo, acusado en sede penal por supuesta violación.
A estos casos hay que sumarle aquellas personas que han sido devueltas por mal comportamiento de becas dadas en el exterior, quienes han sido descubiertos utilizando los vehículos institucionales para fines personales (como un señor de SVA de apellido Pacheco), y otros que han sido parte de situaciones de violencia doméstica.
¿Qué tienen todos ellos en común? Dos cosas, que los implicados han tienen cercanía con la cúpula de turno y que ninguna de estas personas fue sancionada como lo dicta la normativa, a algunos ni siquiera se les abrió causa administrativa (como al señor Cubillo por ejemplo). Pero, de haber sido rasos fijo, fijo, los despiden. Esto nos demuestra que, si en el Ministerio de Seguridad Pública eres parte de esta “red de cuido” de altos mandos, con el contubernio del despacho ministerial, entonces se tiene la impunidad garantizada.
Esperamos ver los mismos argumentos dados por la licenciada Raisa Bravo en el oficio 848-2019-DDL, utilizados para “justificar” la razón por la que no se abrió causa administrativa de oficio al señor Cubillo, en otros casos, y es curioso que no se utilizaran estos mismos alegatos para evitar darle el despido por el artículo 140, inciso 1, ( C.Pol); en los muchos casos que las vías de derecho les ha indicado al Ministerio que lo han utilizado mal.
Sin duda alguna, esta desigualdad, falta de transparencia y de ética, por parte de los responsables de estas circunstancias a nivel administrativo, son una causa más de la indignación que sufren los compañeros policías del Ministerio de Seguridad Pública, y, por ende, una razón más para invitarlos a ser escuchados, y que nos acompañen este 24 de junio a las 9 de la mañana en ANEP, en nuestra gran manifestación de cuerpos policiales. ¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
