Autor: ANEP

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Gracias a la acción más que oportuna del señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, hemos podido conocer otra de las facetas más vergonzosas y más injustas del no menos injusto sistema de impuestos de este país: las amnistías tributarias.

La más reciente regalía de los neoliberales en el poder, fue incluida en la detestada ley del combo fiscal, No. 9635, mal llamada Fortalecimiento de las finanzas públicas; dentro de la cual se incluyó una disposición para otorgarle amnistía tributaria a los evasores-elusores de impuestos.

Recordemos que el actual presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, ha sido acusado por varios sindicatos judiciales de que él mismo, destacado promotor de esa ley y que la misma se concretó con su propio voto, se habría beneficiado de la misma, pues habría sido uno de los amnistiados tributarios.

El despacho del indicado legislador nos compartió los datos que a regañadientes le entregó la neoliberal Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, en el sentido de que la amnistía tributaria, el perdón tributario a los deudores de impuestos, ascendió a la enorme suma de, prácticamente, los 195 mil millones de colones (195.000.000.000), equivalentes a 0.55% puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Este montón de plata que debió entrar a las debilitadas arcas públicas, es porque con esa amnistía tributaria, los evasores recibieron perdón de sanciones y perdón en cuanto a pago de intereses acumulados por esa mora tributaria.

Pero, lo más notorio de esa amnistía tributaria es que, pese a que hubo 14 mil beneficiarios de las mismas, solamente 25 de ellos concentraron el 90% del dinero que se dejó de recaudar por ese perdón tributario incluido en la ley del combo fiscal, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Los de arriba”, ¡perdonados! (amnistiados)… “Los de abajo”, ¡garroteados! Veamos estos datos que reflejan esta nueva injusticia con el tema de los impuestos en nuestro país:

A Durman Esquivel le perdonaron -amnistiaron-, 10 mil 313 millones de colones (10.313.000.000); a Florida Capitales S. A., casi 1.151 millones (1.151.000.000); a Productora La Florida, 1.119 millones de colones; al Banco BCT, 1.123 millones; a la Standard Fruit Company, 24 mil 521 millones; a Café Rey, 1.070 millones de colones; a Banco Promérica, 852 millones de colones…

¿Es esto justo? ¡Por supuesto que no! Si bien es cierto esos 14 mil contribuyentes tributarios amnistiados pagaron al fisco 207 mil millones de colones (0.59 puntos del PIB); el perdón tributario recibido de los casi 195 mil millones de colones, será repuesto mediante el impuesto al valor agregado (IVA), a la canasta básica durante seis años seguidos.

Es decir, y según los cálculos del diputado Villalta, las familias asalariadas, las familias desempleadas, las familias en pobreza extrema, las familias altamente endeudadas; deberán sacar, a partir de julio próximo, de sus raquíticos ingresos, 33 mil millones de colones anuales para reponer los 195 mil millones de colones amnistiados a, prácticamente, esos 25 contribuyentes como los que acabamos de citar. Por supuesto, que este dato es para efectos de ejemplificar cuán injusto es el sistema tributario costarricense.

¿Queda claro, entonces? En materia de impuestos, “los de arriba”, ¡perdonados!; “los de abajo”, ¡garroteados!

Y a propósito de este nuevo cuadro-escenario de lo perverso que es el actual sistema tributario nacional, debemos emplazar (nuevamente), al señor Carlos Alvarado Quesada, quien como cabeza principal del Poder Ejecutivo se presentó ante la Asamblea Legislativa, el pasado 2 de mayo y leyó el documento por él denominado Estado político de la República y los asuntos de la Administración; para indicar lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers, como lo referencia al secreto bancario”.

Efectivamente, los proyectos de ley derivados de la investigación legislativa de los Papeles de Panamá, abren el camino para una ruta de transformación estructural de ese perverso sistema tributario; y, además, abren una seria oportunidad de considerar alternativas de reactivación económica que tanta urgencia representa en estos momentos, dado el mal estado de las cosas actuales en el país.

Entonces, ¿por qué no abre la discusión nacional al respecto?; ¿por qué no convocar a una mesa nacional, multisectorial, de trabajo al respecto?; ¿por qué no hablarle al país con claridad cuáles son esos proyectos de ley?

La respuesta es obvia: el verdadero real poder en estos momentos es, precisamente, el gran perjudicado con esos proyectos de ley si éstos llegaran a aprobarse. Entonces, ¿por qué el señor Alvarado habló de ellos en su mensaje del 2 de mayo al parlamento? ¡Vaya usted a saber!

No habrá forma de salir adelante en este país, si una transformación estructural como la tributaria no se emprende con toda la potencia política que requiere.

Ellos, “los de arriba”, los del real poder, seguirán robando impuestos, eludiéndolos, evadiéndolos, amnistiándose, perdonándose intereses y multas…; hasta que “los de abajo”, que también representan un real poder, se decidan actuar, articuladamente, para desplazarles del control de la hegemonía política que hoy les permite tanta impunidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cada joven costarricense que en estos momentos se encuentra en el desempleo, en la informalidad, en la delincuencia, es una muestra dolorosa del fracaso de las políticas económicas de los últimos gobiernos, incluidos -por supuesto-, los del Partido Acción Ciudadana (PAC).

No nos reponemos del impacto que nos ha generado el conocer, según la más reciente encuesta que acaba de salir a la luz pública, que el 60% de la muchachada entre los 18 y los 24 años de edad, desea irse de Costa Rica, desea migrar a países como Estados Unidos o Canadá.

Este tipo de sentimiento de las personas jóvenes, en cuanto a la desesperanza que les embarga acerca de su futuro en el suelo que les vio nacer, solamente se conocía en países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Que Costa Rica esté ya creando las condiciones para expulsar de su propio suelo a gran cantidad de personas jóvenes, no puede sino señalarlos con contundencia que el país va por un rumbo económico-social más que equivocado; que nos llevan al despeñadero, que vamos en caída libre hacia el abismo de la desigualdad.

Lo hemos, reiteradamente dicho; lo seguiremos diciendo.

Esta gente del poder real, mediante sus medios de comunicación, todos los días vive envenenando a la sociedad acerca de lo “pernicioso” que significa la acción directa de la política pública, la intervención abierta del Estado, para propiciar condiciones sólidas de tránsito de nuevas rutas para la inclusión social y para la promoción del bien común.

Pero si lo que están dejando en evidencia sus políticas económico-fiscales es que su apuesta por el “todo mercado-nada Estado”, ha fracasado; y que la satanización extremista de lo público se les ha convertido en un boomerang, por el abrumador repudio ciudadano que han concitado ante la imposición de ese rumbo equivocado.

Este doloroso dato de la alta cantidad de jóvenes que quieren irse del país, se une a una cadena de realidades socioeconómicas que nos gritan en la cara de que el modelo económico vigente debe cambiarse.

Ese modelo centrado en la priorización absoluta en el equilibrio macro-fiscal fanático, ideológicamente concebido como el único posible; ese modelo que está enfermizamente obsesionado con un pago a ciegas de la deuda pública y de sus obscenos intereses, sin cuestionarse si ello puede manejarse de otro modo; ese modelo centrando en la corrupta permisividad para que el megacorporativismo empresarial eluda, por todas las vías posibles, su responsabilidad tributaria para con la sociedad; ese modelo centrado un sistema tributario para castigar a los que sí, realmente pagan sus impuestos; repetimos, ese es el modelo fracasado que está ya creando las condiciones para la expulsión del país de toda esa juventud desalentada, decepcionada, desesperanzada.

Las alternativas están. Pero falta un poderoso músculo social y cívico-patriótico que le quite la hegemonía a esas políticas y a sus ejecutores. Todos esos jóvenes que se quieren ir del país, les están señalando con dedo acusador; y, a la vez, nos reclaman la inacción de quienes sí estamos en condiciones de hacer algo estratégico al respecto.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Les vamos a quedar debiendo nuestra cuarta entrega de la serie de artículos que venimos publicando bajo el título “Carlos Alvarado Quesada y Los Papeles de Panamá”. Pedimos disculpas por adelantado. Tenemos pensado hasta una quinta, pues el tema es fundamentalmente estratégico para quienes pensamos en la tesis de que Otra Costa Rica es posible.

Ocurre que es de tal gravedad el deterioro de los espacios democráticos e institucionales para la acción civil (particularmente, la de los sindicatos), lo cual estamos ya enfrentando, vimos como gran necesidad compartirle nuestra lectura de este peligroso proceso de confrontación entre el autoritarismo y la Democracia.

Los signos están más que claros. La hegemonía del capital neoliberal tiene el control, casi que absoluto, de la dirección político-estratégica del país. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa está marcando dos líneas fundamentales, primordiales, de transformación estructural del Estado, alejándolo de cómo fue su naturaleza originaria a partir de la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

Por un lado, están ocurriendo modificaciones estructurales a esa carta magna, sin pasar por los procedimientos que la misma estableció para ser modificada ella misma. Es decir, se están haciendo reformas constitucionales de facto.

El establecimiento de una presidencia de la República, imperial y autoritaria, con dos superministerios (Hacienda y Planificación), controlando todo el aparato del Estado en materia macroeconómica-fiscal y de gestión del recurso humano, respectivamente; así como la violentación de la autonomía del régimen municipal; son dos ejemplos más que contundentes de una modificación sustancial de la concepción republicana de la acción pública-estatal, a partir de una diversidad de responsabilidades compartidas en el aparato público, según lo definió la carta magna de 1949. ¡Ahora no! Se va en camino de la entronización de un fuerte Estado central controlador absoluto.

Estas dos modificaciones constitucionales de facto ocurrieron con ocasión de la imposición legislativa de la hoy ley de la República, Fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635, fuertemente resistida en las calles de este país; legislación que se verá complementada con el proyecto, ya en trámite acelerado, de la Ley Marco de Empleo Público.  

La otra línea fundamental en la ruta hacia la instauración de esa institucionalidad autoritaria, es la ofensiva político-ideológica en desarrollo contra el Movimiento Sindical y contra el derecho constitucional de huelga, el ataque más reaccionario y violento desde la implantación de la denominada Segunda Pública.

Los proyectos de ley para declarar que son esenciales la práctica totalidad de los servicios públicos para impedir toda forma de huelga en ellos; para una regulación castrante, per se, del ejercicio de la huelga reconocido internacionalmente como Derecho Humano, desconstitucionalizándolo; para viabilizar en sede judicial la disolución-anulación de la organización sindical; así como para impedir que éstas elijan, autónoma y democráticamente, sus dirigencias, impidiendo la reelección de las mismas; son elementos de indicación contundente de la instauración-imposición de esa nueva institucionalidad republicana de corte autoritario.

Algunos pensamos que, dada esta situación contra la organización popular-sindical, se está manifestando una especie de terrorismo de Estado pues, por ejemplo, medidas tan drásticas, autoritarias y dictatoriales de tal calibre, fueron impuestas en las dictaduras del cono sur latinoamericano, en los años 60’s y 70’s del pasado siglo XX.

Ahora bien, ambas medidas estratégicas que impulsa la fracción parlamentaria (y, por ahora, mayoritaria), multipartidista del capital neoliberal (la imposición del Estado central-autoritario y la aniquilación de la organización sindical-popular), adicionalmente expresan que el deterioro macro-fiscal y económico-social de la situación del país, estaría exigiendo la adopción de fuertes medidas de “ajuste estructural” en el corto-mediano plazo.

En tal sentido, se requiere de una intervención político-ideológica preventiva, para evitar reacciones populares y ciudadanas de envergadura desafiante, como podrían ser aquellas de un calibre tal que podría poner en riesgo de desestabilización a ese orden institucional autoritario, ya en proceso de instalarse.

La contracara de esta realidad, es la intensa manifestación de repudio, de enojo, de indignación y de rabia que se está mostrando en amplios sectores de la ciudadanía; pero, sin embargo, no encuentra un camino sólido, unificado, de articulación para la acción.

Quienes impulsan la implantación de esa institucionalidad republicana autoritaria, la proscripción en la práctica de la organización popular-sindical, así como la criminalización de la protesta social; tienen -por ahora-, la posición ventajosa que les da esa desarticulación de la indignación popular.

De ello se colige que no hay mayor reto para las fuerzas y sectores democráticos, civilmente patrióticos y herederos de una institucionalidad republicana pensada para la inclusión social (pese a todas sus perversiones, desviaciones y corrupciones); que aprestarnos con urgencia a la construcción de esa nueva articulación para esta nueva coyuntura. Si no somos capaces de pasar del enojo a la articulación para la acción, entonces tenemos que aceptar que nuestro clásico derecho al berreo se hizo ahora más sofisticado: lo ejercemos por las redes sociales.