Autor: ANEP

¡Hay alarma en Turrialba!: “Debimos haber apoyado la huelga anterior, inclusive si durara un año. Teníamos que haber ido a la huelga los pequeños y medianos empresarios junto con sus empleados…”. No son palabras de un sindicalista. ¡Son palabras de un pequeño empresario!

Este hombre de negocios turrialbeño escribió: “A partir del 1 de julio se inicia un encarecimiento de productos de primera necesidad como corte de pelo, servicios profesionales como abogados, médicos, ingenieros topografía, dentistas, etc., etc. Viene un crecimiento del desempleo porque a partir de julio a todos los que pagamos alquiler de locales comerciales, nos van a cobrar un 13 % más por el IVA decretado por los diputados. Y lo tiene que pagar solo el inquilino, para no afectar las utilidades de los propietarios de locales, como si los que alquilan un local no tuvieran ya suficientes cargas para hacer que un negocie funcione tales como: alquiler, salarios, CCSS, INS, Municipalidad, luz y teléfono, contador, etc. Esto aumentará el desempleo y más trabajadores informales a la calle a ver cómo llevan sustento a sus familias. Hay una mayoría de negocios pequeños como: tiendas, zapaterías, sodas, etc., que ya no dan para pagar mil colones más. Habrá que sobrevivir con un empleado y eliminar los demás. Ya en este momento se cuenta en Turrialba con unos 10 locales vacíos porque cerraron. Y más lo harán en los meses siguientes. Si cada local de éstos va a dejar de dos a cuatro desempleados, que alimentaban hasta cuatro personas con su salario, ya son más de 100 personas que estarán en pobreza solo en Turrialba. Lo mismo ocurrirá cantón por cantón…”.

¡Hay alarma en Tarrazú! “Tarrazú: Progreso y Futuro. Algunos comercios en Tarrazú están colocando globos negros, que representan ‘La muerte de los negocios en Tarrazú’”.

¡Hay alarma en Liberia! “Aquí en la Ciudad de Liberia, varios centros comerciales, con locales desocupados, además localitos que están corriendo la misma suerte”. “Es un desestímulo al emprendimiento y la inversión, que ahuyenta capitales de trabajo en masa. Y espérese a julio”.

¡Hay alarma en todo lado! Los comentarios anteriores están apareciendo en cuentas de facebook de ciudadanos dedicados a actividades comerciales y productivas en varias partes del país, los cuales saben que se aproxima una fuerte contracción en el consumo, producto de la entrada en vigencia, a plenitud, del impuesto de ventas al valor agregado (IVA), en un 13 %, aplicable a una gran cantidad de bienes y de servicios que son requeridos por la mayoría de la población costarricense.

La política económica del triunvirato gobiernista PLUSC-PAC, bajo la conducción del binomio Alvarado-Piza; sus congéneres de gabinete André Garnier Kruse, Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; junto a sus referentes parlamentarios más notorios, como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Miguel Muñoz Fonseca, Víctor Hugo Morales Mora; se ha tornado sumamente perniciosa para la enorme mayoría de la población trabajadora del país, tanto la asalariada como la no asalariada.

Los comentarios que acabamos de compartir con usted, en especial el del ciudadano comerciante de Turrialba, resultan emblemáticos en cuanto a mostrar la naturaleza del fracaso de esa política económica, misma que ha priorizado en la cuestión macrofiscal del país con una fijación fundamentalista de corte ideológico-neoliberal, por un lado; por otro, esmerándose por quedar bien con las mega-corporaciones, los consorcios empresariales de alto vuelo e, inclusive, propiciando la consolidación de esquemas de defraudación fiscal en gran escala (para beneficio del empresauriado).

En la contracara, están el gran conglomerado ciudadano víctima de esa política económica: el personal asalariado estatal (con salarios a la baja y con empleo amenazado como nunca antes), la clase trabajadora del sector privado condenada a un salario mínimo congelado como valor real en cuanto a poder de compra; y, como acabamos de constatar, ese micro-pequeño y mediano empresariado que sí es pagador puntual de impuestos; o, que es rigurosamente controlado para que los pague sin escapatoria alguna ni subterfugios legales.

¡Hay alarma en Turrialba, en Tarrazú, en Liberia… en todo lado! La indignación obrero-laboral ya más que constatada, se ve ahora potenciada por el reconocimiento proveniente de la micro-pequeña y mediana empresa, en cuanto al “debimos haber apoyado la huelga”.

Liberación, Unidad y PAC, conjuntados ahora con una misma visión ideológica en cuanto a la cuestión económica, tienen absoluta claridad de cuáles son sus objetivos estratégicos del actual momento sociohistórico del país: moldear la sociedad para la instauración definitiva de un proceso concentrador de riqueza, que calce como anillo al dedo a la prédica ideológica de los latifundios mediáticos nacionales, beneficiarios directos de un proceso de tal calibre y dictadores de la agenda económica en actual trámite parlamentario.

La enorme incógnita del momento es si habrá capacidad de una construcción sociopolítica alternativa que aglutine, mediando agenda compartida, tanta voz disonante, tanta conciencia enojada e indignada, tanta ciudadanía políticamente estafada, tanto potencial creativo, tanto ideario elaborado para la inclusión social y por la restauración de la promoción del bien común.  

“…únicamente el ciudadano decente es el que paga sus impuestos de manera pronta y cumplida”. ¡Ciertísimo! Y ni se diga de lo que concierne a la clase trabajadora asalariada que, por ejemplo, paga puntualmente el impuesto sobre las ventas (ahora impuesto al valor agregado -IVA-), al momento mismo de la compra en la caja registradora; y, si está por encima del umbral exonerado de renta salarial, el rebajo de planilla es automático.

La contundente afirmación arriba entrecomillada, es parte de las conclusiones del Informe Final (expediente legislativo No. 19.973), de la comisión especial investigadora que funcionó en el parlamento del anterior período constitucional (2014-2018), acerca del escándalo internacional de Los Papeles de Panamá (Panama Papers).

No hay posibilidad alguna de que nuestro país imponga, de manera definitiva, el bien común y la inclusión social, como ejes centrales de una nueva política pública, sin que se efectúen transformaciones tributarias estructurales.

Tal y como se encuentran las cosas en cuanto a los impuestos en estos momentos, ya no hay cacao para hacer, ni siquiera un poquito, de chocolate. Todo se va en pago de la deuda, pago de sus intereses obscenos y en llenar más los bolsillos de los ladrones de impuestos.

Cualquier propuesta política que pretenda ser alternativa a la hegemonía actualmente en el poder, tanto el formal como el real, debe plantearse como uno de los puntos fundamentales de su agenda, el tema del cambio tributario en profundidad.

Además, leer, analizar y estudiar las conclusiones y las recomendaciones del mencionado informe legislativo de Los Papeles de Panamá, es una tarea de primer orden para cualquier tipo de organización que tenga como eje central de su quehacer la justicia social, como convicción y como indignación, no como discurso panfletario.

Las siguientes cuatro recomendaciones de control político nos indican con cuánta urgente necesidad es la atención de este delicado tema tributario. Y esto es solamente para dimensionar la gigantesca tarea cívica que se deriva si, en verdad, se decidiera emprender el impulso de una transformación tributaria estructural; tanto desde una nueva opción político-partidista, como de desde los movimientos sociales y sindicales realmente consecuentes con los valores de la real lucha por la justicia social.

Las transcribimos tal y como están formuladas en dicho informe: 

“Se recomienda fortalecer el presupuesto destinado a campañas de educación tributaria en centros de educación pública y colegios profesionales, con énfasis en generar una cultura tributaria responsable y solidaria. 

Recomendamos al Ministerio de Hacienda realizar las fiscalizaciones correspondientes sobre las personas identificadas como creadoras o usuarias de sociedades incluidas en la base de datos del ICIJ, o citadas en los “Papeles de Panamá”, y que cuentan con perfiles de altor riesgo fiscal.

Sugerimos que la Comisión Investigadora del Ministerio de Hacienda, sea transformada en una unidad permanente dentro de tal Ministerio, dedicada exclusivamente al análisis de riesgo fiscal, de contribuyentes relacionados con uso y creación de estructuras jurídicas offshore.  

Exhortamos al Ministerio Público para que, a partir de los casos reseñados en la presente investigación, se determine cuáles actos podrían constituir ilícitos penales para su subsecuente investigación y juzgamiento penal”.  

(Aclaración: ICIJ significa International Consortium of Investigative Journalists-Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-).

¿Cree usted que tales recomendaciones han sido puestas en práctica? ¡Claro que no! Ojalá estuviéramos equivocados pero este tipo de medidas, si se pusieran en práctica, podrían afectar los intereses mega-corporativos que tienen en el fraude fiscal, una de sus principales fuentes de riqueza, en este caso, mal habida.

Solamente una activa y militante vigilancia ciudadana podría garantizar que estas recomendaciones se llevaran a la concreción de una real política pública volcada hacia el bien común y la reducción de las desigualdades.

Puede ser muy interesante, en el entretanto, formular una interpelación pública a la Defensoría de los Habitantes de la República a ver qué le diría ésta a la ciudadanía al respecto. A final de cuentas, el fraude fiscal a gran escala, como lo demostró esta comisión parlamentaria, afecta a toda la población habitante del país.

De enorme relevancia e interés es el análisis de las recomendaciones de la indicada comisión a lo que ésta denomina como vacíos legislativos. Estamos hablando de la necesidad de aprobar leyes que bloqueen a los tramposos tributarios seguir cometiendo sus tropelías contra toda la sociedad en esto del robo de impuestos.

En tal sentido, se puntualizan 19 vacíos legislativos cada uno de los cuales tiene recomendaciones específicas para, efectivamente, dar paso a esa transformación tributaria estructural que ocupa, con urgencia, nuestro país.

Reforzando nuestro decir anterior, una tarea cívica de enorme profundidad y/o una responsabilidad en aras de la construcción de una desafiante competencia contrahegemónica, nos lleva al análisis concienzudo para comprender el alcance de cada uno de esos 19 vacíos legislativos y la elaboración de las correspondientes estrategias y tácticas para lograrlos.

Por otra parte, el informe de la comisión parlamentaria de Los Papeles de Panamá especificó ocho proyectos de ley que, en ese momento, estaban en trámite en la corriente legislativa, al identificarlos “como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática detectada”; léase, la que genera la criminal mafia organizada del robo de impuestos y del fraude fiscal en Costa Rica. Hemos de revisar lo pertinente para nuestra próxima entrega en el tema.