Mesa Sindical de Mujeres convoca a manifestación de las “Ollas Vacías” contra canasta básica tributaria

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) realiza un llamado a toda la ciudadanía en general para realizar una manifestación denominada “Ollas Vacías” contra la canasta básica tributaria, el próximo jueves 4 de abril a partir de las 2 de la tarde, frente al edificio central del Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda.   

La manifestación tiene como objetivo mostrar la disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores, lo que provocaría ollas con menos alimentos en los hogares costarricenses, de ahí el nombre de la manifestación.

Para la Mesa Sindical de Mujeres, los resultados están hoy a la vista, con una una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses  y el escenario del ruido de ollas vacías es el ideal para mostrarle al Gobierno lo que se avecina para el pueblo.

Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, entre otros alimentos.

La Mesa Sindical de Mujeres está integrada por la Central Sindicales Juanito Mora Porras-ANEP (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), estas a la vez aglutinan a decenas de sindicatos costarricenses.

ANEP y MSP iniciaron proceso de solución de conflicto de carácter económico y social

Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), iniciaron el proceso de solución de conflicto de carácter económico y social, solicitado por la ANEP, ante una serie de dudas respecto a roles de servicio en la Fuerza Pública, la no correcta aplicación de incapacidades, entre varios temas.

Declaraciones de Mainor Anchía, Presidente Seccional ANEP-Fuerza Pública

Este viernes quedó conformado el tribunal conciliador, el cual está formado por representación de los trabajadores (en este caso ANEP), parte empleadora (MSP) y juzgado de trabajo.

Motivos de la solicitud de solución de conflicto

Los cuerpos policiales suscritos al Ministerio de Seguridad Publica, se encuentran sustentados jurídicamente en las siguientes normas: Ley General de Policía, 7.410 del año 1994, Reglamento de Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, 23880, Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública y Reglamento Organizacional del Ministerio de Seguridad Pública, 36366-SP. Dichas normas regulan la naturaleza de la función realizada por los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo sus facultades, derechos y deberes en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, existe falta de regulación en cuanto los roles y jornadas de servicio, para los oficiales de Fuerza Pública. Esto pese a que el artículo 76 de la Ley General de Policía, establece en el inciso c) como un deber de los miembros de las fuerzas de policía, ajustarse a los horarios definidos por reglamento. No obstante, esta normativa no ha sido decretada por parte del Ministerio de Seguridad Pública, incumpliéndose así con esta norma. Al efecto, las partes, Ministerio de Seguridad Pública, y ANEP, a través de su Seccional ANEP Fuerza Pública, acordaron solicitar estudio de jornadas y roles de trabajo por turnos de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública, a la Secretaria Técnica del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Lo anterior a efectos de contemplar las repercusiones que para la salud de las personas resultan de la actividad policial; siendo que fue emitido y notificado el informe técnico Nº DE-ST-ITE-3-2017.

Así mismo, se presenta ambigüedad y falta de claridad en disposiciones internas que vienen de alguna manera transgrediendo normas de trabajo, pero fundamentalmente, perjudicando a nuestros compañeros y compañeras. Frecuentemente se obliga a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, a laborar en sus días libres por reposición de días de incapacidad médica, se les ordena laborar media jornada (media guardia), luego de un día de ausencia justificada, inclusive, se ordena laborar un día de reposición, tras el disfrute de una licencia con goce de salario por deceso de un familiar.

Ante la falta de normativa interna en lo que refiere a los roles, jornadas, uso correcto del criterio de disponibilidad y algunas prohibiciones expresas sobre las obligaciones que se le deben inculcar a los funcionarios policiales, frecuentemente conoce este sindicato de abusos cometidos por mandos medios, quienes se escudan en el estribillo de su potestad de mando.

Aunado a lo anterior, lamentablemente se han identificado situaciones que configuran una clara actividad anti sindical y, algunas prácticas laborales desleales, contra afiliados caracterizados por una activa participación en la estructura sindical.

Salud ordena cierre de delegación policial Mata Redonda en Uruca

La Seccional de la Fuerza Pública y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) han denunciado y solicitado la clausura de delegaciones insalubres para los trabajadores.

El Ministerio de Salud ordenó la clausura del puesto policial Mata Redonda en la Uruca debido a que presenta insalubridad y que pone en riesgo la salud de las personas, ni cuenta con las condiciones físico sanitarias adecuadas para su operación.

Acta de clausura del Ministerio de Salud

Además, el Ministerio de Salud estableció un plazo de 24 horas para que retiren del local los implementos personales, laborales y de funcionamiento de la delegación.

Por su parte, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública estará vigilante para que los trabajadores trasladados tengan las condiciones adecuadas y que la delegación sea reparada lo más pronto posible

ANEP cuestiona a AyA por realización de costosa conferencia sobre agua

Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.

Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.

“Esta situación genera en la ANEP gran consternación considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.

Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad, así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no asalariadas de AyA.

Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.

Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.  

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El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas

El Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas.

Gepostet von ANEP am Mittwoch, 27. März 2019

La destitución del Presidente de Japdeva

La destitución del Presidente Ejecutivo de Japdeva nos muestra a las claras que la naturaleza de la esencia política de la hegemonía en el seno del actual Gobierno de la República está ya más que ideológicamente definida… si es que alguien tenía dudas al respecto.

La “lealtad” política de la línea dominante al interior del Poder Ejecutivo es aquella que facilita la realización de los meganegocios, especialmente los que se materializan a través de la operación mercantil de las empresas transnacionales. 

Ejemplos sobran y citemos este otro: el “error administrativo” del Ministerio de Hacienda que le evitó a la Standard Fruit Company pagar al fisco una enorme cantidad de millones de colones en impuestos que debía honrar. 

La entronización de la actividad portuaria en los puertos del Atlántico del país, en manos de APM Terminals, ha sido, desde que fue pensada, una finalidad estratégica del proceso sostenido de la transición impuesta a la sociedad para que el “todo mercado”, finalmente, se imponga como regulador supremo de la convivencia nacional.

Seamos más claros todavía. El proyecto neoliberal para Costa Rica está recibiendo un fuerte impulso a partir de la colusión política de la tríada gobiernista actual, compuesta por los “propietarios” de los partidos del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, más el recién llegado a la santa cruzada contra el Estado Social de Derecho, Acción Ciudadana (PAC).

Hace tan solamente un año, la ingenuidad del inconsciente colectivo de la sociedad creía que el PAC sería el nuevo albergue de la Socialdemocracia traicionada por los renegados y apóstatas del pensamiento de sus padres fundadores en Costa Rica.

La constatación de una de las mayores equivocaciones electorales de los últimos tiempos tiene en lo que acontece con Japdeva una flagrante realidad con todas sus negativas consecuencias.

El pueblo de Limón merece mejor suerte. Esto lo hemos afirmado en otros espacios y circunstancias. 

Se puede sostener que el pueblo de Limón está, en los actuales momentos, totalmente huérfano en cuanto a que sus intereses sean, realmente, tutelados por algún partido político. 

Pese a contadas excepciones, la realidad es que el electorado caribeño solamente ha sido escalera de ascenso para todo tipo de oportunismos inmediatistas, los cuales priorizaron en el beneficio personal-familiar inmediato, más que en el de la colectividad porteña y, en general, de toda la provincia.

Nada extraño tiene que haya personas y grupos cívicos que estén planteando proyectos autonomistas y hasta independentistas de Limón con respecto al resto del país.

Esto debería de servir de alarma a la cúpula hegemónica de los meganegocios que controla toda la acción política del país en estos momentos; en cuanto a que la percepción y constatación del abandono de Limón puede estar llegando a un punto muy álgido que luego podría ser difícil de manejar.

Recientemente, se hizo pública la conformación de un nuevo esfuerzo de articulación de las diferentes instancias que aglutinan a la sociedad civil limonense, a propósito del ataque gobiernista a Japdeva, esfuerzo que también cuenta con parte de la institucionalidad pública de la provincia y del cantón central de esta.

De manera modesta nos atrevemos a plantear que, si ese notable esfuerzo articulador no expresa una conducta activa de carácter militante, de gran y sensible expresión cívica del enojo acumulado por tanto engaño político, manipulación electoral y expoliación económica; a la cúpula gobiernista neoliberal actual, la suerte del pueblo limonense no les merecerá atención real alguna; tan solo para repartir alguna que otra migaja de asistencialismo social de cortísimo plazo, mientras todo vuelve a su nivel.

Pareciera que estamos de cara a las oportunidades de que la representación parlamentaria de origen limonense asumiera un rol protagónico en aras de la defensa de los intereses sociales y económicos del electorado caribeño que los puso en una curul legislativa.

Sin embargo, debemos confesar nuestro pesimismo si nos atenemos a las primeras declaradas dadas por esos señores diputados ante la humillación que sufre Japdeva.

La soberbia neoliberal es de tal calibre como para que el jerarca ministerial del MOPT plantee, con un escalofriante cinismo, que lo que iba a pasar en Limón no solamente ya se sabía, sino que no se previó.

Como si él no fuese parte de esa estructura política sórdida del bipartidismo neoliberal PLUSC-PAC que fraguó con gran premeditación el asalto de Japdeva. 

Tal parece que el pueblo limonense está en la encrucijada más difícil desde la fundación de Japdeva, hace 56 años.

La carta de la ANEP sobre empleo público que el Gobierno nunca respondió

Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero

San José, lunes 28 de enero de 2019.

Honorable señora

María del Pilar Garrido Gonzalo

Ministra

MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

 

Honorable señor

Steven Núñez Rímola

Ministro

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política

Estimada señora Ministra:

Estimado señor Ministro:

  1. En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
  2. Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
  3. Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
  4. Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
  5. Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
  6. Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
  7. Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
  8. Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
  9. La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
  10. Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
  11. Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
  12. Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
  13. Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
  1. Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
  2. Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
  3. Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
  4. Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
  5. Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
  6. Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Públicotiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.

 

  1. Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.

 

  1. Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.

 

 

  1. Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Públicoesta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.

 

  1. Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!

 

  1. Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.

25Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.

 

  1. Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.

Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.

  1. Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo públicopodría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.

 

  1. Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.

 

  1. En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.

 

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Presidente CSJMP-ANEP

Wálter Quesada Fernández

Secretario General Adjunto ANEP

Vicepresidente CSJMP-ANEP

Rafael Mora Solano

Directivo Nacional ANEP

Director Ejecutivo

CSJMP-ANEP

La autonomía constitucional del régimen municipal fue ultrajada

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Cunde la indignación en no poca cantidad de expertos jurídicos acerca de que autonomía constitucional del régimen municipal fue violentada, con la promulgación-imposición de la Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (según su nombre oficial), popularmente conocida como combo fiscal.

Es más, apelando a toda la connotación sensible del término, podemos afirmar que fue ultrajada.

Para algunos entendidos en la materia, si el autoritarismo que se nos está imponiendo como sociedad bajo una especie de control único de pensamiento político, requería deshacerse de tal autonomía, lo que correspondía era reformar la Constitución primero; para, luego, legislar a fin que las municipalidades quedaran sujetas a los dictados políticos de parte del Estado central, tanto en su gestión de recursos humanos como en cuanto a la disposición de sus finanzas.

La verdad es que con la controvertida y detestada ley de la Republica No. 9635, la percepción generalizada ya a nivel de las municipalidades, es que éstas tendrán una especie de “supervisión política” (para decirlo con la mayor suavidad posible), de parte de los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y de Hacienda.

¡Esto es sumamente grave! Siempre hemos pensado que es el municipio (en su calidad de gestor de administración local de política pública en lo que por ahora es su ámbito de competencias legales), el gobierno más cercano a la gente, más accesible para la ciudadanía en la comunidad.

Se supone que la municipalidad está destinada a aumentar su presencia determinante para la convivencia democrática en comunidad, de tal suerte que la intrusión en ella de determinaciones tomadas a nivel de Gobierno Central, va a representar un serio retroceso.

Retroceso ya no solamente en cuanto a la concepción de posibilidad de un gobierno más cercano a las personas; sino que de nada serviría la voluntad popular en cuanto a la designación de sus autoridades si, a final de cuentas, los ejes fundamentales del caminar de ese gobierno local, estarán determinados por los jerarcas políticos de dichos ministerios, que no es más que decir, que serán controlados por la mismísima Casa Presidencial.

Lo que está ocurriendo con la autonomía constitucional del régimen municipal, tanto como el ultraje en contra de la autonomía institucional de otras entidades como la de la Caja; nos llevan a afirmar que esa ley, en realidad, vino a representar una especie de Golpe de Estado técnico; ¡sí!, Golpe de Estado técnico pues, en esencia, será desde la Casa Presidencial, y más exactamente, desde el Ministerio de Hacienda, desde donde saldrá la línea política de gestión de finanzas públicas para todo el aparato del Estado.

Aunque ya lo habíamos mencionado en otra parte, sí parece necesario resaltar lo incomprensible que resulta el silencio de entidades conformadas para la preservación de la institucionalidad municipal; silencio que nos lleva a presuponer que se está de acuerdo con el ultraje a la autonomía del régimen municipal.

A la fecha de escribir este artículo, ni la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ni la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), han dicho esta boca es mía, para salir en defensa del régimen municipal.

Al parecer, le corresponderá al honorable cuerpo laboral municipal y sus legítimas organizaciones obreras, los sindicatos, levantar la bandera de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Afortunadamente, hay una ciudadanía honesta que, con profesionalismo y conocimiento experto en la materia, también alzará esa bandera.

Igualmente, esperamos que, desde la sede legislativa, las sanas presencias parlamentarias acojan nuestro planteamiento de promoción de una legislación específica para revertir el ultraje cometido a la autonomía municipal.

Mesa Sindical de Mujeres convoca a la manifestación de las ollas vacías

La Mesa Sindical de Mujeres conformada por las centrales sindicales CTRN, CUT, CSJM-ANEP, CMTC invita a la manifestación de las ollas vacías frente al Ministerio de Hacienda como medida de protesta ante el aumento de los impuestos en los alimentos.

Las organizadores solicitan a los participantes llevar ollas vacías como un acto de simbolismo.