Autor: ANEP

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.

El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.

Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.

El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?

Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.

Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!

Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.

Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.

Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.

Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)”, leemos lo siguiente:

“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.

La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.

La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.

Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP

La posición asumida por la Procuraduría General de la Repúblico (PGR), respecto al proyecto de ley (de corte neoliberal, antidemocrático y antisindical) que pretende regular la huelga en los servicios públicos esenciales, así como la descalificación que para ese propósito ha hecho del valor que tienen los criterios vertidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esta materia para defender la propuesta de ley que pretende prohibir la huelga, es inaceptable.

Se trata de una posición en exceso simplista, que deja entrever mucho desconocimiento en la materia, y muy poca fundamentación jurídica. 

Al parecer, la PGR desconoce que, tratándose de Derechos Humanos -así, en mayúsculas-, reconocidos en instrumentos internacionales, los criterios que emitan los órganos oficiales encargados de la interpretación de esos instrumentos tienen el mismo valor normativo que el propio instrumento interpretado. 

Esta idea progresista ha sido defendida en nuestro medio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha hecho ver que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido, tesis que está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7.l.)”. (Voto 2313-1995).

Es lamentable que las autoridades de la PGR desconozcan que, en opinión también de la Sala Constitucional, los criterios interpretativos de los convenios internacionales de la OIT que dictan los órganos de control de dicha organización, “son auténtica jurisprudencia en la materia” y, por lo tanto, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, lo que los convierte en fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. (Voto 10832-2011).

Precisamente por el valor normativo que tienen los criterios dados por el Comité de Libertad Sindical, la propia Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha acudido a ellos para resolver asuntos relativos a la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y de huelga; y ha ordenado también, de manera expresa, a los jueces de trabajo aplicar dichos criterios de manera directa en la resolución de los asuntos sometidos a su competencia. 

Cosa parecida ha hecho con los legisladores, a quienes les señala de manera puntual que a la hora de promulgar la legislación respectiva en materia de huelga deben tomar en consideración las recomendaciones que al efecto hace la OIT.

Por otro lado, resulta preocupante y lamentable ver al Estado costarricense promoviendo desde sus propias instituciones posturas ambiguas en materia de Derechos Humanos. 

Lo expresado por la PGR ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, a favor de que se legisle para prohibir el ejercicio del derecho fundamental de la huelga, pone al descubierto el antisindicalismo oficial que promueven las autoridades de este Gobierno; y manda a la OIT un mensaje en el que, con elocuencia, le expresan el poco respeto que se le tiene a sus criterios.

Por lo demás, la posición que ahora defiende la PGR, abiertamente alineada con la política antisindical de este Gobierno Alvarado-Piza, se contradice, de cabo a rabo, con la posición que había venido prevaleciendo desde décadas atrás, según la cual, “el Constituyente no tuvo la intención de prohibir el derecho de huelga en los servicios públicos, sino regularlo en determinados servicios, posición que se desprende tanto de las técnicas de interpretación más modernas -que recogen el principio básico de interpretación de eficacia o efectividad de las normas constitucionales-, así como de la doctrina nacional y del análisis de las actas de la Constitución de 1949”. (Así consta en el voto de la Sala Constitucional número 1317-1998).

De igual forma, en la Opinión Jurídica OJ-125-2007, la PGR sostiene entre otras cosas que: “La prohibición total de la huelga en aquellos servicios públicos cuya paralización pueda causar grave daño a la economía nacional, a los bienes públicos o a los derechos de los consumidores, podría implicar una restricción excesiva e ilegítima”; y hace ver que: “Las limitaciones que se impongan al derecho de huelga en determinados servicios públicos, deben ser conformes con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad”.

Este criterio concluye afirmando que: “La obligación de la Administración de mantener la continuidad de los servicios públicos, no puede erigirse, sin más, en un impedimento absoluto para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos”. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios expuestos aquí con la asesoría experta del doctor en Derecho Laboral, don Esteban Calvo Rodríguez, nos preguntamos: ¿cómo entender ahora el giro copernicano que han dado los representantes de la PGR para sostener la tesis prohibicionista de la huelga? 

¿Será acaso que la Procuraduría General de la República ha dejado de ser el órgano técnico de asesoría legal del Estado, para convertirse en una oficina de difusión de los intereses políticos del actual Gobierno? ¡Parece que sí…!

Carlos Alvarado Quesada es el mandatario ejecutivo peor calificado en los últimos cuarenta años.

El 70% de las personas habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), y el 95% de quienes viven en las regiones costeras del país, las más pobres (provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón), coinciden de manera contundente en lo siguiente: el país va por rumbo equivocado.

El desempleo abierto y oficial ya superó el 12%, no hay reactivación económica, se castigó con pauperización y reducción de derechos salariales a la población trabajadora del sector Público.

La mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de productiva, no tiene empleo fijo con salario formal y mucha no cuenta con cobertura de Seguridad Social.

Cerca del 20% de la población juvenil está fuera del mercado laboral formal y mucha de ella anda en lucha por sobrevivir, pero inserta en la ilegalidad perversamente diversa.

Se le impuso al pueblo plan de impuestos regresivo que fue descalificado, ahora, por las tres calificadoras de riesgo de inversión más importantes del planeta, pues en nada contribuye a una solución integral del problema del déficit fiscal.

Tan grave es la situación que ahora, desesperadamente, buscan endeudarnos más con 6 mil millones de dólares cuando en este país sobra la plata. Ostentamos dos vergonzosos records: estamos en el top ten de los países más desiguales del planeta y somos el tercero de la región latinoamericana en cuanto a endeudamiento/PIB.

El flujo de dinero sucio, producto del crimen organizado y del narcotráfico sigue reinando en el sistema financiero y económico nacional, pues “la estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital” (lapidaria conclusión del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).

48 expedientes legislativos relacionados con justicia tributaria real, ya elaborados y que son necesarios para empezar a combatir, con seriedad, la exclusión y la desigualdad sociales, así como la abusiva concentración de la riqueza están durmiendo el sueño de los justos en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; pues el Poder Ejecutivo le ha dado prioridad a proyectos de ley para exterminar los sindicatos, reducirlos a su mínima expresión, criminalizar la protesta social, ilegalizando las huelgas y quitándoles su naturaleza de derecho humano-constitucional, disolviendo a los gremios laborales y violentando su gobierno interno, imponiéndoles modificaciones estatutarias para dejarlos pintados en la pared.

Valga recordar que el ataque antisindical más violento desde la fundación de la Segunda República en 1949 (en realidad la dictadura política de José Figueres Olsen, Don Pepe); lo ejecuta en estos momentos el ahora alicaído Partido Liberación Nacional (PLN), el cual es hoy co-gobierno, mediando el sicariato político ejercido por el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez y por la señora legisladora pro-empresarial, doña Yorleny León Marchena (ex PAC).

Por otra parte, cientos de compatriotas dedicados al cultivo de diverso tipo de producción agropecuaria viven sus últimos días de existencia económico-social, agobiados por problemas de seguridad jurídica de su finca, lote o parcela; por deudas y por embargos, a punto del desalojo; mientras, en el otro extremo tenemos que el sistema financiero público-privado del país acumula, en depósitos, más de 20 mil millones de dólares, reproduciéndose alocadamente; sin hablar de los más de 10 mil millones de dólares del público colocados en dicho sistema.

Esas cifras se quedan cortas pues, según un notable legislador integrante de la hegemonía gobiernista actual, el sistema financiero del país acumula unos 65 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil y resto de millones de dólares transitan el mercado negro de la economía del país (¿dinero sucio?, ¿dinero narco? …).

Podríamos seguir citando más ejemplos y situaciones del estado actual de nuestra sociedad, reflejo fiel de que la polarización desde la perspectiva de la concentración de la riqueza se sigue agudizando; reflejo fiel de que todos los días la distancia entre el gobernante y los gobernados crece y crece; reflejo fiel de que la legitimidad formal del gobernante no necesariamente es legitimidad real.

Efectivamente, si la abrumadora mayoría de la población percibe que el país va por un rumbo equivocado; si las últimas elecciones (presidenciales y legislativas) dejaron planteado con contundencia irrefutable que una cosa es votar y otra, muy distinta, es elegir; entonces, ¿no corresponderá impulsar un ejercicio de carácter ciudadano y de real esencia democrática para descubrir la conducta sociopolítica de la desobediencia civil, si la voluntad de El Soberano, El Pueblo, se sigue violentando en el seno de los mecanismos institucionales de la legitimidad formal?

Si la Democracia formal y sus principales instrumentos de decisión política han sido copados por la minoría plutocrática, excluyente y sectaria; ni no se trata de Golpe de Estado puesto que no estamos con cosas de este tipo; ¿cómo le hacemos entender al gobernante que va por el rumbo contrario al sentir de la gente, por cuanto lo único que le queda es legitimidad formal dado que la real la perdió en tiempo record?

Este es el dilema cívico que espera ser atendido con el desprendimiento humilde de la organización popular para la movilización participativa con carácter de desafío estratégico, juntándose todas las diversidades. En el entretanto, ellos seguirán con sus tropelías a favor de las minorías que representan, el real objeto de su desvelo político.