ANEP logra reinstalación de trabajador interino despedido mientras se encontraba incapacitado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica logró la reinstalación de un trabajador interino del Ministerio de Justicia y Paz quien fuese despedido mientras se encontraba incapacitado.

David Estrada Zeledón, abogado laboralista de la ANEP que llevó el caso, explicó que el trabajador de apellido Aguilar fue despedido el 20 de junio de 2018, dos meses antes de que terminara su nombramiento interino; por encontrarse incapacitado. Situación que a la vez le imposibilitó realizar las pruebas físicas que le permitirían optar por un puesto en propiedad.

Ante este escenario, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP aplicó los mecanismos legales correspondientes e interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho despido, así como un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional, mediante voto 2018-12137, falló en favor de Aguilar, a la vez, que ordenó al Ministerio de Justicia y Paz realizar las respectivas pruebas médicas y físicas al trabajador en cuanto concluyera su incapacidad.

Al aprobar Aguilar las pruebas médicas y físicas, fue acogido el recurso de revocatoria contra su despido, por lo que el Ministerio le reinstaló en su puesto de trabajo de manera interina por lo que restaba del año 2018 y le otorgó el nombramiento en propiedad a partir de enero de 2019.

Sala Constitucional acoge recurso de amparo de ANEP contra Ministerio de Hacienda

La Sala Constitucional acogió la petición de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante recurso de amparo, con el cual se pretende que el Ministerio de Hacienda suministre el nombre de las 96 empresas a a las que se les inició el cobro y el monto que cada una debe pagar.

El pasado 5 de diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda realizó una conferencia de prensa en donde se informó sobre la lista de empresas que habían reportado cero ganancias o utilidades en los últimos 10 años. Además, indicó que había 96 empresas a las cuales la Dirección de General de Tributación realizó el cobro de ¢560.000 millones, sin dar más detalles.

Para nuestra organización sindical es de suma importancia la transparencia en el tema de evasión, elusión y cobro de impuestos. Por eso mediante Oficio DGT-1905-2018 del 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa, indicando como fundamento que la información solicitada es confidencial en su totalidad.

“(…) se encuentra impedida de proporcionar la información requerida pues esta reviste el carácter de confidencial, siendo que nuestros funcionarios están impedidos de divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas así como ningún otro dato que figure en las declaraciones de los contribuyentes, por ello, revelar el nombre de las empresas que han tenido utilidad cero o pérdida en el impuesto de utilidades, violenta el sigilo profesional y vulneraría la confidencialidad que ostentan las declaraciones juradas presentadas por los obligados, siendo que la información perseguida se fundamenta en éstas últimas.”, indica el documento.

A la ANEP le queda claro que la información específica de cada declaración de renta que realizan las empresas son confidenciales. Sin embargo, el recurso o la solicitud está direccionada solamente a que la administración tributaria suministre los nombres de las 96 empresas en las que se ha determinado diferencias en la declaración sobre el impuesto de la renta.

En el recurso de amparo, la ANEP destaca el voto  2018-18694 de la Sala Constitucional,  en el cual Magistrado Castillo Víquez, considera que  “resultan plenamente aplicables para el caso de los impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración Pública financian con ingresos corrientes los gastos corrientes que conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, es asunto que tiene un marco interés público y constituye información pública; información que en manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”.

Seccionales de ANEP Joven y Secretaría de Juventud se reúnen con el Movimiento Estudiantil de Secundaria

Como parte de las acciones enfocadas a  sumar esfuerzos, representantes de las seccionales de ANEP Joven y la Secretaría de Juventudes de ANEP se reunieron, esta mañana,  con el Movimiento Estudiantil de Secundaria.

«Es la primera vez que nos reunimos con el movimiento estudiantil, nosotros como seccional joven estamos enfocados en el ámbito laboral- sindical y nos parece de suma importancia que los jóvenes en general  vayan conociendo de los movimientos sindicales; los cuales les dará  la capacidad de promover proyectos entre ellos y la movilización social. Nos interesa que nos vean no sólo como sindicato, sino como un grupo que también participa en temas a nivel social, ambiental, de equidad, entre muchos otros», comentó Yajaira Mongrillo, integrante  de la Junta Directiva de ANEP-Joven.

Por su parte, Eduard Miranda Hernández, representante del Movimiento Estudiantil de Secundaria, indicó que el acercamiento con la seccional surge por la necesidad de comenzar  a trabajar por la defensa de los derechos de los estudiantes.

«Hemos visto mucha afectación hacia los estudiantes, el Gobierno y la sociedad han dejado de lado los derechos de las juventudes. En este momento requerimos del apoyo cooperativo para comenzar a trabajar en los sectores más propensos  de la juventud.  Queremos aprender de cómo movilizar a este sector y cómo trabajar por ellos», dijo Miranda.

La seccional ANEP- Joven se mantiene siempre anuente a los acercamientos con  grupos de la sociedad civil y otros grupos sindicales con la finalidad de luchar por el bien común.

 

 

 

ANEP pide celeridad en investigación por supuesto mal manejo de fondos en el Teatro Nacional

  • La organización sindical presentó una denuncia penal por la administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita al Ministerio Público celeridad ante la denuncia penal presentada para que se investigue la supuesta mala administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional.

“Lo que nos interesa sobremanera, como ANEP, es que el Ministerio Público en cuyas manos dejamos una fuerte denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el Teatro Nacional intervenga con celeridad y así evitar cualquier traspié que pueda (de alguna manera) enturbiar la investigación”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

De acuerdo con el documento, una de las actuaciones más graves por parte de la administración son los pagos abusivos en consultorías jurídicas a profesionales en Derecho, así como  el abuso en las contrataciones “outsourcing”.

En el caso de la contratación de servicios vía “outsourcing”, se creó una licitación (2015LN-000111-03300) bajo la modalidad de entrega según demanda.

Sin embargo, dichas contrataciones las han hecho para funciones permanentes las cuales pueden ser realizadas por los mismos trabajadores públicos. Con ello, crearon una planilla paralela donde los administradores del Teatro Nacional eligen a “dedo” a dicho personal, aun existiendo una licitación para que una empresa ajena al teatro se encargue de la suplencia de personas por trabajos temporales.

Cabe destacar que, anteriormente a la licitación antes mencionada, existía una que sólo era para el nombramiento de acomodadores y encargados de puerta del Teatro Nacional. Pero con los cambios implementados,  se contrata personal para siete posiciones laborales: encargado de puerta, personal de apoyo, personal grado administrativo, personal artístico, personal grado artístico, personal nivel técnico y personal nivel operativo.

“En total se han generado órdenes de compra por un total de ¢270.539.240”, resalta la denuncia.

En cuanto a la contratación de  abogados externos, la ANEP denunció que se han pagado ¢346 millones por servicios profesionales en derecho y que ningún caso se ha ganado.

“Pero lo curioso de todo esto es que las facturas de estos abogados no tienen detalle de qué se les paga, sino que se pone sólo “servicios profesionales” y se pasan.

“No hay control en ese contrato, las facturas mensuales son de ¢5 millones o ¢9 millones y no especifican qué se les paga, solamente dicen “servicios profesionales”, agregó Vargas.

“Por eso queremos que intervengan rápido porque podría dar pie a eventuales separaciones transitorias de cargos relevantes o incluso para resguardar documentación física o tecnológica importantísima para esclarecer la verdad real de los hechos”, indicó el sindicalista.

ANEP denunció irregularidades como la realización de un contrato para una remodelación que no se enmarca en la figura adecuada de contratación; la omisión de mantener a funcionario laborando pese a que una investigación arrojó el despido; y el contrato para un festival al margen del sistema de compras del Estado.

Además, se suma el pago de vacaciones del auditor institucional, el contrato del ingeniero y una empresa constructora para mejora del Teatro por casi dos años y aún no culminan los trabajos; contratación al ICE sin pasar por el sistema de contratación, y, por último, el mal manejo del impuesto sobre espectáculos públicos.

Trabajadores municipales de Cañas suman segundo día de huelga por incumplimiento en pago de reajuste salarial

Desde las 7:00 a.m. de la de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga, que ya suma su segundo día, debido al incumplimiento de la alcaldía en el reconocimiento del reajuste salarial mediante manual de puestos.

Reymol Jiménez, Secretario de la seccional ANEP-Municipal de Cañas, detallo que dicho reajuste salarial fue un acuerdo tomado entre los trabajadores y la alcaldía el 17 de enero del 2018, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido.

“Esto dio inicio con un estudio realizado por el CICAP de la UCR para crear un manual de puestos para la Municipalidad de Cañas, con el cual se establecería el porcentaje de reajuste salarial para los trabajadores. Dicho reajuste quedó establecido en un 25% de la media que estableció el CICAP para cada puesto. Sin embargo, el Alcalde fue tirando hacia adelante la entrada en vigencia de dicho manual, aduciendo carencia de fondos para hacerle frente al reajuste salarial”, explicó el Secretario de la seccional.

Ante este escenario, los trabajadores municipales dieron el tiempo prudente al alcalde,  Luis Fernando Mendoza, para realizar un estudio financiero que determinara si el municipio podía hacer frente al pago del reajuste salarial.

“Para dicho estudio la alcaldía contrato una empresa externa, la cual determinó dos escenarios óptimos para pagar y con los cuales el municipio podía hacer frente, el primero un reajuste del 10% y el segundo del 15%. En vista de que se había firmado un acuerdo del 25% pensamos que la decisión razonable del Alcalde era pagar el escenario más alto (15%), sin embargo, su posición es pagar el más bajo; lo que provocó el inicio de la huelga”, manifestó Jiménez.

En el movimiento de huelga participan 40 funcionarios municipales, por lo que todos los servicios se encuentra afectados, salvo los trabajadores de recolección de basura, quienes a pesar de apoyar el movimiento se encuentran laborando.

Es importante resaltar que este movimiento de huelga se realiza bajo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral.

2019: Sociedad polarizada

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Trataremos de explicarnos partiendo de nuestra propia experiencia de militancia en la lucha social y sindical. Nosotros estimamos que esta situación es grave y tiende a ponerse más conflictiva.

En escritos nuestros anteriores, estuvimos planteando la existencia de tres Costa Rica. Luego de la imposición-aprobación del combo fiscal (mediando el fallo constitucional del compadre hablado), no nos queda más que reforzar nuestra apreciación de que estamos ante una sociedad polarizada, pero, ahora, en dos grandes segmentos.

Por un lado, en la cara A de la sociedad polarizada tenemos a los que ya tenían demasiado y van a seguir acumulando más. Por otro, en la cara B de esta sociedad polarizada, encontramos a los que todavía tienen algo, pero, poco a poco van en camino de no tener nada; presuponiéndose que terminarán en el terreno de y/o juntándose con los que ya no tenían nada, quienes, de ahora en adelante, ya no tendrán posibilidad alguna de tener algo.

En esa cara A, encontramos a la clase económicamente poderosa (la que siempre lo ha sido, más los nuevos sectores que se le han sumado). Ésta siente que está en su época dorada: controlan toda la institucionalidad formal de la República, con la llegada al Poder Ejecutivo del binomio Alvarado Piza y su espuria tesis de “unidad nacional; con la configuración de una mayoría parlamentaria cuantitativa (más no cualitativa), más el beneplácito constitucional de la Sala IV para su concepción del problema tributario-fiscal del país y toda la legislación que emitan de ahora en adelante.

Además, cuentan con el control de otras entidades vitales del sistema neoliberal en boga, que van de soporte político-ideológico y jurídico-formal para, de una vez por todas, desestructurar de manera radical la concepción integradora de Estado Social que una vez estuvo animando a la República.

En este caso, hablamos de la Contraloría, de la Defensoría, de la Procuraduría, de las entidades reguladoras, por ejemplo. En esta cara A debemos incluir a toda la alta estructura tecnocrático-gerencial de esta institucionalidad, destacándose dentro de la misma la denominada clase política, mucha de la cual no es poseedora de capital, pero sí está en función de este para garantizarse su propio estatus vivencial. Podríamos decir que hablamos de la burocracia dorada, como la alta magistratura judicial, la academia de élite, la cúpula financiero-bancaria, por ejemplo; y, por supuesto, los pensionados de lujo.

Agreguemos a esta cara A su contraparte en el sector privado: esos cuadros ejecutivos-gerenciales de gran poder adquisitivo y de estipendios dispendiosos al servicio del alto corporativismo empresarial.

Esta cara A de la sociedad polarizada incluye a todas las personas del gran conglomerado corporativo evasor-elusor de impuestos y sus mafias organizadas, coludidas con segmentos podridos del empleo público, para la comisión de ese crimen social que es el robo tributario en todas sus modalidades.

En esta cara A de la sociedad polarizada, incluimos a la gendarmería ideológica del régimen, expresada en la práctica del periodismo del odio con los latifundios mediáticos vanguardia de clase, por todos ya conocidos; el cual se dispone, ahora, a impulsar la liquidación práctica de los sindicatos, último baluarte de la resistencia organizada en el plano civil.

En la cara B de la sociedad polarizada nos encontramos a la mayoría cuantitativa y cualitativa de la población ciudadana del país.

En tal sentido, sobresalen (simplificadamente, por supuesto), dos partes. La de los que todavía tienen algo, pero, poco a poco van en camino de no tener nada. Hablamos de compatriotas asalariados sumamente endeudados (especialmente por la cárcel financiera que representan las tarjetas de crédito y sus intereses de usura); sectores de la otrora pujante clase media, conglomerados asalariados intermedios (especialmente del sector público, aterrados por despidos masivos, de lo cual ya empiezan a hablar); micro-medianas y pequeñas empresas cuya tortura diaria es sobrevivir ante tanta carga fiscal y parafiscal, en medio de un estrujamiento severo del consumo y del poder de compra de los salarios.

Encontramos aquí, por ejemplo, a sectores de la actividad agropecuaria nacional para el mercado interno, cooperativas de diverso tipo, agrupaciones solidaristas condenadas al diktat (imposición) de la lógica del sistema financiero.

La otra parte de esta cara B de la sociedad polarizada en la que estamos, es el cada vez más grande segmento de compatriotas que ya no tenían nada, quienes, de ahora en adelante, ya no tendrán posibilidad alguna de tener algo. La gran masa obrera desempleada, el amplio sector trabajador de la informalidad, la abrumadora mayoría asalariada del sector privado con en ese escuálido salario mínimo o por debajo del mismo; ese amplio segmento de personas jóvenes profesionalizadas o en camino de serlo que no tienen ya ninguna oportunidad seria de empleo público; ese otro gran grupo juvenil que sin oportunidades se metió a la delincuencia y que muere a diario en el crimen. Incluimos aquí a grandes grupos laborales del empleo público con salarios igual de misérrimos a los pagados en el sector privado. Indudablemente, no podemos dejar por fuera al grueso de los pensionados IVM-CCSS; particularmente los del régimen no contributivo.

La soberbia peligrosa, la prepotencia arrogante y el autoritarismo ejecutor de política pública que se expresa desde la cara A; genera que en no pocos espacios de la cara B se expresen vocablos y conceptos impensados en la otrora pacífica sociedad costarricense: rebelión, desobediencia civil, golpe de Estado, gobierno de transición, lucha armada… ¡Es muy grave lo que está pasando! Ellos, los de la cara A, no se están dando cuenta de la celeridad de la erosión de su legitimidad.

2019: El déficit y la deuda terminarán estrangulándonos

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El último dato que hemos venido manejando en cuanto al valor de un punto porcentual del PIB, en el caso de la economía costarricense, es de 350 mil millones de colones. Aunque se haya reducido (a raíz de la crisis fiscal en desarrollo); o que haya aumentado según el crecimiento económico de los últimos meses, lo real es que para el ciudadano común esta es una cantidad inmensamente grande y de difícil comprensión, desde nuestra perspectiva de mortales ciudadanos ubicados en las afueras del poder real.

Si tomamos esa cantidad de 350 mil millones de colones y lo multiplicamos por 13,3, tenemos esta otra cifra, cuya magnitud es de dificilísima asimilación: 4.655.000.000.000. En letras, 4 billones, 655 mil millones de colones.

Si tomamos esa cantidad de 4.655.000.000.000 (13,3 puntos PIB) y la dividimos entre los 365 días del año que acaba de comenzar, nos da este resultado: 12.753.424.657: doce mil setecientos cincuenta y tres millones, cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y siete colones. Redondeemos: 12.754 millones de colones, ¡cada 24 horas!

¿A qué vienen estas grandes cifras? ¿Qué tienen que ver con cada persona ciudadana costarricense? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la clase trabajadora asalariada? ¿Qué tiene que ver con el micro, pequeño y mediano empresariado nacional? ¿Qué tiene que ver con la gente sin empleo y la que está en la informalidad de la economía? ¿Qué tiene que ver con la juventud sin trabajo? ¿Qué tiene que ver con las mujeres trabajadoras jefas de hogar?, etc., etc.

¡Demasiado! Pues, nada más y nada menos que los y las de abajo tenemos que ponerla y/o ya lo estamos haciendo, considerando que el sistema tributario costarricense es, hablando desde el punto de vista social, criminalmente injusto.

Según los especialistas afines al actual binomio gobiernista Alvarado-Piza, especialmente los de carácter económico y su prensa afín, para este 2019 el país se enfrenta a esta realidad macrofiscal monstruosa: las necesidades de financiamiento del Gobierno para este año 2019 andan por esa cifra: 13,3 puntos PIB.

Por un lado, nos dicen que se deben honrar compromisos de pago de deuda adquirida tiempo atrás y que vencen, precisamente en este año 2019, por el orden de 6,8 puntos PIB. Esto es dos billones trescientos ochenta mil millones de colones: 2.380.000.000.000.

Entonces, cada día de estos 365 del 2019, el Gobierno tiene que hacer pagos de deuda pública por el orden (redondeado) de los 6.521.000.000: seis mil quinientos veintiún millones de colones, ¡cada 24 horas! Y, por tanto, cada hora, 272 millones de colones, también redondeado.

Por otro lado, 6,5 puntos PIB es la cifra del nuevo déficit fiscal para este 2019, otra estrambótica cantidad: 2 billones 275 mil millones de colones: 2.275.000.000.000. Por día, redondeado, 6 mil 233 millones de colones: 6.233.000.000. ¡260 millones de colones por hora!

¡Abruma tanto número y esas cantidades tan grandes! Resumiendo: cada hora, de cada día, de este año 2019, el Gobierno tiene que: a) desembolsar 272 millones de colones para pagar deuda de vencimiento en este 2019; b) buscar plata fresca-endeudarse, dado el déficit fiscal de 6,5%, por 260 millones de colones por hora, para funcionar al mínimo.

Por hora, ¡532 millones de colones! Cifras para arriba, cifras para abajo (por efectos matemáticos del redondeo). Eso es lo de menos, pero la cantidad es impresionantemente enorme.

En tal sentido, uno tiene que concluir que, con esos números, tanto el pago de la deuda como enfrentar el nuevo déficit nos van a estrangular en este 2019; estrangulamiento que, por supuesto, hemos de sufrir las grandes mayorías trabajadoras y ciudadanas de este país.

¿De dónde va a sacar el Gobierno 532 millones de colones frescos durante cada hora de este 2019? Si el paquetazo de impuestos -combo fiscal- que le impusieron al pueblo, de manera truculenta, es apenas (y esperando que funcione a plenitud; y que los que roban impuestos no roben más), de apenas 1,2%; ¿cómo van a conseguir el restante 12,1% puntos PIB para llegar al 13,3 que afirman se necesita para este año…?

¿Incrementar la senda del empobrecimiento salarial, reduciendo todavía más los reajustes al salario mínimo (en el caso del sector privado); en el público, eliminando las anualidades y el salario escolar? Y, en este caso, ¿despidiendo, masivamente, empleados públicos? ¿Cuántos? ¿De qué sectores…?

Nada de esto ayudaría al manejo del déficit y de la deuda. Por el contrario, más dolor, más sacrificio, más violencia y más exclusión será lo que sobrevendría. Entonces, ¿vender los pocos activos rentables que todavía siguen siendo de propiedad pública…?

Si todo esto no fuera así (difícil de creer otra cosa, dado el carácter ideológico de los que comandan, hegemónicamente, la actual Administración), el nuevo endeudamiento que quiere el binomio Alvarado-Piza, de 6 mil millones de dólares, ¿para qué sería? ¿Para pagar esos vencimientos de deuda de este año 2019 y para atajar el crecimiento del déficit…?

Estamos ya en un círculo vicioso infernal: endeudarse para pagar deuda, en esencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de clase de la actual hegemonía en el poder (y en el gobierno) no estará jamás dispuesta a lo que realmente nos ayudaría a salir del problema sin grandes sacrificios sociales: acometer la estratégica e históricamente pendiente tarea de la transformación tributaria estructural. Esto solo será posible con un contrapoder cívico-social y patriótico que todavía no ha podido conformarse, aunque la materia prima sobra…

Diario Extra: ANEP meterá amparo contra Hacienda

PERIODISTA: María Siu Lanzas

Diario Extra

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpondrá un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por negar nuevamente información sobre los grandes contribuyentes.

Albino Vargas, secretario general de ese sindicato, dijo que solicitan la entrega de la lista de las 96 empresas a las que Hacienda les inició un proceso de cobro por ¢560.000 millones, sin embargo Tributación volvió a escudarse en que son datos confidenciales para no darlos a conocer.

“Con esta respuesta lo que el Ministerio de Hacienda demuestra es que sigue siendo un cómplice de la pavorosa evasión fiscal y tributaria que hay en este país. Pretende que sea otro recurso de amparo el que nos dé a conocer esos 96 nombres de las megaempresas en cobro”, sentenció.

Agregó que el actuar de Hacienda es sospechoso y todo lo que está ocurriendo es una injusticia hacia la clase trabajadora, que está pagando la torta fiscal.

“Exigimos a la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) que rectifique para no desprestigiar más la cara de protección a la evasión”, agregó.

La ANEP basó su solicitud de información amparándose en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

“Considerando el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros, ANEP estima que no es necesario un nuevo recurso amparado para obtener los datos que solicitamos en la presente carta”, comentó.

Sin embargo, Tributación se escuda en que las informaciones que la Administración obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial y sus funcionarios y empleados, ni pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones.

Carlos Vargas, director general de Tributación, proporcionó la respuesta mediante una nota remitida a la ANEP con fecha 19 de diciembre de 2018.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/379080/anep-metera-amparo-contra-hacienda?fbclid=IwAR0uiBiVGRA7Y9M8HHXI_SIJpO1Q-XmAkZ5gwVMyBRcz9RQahKlmw_ZuUFA

La Internacional Progresista

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Es sumamente necesario hacer notorio, considerando el escenario político actual de nuestro país, destacar el llamado que, de manera conjunta, están formulando el señor Bernie Sanders, senador demócrata estadounidense y quien quería alcanzar la presidencia de los Estados Unidos en las pasadas elecciones en las cuales se impuso Donald Trump; así como junto a él, un personaje muy notorio en los últimos tiempos, especialmente a nivel europeo, de nacionalidad griega, Yanis Varoufakis, quien fuera Ministro de Finanzas de Grecia en momentos muy críticos de la debacle fiscal en ese país.

Plantean ambos, y quienes les están acompañando, que es necesario establecer una plataforma política global conceptuada como la Internacional Progresista, ante el avance de la derecha política más extremista y conservadora que ha venido exacerbando la explotación de los más pobres y aumentando considerablemente la riqueza de los más ricos, haciéndolos todavía más ricos.

Llama la atención que esta Internacional Progresista vendría a surgir de la devaluación política de la otrora muy beligerante Internacional Socialista la cual, históricamente, acuñó la patente de la filosofía y de los valores de integración social que pregonaba la socialdemocracia clásica; misma que, poco a poco, se transmutó -aunque conservando ese ropaje ideológico-, para defender la más grande cruzada del capital contra el trabajo, definida como la globalización neoliberal.

Notables partidos de la Internacional Socialista terminaron imponiendo la esencia de la agenda neoliberal en varios relevantes países de la Unión Europea, de la América Latina… y en Costa Rica también, con la degeneración filosófico-política del Partido Liberación Nacional (PLN), a partir del control que del mismo lograron los hermanos Arias Sánchez y sus seguidores.

Tan es así que el nacimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), hijo de la calle pues surgió luego del gran movimiento social del combo ICE, se suponía que vendría a izar la bandera socialdemócrata que el PLN arrió; sucumbiendo también y finalmente, al poderoso impulso de la derecha del capital neoliberal, tal y como lo estamos experimentando en la actual gestión gubernativa Alvarado-Piza, con su mayoría legislativa cuantitativa y con el soporte ideológico-judicial desde el alto tribunal constitucional de la República.

Volviendo a esta notable circunstancia del llamado a la conformación de la Internacional Progresista, sus proponentes señalan objetivos tan extraordinariamente cruciales como reformar instituciones globales como el FMI, el Banco Mundial, la OIT o la misma ONU. ¡Vaya propósitos más loables y necesarios!

Según las informaciones que leímos para poder comentarles sobre esta, repetimos, buena nueva, el señor Sanders escribió en el periódico británico The Guardian lo siguiente: “Para combatir efectivamente el surgimiento del eje autoritario internacional, necesitamos de un movimiento progresista internacional que aborde la masiva desigualdad global que existe, no sólo en el tema de la riqueza sino en el poder político”.

¡Vean ustedes! En la Costa Rica de estos mismos momentos, enfrentamos la ofensiva de un eje autoritario (el que nos impuso el combo fiscal con trampas y triquiñuelas), mostrándosenos con gran crueldad y prepotencia la creciente desigualdad que nos agobia, tanto en cuanto a la concentración de la riqueza como en cuanto a la concentración del poder político. Sin siquiera saber de nuestra existencia, el señor Sanders estaba diagnosticándonos a la distancia.

Al ampliar sobre las motivaciones para el surgimiento de la Internacional Progresista, el señor Sanders nos indicó lo siguiente: “Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación trabajen para beneficiar a todo el mundo, no sólo a unos pocos. No es aceptable que el 1 % de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras el 70 % de la población en edad trabajadora sólo tiene el 2.7 % de la riqueza global”.

Por su parte, el señor Yannis Varoufakis apunta lo siguiente: “Ya es hora de que los demócratas de todo el mundo formen una Internacional Progresista que luche por los intereses de la mayoría de cada continente, de cada país.

¡Efectivamente! Da en el punto el señor Varoufakis para el caso costarricense. Ya es hora de que los demócratas costarricenses nos juntemos para la construcción de un fuerte movimiento progresista en nuestro país, pero con sentido estratégico; de mucha amplitud y tolerancia, partiendo de que están identificados muchos puntos de agenda que nos pueden volver coincidentes para formular un planteamiento común motivante y aglutinador.

Este desafío es una necesidad histórica para la circunstancia que vivimos de cara al autoritarismo que emergió en nuestro país con el binomio Alvarado Piza, los intereses del alto corporativismo que están tutelando y con la decisión política de castrar el crecimiento de los movimientos y de la resistencia popular.

2018: 11 Conclusiones sociopolíticas

UNO: Alvarado Quesada, luego de la estafa política que representó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril pasado, logró la unidad de las fuerzas político-económicas contrarias al bien común; esas que son las enemigas acérrimas del papel del Estado en la economía, con su enfermiza fijación patológica contra el empleo público.

Logró lo que no había alcanzado el bipartidismo clásico PLUSC, por sus respectivos procesos degenerativos, ideológicamente hablando, con corrupción incluida y que mostraban gran desprestigio para un nuevo dinamismo impulsor de la agenda neoliberal. Alvarado Quesada, con su lugarteniente Piza, resultó ser el líder necesario que ocupaba el capital.

DOS: Prácticamente el sistema de partidos políticos como tradicionales conductores del rumbo del país, colapsó. La agenda-país de la actualidad sale impulsada desde los latifundios mediáticos promotores de la cultura y de los valores más nefastos de la globalización neoliberal. Además, obtuvieron una ventaja estratégica: la cúpula judicial-constitucional se les adhirió. La gente políticamente sana de las bases del PLUSC-PAC parece que deberán buscar nuevos aires.

TRES: El PAC resultó ser un partido político de corte antisindical en esencia, pese a que no pocas bases laborales contribuyeron para su llegada al Poder Ejecutivo en la anterior administración y en la presente. Un partido que expresa con mucha virulencia su antisindicalismo, mucho más crudamente que el mostrado, en sus respectivos momentos, por el bipartidismo clásico PLUSC: aunque ahora los tres están más que junticos en cuanto a acabar con el movimiento obrero costarricense.

CUATRO: La izquierda político-partidista (la que hemos conocido hasta hoy, al menos), está en una situación calamitosa, aunque repleta de gente honesta, comprometida y sacrificada. De lo que queda de ella en cuanto tal, genera enojo y resentimiento la parte de la misma que está como colaboracionista de la tríada gobernista PLUSC-PAC.

CINCO: El evangelismo religioso que logró notable ascenso electoral con fuerte representación parlamentaria (aunque ahora dividido), está ahora más claro en cuanto a su identificación cercana  con la agenda ideológico-neoliberal del latifundismo mediático dominador del debate nacional, que de las bases electorales que les dieron tan alto nivel de representación; bases electorales de mucha presencia regional con ocasión de la pasada huelga patriótica contra el combo fiscal, por su reclamo legítimo de exclusión social y económica precisamente derivada de las políticas de esa agenda neoliberal.

SEIS: Cuantitativamente minoritarias, valiosas voces parlamentarias actuales podrían transformarse en denuncia ciudadana activa y en aporte movilizador para fomentar la construcción de la otra hegemonía en cuanto tal, la que hace falta; generándose, eso sí, las imprescindibles confianzas intra y extramuros legislativos.

SIETE: Quedó en evidencia el potencial sociopolítico de corte transformador para la restauración del bien común y la lucha contra la creciente desigualdad, por parte del pueblo excluido (pero utilizado para efectos electorales), si y solo si resulta capaz de articularse estratégicamente sacándole provecho a la diversidad, y si construye causas de capacidad convocante unitaria.

OCHO: El perverso sistema tributario costarricense quedó completamente al desnudo, cruelmente expuesto en su aspecto repugnantemente abusivo y socialmente criminal: la evasión tributaria en todas sus formas superó lo inimaginable: la lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas y/o cero ganancias (consorcios corporativos con plena afinidad con el binomio Piza-Alvarado y la tríada PLUSC-PAC); las 96 megaempresas que deben al fisco más de 1.5 puntos PIB; la todavía oculta situación tributaria de las GETES (grandes empresas territoriales);  la inenarrable situación de evasión con el impuesto sobre las ventas que se agravará más con el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA); el robo y la desaparición de expedientes de cobro tributario, el continuado negocio de la evasión aduanera que llega a niveles imposibles de cuantificar; la fiesta sin fin de los 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; la usura asesina de las economías familiares y productivas con el cobro más que abusivo de los intereses de las tarjetas de crédito y negocios asociados; etc., etc., etc. Cambiar todo esto, o parte, requiere de una especie de revolución tributaria estructural.

NUEVE: La profundidad del abismo de la deuda pública y del pago de sus intereses, aspectos imposibles de honrar sin someter al pueblo a sacrificios sociales y económicos indescriptibles; y la más que suicida propuesta de Alvarado Quesada y su grupo de endeudarnos más todavía para dejarnos (en 2022), en una cifra bárbara de más de 40 mil millones de dólares. Todo esto se complica mucho más para la gente, pues la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, piden más sangre presupuestaria que, al fin, es sangre de los y de las de abajo.

DIEZ: La necesidad de impulsar otra reforma del Estado y del empleo público para atender -entre otros aspectos-, el grave problema de las burocracias doradas, de las zonas de empleo público precario, de la pauperización de servicios públicos relevantes para el bien común, de las duplicidades institucionales insulsas; y de transformación-eliminación de las entidades públicas facilitadoras de escandalosos negocios privados y apropiación indebida de fondos públicos, aunque sea con tonalidad legal. Pero una transformación estructural del empleo público no puede ser diseñada sin una transformación estructural del sistema tributario. Tienen más que una relación simbiótica la una con la otra.

ONCE: Finalmente, es constatable la presencia más que activa y desafiante de las dos hegemonías en pugna, ahora más perfiladas que antes: una, la que tiene el poder, que tiene plena conciencia de que lo es, que es hegemonía con poder y lo está utilizando plenamente.

La otra hegemonía, la de los y las de abajo, sabe que puede serlo y entrar a la disputa más estratégicamente y no tan coyuntural como lo ha venido haciendo… pero no encuentra el cómo.