Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

En varios lugares, espacios y momentos, hemos planteado nuestro resentimiento-reclamo a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica (UCR), la más emblemática del país sin que ello implique desconocer la relevancia para la Patria de las otras cuatro casas de enseñanza superior universitaria pública, motivado por lo siguiente.

Específicamente, la notoria ausencia política de la UCR (y de las otras también), en el marco de la tormentosa situación social y política del tema fiscal; y, más en detalle, de la popularmente conocida como lucha patriótica contra el combo fiscal, fue más que evidente.

A lo mejor, somos unos perfectos ignorantes-desconocedores pero nunca supimos de una propuesta fiscal integral, justa, equitativa, progresiva, salida de las universidades públicas (especialmente de la UCR), que pudiera contraponerse a la que finalmente se le impuso al pueblo trabajador mediando toda clase de irregularidades, entre éstas (la más notoria), la del fallo constitucional del compadre hablado. Hablamos del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Este reclamo-resentimiento no es el objetivo de este comentario, por supuesto. Sin duda alguna, la lista de aportes positivos de las universidades públicas al desarrollo del país, es interminable. Sería tremendamente injusto descalificarles por este asunto del combo fiscal, por demás, una apreciación muy subjetiva. En todo caso, es la opinión personal de quien esto escribe.

Interesa, ahora sí, centrarnos en el objetivo del presente comentario: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, concepto éste emitido por alguien con propiedad y con conocimiento enorme para hablar del asunto.

Se trata de don José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado y figura cercana al Partido Acción Ciudadana (PAC), del cual es uno de sus garantes éticos (nos parece el único que les queda en cuanto tal).

Don José Manuel fue comentarista en la presentación del extraordinario trabajo-estudio denominado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos); libro presentado el pasado 8 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); elaborado y escrito por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Por supuesto que, en lo personal, no hemos leído el libro. Deberemos comprarlo no más entrado el año pues nos acabamos de enterarnos de su publicación, leyendo el sitio oficial de la UCR (https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/08/09/costa-rica-es-una-democracia-disfrazada-de-legalidad.html).

Pese a ello debemos destacar el oportunísimo momento histórico de la publicación de este libro, destacándose como un notable aporte de la UCR a la sociedad, al punto de que (como indicamos líneas arriba), el exmagistrado Arroyo Gutiérrez se dejó decir, a modo de resumen de la lectura que él hizo del libro, el concepto éste de que: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

Según la crónica noticiosa UCR, el libro de don Manuel, de 500 páginas de extensión, “…evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran ‘concertar’ voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República”.

“Nada nuevo bajo el sol”, dirán muchos. Sin embargo, por primera vez en la historia republicana reciente del país, el estudio describe el mecanismo por el cual se logra esa ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República.

Por otra parte, de impacto es la afirmación que sirve de título a la publicación de la UCR: Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad.

Con base en la crónica noticiosa de la UCR que venimos citando, se expresa que tal mecanismo de “concertación” entre poderes, “…es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de ‘uno para ti y otro para mí’ ”.

Por otra parte, la cuestión es ideológica según la hegemonía política dominante de los últimos tiempos, apuntamos nosotros. ¿Por qué? El estudio de don Manuel Solís Avendaño no solamente indica que ese mecanismo de “concertación” de poder entre los poderes del Estado, fue impuesto por la apertura económica exigida por el proceso de globalización neoliberal; sino que, además, fueron los organismos financieros internacionales los que obligaron al sistema a diseñarla e imponérnosla.

Finalmente, siempre citando nosotros la información digital de la UCR elaborada a propósito de la presentación de este libro-estudio Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), se nos llama la atención en lo siguiente:

“Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación”.

Efectivamente, “nada nuevo bajo el sol”. ¡Ya lo sabíamos! Dos designaciones recientes nos lo confirman: el magistrado nombrado para la Sala Constitucional en vísperas políticas de la imposición-aprobación legislativa del combo fiscal; y, la reciente designación en la Defensoría de los Habitantes de la República, que habría sido una concesión político-sistémica al evangelismo partidario con asiento parlamentario. El extraordinario mérito de esta publicación es mostrárnoslo con la rigurosidad científica de la investigación académica.

Sinceras felicitaciones a don Manuel Solís Avendaño, al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR y a la misma Universidad de Costa Rica. Debemos leer este estudio. Es más que obligado porque “Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”.

La legalidad de la democracia costarricense es una fachada pues esconde la realidad del verdadero poder que toma las decisiones. Nada más contundente en tal sentido que los momentos sociopolíticos que estamos viviendo.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

PLUTOCRACIA. “Una plutocracia es una forma de gobierno que se desarrolla cuando las clases altas se encuentran a cargo de la dirección del Estado. El concepto deriva de Pluto, el dios de la riqueza de acuerdo a la mitología de la Antigua Grecia”.

“Lo que implica la plutocracia es que las personas que dominan los recursos materiales de un país también ostentan el poder político. Incluso es posible que, en el marco de una democracia representativa (en la cual las autoridades estatales son elegidas por el voto popular y representan a la población), las decisiones más importantes sean tomadas, en realidad, por quienes cuentan con el poder económico”.

“En este sentido, se puede decir que una democracia también puede funcionar como una plutocracia. Si los gobernantes elegidos por el pueblo responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos, se tratará de una plutocracia más allá del sistema de partidos políticos, de las elecciones que se realicen, etc.”. (https://definicion.de/plutocracia/).

RÉGIMEN. “El régimen es la formación histórica de una época. El régimen político está vinculado a la estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. Dentro de un régimen se repiten ciertos comportamientos que hacen previsible el ejercicio regular del poder”.

“Puede considerarse que los ciudadanos se encuentran en una situación de dominación o subordinación al régimen político, aun cuando los gobernantes hayan sido elegidos de manera democrática. Al llegar al poder, el dirigente adquiere la capacidad de mandar, lo que supone que el resto deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley”.

“Con el régimen político se produce una situación paradójica. El régimen emana de la voluntad de la gente, que determina las características del régimen político. Pero, de manera simultánea, la propia estructura de este régimen termina condicionando la voluntad de la población”. (https://definicion.de/regimen-politico/).

Si nos atenemos a estas definiciones sociopolíticas del concepto plutocracia y del concepto régimen, las cuales hemos seleccionado con el propósito de transmitir nuestro pensamiento al respecto; podríamos definir que el actual gobierno de la República se puede conceptuar como un régimen plutocrático, partiendo del comportamiento político del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo, a partir de la materialización política de la estafa electoral que ocurrió con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en segunda ronda, en abril pasado, por una parte.

Colateralmente, tenemos la estructuración de una mayoría parlamentaria de carácter cuantitativo, que ha procedido a implementar la agenda ideológica de los puntos “…que responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos…”, generándose una plutocracia “…más allá del sistema de partidos políticos”.

Efectivamente, los partidos políticos integrantes de la coalición gobiernista PLUSC-PAC, ya no defienden los contenidos ideológico-políticos y programáticos que suponen sus piedras angulares filosóficas, respectivamente: la socialdemocracia clásica, el humanismo cristiano consecuente y el presunto progresismo rescatador de la orfandad socialdemócrata una vez que el partido que la cobijó se hizo neoliberal. Al parecer, los partidos políticos evangelistas empiezan ya a ser “cooptados” por el régimen plutocrático Alvarado-Piza, luego de un comportamiento parlamentario que los acercó a la ciudadanía en lucha, con ocasión de la lucha patriótica contra el combo fiscal.

La cuestión se hace más grave si consideramos que el régimen plutocrático Alvarado-Piza, encuadró en su lógica de promoción de los intereses de los ricos, al más alto tribunal de la Republica: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“El poder tomó una decisión que denigra la Constitución Política”. “La resolución de la Sala Constitucional antepuso la crisis fiscal al estado social de derecho”. 

Estas dos contundentes conclusiones arrojó el conversatorio que el pasado 29 de noviembre, realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, luego de la aprobación-imposición de la hoy Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, combatida en las calles por el más relevante movimiento popular de los últimos tiempos; nefasta legislación viabilizada políticamente luego del fallo constitucional del compadre hablado(como lo hemos denominado nosotros), dándosenos la razón por parte de esos connotados costarricenses, de altos quilates intelectuales y académicos, en materia constitucional y de la independencia de poderes.

Según la crónica del indicado foro, impresiona constatar que don Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a los otros dos distinguidísimos participantes, haya llegado a esta conclusión más que lapidaria: “…el poder (entendido como los grupos de presión políticos y económicos) es el que toma las decisiones incluso pasando, esta vez, por encima de la Constitución Política, aunque use formalmente sus órganos y procedimientos”. Los especialistas en la materia, Alfredo Chirino Sánchez (decano de la Facultad de Derecho), y don Wálter Antillón Montealegre (exmagistrado), fueron contertulios en esta relevante y esclarecedora actividad.

“Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”: así lo define un importante estudio sobre el mecanismo de concertación de voluntades entre los tres poderes de la República, que ha venido sometiendo al pueblo para favor los intereses de los ricos.

Este estudio es el libro titulado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), elaborado por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

De lectura obligada, sin duda alguna, es este libro. En la presentación del mismo, el exmagistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, resumió lo descrito en ese estudio con la siguiente frase (más que lapidaria): “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

¿Queríamos algo más contundente acerca de la naturaleza sociopolítica de lo que estamos viviendo en los actuales y cruciales momentos?; y, ¿de qué clase de desafío estamos hablando si pensamos en las responsabilidades de quienes hemos decidido resistir la ofensiva del régimen plutocrático Alvarado Piza?…

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), “no sirvió”, a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), «no sirvió», a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo.