¡Libertad para Carlos Andrés Pérez!

Una condena política ejemplarizante

“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. (…) Porque soy como el árbol talado que retoño: aun tengo la vida” (Miguel Hernández)

El 11 de setiembre, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.

Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.

Carlos Andrés fue acusado por el Ministerio Público, quien el 27 de noviembre último, fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.

La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.

La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, que valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.

Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.

El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.

La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.

La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.

Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.

Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.

La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.

Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la Libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.

El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.

¡Libertad inmediata para Carlos Andrés¡

Manuel Hernández

ANEP recibió memoria histórica de 60 años de lucha social

El historiador y ex Secretario General de la ANEP, Adalberto Fonseca Esquivel presentó a la Junta Directiva Nacional de la ANEP la memoria histórica titulada «ANEP 60 Aniversario 1958-2018.

Asamblea General: Seccional ANEP-Municipalidad de Heredia

La Seccional invita a los trabajadores a presentarse el jueves 20 de diciembre a partir de las 6 p.m. en el Palacio Municipal, donde se presentará la propuesta dela Convención Colectiva de Trabajo.

 

El fraude fiscal a gran escala: la huelga y lo que sigue

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Que el salario devengado por el empleo público no es responsable del déficit fiscal: ¡batalla de ideas ganada! Que la clase trabajadora asalariada de los sectores estatal y privado no roba impuestos: ¡batalla de ideas ganada! Que el sistema tributario costarricense es corrupto y es injusto: ¡verdad irrefutable! Que el combo fiscal, ahora ley de la República No. 9635, se le impuso al pueblo trabajador-pagador puntual de impuestos, con artimañas y triquiñuelas político-jurídicas, incluyendo el fallo constitucional del compadre hablado, es otra verdad que la clase política tradicional (el PLUSC-PAC) no puede negar.

Que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones y versiones, con ropaje legal o sin él, es el problema número uno de la sociedad costarricense actual, ha quedado completamente comprobado, de manera inobjetable. Así lo demuestra -en apenas una pequeña parte-, la lista de los “grandes contribuyentes” que forzosamente la Ministra de Hacienda tuvo que dar a conocer, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la organización cívica Territorios Seguros.

¡La huelga triunfó! Moral y éticamente, el Movimiento Patriótico contra el Combo Fiscal ha triunfado. Las trampas que la tríada gobiernista PLUSC-PAC hizo para imponérnoslo incluyen el ocultamiento de esa lista entregada a los recurrentes del amparo constitucional, en oficio del Ministerio de Hacienda con fecha del mismísimo día en que ese detestado proyecto de ley era votado a trompada de loco en primer debate, día lunes 3 de diciembre; y, para ser firmado por el Ejecutivo en la noche de ese mismo día, publicándose, ya como ley No. 9635, en el diario oficial La Gaceta, el martes 4 de diciembre, un día antes de que la ya famosa lista fuera dada a conocer, el día miércoles 5 de diciembre. ¡Tramposos!

Muy probablemente, si esa “Lista de la vergüenza tributaria 2018” (como la denomina un buen amigo de las causas sociales que defendemos), se hubiese dado a conocer antes de la votación de segundo debate, a golpe de tambor ese lunes 3 de diciembre, el combo fiscal no se habría votado.

Seguros estamos de que el impacto indignante y la más que justificada furia ciudadana que ha causado en la sociedad conocer de esa lista habría llevado a varios diputados a cambiar su voto y no dárselo a la ahora ya ley del combo fiscal, número 9.635.

La férrea oposición del Movimiento Sindical Costarricense y de otros sectores sociales en esta ya histórica lucha contra el combo fiscal y por la justicia tributaria, ha tenido sentido. Particularmente, el Magisterio Nacional merece todos los honores pues han sido el bastión fundamental de esta gesta social. Igualmente, miles de otras personas trabajadoras asalariadas del sector Público se llevan grandes reconocimientos ante el altar de la Patria, como los cientos y cientos servidores públicos municipales quienes, a lo largo y ancho del país, sostuvieron este movimiento que llegó hasta el día 89. Insigne ha sido la participación de muchísimos compatriotas del campo agricultor con producción destinada al mercado interno, castigados por ese injusto paquete tributario, impuesto con artimañas como ya ha quedado totalmente demostrado.

La Lista de la vergüenza tributaria es apenas la punta del iceberg de la perversidad intrínseca del actual sistema tributario costarricense. Este es injusto con cientos y con cientos de micro-emprendimientos empresariales, con pequeñas y medianas empresas agobiadas por las responsabilidades tributarias, las de la Seguridad Social y/o las de orden municipal. Y ya hemos planteado hasta la saciedad, la grave agresión que representa el pago de impuestos para las personas asalariadas y sin empleo.

Por otra parte, tenemos el espantoso nivel de endeudamiento público que padece el país que, pensamos nosotros, es consecuencia directa de ese perverso sistema tributario regresivo y, paralelamente, del fraude fiscal a gran escala. Son demasiados años de fraude fiscal continuado y multidiverso, dentro de la legalidad o fuera de ella; y, en paralelo, un proceso de endeudamiento continuado con una lógica que pareciera indicar esta relación: a más fraude fiscal, más deuda pública. La deuda pública, el fraude fiscal a gran escala y los impuestos sobre la clase trabajadora, están vulnerando la Democracia misma.

Y, entonces, luego de la huelga, ¿qué sigue? Uno piensa que deberíamos impulsar un nueva rearticulación cívico-social, de gran contenido patriótico y soberanista para, al menos, impulsar estos tres ejes de trabajo: una auditoría ciudadana de la deuda pública, la transformación estructural del sistema tributario del país (empezando por impulsar recomendaciones como las arrojadas por la investigación legislativa de los Panama Papers); y, construir una especie de frente político-civil para darle un buen músculo a la resistencia popular que debe enfrentar el problema del avance de la corrupción y del fraude fiscal, del autoritarismo en Democracia y de la exclusión social generadora de mayores niveles de violencia en todos los órdenes.

Por supuesto que son solamente algunos planteamientos personales formulados con mucha sinceridad y transparencia. ¡No los únicos! Afortunadamente, luego de esta huelga ya no seremos la misma sociedad; y, luego de la Lista de la vergüenza tributaria 2018, tampoco. La lógica furia ciudadana ante estas revelaciones, más las que faltan, señalan las potencialidades de un nuevo sendero de tránsito democrático-civil y social que le espera al pueblo costarricense, prácticamente huérfano de representación político-partidista, pero no así de una Constitución que nos da amplia base de acción para enfrentar al egoísmo de la clase hegemónica que nos está conduciendo al despeñadero.

“Lista de la vergüenza tributaria 2018”: ¿Y a qué se dedicaban los directores de tributación”?

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El pueblo trabajador, la sociedad honesta, el micro-pequeño y mediano empresariado, la clase trabajadora asalariada a la cual le rebajan puntualmente el impuesto de la renta cuando procede, la ama de casa que paga inexorablemente el impuesto sobre las ventas en la caja registradora del supermercado, etc., etc.; muestran un enojo y una iracundia más que furiosa ante lo que representa el más grande escándalo de la historia tributaria del país: la revelación de la lista de “grandes contribuyentes” que en los últimos años han venido declarando cero ganancias y/o pérdidas.

La señora Patricia Castillo Vargas, Directora a cargo de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, dependencia de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, mediante su oficio NO. DGCN-521-2018, fechado 3 de diciembre de 2018 (el mismo día en que, truculentamente, la coalición parlamentaria gobiernista PLUSC-PAC imponía, a golpe de tambor y a trompada de loco el segundo debate al odiado proyecto de ley combo fiscal), le entrega al señor Jorge Eduardo Vizcaíno y a la señora Lía Sánchez Agüero, “…la lista de los grandes contribuyentes nacionales que cumplen la condición de haber autoliquidado impuesto 0 en el impuesto sobre las utilidades, al menos en uno de los períodos fiscales que cubre el lapso de 10 años, sea del 2018 al 2017 el último período fiscal reportado”.

Como ya es de amplio conocimiento público, don Jorge y doña Lía forman parte del grupo cívico Territorios Seguros, artífices del recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional por medio del cual la ciudadanía (en medio de, repetimos, gran estupor, enojo, indignación y furia iracunda), se enteró del nombre de un importante número de empresas y grandes corporaciones, todas prestigiosas en su mundo de los altos negocios, que han venido declarando cero ganancias y/o pérdidas.

Enorme cantidad de interrogantes, inquietudes, conclusiones surgen a partir de que esta primera “lista de la vergüenza tributaria 2018” se ha hecho pública.

Decimos primera porque hay más listas por conocer. Valga aclararles que la denominación “lista de la vergüenza tributaria 2018”, es de un estimado amigo de nuestras causas, a quien respetamos mucho.

Para empezar (aunque, en realidad no sabemos por dónde empezar), en el plano de las interrogantes, conviene emplazar a los diferentes responsables de ese período de vergüenza tributaria, sea del 2008 al 2017.

Al primero que hay que llamar a cuentas es a don Carlos Vargas Durán, actual Director General de Tributación. Ingresó a ese cargo en abril de 2012 y se mantiene hasta la fecha. Es decir, él vendría a ser el responsable directo de este desastre tributario (para decirlo de manera elegante), en la mitad del período en cuestión, 2008-2017. Muchísimo debe explicar este señor quien antes de ostentar tal cargo, ya ajustaba 14 años de labores para el Ministerio de Hacienda.

Cuando asumió la Dirección General de Tributación, don Carlos Vargas Durán hizo una declaración de prensa afirmando lo siguiente: “Entre sus objetivos se encuentran mantener una lucha frontal contra la evasión, incrementar las acciones de la Dirección General de Tributación para mejorar la recaudación y ejercer los controles necesarios para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Luego agregó: “Asumir la responsabilidad de dirigir la Dirección General de Tributación es un reto en cualquier momento y más aún, cuando el país requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir la evasión y aumentar los ingresos que el Gobierno necesita para sacar adelante los programas más apremiantes para la población. Agradezco el voto de confianza que la señora Presidenta y don Luis Liberman han depositado en mí y confío plenamente en que, con el apoyo del recurso humano con que cuenta Tributación, afrontaremos la tarea de llevar adelante la recaudación adecuada de los impuestos existentes y combatir sin tregua la evasión”, manifestó el nuevo director.

Note usted el nombre de las dos autoridades políticas que le designaron para ese alto cargo tributario. También note usted en el contenido de sus declaraciones y los datos que está arrojando el “listado de la vergüenza tributaria 2018”.

Preguntamos: ¿verdad que don Carlos debe responder una enorme cantidad de interrogantes? ¿Verdad que él debería ser separado de su cargo para abrir una profunda investigación política-ciudadana de todo este relajo? ¿Verdad que es bueno preguntarse para qué lado estaba mirando don Carlos cuando estas megacorporaciones declaraban cero ganancias y pérdidas en los años en que él ha estado frente a la tributación del país?…

Vemos ahora quién estaba en esa delicada función antes de don Carlos Vargas Durán. Se trata de don Francisco Villalobos Brenes. Hoy labora para la empresa contable de auditoría Deloite la cual le presenta así: Abogado y Notario. Cuenta con una amplia experiencia en materia tributaria siendo su más reconocida faceta su paso por la DGT donde marcó un antes y un después en la gestión tributaria en Costa Rica. Fue director de la Cátedra de Impuestos de la Facultad de Derecho de la UCR y fue gerente para impuesto de Intel para América Latina. Actualmente es asesor de importantes empresas nacionales y multinacionales, miembro de la Comisión Fiscal de la Unión de Cámaras y Asesor Fiscal de la Cámara de Industrias. Litiga en materia tributaria y es un reconocido expositor en foros nacionales e internacionales”.

Dice Deloite que don Francisco Villalobos Brenes, como Director General de Tributación, marcó “…un antes y un después en la gestión tributaria en Costa Rica”. Hay que preguntarse en qué consistía ese “antes” y que es lo que quedó “después”

Como se recordará, paradojas de paradojas de la vida, don Francisco tuvo que abandonar ese cargo cuando se hizo público que él mismo estaba moroso con la Tributación, por la cantidad de 1 millón 800 mil colones dejados de pagar por concepto de impuesto sobre la renta.

¡No lo dude! Don Francisco Villalobos Brenes, también, le puede contar mucho a la ciudadanía y a la sociedad acerca de su paso por la Dirección General de Tributación (DGT).

Antes de él, otro don Francisco estuvo a cargo de la DGT: don Francisco Fonseca Montero.

¡Qué va! Incluyendo al actual, los señores que han tenido responsabilidad como máximas autoridades políticas de la DGT en los últimos tiempos, especialmente en el período analizado en el “informe de la vergüenza tributaria 2018” están en deuda con la sociedad y ésta, bien organizada, debe exigir cuentas y no permitir impunidad alguna en este caso: el robo de impuestos, con ropaje legal o sin él, es un crimen contra toda la sociedad.

“Grandes contribuyentes”: Indignación popular – furia ciudadana

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Creemos que no había ocurrido en los últimos tiempos un episodio de la realidad nacional que esté causando tanto indignación popular y enorme furia ciudadana, como la revelación de la lista de “grandes contribuyentes” (debemos ponerlo entrecomillado, por razones obvias), dada conocer el pasado miércoles 6 de diciembre de 2018, a regañadientes y contra su voluntad, por parte de la señora Ministra de Hacienda, doña Roció Aguilar Montoya.

Cumplió ella sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que así se lo ordenó, al haberle dado la razón a un estimable grupo ciudadano, mediante un recurso de amparo oportunamente interpuesto, el cual fomenta una causa de lucha social denominada Territorios Seguros, quienes realizan un quehacer por el desarrollo de la Democracia al amparo del artículo 9 constitucional.

Podemos decir que estamos en presencia del escándalo tributario más relevante de la historia republicana costarricense,considerando los nombres de las firmas de las mega corporaciones y empresas involucradas; así como las identidades de los personajes del mundo de los negocios y de la política que tienen relación con la actividad de dichas entidades lucrativas del sector privado de la economía.

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Una juventud dinámica y tolerante: el artículo perdido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Por: Benjamín Sevilla García
Secretario de Juventud ANEP
Junta Directiva Nacional ANEP

Hoy se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizá la herencia más importante de un grupo de personas que tuvieron la sensatez de separarse de sus intereses individuales y construir en equipo las bases de un buen derecho; una declaración que reconociera la dignidad inherente de todas las personas sin discriminación alguna.

Con sus aspectos negativos,  como toda producción humana, pero también, y muy por encima de estos, con la virtud de ser el instrumento que logró orientar por buen norte un mundo al borde de la destrucción.

Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la herencia de un buen derecho; herencia que no debemos abandonar las personas jóvenes, en medio de sociedades altamente intolerantes, materialistas y profundamente desiguales, las juventudes tenemos como reto salir en defensa de aquellas personas que perdieron su voz, o que simple y llanamente, son ignoradas.

Nuestra sociedad clama por una juventud dinámica y tolerante. Una juventud que no sólo reconozca la diversidad,  sino que sea capaz de respetar las ideas, creencias y las prácticas de los demás, aunque disten mucho de ser iguales a las nuestras.

Debemos pensar en la importancia de la educación como elemento transformador de la sociedad. Hoy presumimos de ser más civilizados, más preparados intelectualmente,  pero ello no nos garantiza ser más educados, ni tolerantes. Prueba de ello, los altos niveles de violencia, las marcadas brechas de desigualdad y el solapado predominio de ideas  y decisiones autoritarias en manos de quienes dicen representar al pueblo.

Mi aporte como Secretario de Juventud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en este día, es hacer un llamado a las personas jóvenes trabajadoras para que defendamos la  herencia de un buen derecho.  Para que este 10 de diciembre salgamos al rescate del artículo perdido de la Declaración Universal de las Derechos Humanos.

¿Artículo perdidos? ¡Sí! Ese que algunos legisladores y funcionarios de gobierno olvidan. Ese que indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.»

Ese artículo insta a nuestros países y a los propios patronos a reconocer el derecho que tiene toda persona sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; aspecto que en nuestros pueblos choca frontalmente con la vergonzosa desigualdad salarial que sufren las mujeres por su condición de mujeres.

El mismos artículo que permanece oculto cuando se plantea la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiales,  de los trabajadores municipales,  de los extranjeros,  de aquellas personas que trabajan en las plantaciones de piña y banano. Ese que menciona: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,  que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.»

El artículo perdido concluye diciendo: “Toda persona  tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Esta es la verdadera razón por la que se busca ocultar el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en nuestros países e existen altísimos niveles de irrespeto a la libertad sindical.

Las juventudes tenemos el sagrado deber de luchar para que el Derecho del Trabajo y sus garantías avancen progresivamente.Debemos oponernos a cualquier contrarreforma laboral que pretenda limitar derechos o reducir las justas conquistas de las personas trabajadoras.