Autor: ANEP

La tríada gobiernista PLUSC-PAC ya tiene listo cómo quiere que sea el empleo público luego de que lograra, mediando el fallo constitucional del compadre hablado, imponerle al pueblo la ahora ley de la República No.9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Al igual que lo hiciera con ocasión de la tramitación legislativa de tan detestada legislación, pretende ahora emular el, para ellosexitoso, proceso de “negociación” con los sindicatos; estableciendo dos vías paralelas: la real y la ficticia, transitando ambas al mismo tiempo.

 La real es la que implica involucrar a los actores hegemónicos parlamentarios en ese proyecto de empleo público; mientras que la ficticia es la que le hará creer a los sindicatos que están negociando, cuando ya están definidos los ejes estratégicos de su proyecto de empleo público.

 ¿Cuál es la decisión neoliberal ya tomada en materia de empleo público? Veamos, seguidamente, la naturaleza de las definiciones político-estratégicas de corte neoliberal, ya tomadas en materia de empleo público.

 UNO: La instauración del salario único. Aparte de que ya ha venido siendo impuesto en varias partes de la Administración Pública; con la ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, se da vía libre al salario único, al desvincularse los reajustes salariales semestrales a la base y el cómputo de las anualidades de los tradicionales salarios base. Entonces, ¿qué quieren negociar aquí con los sindicatos?…

 DOS: Reducir de 14 a 7 los regímenes de empleo público. Ahora hay 14 sistemas de empleo público. Quieren dejar sólo 7: empleados de confianza, maestros, policías, médicos, empresas estatales en competencia y el funcionariado público restante. El sétimo vendría a ser el municipal, pero todavía no lo han confirmado. Todos con salario único, por supuesto. ¿Qué negociar aquí?…

 TRES: Incentivos no salariales: pasantías, licencias de cuido, capacitaciones. Todo esto ya está legislado, reglamentado, negociado, jurisprudenciado. ¿Qué nuevo hay para negociar?…

 CUATRO: Servicio Civil como dependencia de Mideplan. La ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, le dio la potestad al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ser el ente rector del empleo público. Lo que ya decidieron, en consecuencia, es pasar a la Dirección General de Servicio Civil a ser dependencia de Mideplan, sacándola del ámbito del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué negociar, entonces?…

 CINCO: Alta gerencia. Establecer una especie de élite tecnocrático-gubernativa a la cual accederían jefaturas de alto nivel mediando una serie de requisitos para ingresar a tan selecto cuerpo gerencial. Nada que negociar pues ya tienen definido el concepto teórico al respecto.

 No hay razones de peso suficientes como para creer que el proceso de diálogo que el actual gobierno PLUSC-PAC está proponiendo en materia de empleo público, sea radicalmente distinto de lo que ocurrió con ocasión del combo fiscal; en el cual la buena fe sindical fue pisoteada, burlada, manipulada y ridiculizada.

 Para empezar, los reales personajes políticos y hegemónicamente decisores no estarán, cara a cara, con los sindicatos; amén de que los fundamentales actores parlamentarios del PLUSC-PAC se caracterizan por su virulento antisindicalismo, expresado en tres iniciativas de ley ya tramitándose en el actual período de sesiones parlamentarias.

¿Cómo va a usted a creer en ese tipo de diálogo social con una guillotina que amenaza con cortarle la cabeza? ¿Cómo darle la espalda a todo un pueblo que estuvo esperanzado en la voluntad social organizada en demanda de real justicia y equidad distributiva? ¿Cómo sentarse, como si nada hubiese sucedido, con quienes no muestran ni transparencia ni honestidad ética para jugar dentro de la institucionalidad, si deben torcer ésta para imponerse? ¿Quién está más necesitado de legitimarse?

 A nosotros nos parece que es el gobierno, puesto que se ha venido deslegitimando luego de quedar al desnudo cuál es la naturaleza de clase de los intereses que está defendiendo desde el ejercicio del poder.

 La lucha sindical, social y popular no necesita que se la legitime desde arriba. Por el contrario, son “los y las de abajo” el interés supremo que debe animar cualquier quehacer cívico-patriótico pensado en el bien común.

Inconmensurable: “La primera acepción de inconmensurable presentada por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia a aquello que no es conmensurable. Lo conmensurable, a su vez, es algo que puede valuarse o medirse”.

¡Así es! Es tan grande, pero tan grande, tan demasiado grande es la cifra anual de robo de impuestos en nuestro país, que debemos calificarle como inconmensurable.

Lo que acaba de salir a la opinión pública en el caso de la transnacional telefónica Movistar, ni siquiera podemos calificarlo como la punta del iceberg en materia de fraude fiscal-tributario en nuestro país. ¡Qué va! Es una partícula microcósmica en ese infinito universo del robo de impuestos que se da a diario en el país.

Esta circunstancia debe causar profunda indignación. Nosotros tenemos muchísimo tiempo en hablar de ello, especialmente cuando durante tanto tiempo se ha venido culpando a los salarios de la clase trabajadora del empleo público como la responsable del déficit fiscal.

¡Qué calumnia más repugnantemente ha sido levantada al respecto, en contra de miles de personas asalariadas estatales, por parte de infames medios de prensa, coludidos con sectores político-partidistas interesados en el más repudiable afán codicioso de concentración de riqueza!

Siempre hemos hablado de que este caótico estado de cosas, perversa y malsanamente así gestado, creado, legislado, tolerado, promovido y escondido por la tradicional clase hegemónicamente dominante; debe ser variado radicalmente mediando una Trasformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas).

Pero, ¡qué va! El caso Movistar nos lleva a formular que lo que necesitamos es una REVOLUCIÓN TRIBUTARIA (así, con todas las letras en mayúsculas).

Hablemos de cifras. Disculpas por ello. Si usted lee esto y está altamente endeudado, ¡indígnese! Si tiene su salario congelado ya, ¡indígnese! Si está en la actividad micro-pequeña y mediana empresarial y le cuesta llegar a fin de mes o sufre la angustia de los pagos de fin de año, ¡también indígnese! Si está sin trabajo o en el subempleo, laborando en la informalidad, ¡sobran motivos para indignarse!

Tenemos plena seguridad de que todas las personas comprendidas en estos grupos sociales, son puntuales pagadoras de impuestos: el de ventas (ya próximo a ser IVA y más duro todavía), al momento mismo de la compra en la caja registradora; el de renta al salario, cuando corresponde, inmediatamente deducido del pago quincenal o mensual.

¿Y las cifras del robo de impuestos? ¡Léalas por favor! 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es la cifra que nosotros utilizamos para calcular la magnitud (que es inconmensurable) del robo de impuestos al año. Vamos a dejarla en 8 puntos PIB para redondear y facilitar la comprensión de los datos siguientes.

Como cada punto de PIB, según el tamaño de la economía costarricense, equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); el robo de impuestos al año sería de unos 2 billones 800 mil millones de colones (2.800.000.000.000). Espeluznantemente así:

Cada segundo, el robo de impuestos es de 90 millones de colones. Cada minuto, son 5 mil 400 millones de colones. Cada hora, los ladrones de impuestos se roban 324 mil millones de colones. Al día (cada 24 horas), hablamos de unos 7 mil 776 millones de colones. Por mes, unos 233 mil 280 millones; para ese total anual de 2 billones 800 mil millones de colones en robo de impuestos, ¡por año!

Si a Movistar le están acusando de, presuntamente, haber evadido unos 3 mil millones de colones y solamente en el 2017, entonces habría estado defraudando al fisco, unos 250 millones de colones por mes; o, lo que es igual a unos 8 millones 333 mil 333 colones por día (8.333.333 colones cada 24 horas). ¡Y Movistar es un solo caso!

¡Cómo no indignarse! Repetimos: casi 8 mil millones de colones por día se dejan los ladrones de impuestos en Costa Rica, vía todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

Al conocer la lista de los “grandes contribuyentes” que declaran pérdidas y/o cero ganancias; al conocer la lista de las GETES: grandes empresas territoriales-grandes contribuyentes; la que debe salir próximamente de las 96 mega-corporaciones que le adeudarían 1.6 puntos PIB a la ciudadanía; al conocer las cifras de evasión-elusión aduaneras; al conocer que solamente un 2% de las empresas recaudadoras del próximo Impuesto al Valor Agregado (IVA) serán fiscalizadas; repetimos, ¿cómo no podría uno dejar de indignarse?

No debería haber compatriotas con hambre. No debería haber salarios mínimos misérrimos. No debería haber personas en condición de calle. No debería haber desempleo juvenil. El déficit fiscal debería ser mucho menor de la cifra a partir de la cual nos aterrorizan. No deberíamos tener ese no menos inconmensurable nivel de endeudamiento público, etc., etc. Deberíamos tener mayor actividad económica dinamizando la producción mediando más circulación de dinero. No hay duda alguna: Costa Rica ocupa una REVOLUCIÓN TRIBUTARIA.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Aunque este comentario tiene el propósito de llegarle a las conciencias realmente democráticas de la sociedad costarricense, buscamos llamar la atención de varias entidades internacionales relacionadas, de una u otra manera, con los Derechos Humanos (DD.HH.); tanto como deseamos que los movimientos sociales y sindicales (especialmente los continentales y europeos), tomen nota de que en Costa Rica ha venido desarrollándose el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas; pese a que el país pregona, urbi et orbe, su impoluta práctica de esos derechos dándose el lujo, además, de señalar con el dedo acusador a otras naciones que los están violando.

De manera adicional y considerando que en este 2019 se cumplen 100 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, no puede esta entidad mirar hacia otro lado con relación a, repetimos, el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.

Resulta obvio que debemos oficializar ante tal entidad una denuncia al respecto en próximas horas; sin embargo, el carácter público de la misma por esta vía (y por otras), cumple nuestro propósito fundamental en tal sentido.

Estamos necesitando la realización de un profundo estudio multidisciplinario (especialmente, desde las ramas del saber de las ciencias sociales), para fundamentar la naturaleza de la violencia inducida durante décadas en la sociedad costarricense en contra de los sindicatos; situación ésta que algunos especialistas fijan su origen en la circunstancia de que el sindicalismo fue parte del bando perdedor del conflicto armado-guerra civil que hubo en Costa Rica, en 1948.

Tal perspectiva, indudablemente, se concatena con el conflicto ideológico de la Guerra Fría; y, concluida la misma con la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo sobre el socialismo; la tiranía ideológica subsecuente del “TINA” colocó a los sindicatos (en términos generales), en la primera línea de fuego de la ofensiva global del capital financiero-neoliberal contra los Derechos Humanos, incluidos los Derechos Sindicales.

“TINA”, son las siglas en idioma inglés de “There is no alternative” (“no hay alternativa”); unas siglas que se popularizaron en los años ochenta del siglo pasado, por ser una de las frases más utilizada por Margaret Thatcher en sus discursos para señalar que no había ninguna alternativa real al camino que ella había emprendido, con sus políticas neoliberales para la sociedad británica y para el planeta mismo.

En Costa Rica, a partir de 1984, también hemos sufrido, a nuestro modo, la ofensiva de la embestida de la consigna ideológico-política del “TINA”; registrándose a lo largo de todos estos años fuertes episodios de confrontación de clase entre los grupos de poder partidarios del “TINA”, y amplios sectores cívico-patrióticos que hemos venido resistiendo a tales grupos. Particularmente, los sindicatos hemos estado en primera línea en esta confrontación y sobran experiencias de lucha ampliamente documentadas, en las últimas administraciones.

A partir de la llegada del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo (el gobierno), y lo que ideológicamente el mismo ha venido representando, el “TINA” tico se ha empoderado como nunca antes lo había logrado.

Finalmente, el bloque hegemónico político-ideológico siente que, ¡por fin!, tiene una institucionalidad bajo su total control, especialmente con la formación del tripartidismo PLUSC-PAC; y, luego de meses y meses de la campaña político-mediático más infame jamás vista en la historia del sector público de nuestro país, contra el empleo público y contra las organizaciones sociales, gremiales y sindicales que le cobijan; por tanto, se disponen ahora a convertir en leyes de la República, lo que ha sido el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.

En la actual Asamblea Legislativa se están tramitando ya, tres proyectos de ley que, de una manera u otra, apuntan contra la existencia misma de los sindicatos; iniciativas profundamente ideológicas, cargadas de odio de clase y que expresan una decisión política tomada en las esferas del real poder para liquidar lo que algunos consideran como la última barrera de resistencia social que queda para, finalmente, imponer por completo el “TINA” en Costa Rica.

En estos mismos momentos en que usted lee este comentario, la guillotina contra el sindicalismo se está afilando en el parlamento con estos tres proyectos de ley. Y, como suele suceder, el doble lenguaje neoliberal de este tipo de iniciativas de legislación, hace que el título no guarde relación con el contenido. Veamos:

Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.

También tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.097 denominado “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”. Su nombre real debió ser “Ley de declaratoria de que todos los servicios públicos son esenciales sin posibilidad de que haya huelga en ellos”.

Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.009, oficialmente denominado “Ley de alternancia temporal en las organizaciones sindicales”. Su nombre real debió ser “Ley para evitar la reelección de las actuales dirigencias de los sindicatos”.

Aparte de la alarma que provoca todo esto en las conciencias civiles democrático-patrióticas, dado el carácter profundamente antidemocrático de dichos proyectos, se ha generado enorme preocupación en los círculos expertos y de profesionales con acendrado criterio en materia de la legislación nacional e internacional del Derecho Laboral; en materia de la vinculación estratégica entre Derechos Laborales y Derechos Humanos; en materia de amplia jurisprudencia al respecto en estos dos ámbitos de las libertades humanas; en las consideraciones de fondo sobre la autonomía de la organización sindical emitida por la más reconocida autoridad global en materia laboral: la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bastase tan sólo un ejemplo, uno de los pilares universalmente reconocidos del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, es el carácter progresivo de su desarrollo, pero no su regresividad. La regresividad o la involución en materia de desarrollo del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, se asocia con regímenes autoritarios y/o descaradamente dictatoriales.

Los tres proyectos de ley que le acabamos de mencionar (cada uno por separado merece un pormenorizado análisis), son indicativos de la naturaleza del régimen que está ejerciendo el poder actual en nuestra sociedad, vía la tríada gobiernista PLUSC-PAC.