La Seccional ANEP solicitó al Ministerio de Justicia y Paz detallar tema de vacaciones, contratación de personal y revaloración salarial en aquellos puestos que haya cargo de funciones.
Autor: ANEP
Gracias anepistas… 86 días de huelga contra el combo fscal
ANEP prepara recurso de amparo contra Ministra de Hacienda
96 megaempresas estarían debiendo más plata que la que pretende recaudarse mediante el combo fiscal
ANEP envió este jueves 6 de diciembre una nota por vía electrónica a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya,solicitando el nombre de cada una de las 96 empresas que forman parte del grup odenominado Grandes Contribuyentes, las cuales mantienen fuerte controversia con dicha entidad que les reclama la astronómica cantidad de ¢560.000 millones en impuestos dejados de pagar.
ANEP, además, solicita que en cada caso de esas 96 entidades corporativas se indique el monto que se les está cobrando.
Según Hacienda esas 96 empresas le deben ¢560.000millones lo que equivale a, aproximadamente, a 1.60 puntos de Producto InternoBruto (PIB); cifra tan significativa que supera al monto esperado a recaudarcon la ley del combo fiscal, lo cual es un indicador dramático de que es elfraude fiscal en todas sus modalidades, pilar fundamental de la crisis fiscaldel país.
Efectivamente, con el combo fiscal se recaudaría tan solo un 1.21, aproximadamente del PIB: ¢422.000 millones.
Al parecer ya la Ministra de Hacienda está planteando que tiene “impedimento legal” para dar a conocer el nombre de esas 96 empresas-grandes contribuyentes y el monto en controversia.
ANEP cree que con el precedente sentado conel recurso de amparo que le fuera acogido a la organización civil TerritoriosCiudadanos, que le permitió al país estremecerse e indignarse como nunca antesante la publicación de la lista de grandes contribuyentes que declaran ceroganancias y/o pérdidas; sería suficiente para conocer ese segundo listado delos 96 presuntos mega-evasores tributarios.
Por tanto, ya tenemos en preparación unrecurso de amparo para conocer el nombre de esas 96 grandes empresas y losmontos en controversia en cada caso, esperando que la Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia mantenga la línea jurídica de la transparenciatributaria que, atinadamente, mostró en el recurso que le fuera acogido a TerritoriosCiudadanos.
ANEP solicita la intervención del Ministerio Público ante lista de contribuyentes que reporta cero ganancias o perdidas
-También solicita al Ministerio de Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la República realizar las acciones pertinentes para establecer las responsabilidades respectivas derivadas de la publicación del listado de grandes contribuyentes, que en los últimos años han venido declarando cero ganancias o pérdidas al Estado sobre el impuesto a las utilidades.
La solicitud fue enviada esta misma tarde a la Fiscala General, Emilia Navas, para que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios intervenga en este caso.
“Por este medio solicitamos a su respetable Autoridad, interponga sus buenos oficios a la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios; asimismo le diligencie ante los Órganos Jurisdiccionales (Jueces Penales competentes), los allanamientos urgentes, útiles y pertinentes, a los efectos de que los posibles elementos de prueba no desaparezcan, con el fin de poder llegar a las piezas probatorias necesarias a la sumaria, para poder investigar, imputar y establecer las responsabilidades penales respectivas, a él o los responsables de este presunto fraude tributario sin precedentes en la historia costarricense”, indica el documento enviado a la Fiscal General.
La petitoria de la ANEP se fundamenta en el Artículo 92 sobre Fraude a la Hacienda Pública, el cual indica “ El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años”.
“Esto ha causado una absoluta y general indignación y conmoción social en todas las personas decentes que tributamos en Costa Rica, sea en forma liberal o como ciudadanos en su condición de empleados públicos a los cuales se les rebaja los impuestos de su salario; cuando estos grupos organizados han demostrado que lucran de manera injusta e indebida, aprovechándose de toda suerte, de sortilegios y triquiñuelas para eludir sus obligaciones tributarias pero por otro lado, se aprovechan de diversos mecanismos para cobrar tasas de intereses altísimas, préstamos de usura y agiotaje, entre otras múltiples de actividades desplegadas por algunos de estos evasores”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.
ANEP solicita a Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones
La ANEP también, ha solicitado al Ministerio de Hacienda dar a conocer los nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones, de presuntas deudas tributarias. luego de que se diera a conocer el listado de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias al Estado sobre el impuesto a las utilidades desde el 2008 al 2017.
“Nuestra organización, ha estado muy pendiente de este tema y todo lo relacionado al tema tributario y fiscal. En atención a estos temas y con mucha seriedad ANEP ha venido investigando, estudiando, analizando y escribiendo en los diverso espacios, plateando esta problemática de la injusticia tributaria costarricense desde el año 2002. Por lo que solicitamos dar a conocer los nombres de esas 96 empresas y en cada caso el monto de dinero en controversia”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
La solicitud de la ANEP a la Ministra de Hacienda, Roció Aguilar, se ampara en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Así como, en el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias y/o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros.
“Estimamos que no es necesario un nuevo Recurso de Amparado para obtener los datos que solicitamos en la carta enviada a la Ministra de Hacienda”, finalizó Vargas.
El Secretario General de la ANEP en el programa Cédula 5 de Anexión TV
Ni una más…
Por Mainor Anchía
Dirigente ANEP
Lamentablemente la violencia e inseguridad siguen en aumento, con ello, vemos un incremento en los homicidios perpetrados en contra de mujeres (femicidios), algunas de ellas, turistas que visitaron nuestro país creyendo que podrían disfrutar de nuestra belleza natural con seguridad y tranquilidad.
Es evidente, que las marchas, los protocolos y las medidas de protección, no surten ningún efecto. En mi opinión, la débil política migratoria, la errónea política carcelaria (liberación de delincuentes) y la carencia de políticas públicas, dan como resultado un Estado fallido.
En relación con la inseguridad ciudadana, he reiterado la necesidad de contar con una política criminal. Se define la política criminal como el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. Este sistema debe considerar varios aspectos, no solamente la parte de prevención del delito que compete a los cuerpos policiales; sino también, la justicia social, la equidad, las oportunidades. Dicho de otra manera, una política criminal, se debe acompañar de políticas públicas.
Al mismo tiempo que seguimos careciendo de una política de Estado efectiva, la violencia sigue en aumento, apoyada primordialmente por la falta de oportunidades, circunstancia que es aprovechada por la incursión del narcotráfico. Paradójicamente, el Poder Ejecutivo viene impulsando el desarme, o sea, que las personas se vean imposibilitadas de ejercer su derecho de defensa, ante acciones delictivas.
Los factores son variados, la deserción escolar, el debilitamiento del poder disciplinario de los padres, la falta de oportunidades, la exposición de modelos negativos (narco novelas, video juegos), suman para que tengamos un país más violento. Ante este panorama, urgen acciones tangibles y menos mediáticas.
A partir del año 2012, se da un incremento en la inseguridad ciudadana y, por ende, en la violencia en nuestro país ¿Cuáles acciones tangibles se han implementado? En criterio del suscrito, ninguna. Las distintas administraciones se dieron a la tarea de vender “humo”, se siguen inflando números (manipulación de estadísticas), se sigue haciendo lo mismo, por lo cual, los resultados nunca serán diferentes.
A lo anterior, debemos abonar lo siguiente: La desigualdad, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los distintos modos de corrupción, en los tres Poderes de la República; las grandes diferencias dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, en detrimento de la paz social y de la seguridad ciudadana.
Costa Rica es un país inseguro, datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indican que, en un periodo de 11 meses, se registraron 16.598 robos, hurtos o asaltos en San José, en promedio 52 casos al día. En materia de homicidios, la tendencia es la misma de los últimos cuatro años, en el caso de los femicidios, muy lamentablemente, la cifra sigue en aumento y a la fecha (05 de diciembre) se contabilizan 23 femicidios, muy cerca de los 26 casos con los cuales cerró el año 2017.
Así las cosas, al mismo tiempo que celebramos los 70 años de la abolición del ejército, debemos revisar el modelo de seguridad que tenemos, y la seguridad que podemos ofrecer a las personas extranjeras que consideran a nuestro país como destino turístico, por cuanto, además de dolorosa la manera en que mujeres vienen siendo ultrajadas y asesinadas, es una vergüenza, que no seamos capaces de reaccionar.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente de ANEP.
Acto de levantamiento del estado de Huelga de la ANEP
Reacción de la ANEP al conocer lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias
Posición de la ANEP respecto a la votación en segundo debate del combo fiscal
Golpe de Estado blando / I parte
Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
“Golpe de Estado blando” es un término oportunísimo, esclarecedor, estremecedor y provocador que expresó el distinguido ciudadano don Arnoldo Mora Rodríguez refiriéndose a la situación actual del país.
Don Arnoldo es un “…filósofo costarricense, con una amplia y fértil trayectoria intelectual, en el ámbito universitario, político y cultural. Cuenta con un… doctorado en Filosofía, de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y una extensa carrera docente, de más de cuatro décadas, en las más importantes universidades estatales costarricenses” (página web de la Editorial Costa Rica).
Estamos hablando de un compatriota muy estudiado que, compártase o no su pensamiento, es una persona que genera mucho respeto.
Don Arnoldo es del criterio de que, el pasado viernes 23 de noviembre, ocurrió en Costa Rica un golpe de Estado blando.
Los siete magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizaron con su fallo a favor del más detestado proyecto de ley de los últimos tiempos, el expediente legislativo No. 20.580, popularmente conocido por el pueblo como combo fiscal y al que en el lenguaje del autoritarismo gobiernista PLUSC-PAC se le conoce como Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El pasado martes 27 de noviembre, quien esto escribe publicó un artículo en La Prensa Libre (digital), al respecto de esta histórica circunstancia sociopolítica que estamos viviendo. Nuestro artículo para el Decano de la Prensa Nacional lo titulamos: “El fallo del compadre hablado” (http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/143539/el-fallo-del-compadre-hablado). Nuestra posición es que el fallo constitucional a favor del combo fiscal promovido por la tríada gobiernista PLUSC-PAC estuvo previamente concertado y la Sala IV se alineó con la matriz hegemónica del actual poder político-económico, viabilizando la votación del combo fiscal en segundo debate.
El maestro don Arnoldo Mora Rodríguez, afortunadamente, hace un profundo análisis al respecto, muy valioso para quienes que somos miles hemos decidido emprender el camino empedrado de la resistencia cívica al dictado autoritario del gobiernismo PLUSC-PAC, sus soportes mediáticos y, ahora, hasta el propio tribunal constitucional.
El golpe de Estado blando se materializó cuando la Sala IV da el aval para que el combo fiscal se vote en segundo debate con 29 votos; pasándole por encima a la máxima autoridad judicial del país que es la Corte Plena, la cual ya había decidido que dicha legislación afecta su vida organizacional interna; por tanto, lo requerido en esa segunda votación son 38 votos.
Don Arnoldo formula una interpretación política de ese golpe de Estado blando con esta lectura política: “…los magistrados dieron a conocer el mencionado fallo, tan ansiosa por no decir angustiosamente, esperado en los círculos políticos nacionales y en los organismos financieros internacionales. La respuesta de los magistrados fue la ordenada por los organismos financieros con la genuflexa complacencia de nuestros políticos. Para lograr la apetecida respuesta, unos y otros crearon, con el apoyo cómplice de un poderoso círculo de medios de comunicación, que no se cansaron de malinformar y manipular a la opinión pública, una atmósfera apocalíptica rayana en la histeria, hasta el punto de que el propio Presidente al que no se cansaron de hacer coro sus principales ministros liderados por el presidente del Banco Central, especie de procónsul representante del Fondo Monetario Internacional, les dio a entender a los magistrados que, si se negaban a legitimar la constitucionalidad del procedimiento empleado para aprobar el mencionado paquete tributario, ellos los magistrados serían responsables por la hecatombe que sobrevendría al país; pues no habría dinero para pagar a los empleados públicos, ni para hacerles frente a las deudas contraídas ante los organismos internacionales; en vista de lo cual, esos organismos cerrarían todas las puertas para presentar eventuales futuras solicitudes de crédito”.
¡Una valoración política atinadísima nos formula el Dr. Mora Rodríguez acerca del significado del fallo del compadre hablado! Nosotros nos quedamos cortísimos. Lo que ocurrió, en realidad, ¡fue un golpe de Estado blando!
Es evidente que a nuestra amada Patria la están sometiendo al diktat político de los poderes hegemónicos económico-mediáticos actualmente dominantes, de los cuales Alvarado Quesada es su gerente de gestión política con el cargo formal de presidente de la República; circunstancia acentuada luego de la adscripción a los mismos de la Sala IV con la emisión del fallo del compadre hablado.
Tienen ellos ahora el control de los tres poderes formales del Estado, más los poderes fácticos del capital neoliberal, especialmente los latifundios mediáticos que se han convertido, ahora sí sin duda alguna, en los reales partidos políticos quedando como mampara, para efectos oficiales, los de la tríada gobiernista PLUSC-PAC.
La semana próxima, Dios mediante, continuaremos con la segunda parte del golpe de Estado blando que acaba de ocurrir en nuestra Patria.
