Autor: ANEP

Principios éticos fundamentales de la militancia y de la lucha sindical obrero-social, nos obligan a realizar todos los esfuerzos posibles y en todos los escenarios necesarios, para aportar a salvaguardar el sagrado derecho de la clase trabajadora asalariada a seguir teniendo la jornada ordinario-laboral de las ocho horas.

El más grave ataque del capital costarricense a la misma desde la promulgación misma del Código de Trabajo, en 1943, se acaba de dar en el seno de la Asamblea Legislativa con la aprobación, en primer debate, de lo que se ha dado en llamar las jornadas 4 x 3 mismas que, desde un punto de vista político-ideológico, significa la derogatoria (por ahora, parcialmente), de esa histórica y sagrada jornada de las 8 horas.

Por cierto, el día de esa votación fue el pasado martes 15 de agosto, conmemoración muy sentida por el pueblo costarricense como lo es el Día de la Madre; una acción legislativa más que macabra para tal fecha, si pensamos en las madres trabajadoras asalariadas.

Aprobación que, seguros estamos, obtuvo los 32 votos de mayoría mediando presiones externas de gran poderío millonario, económico-financieramente hablando, por una parte; y, por la otra, exhibiendo una ignorancia mayúscula acerca de todos los entornos sociohistóricos, tanto nacionales como internacionales, de cómo la clase trabajadora ha tenido acceso durante tantas décadas a que se le respete la jornada de 8 horas.

Si particularizamos al respecto, uno está muy seguro al afirmar que de esas 32 diputaciones que legislaron del lado del capital para derogar la jornada de 8 horas, son poquísimas las que conocen el significativo episodio de la lucha histórica mundial de la clase obrera conocido como Los mártires de Chicago. Y, para el caso costarricense, tampoco creo que tengan la más mínima noción histórica de cómo fue que en nuestro país se dio el establecimiento la jornada de las 8 horas.

Esta está en la mayor legislación del país: la Constitución Política, la cual nació a la vida jurídico-republicana del país, el 7 de noviembre de 1949. Y, por supuesto, es parte esencial y fundamental de la mayor ley de nuestra mayor ley laboral: el Código de Trabajo. Esas 32 diputaciones que se pusieron del lado del capital dándole primer debate a la ley de las jornadas 4-3, violentaron ambas piedras angulares de la institucionalidad jurídico social-laboral del país.

Por otra parte, si ya esa transgresión jurídica es muy grave, más lo es lo que implica en materia de la tradición costarricense de proclama y de defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.). La jornada de 8 horas tiene un poderosísimo estatus jurídico dentro del Derecho Internacional en esa materia, los Derechos Humanos. He aquí un camino que vamos a tener que transitar.

Por ejemplo, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nada más y nada menos que en su Convenio No. 1, precisamente el de las 8 horas y promulgado en 1919, año de fundación de esta entidad y de la cual Costa Rica es Estado miembro. También, lo que se norma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado internacional en materia de DD.HH. firmado por Costa Rica y ratificado por nuestra Asamblea Legislativa, de suyo cumplimiento y observancia estricta el país no puede obviar.

El proyecto jornadas 4 x 3 únicamente persigue un objetivo estratégico para el capital que lo está imponiendo: derogar el pago de horas extras, para incrementar así la explotación obrera de la clase trabajadora que estaría sujeta a ese tipo de jornadas.

Llama la atención el jolgorio que por su aprobación está exhibiendo el ente corporativo Asociación de Zonas Francas (Azofras), dado que es en las zonas francas donde se ha venido utilizando este tipo de jornadas, de manera ilegal y con la complicidad del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS; ilegalidad que ahora dejaría de serlo si se consuma la aprobación de este proyecto de ley.

El empresariado de las zonas francas verá incrementada sus ganancias pues, como ya disfruta de diversas exenciones impositivas, ahora lo que deberá invertir en salario obrero será menos y, por tanto, sus rentas corporativas subirán. Es de esta forma como nos explicamos las desmedidas presiones políticas de este grupo empresarial, por medio de sus agentes diputadiles en el parlamento, para imponer esta ley de las jornadas 4 x 3. Afortunadamente, esta lucha apenas está empezando.

El socialmente criminal congelamiento salarial es por partida doble: lo va a institucionalizar la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159.

Mientras el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) no baje de 60 puntos, no habrá un centavo, literalmente, no habrá un centavo por reajuste por costo de vida en cada uno de los años en que esa relación se mantenga arriba de los 60 puntos PIB; disposición brutal que ya está rigiendo desde el pasado 10 de marzo de 2023, aunque pesa sobre la misma una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos y reforzada por varias acciones jurídico-coadyuvantes de la misma.

Esta perversa LMEP pretende consolidar lo que se conoce como Regla Fiscal, la cual ya se incluyó en la Ley No. 9635, popularmente conocida como Combo Fiscal; y, por tanto, es lo que ha impedido que se honre la deuda salarial de los 7.500 colones a la base, que está acumulándose desde el pasado 1 de enero de 2020 y de lo cual hablamos en nuestro artículo de la semana pasada.

Tal Regla Fiscal hará que quienes ya están con la “condena” de que no se les honre la deuda salarial individual de 7.500 per cápita; tenga una nueva “condena” encima pues en la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP) cualquier reajuste por costo de vida a lo futuro, está supeditado a que la deuda/PIB baje de 60 puntos.

Es más, el sector obrero-social de las municipalidades se había “escapado” de esta regla fiscal incluida en la Ley 9635. Sin embargo, el Gobierno-Mideplán pretende imponerles el salario global indicado en la perversa LMEP, con lo cual sus históricas negociaciones salarial semestrales por costo de vida, desaparecerán.

Recordemos que las personas ya doblemente “condenadas” por este congelamiento salarial socialmente criminal, así como las “nuevas” que son llevadas a esa barbarie neoliberal, son de los siguientes segmentos laborales: cuerpos policiales, Magisterio Nacional, CCSS y Seguridad Social, los ministerios con sus diversos programas y entidades adscritas, el Poder Judicial, las instituciones autónomas-semiautónomas y casi todas las empresas públicas; y, ahora, las municipalidades.

Imaginemos, por un instante, que los liderazgos sindicales, gremiales, sociales y profesionales que representan a todas esas personas trabajadoras logran un gran acuerdo de acción coordinada en los más variados niveles, incluido el de La Calle; para crear una articulación sociolaboral de fuerte peso y sólido músculo, a fin de que ese socialmente criminal congelamiento salarial se derogue.

Ese socialmente criminal congelamiento salarial no solamente es contrario a la Constitución Política de Costa Rica; sino que, igual de grave es su roce con los Derechos Humanos. Y, peor aún, sigue indefinido como lo vemos en el horizonte. Ya la misma Sala IV lo advirtió: “El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación.” (Voto 17098-2021). De ello hablaremos en nuestra próxima entrega de este tema.

De manera concomitante, un poder social de tal calibre podría poner en la mesa las reales y específicas razones del problema estructural de las finanzas públicas; de tal suerte que esas miles de voluntades obreras, actuando al unísono, le hagan el más grande bien a la sociedad costarricense desde la fundación de la Segunda Pública, cual es el de la Justicia Tributaria real.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El diccionario de la Real Academia Española define así al término narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.

Nutriéndonos de fuentes alternativas diversas, constatamos que la narcopolítica impera en la hermana nación latinoamericana de Ecuador, además de estarla sumiendo en el caos. Sabemos bien, por otra parte, qué clase de potencia tiene la narcopolítica en otros países de nuestro continente.

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio se da en ese escenario de narcopolítica y tiene en conmoción total a esa nación, aunque, según entendidos, el fenómeno empezó a aparecer hace unos 30 años, pero lo dejaron pasar. A la clase política de Ecuador, a la misma sociedad civil organizada el agua le llegó al cuello y, sin un milagro de por medio, parece que se ahogarán.

En nuestro país, el fenómeno de la narcopolítica ya no nos es ajeno. Algunas voces autorizadas han planteado que, por ejemplo, la infiltración narco ya está en los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ya desaparecido don Wálter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo denunció en la propia Asamblea Legislativa.

El problema del narcotráfico en nuestra sociedad costarricense, ya como un factor más de la convivencia cotidiana, lleva sus años. Más de 30, decimos nosotros. Y, aunque no parece que nos hemos ahogado tanto como la sociedad ecuatoriana en él, cada vez más somos más gente que estima que el Estado tico está perdiendo el control; o bien, que es el narcotráfico el que está ganando la partida.

Por otra parte, según nuestras fuentes, en Ecuador el 30 % de su Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al lavado de activos. En el caso costarricense, una información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la cual tuvimos acceso, nos indicó que, bajo la figura de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos comerciales, se contabilizaron hasta no hace poco 38 mil millones de dólares.  ¿Habrá dinero sucio incluido en esta astronómica cantidad? Nosotros pensamos que es muy posible que sí lo haya.

En cuanto a las campañas electorales nacionales, la sospecha de que en las mismas ingresa dinero sucio producto de actividad del narcotráfico, ha tomado gran fuerza en toda clase de círculos sociopolíticos del país.

Seguimos recordando que, por ejemplo, en el periódico más antiguo, vocero oficial del gran capital de nuestro país, en su página digital correspondiente al 13 de marzo de 2019, apareció esta nota:

“Dinero en efectivo llegaba en ‘bolsas’ a sede de campaña de Fabricio Alvarado. Informe en manos de Fiscalía: excolaboradores del comando de Restauración relatan que el dinero se contaba en mesas en fajos de $1.000 y se entregaba en billetes a empleados y proveedores; además, se agendaban cenas de recaudación, aunque el partido no reportó mayor cosa en donaciones al TSE”.

  La información anterior presentó una foto con esta indicación: “En el expediente que tiene el Ministerio Público consta esta imagen, en la cual aparece una bolsa plástica con fajos de billetes, al parecer, de la campaña de Restauración Nacional”.

Por supuesto que de nuestra parte no estamos afirmando nada ni acusando a nadie. Pero sí tenemos que reseñar lo llamativo de la circunstancia y la ausencia de explicación oficial, completamente cierta, de parte del Ministerio Público a la fecha, a poco más de cuatro años, de qué fue eso, en realidad. O, por el contrario, es que estamos totalmente despistados y no nos dimos cuenta de que esa cuestión habría quedado más transparente que el agua clara de un manantial montañoso.

La narcopolítica ya está en desarrollo en Costa Rica. Es doloroso reconocerlo. De la nada, de la noche a la mañana, han aparecido, están apareciendo y aparecerán más ofertas electorales que dejan una estela de enorme duda de dónde salió la plata que las financia.

La narcopolítica en Costa Rica cuenta con muchas facilidades para hacerse sistémica:  hay gente de la clase política tradicional y recién llegada a este nivel de élite, dispuesta a jugársela actuando en ese escenario. Por otra parte, hay otra clase de gente dispuesta a jugarse su propia vida para ver qué agarra; mediando la realidad de una sociedad de exclusión, de descarte, de expolio desenfrenado controlado por una plutocracia en cuyo interior la narcopolítica está encontrando amplio espacio.

Y, dolorosamente, están los que están muriendo a balazos en las calles pues fue el cruel escenario de actuación que les tocó en esta entronización de la narcopolítica en nuestra sociedad, como única fuente para atacar el hambre y las ansias, más que legítimas, aunque por equivocados caminos y erradas decisiones, de tener una mejor calidad de vida.