Autor: ANEP

Con gran pompa y teatralidad, bajo un nombre rimbombante, Operación Soberanía, el Presidente Chaves se presentó en Limón para la inauguración-instalación de dos escáneres, específicamente en el Puerto de Moín.

Y es que le tocó a él la parte más dura, más intensa, más conflictiva de la presión internacional a fin de que el país procediera con tal medida, habida cuenta de que la imagen exterior de Costa Rica había alcanzado ya, peligrosísimos niveles de deterioro porque se nos había conceptuado como el principal centro distribuir de cocaína de las Américas y de otros estupefacientes hacia, principalmente, los mercados europeos y norteamericanos.

Incluso, el país fue amenazado de que ya no se recibirían en terminales portuarias europeas más embarques de piña y de banano, si el puerto-narco en que se convirtió APM Terminals, seguía operando, cínica y descaradamente, en el trasiego de estupefacientes.

La presencia en el acto presidencial de las embajadoras de Estados Unidos y de España (Unión Europea), confirma que “el ya no aguantamos más”, que el ultimátum que Costa Rica recibió para que procediera a la instalación de los escáneres, llegó a un punto tal que superó a las fuerzas políticas internas que venían conspirando a lo largo de los últimos gobiernos para que no se instalaran esos escáneres.

Incluso, recordamos la fuerte gritería de las cámaras empresariales que objetaron el cobro de 25 dólares por furgón escaneado, alegando -como siempre lo hacen-, que “pobrecitos” los consumidores que tendrían que hacerse cargo de esa nueva carga en el precio final de los productos que pasan por esos puertos ahora “escaneados”.

Admitimos que Chaves habló de esto en campaña electoral y, por supuesto, ya empezó él la capitalización político-personal de semejante hazaña. Sería muy mezquino no reconocer el calibre de su decisión, pero el mérito no va a estar completo y podría ser, como dice nuestro pueblo, un “alegrón de burro”, sino se impulsa otro tipo de decisiones terremoteadoras conexas e integrales para liberar a Limón de la categoría de plaza mercantil de la coca, del crimen organizado y de la violencia criminal sin control.

Por ejemplo, ¿se quedará impune APM-Terminals? Si desde que le fueron entregados los puertos de Limón y de Moín, el trasiego de droga creció en un 1.300 por ciento, ¡sí!, un 1.300 % a juicio de los especialistas; ¿no es esto causa suficiente para iniciar un proceso de rescisión de contrato?

Con contundencia hay que plantearlo: es inmoral que el Estado llegue a hacerse cargo de un servicio de seguridad para el cual, presuntamente, la transnacional concesionaria lo presupuestó como parte de sus propios costos de operación.

¿Tendrá el Presidente Chaves las agallas suficientes para enfrentarse a la transnacional e indicarle a ésta que, al menos, deberá incrementar el aporte al canon que la paga a Japdeva dado que será ahora el propio Estado que da la seguridad estratégica en esos puertos que ella mismo no pudo y para lo cual se comprometió en el contrato de concesión?

Paralelamente, el Gobierno debe tomar la decisión estratégica de permitirle a Japdeva entrar a competir en el manejo de contenedores para lo cual sus técnicos y sus especialistas han argumentado, sólidamente, su capacidad para hacerlo.

Por otra parte, es evidente que deberán darle las mejores condiciones de salud ocupacional, de alimentación, de jornadas que no caigan en sobre-explotación laboral, de pago tiempo extra, al honorable personal de la Fuerza Pública que ha sido comisionado para hacerse cargo del combate al trasiego de droga en esos puertos, ante el fracaso estrepitoso de AMP-Terminals. Desde el plano sindical, tenemos una obligación moral de actuar, próximamente, en consecuencia.

 Esa Operación Soberanía en condiciones de precariedad salarial y ocupacional como vive en la actualidad el grueso del personal policial de la Fuerza Pública de Costa Rica, podría volverse vulnerable.

En el plano de la integración social y económica del pueblo trabajador limonense, a fin de reducir los crueles niveles de exclusión que vive, deben tomarse medidas.

Al respecto, la agenda de lucha del Bloque Cívico Social Limonense debe ser abordada con seriedad y sin el más mínimo contenido de burla y de demagogia. Esa agenda, tiene el apoyo de la corriente sindical en la cual militamos, la cual, está procediendo a impulsar un agrupamiento civil bajo nuestra sigla que sume su aporte a la necesaria reivindicación plena del pueblo de Limón.

 Habrá que estar más activos que nunca en lo que respecta a la fiscalización civil en el sentido de que el rimbombante anuncio presidencial de la Operación Soberanía, llegue a cumplirse en un ciento por ciento de la oleada de escáneres que se dicen serán instalados por todos los puestos fronterizos del país.

Como corriente sindical que llevamos mucho tiempo planteando este estratégico asunto, nos consideramos con suficiente autoridad moral para realizar nuestra fiscalización sindical con perspectiva ciudadana

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una oportunidad histórica para el desarrollo de la Democracia en lo que respecta al mundo laboral organizado de la clase trabajadora, tanto pública como privada, lo representa la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Emitida por la Corte IDH el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC-27/21 tiene para nuestro país una vinculatoriedad imposible de soslayar dada la naturaleza histórica de los compromisos de Costa Rica para con la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) y los correspondientes tratados que se han suscrito en la materia, que se han ratificado por parte de la Asamblea Legislativa y que por disposiciones de la Constitución Política tienen potencia jurídica superior a las leyes ordinarias.

Para que tenga usted una idea del calibre obligante para el país de esta histórica decisión de la Corte IDH, póngase a pensar que el establecimiento en el país del matrimonio igualitario, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue, también, producto de una Opinión Consultiva de este Máximo Tribunal de los Derechos Humanos en el Continente Americano, que es la Corte IDH.

Esta Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH llega para quedarse, definitivamente, insertada en el sistema jurídico costarricense el cual tendrá, sí o sí, que hacer las adaptaciones y modificaciones que correspondan para ajustarse en esos contenidos estratégicos de la Democracia para que ésta llegue a plenitud al mundo del trabajo asalariado costarricense.

Establece la Corte IDH que quien se dedique en el día a día a la actividad sindical cotidiana, abogando por los derechos laborales y económico-sociales de sus iguales de clase en todo tipo de centros de trabajo, públicos o privados, deben ser considerados como personas defensoras de Derechos Humanos. Y, por tanto, las autoridades político-ejecutivas del país deben brindarles no solamente las facilidades para su actividad sino para garantizarles protección al respecto.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica debe proceder a derogar/modificar la perversa ley anti-huelgas, No. 9808, impuesta por el co-gobierno 2018-2022 de los partidos Liberación, Unidad y el hoy extinto PAC con el non-grato Carlos Alvarado Quesada, a la cabeza.

La Negociación Colectiva, mediante el establecimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, al adquirir la categoría de Derecho Humano Fundamental, van a adquirir un protagonismo fortísimo en el establecimiento de condiciones plenas de trabajo decente; y, por ejemplo, a nivel del sector Público, dejarán en total obsolescencia las antidemocráticas regulaciones impuestas en la perversa Ley Marco de Empleo Público, hoy cuestionada sólidamente en la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, que las conciencias democráticas costarricenses estamos celebrando el retorno de Diario Extra; las conciencias democráticas del mundo obrero-social nos sentimos esperanzadas ante los alcances y la profundidad de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH para un potenciamiento de la actividad sindical al instituirse que la misma es una lucha por los Derechos Humanos.