Autor: ANEP

En el razonamiento de ANEP expuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159;  las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: A) los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías); B) los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario); y, C) los sindicales (derecho a la negociación colectiva).

ANEP manifestó a la Sala IV que el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.

ANEP considera que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.

Se señala que el constituyente estableció en la Constitución Política los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades; como una forma de garantizar un sistema de «pesos y contrapesos» que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.

Estos poderes e instituciones son: el Poder Judicial (art. 9 CP), Tribunal Supremo de Elecciones (art. 9 y 99 CP), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS art. 73 CP), Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria (art. 84 de la CP), instituciones autónomas (art. 188 de la CP). Por ello, la pretensión del artículo 2 de la LMEP, de incluir en su ámbito de cobertura y aplicabilidad a los poderes e instituciones mencionadas, es inconstitucional.

ANEP plantea que la perversa LMEP genera inseguridad jurídica al violarse los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, lo cual puede equipararse con la violación del principio internacional de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y económicos (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

La LMEP crea el denominado «salario global», que no es otra cosa que la rebaja encubierta del salario de una categoría de empleados públicos y, por ende, la reducción de derechos humanos (sociales, laborales y de seguridad social) o la regresividad de estos.

A esta categoría de empleados, a los cuales se les ha reconocido antigüedad vía anualidades, se les congela el salario por un tiempo indeterminado hasta que alcancen, paulatinamente, a la otra categoría de empleados que, con menos tiempo de laborar en el servicio público y cero anualidades, ingresan con salario global.

Visto así, la Ley Marco viola el principio constitucional de igualdad y de equidad, al congelar salarios de un sector de empleo público, lo cual supone una reducción salarial, -prohibida por la normativa laboral general-. No se compensará la inflación anual por varios años, lo que tendrá un efecto negativo en cascada sobre otros derechos económicos y sociales, vivienda, alimentación, educación, cultura, cuyos rubros mantienen un aumento sostenido. La semana próxima estaremos con la tercera parte.

El proyecto de ley que se cocina en la actual Asamblea Legislativa para que Costa Rica salga de la denominada lista gris de países no cooperantes de la Unión Europea (UE), es un fraude descarado a esta potencia económica.

La lista gris es un mecanismo para que la comunidad financiera mundial sepa que el país que está incluido en ella, es una nación que no realiza los esfuerzos suficientes para combatir la delincuencia financiera, que no coopera para combatir el blanqueo de capitales; que facilita el lavado de dinero por actividades ilícitas como la que genera el crimen organizado, el tráfico de personas y de órganos, la corrupción y hasta el financiamiento del terrorismo.

La Unión Europea (UE), de manera reiterada, le ha venido advirtiendo a Costa Rica de que el sistema tributario que tenemos, posibilita que todas esas suciedades se manifiesten en el diario quehacer financiero del país y que, por lo tanto, tenemos ya una reputación de país-paraíso fiscal.

Como ya estamos contra la pared, están corriendo en la Asamblea Legislativa y en el propio Gobierno para decirle a la UE que, ahora sí, “nos portaremos bien” y que, con un proyecto de ley actualmente en trámite, en un santiamén, dejaremos de estar coloreados como país-paraíso fiscal. Nada más falso. ¡Todo lo contrario! Ese proyecto pretende legalizar la evasión.

Es tan grave la situación que un importante número de organizaciones de la sociedad civil (en cuenta la corriente sindical en la cual militamos), estamos denunciando ante la propia UE que ese proyecto, más bien, favorece a los generadores de renta y a los sectores evasores de capital; y que, los textos que se han estado poniendo en mesa al respecto, son regresivos y son incompletos, amén de que no se adecúan a los grandes vacíos del sistema fiscal costarricense.

Sin duda alguna, en todo momento la mano peluda del poder reinante, el de la plutocracia gobernante, como siempre lo ha hecho, impide cualquier cambio, por mínimo que sea, para que el sistema tributario costarricense deje de ser tan injusto y tan corrupto.

En esa carta que se ha dirigido al Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalía Empresarial de la Unión Europea, se está advirtiendo de las incongruencias del proyecto que quieren aprobar con la Asamblea Legislativa, con los propios estándares en la materia que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Uno de los párrafos clave de la indicada denuncia expresa: “Además no resolvería adecuadamente los problemas de opacidad y transparencia, más bien agudiza la situación y podría favorecer a los grandes generadores de renta y sectores evasores de capital del país, esto quiere decir que el dinero no declarado podría irse a paraísos fiscales y no quedaría nada dentro de las arcas costarricenses. A la vez que Costa Rica seguiría manteniendo los portillos disponibles para la evasión, la elusión y el lavado de dinero desde el territorio nacional”.

Tan descarado es el fraude que le quieren hacer a la UE que, hasta el mismísimo Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, anunció que el Gobierno vetará ese proyecto porque le quitará a la Dirección de Tributación la potestad de cobrar tributos a quienes obtengan rendimientos en el extranjero si lo hicieron con ganancias captadas en territorio costarricense.

Es importante recalcar que Costa Rica tiene un sistema tributario arcaico que favorece la evasión y la elusión tributaria. El proyecto, así como está, seguirá dejándole la puerta abierta a los evasores y elusores, afectando más a Costa Rica, dejando portillos que permiten la fuga de capital y, por ende, seguir empobreciendo a nuestro país.