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1. El derecho a negociar libremente con los empleadores y patrones las condiciones de trabajo, constituye un elemento esencial de la Libertad Sindical, universalmente reconocida. Negar la posibilidad de que a través de las convenciones colectivas de trabajo, las personas trabajadoras mejoren sus condiciones de vida y de trabajo, es vaciar de contenido el derecho fundamental a sindicalizarse.

2. Las convenciones colectivas de trabajo tienen rango constitucional. Es la propia Constitución Política, la que en su Artículo 62 establece que estos instrumentos tendrán fuerza de ley. Además, el Código de Trabajo y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tutelan este derecho humano fundamental de las personas trabajadoras.

3. Además y pocas veces se puede reparar en ello en parte por la gran manipulación mediática, las convenciones colectivas de trabajo también pueden establecerse en el Sector Privado de la economía. Lo que sucede es que por la represión sindical de los patronos es prácticamente inexistente el sindicalismo en dicho sector; por ende, la ausencia de negociación colectiva en las empresas privadas es “comprensible”. En nuestro país, históricamente, se ha negado a las personas trabajadoras del sector privado su derecho básico a organizarse en sindicatos, y por ende, su derecho a y negociar colectivamente.

4. Negar este derecho humano fundamental va contra la ley, contra la Constitución Política, contra los tratados internacionales y contra los principios fundamentales que inspiran la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, las convenciones colectivas de trabajo encarnan y materializan estos principios fundamentales reconocidos universalmente.

5. Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional, en las que elimina una serie de garantías y derechos obtenidos por los trabajadores y por las trabajadoras de RECOPE, de JAPDEVA, del Instituto Nacional de Seguros, de la Junta de Protección Social, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de la Caja Costarricense de Seguro Social; constituyen la expresión de una arremetida por parte de los sectores neoliberales, contra cualquier garantía que disfruten las personas trabajadoras. Ahora son las convenciones colectivas de trabajo, después vendrán por los derechos contenidos en el Código de Trabajo y, más temprano que tarde, por las garantías sociales consagradas en nuestra Constitución Política.

6. Desde hace veinte años, los políticos empresarios del PLUSC, ahora reforzados con el partido de los casinos y las casas de apuestas, han apostado a un modelo concentrador de la riqueza, que otorga privilegios profundamente abusivos e irracionales a las empresas transnacionales, que niega todo derecho humano, y considera que los derechos de las personas y del ambiente constituyen barreras para el comercio, convirtiendo el trabajo en una mercancía.

7. Este modelo lo quieren coronar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, instrumento que exige y lleva intrínseca la precarización de las relaciones laborales. Lamentablemente, para que las empresas “estrellas” de este tipo de tratados, se beneficien y obtengan cada vez más ganancias, el mandato es estandarizar las relaciones laborales hacia abajo, llevando a Costa Rica al mismo nivel del resto de países centroamericanos. Precisamente, las convenciones colectivas de trabajo, las garantías y derechos contenidos en ellas y en nuestro Código de Trabajo, son obstáculos para ese objetivo, por eso hay que eliminarlas, por eso deben desaparecer.

8. La Sala Constitucional, que ha venido materializando esa exigencia de las empresas transnacionales, con la complicidad de la clase política y empresarial gobernante en nuestro país, tiene una doble moral. Día tras día, este tribunal nos cierra la puerta en la cara, cuando se trata de tutelar derechos fundamentales como el trabajo, el salario mínimo, el debido proceso y la libertad sindical.

9. Para los magistrados y magistradas de la Sala IV, sí es competencia constitucional eliminar las garantías que gracias a la Convención Colectiva de Trabajo gozan los trabajadores y trabajadoras de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz; pero no constituye derecho digno de ser tutelado por el tribunal constitucional, el derecho fundamental al trabajo y a la libre sindicalización, que le fue arrebatado a un grupo de trabajadores injusta y arbitrariamente despedidos en COOPELESCA (cooperativa de electrificación rural de la zona de San Carlos).

10. Para esa Sala Constitucional, que borra de golpe y porrazo garantías concebidas en una Convención Colectiva de Trabajo, el derecho de un grupo de trabajadores estibadores de INCOP, a percibir el salario mínimo no es un derecho humano digno de ser tutelado por la jurisdicción constitucional; pero si es materia constitucional, eliminar la garantía de los trabajadores de la Junta de Protección Social de San José, para que en caso de que los despidan por reestructuración institucional, se les cancelen todos los años servicios a la institución.

11. Es evidente que la clase trabajadora costarricense, de los sectores Público y Privado, debe unirse para defender las conquistas que a través de la historia ha logrado conseguir, hasta con su propia sangre, muchos hombres y mujeres. Debemos manifestar nuestro repudio a ese modelo que niega cualquier derecho humano y ambiental, que busca el enriquecimiento irrestricto de unos pocos a cambio de la pobreza de muchos. Es hora de salir a la calle a defender las conquistas sociales que nos heredaron nuestros antepasados y que han hecho de Costa Rica un país diferente al resto de Centro América.

San José, 26 de mayo de 2006

A la vez, hacemos un llamado, una exhortación fuerte para que no nos rindamos, para no claudicar; para no dejarle el INS a esa camarilla neoliberal, corrupta y perversa que anhela nuestra desmoralización; que ansía tener el camino libre para “su” TLC; que espera de nosotros una claudicación sin haber empezado la verdadera pelea por la Patria.

Los sicarios políticos de la derecha económica neoliberal, a través del partido de los casinos y de las casas de apuestas, ejecutan una parte de la tarea sucia para preparar el terreno del TLC: el ataque a las Convenciones Colectivas de Trabajo, paso primero de una estrategia de abolición del Código de Trabajo y de reducción al mínimo de los derechos laborales en general.

Bien decían los señores de la Junta de Notables nombrada por el Gobierno anterior para el análisis del TLC: que Costa Rica tendrá que “homologar” su legislación laboral hacia abajo, para poder ser “competitiva” con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua; países éstos caracterizados por una pobreza espantosa, una aberrante concentración de la riqueza, una violencia social incontrolable de más de diez homicidios por día, una semiesclavitud laboral, una explotación inmisericorde y una agresión antisindical imposible de imaginar.

Eso quieren para Costa Rica, la oligarquía angurrienta de este país que quiere dejarse para sí, el INS, el ICE, la CCSS, el A y A, etc.; para ello se idearon una conspiración de sentido múltiple: reelección presidencial, TLC, ataque a las convenciones, más represión sindical en las empresas privadas y amenazas de muerte para quienes osen desafiar su “orden” en construcción.

Quitar el derecho de cesantía del INS, tal y como está previsto es un absurdo, porque entonces quiere decir que propia Ley Protección al Trabajador que estableció la ruptura del tope de cesantía, aunque fuera parcial, también sería un “privilegio”; que la Ley de Asociaciones Solidaristas (cesantía en el Sector Privado, por ejemplo), también es un “privilegio”; que la cesantía que se establece en el Régimen de Servicio Civil, por reestructuración, también es un “privilegio”.

Levantemos hoy nuestra voz bien fuerte. Que se perciba nuestra potencia. Que se vea nuestra unidad en la diversidad. Que se tome nota que somos uno solo. El INS, parte esencial de nuestra Patria agredida por la corruptela neoliberal y su TLC, nos necesita.

1 – Vamos hacia el primer mes de instalación del nuevo parlamento costarricense, lapso suficiente para hacer públicas nuestras primeras consideraciones al respecto; a fin de compartirlas con los legisladores y con las legisladoras de recién llegada a sus respectivas curules y con sus correspondientes equipos asesores. Igualmente, con las bases sociales de nuestras respectivas organizaciones y con las de las agrupaciones amigas y fraternas.

2 – Estas consideraciones son producto de una seria reflexión colectiva tanto a lo interno de la ANEP como de ASDEICE. Las hemos conjuntado bilateralmente y luego compartido con compañeros y compañeras dirigentes de una amplia serie de organizaciones sociales, las cuales, en términos generales, comparten nuestra visión acerca del carácter del proceso político-social que vive hoy nuestra querida Costa Rica. Empezamos…

3 – La derecha económica oligárquico-neoliberal, aglutinada hoy en el Partido Liberación Nacional (PLN), está más que feliz pues se siente “empoderada” del control y de la iniciativa política parlamentarias; luego de su matrimonio ideológico con el sicariato político de esa derecha representada en el partido de los casinos y de las casas de apuestas.

4 – Particularmente, se nota como la fracción parlamentaria liberacionista está orientada por la agenda ideológica de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Este gremio empresarial logró posicionar, primero como candidata diputadil en ese partido y luego como jefa de su grupo legislativo, a la señora Mayi Antillón, figura de la máxima confianza de los connotados hombres de negocios, Marco Vinicio Ruiz (hoy Ministro de Comercio Exterior) y Samuel Yankelewitz. Así, la UCCAEP se posiciona en dos escenarios decisorios para sus intereses, relegándose a un segundo plano de la agenda política liberacionista puntos de barniz socialdemócrata como para guardar las apariencias.

5 – Esta situación pareciera tener incómodos a algunos de los nuevos legisladores liberacionistas, pero es muy temprano para el surgimiento de eventuales discordancias pues el máximo jefe está en el control total de la iniciativa política… Al menos por ahora. Se considera que la contundencia de las argumentaciones contra el denominado TLC, podría generar quiebres con un compromiso de lealtad personalista y hasta un “domingo siete” podría saltar en la fracción liberacionista cuando llegue la “hora cero”.

6 – Los sectores patrióticos parlamentarios, algunos ya plenamente identificados y otros que podrían asumir posiciones civilistas y democráticas, parecieran “arrinconados”; no obstante, el coraje, el valor y la claridad política de un diputado como don José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, nos dan garantía plena de que la victoria ya cantada por esa derecha, podría convertirse en un revés que, definitivamente, cave su sepultura para siempre. Es sorprendente cómo este ciudadano, costarricense por adopción, tenga más interiorizada la esencia de la idosincracia costarricense que muchos de sus actuales colegas parlamentarios, evidentemente vendepatrias al sonido del tintineo metálico. La solidez intelectual y la base social del diputado José Merino es muy amenazante cuando la docilidad, el oportunismo y la mediocridad empiezan a aflorar en el nuevo parlamento. Su “peligrosidad” es tal que por eso lo excluyeron de la participación plena en la comisión legislativa que debe tramitar el TLC.

7 – Admirable resulta la valiente posición del señor diputado don Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien pareciera perfilarse como un abanderado calificado de los sectores excluidos, no solamente por la situación de discapacidad, sino desde una perspectiva sociopolítica.

8 – Como bien sabemos, la amplísima mayoría del pueblo costarricense está excluido de los famosos beneficios del crecimiento económico tan pregonado por esa derecha codiciosa y angurrienta. La riqueza se concentra aceleradamente en pocas manos, especialmente luego de la llegada al país del capital sangriento centroamericano para enlazarse incestuosamente con algunos de sus pares nacionales, ya sin más escrúpulos que la avaricia por la acumulación más veloz posible. Tenemos fe en el legislador don Oscar López Arias, dada su trayectoria ética antes de convertirse en diputado; suponiendo la honra fiel a las estimulantes reflexiones y posiciones intercambiadas con nuestras organizaciones, poco antes de asumir su curul.

9 – Por su parte, la fracción del casi en extinción Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), podría tener una excelente oportunidad de exorcizarse de tanto neoliberalismo y corruptela, para recuperar la noble senda del humanismo cristiano. Esta fracción sabe que el gran capital (y particularmente, su sector oligárquico-financiero), los “descartó” en las pasadas elecciones como sus representantes políticos en el sistema institucional formal.

10 – Para la fracción PUSC retornar a la filosofía del humanismo cristiano y a la esencia de las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, implicará, necesariamente, una posición contraria a ese TLC que es defendido por esa oligarquía cuyos intereses estuvo el PUSC defendiendo tanto tiempo y que les “desechó” en la campaña electoral recién pasada. Somos escépticos de su reencuentro con las raíces del pensamiento del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Sin embargo, esperaríamos una recepción profunda y una audiencia calificada a los razonamientos construidos desde los sectores sociales en éste y en otros temas de la agenda nacional que tiene en sus manos el actual parlamento.

11 – Es cada vez más decepcionante el papel del Exdefensor de los Habitantes de la República, el Lic. José Manuel Echandi Meza, del Partido Unión Nacional (PUN). Le creíamos capaz de tener pensamiento propio pero cada vez notamos su “traslado” hacia las tiendas ideológicas del neoliberalismo. Su característica pusilanimidad le lleva a buscar aquel lugar de “mejor” sombra. En todo caso, para los sectores sociales, él ya es visto como furgón de cola de la iniciativa política parlamentaria de la derecha oligárquica pro-TLC.

12 – Sobre la derecha religiosa con escaño parlamentario, no es necesario hacer mayor mención. Está totalmente claro de cual lado está. La ética cristiana no parece colisionar con la “ética” neoliberal cuando de intereses se trata.

13 – Finalmente, la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) parece tener un grave problema de “identidad” para perfilarse como opción política confiable. Estamos notando una decepción creciente en múltiples de los cientos y cientos de grupos sociales que, por razones de coyuntura, ayudaron, con toda mística y desprendimiento, al ascenso electoral de dicho partido, al punto cuantitativo de sobra conocido.

14 – La esperanza de una militante respuesta patriótica y cívica del PAC en la nueva coyuntura parlamentaria, pareciera estar en el carácter, la decisión y la firmeza de algunas de sus individualidades: algunas connotadas, otras empezando a visibilizarse y otras de potenciales sorpresas. Muchas de las curules del PAC se hicieron realidad por un enorme sacrificio social y eso, respetuosamente lo decimos, debería tenerse presente un día sí y otro también.

15 – El PAC debería entender que el concepto de “mayoría” manejado por esa oligarquía financiera y gran exportadora e importadora, pro-TLC, no necesariamente es aritmético. Por tanto, caer en la trampa de “dejar votar” en una cuestión tan sensible como el TLC, representaría un profundo menosprecio y una burla total para los miles y miles de compatriotas quienes, desde la sociedad civil organizada, escenificarán el Referéndum de la Calle en esa “hora cero”.

16 – La ética política defendida tan fuertemente por el PAC no es la misma “ética política” de esa derecha oligárquica pro TLC, la cual fue capaz de torcer la Constitución Política para permitir la reelección presidencial; facilitando así la llegada de “su mejor cuadro” al Gobierno, a fin de que éste, el Presidente Oscar Arias Sánchez, realice, ¡por fin!, la tarea que no pudieron completar ni Calderón Fournier, ni Rodríguez Echeverría, Ni Figueres Olsen, ni Pacheco de la Espriella, todos hijos de ella.

17 – Finalmente, debe quedar suficientemente claro a las nuevas autoridades legislativas, de todos los partidos sin excepción alguna, la siguiente perspectiva anidada en todos los Sectores Sociales: La suerte del país en las actuales circunstancias históricas, ya no es resorte monopólico de un parlamento reflejo del agotamiento de una democracia representativa totalmente prostituida por una combinación de factores, lo que parece tornar como irreversible una relegitimación institucional según los añejos parámetros todavía vigentes.

18 – En los sectores sociales de nuestra querida Patria, de profunda convicción democrática y civilista, va arraigándose fuertemente el concepto de democracia participativa que tiene hoy rango constitucional. Es bajo esa premisa correcta correspondiente al momento histórico que estamos viviendo, lo conducente para invocar, minuto a minuto, horas tras hora, día tras día, la movilización ciudadana bajo el concepto del Referéndum de la Calle. Es esta la única posibilidad real de frenar o atenuar la voracidad por la acumulación de riqueza de esa oligarquía pro TLC. Esa movilización tendrá que ser profunda, extendida; gremial, sectorial; regional y nacional; coordinada o por etapas, en procesos donde lo tradicional se mezcle con lo no tradicional, con tácticas y estrategias de lucha, típicas y atípicas

19 – La necesidad de esta concepción de democracia callejera, es completamente estratégica para el momento histórico que vive nuestra querida Costa Rica. Para los sectores sociales el TLC constituye el “asalto final”, la conclusión del proceso sistemático de desmontaje del Estado Social de Derecho; terminándose así la tarea sin finalizar todavía debido a la enorme resistencia ciudadana, de la agenda del denominado “Consenso de Washington”. Es decir, la apropiación privada final de los servicios públicos de mayor impacto, cobertura y potencialidad de rentabilidad que tenemos todavía en nuestro país, en manos de importantes instituciones ligadas a la esencia de nuestra nacionalidad costarricense: ICE, INS, CCSS, A y A, agricultura, entre otras.

20- Periódicamente bajo esta forma y otras por ponerse en práctica, los actuales legisladores y legisladoras tendrán una oportunidad directa de saber cómo se mira su accionar desde la perspectiva de los movimientos sociales ó en buena parte de los mismos. Además, se podrá conocer algunos planteamientos generados a partir de esa visión de los sectores sociales, sobre temas candentes de la agenda nacional parlamentaria. Bueno sería que las señoras legisladoras y los señores legisladores tengan presente y recuerden, antes de ingresar al recinto parlamentario, que juraron ante Dios y ante la Patria, honrarla y defenderla, día a día; de lo contrario, El y nosotros, el pueblo en las calles, os lo demandaremos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente de ASDEICE

23 de mayo de 2006