Autor:

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimado señor:

En primer término, permítanos agradecer que por primera vez en cinco años, un jerarca del INCOP acepte recibir a nuestra representación oficial, ello indefectiblemente, significa un acto de respeto al derecho fundamental a la libre sindicalización.

Por este medio, aprovechamos para dejar plasmada por escrito, nuestra posición respecto a los dos temas que trataremos en la audiencia por usted concedida el día de hoy.

1. TRABAJADORES DENOMINADOS “OCASIONALES”

Con este grupo de trabajadores, muchos de ellos afiliados a nuestra organización sindical, hemos venido librando una batalla desde octubre del año 2002, cuando fueron cesados de sus puestos injustamente y reinstalados gracias a la oportuna intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Resulta que a estas personas, las autoridades administrativas de la institución a su digno cargo, les han negado los derechos laborales fundamentales, empezando por el salario mínimo, su derecho al pago de subsidios por incapacidad, el salario escolar, las anualidades y hasta su derecho a obtener una constancia salarial. Ello ha motivado gestiones de nuestro sindicato en dos sentidos: demandas individuales ante los tribunales laborales, en reclamo del salario mínimo dejado de percibir por cada uno de ellos, con las consecuentes diferencias en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; y denuncias por infracción a las leyes laborales contra la empresa y sus jerarcas en su calidad personal.

Como es bien conocido por usted, los tribunales laborales ya nos han dado la razón, y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha vertido jurisprudencia, reconociendo el derecho de estas personas a percibir el salario mínimo de ley. Alrededor de ¢15 millones ha de haber desembolsado el INCOP para hacer frente a las deudas reconocidas por los tribunales en 4 de las demandas. Sin embargo, debemos manifestar que hay muchas más en trámite, que probablemente multiplicarán la erogación económica para la institución, razón por la que tal y como lo planteamos a la Junta Directiva de INCOP cuando se ganó la primer demanda, consideramos que sería mucho más barato para la institución, poner a derecho la situación laboral de estos trabajadores e impedir que la deuda siga acumulándose, y que se una a los intereses y las costas procesales de los juicios.

Por otra parte, debemos indicar que los mandos medios de la institución, han venido acrecentando sus prácticas discriminatorias contra estas personas, a muchas de las cuales, después de haber obtenido sentencias favorables a sus intereses, no les han dado la oportunidad de entrar en los llamados de lista de las cuadrillas, lesionando el sagrado derecho al trabajo.

Agradeceríamos don Paúl, que usted, como máximo jerarca del INCOP, tome cartas en el asunto, a fin de que la institución que usted preside, se ajuste al ordenamiento jurídico costarricense.

Sobre el tema de la infracción a las leyes laborales, le notificamos que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comprobó que por la situación de los ocasionales, se está infringiendo nuestro Código de Trabajo, y habiendo realizado la prevención correspondiente sin que fuera atendida por la institución, presentó la acusación correspondiente ante los tribunales laborales. Igual ha hecho nuestra organización.

Al respecto, es importante manifestar que de obtener una resolución favorable, no solo se condenaría al INCOP como patrono, sino a cada uno de los funcionarios acusados, quienes han sido acusados en su condición personal. Permítanos comentarle que en un caso de Correos de Costa Rica, recientemente el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, en una denuncia similar, además de condenar a la empresa a reparar el daño causado, condenó a la Gerente General, a pagar una multa de un millón de colones por considerarla infractora. Sería una lástima que por unos cuantos “cabezas calientes”, el INCOP y su persona, tengan que pagar una multa por no atender la prevención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. EL DESPIDO DE NUESTRO DIRIGENTE: WALTER MENDOZA RAMIREZ

Otro tema que nos preocupa, es el despido injusto de uno de los miembros de la Junta Directiva de nuestra seccional en el INCOP, el compañero Walter Mendoza Ramírez, a quien no solo se le despidió injustamente, sino a quien se le prohibió el ingreso a las instalaciones portuarias, constituyendo esta situación, una restricción a su derecho al trabajo y a sus actividades como legítimo representante de los trabajadores, razón por la que solicitamos que sea restituido inmediatamente en el puesto como estibador, que desempeñaba al momento de su despido.

Este compañero, laboró para la institución desde octubre de 2001, y ya en una sentencia de los tribunales laborales porteños, se reconoció que su relación laboral con el INCOP, independientemente de cómo la hayan querido denominar las autoridades institucionales, es por tiempo indefinido. Ello quiere decir que para despedirlo sin responsabilidad patronal, se debió haber seguido un debido proceso en el que se comprobara la comisión de una falta grave. Sin embargo, eso no ocurrió, y lejos de despedirlo indicándole los motivos por los que se tomaba esa decisión, simplemente se le prohibió el ingreso a las instalaciones portuarias, lo cual constituye un grave atropello a sus derechos fundamentales, sobre todo si reparamos en el hecho de que por ser representante de los trabajadores, está protegido por el fuero sindical.

Le informamos que hemos interpuesto denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por lo que a nuestro criterio constituye prácticas laborales desleales, y además, hemos interpuesto la demanda correspondiente ante la jurisdicción laboral, solicitando su reinstalación en el puesto con el pago de los salarios dejados de percibir desde que fue injustamente despedido.

Consideramos que es el momento para que su Autoridad, ponga un alto a los atropellos que contra quienes pertenecen a nuestra organización sindical, han venido llevando a cabo un grupo de jefaturas intermedias, que con su actuación han puesto en tela de duda el respeto a los derechos fundamentales que debe privar en una institución pública como el INCOP.

No omitimos manifestar que a la presente adjuntamos un legajo con las acciones más relevantes en los dos temas que hemos expuesto a su Autoridad.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

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c.:Lic. Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Archivo.

Diputado
Mario Calderón Castillo
Presidente
Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado
Asamblea Legislativa

Estimado señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Por este medio nos dirigimos a su persona, ya que tenemos conocimiento que en la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado que usted preside, se ha sometido a estudio y discusión el Proceso de Modernización del INCOP, proceso de concesión que la organización sindical que representamos, ha venido cuestionando desde su inicio, precisamente por la forma atropellada e ilegal en que el mismo se ha llevado a cabo.

En dos ocasiones la Contraloría General de la República le ha negado el refrendo a los contratos, haciendo observaciones que de ser atendidas por la administración, no podrían más que llevar al archivo de ese proyecto.

Conocemos que la Diputada Joyce Zürcher Blen, integrante de esta comisión, ha presentado ante la misma, un informe que constituye un análisis serio y objetivo del proceso, que comprueba sin duda alguna, las ilegalidades contenidas en el mismo, así como los perjuicios al interés público que este representa.

Con todo respeto, consideramos que a efectos de evitar que se repita la lamentable historia de los contratos de RITEVE y ALTERRA, debe esta Asamblea Legislativa iniciar la discusión sobre este tema, que permita ejercer el control político que impida que culmine ese vergonzoso negocio.

Por este medio le solicitamos en su condición de Presidente de la Comisión, que esta se avoque a la discusión del informe sin más demora, puesto que lo contrario, constituiría un silencio cómplice por parte de los diputados y diputadas, respecto a un contrato completamente abusivo y leonino a los intereses de los y las costarricenses.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

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c.:Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Jefe Fracción Partido Liberación Nacional
c.:Diputada Marta Zamora Castillo, Jefa Fracción Partido Acción Ciudadana
c.:Diputada Liliana Salas Salazar, Jefa Fracción Partido Unidad Social Cristiana
c.:Diputado Humberto Arce Salas, Jefe Fracción Bloque Patriótico
c.:Diputado Carlos Herrera Calvo, Jefe de Fracción Movimiento Libertario
c.:Diputado José Miguel Corrales Bolaños, Diputado Independiente
c.:Diputado José Francisco Salas Ramos, Diputado Independiente
c.:Diputada Gloria Valerín Rodríguez, Partido Unidad Social Cristiana
c.:Diputado Luis Ramírez Ramírez, Partido Liberación Nacional
c.:Diputada Joyce Zürcher Blen, Partido Liberación Nacional
c.:Diputado Rodrigo Carazo Zeledón, Partido Acción Ciudadana
c.:Diputado Peter Guevara Guth, Movimiento Libertario
c.:Diputada Elvia Navarro Vargas, Bloque Patriótico.
c.:Archivo.

Licenciado
Randall Quirós Bustamante
Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Licenciado
Paúl Zúñiga Hernández
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Estimados señores:

Por este medio, nos dirijimos a sus autoridades, para referirnos una vez más, al Proceso de Modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Desde que conocimos la primera versión de los contratos suscritos con las empresas concesionarias, hicimos la observación de que los mismos, contenían una serie de irregularidades e ilegalidades que podrían subsanarse, solo anulando el proceso y volviendo a la etapa licitatoria. Sin embargo, la administración ha insistido en un proceso que a todas luces, es contrario al ordenamiento jurídico costarricense y al interés nacional.

No solo nuestra organización ha advertido respecto a este asunto, sino que, la propia Contraloría General de la República, al denegar el refrendo a los contratos en dos ocasiones, así lo ha expuesto. También, lo ha hecho la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Diputada Joyce Zürcher Blen, quien presentó ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, un informe revelador de las ilegalidades del proceso, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Ciudadana, el diputado independiente José Miguel Corrales Bolaños y el Diputado Humberto Arce Salas del Bloque Patriótico, quienes también han cuestionado este vergonzoso proceso de concesión.

Es importante mencionar que precisamente, está pendiente de discusión en la comisión especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, el tema de la modernización del INCOP, a efectos de que la misma, remita una recomendación al plenario legislativo, para que esta instancia realice el control político correspondiente, para evitar que no se repitan los lamentables episodios de los contratos de ALTERRA Y RITEVE.

A continuación, exponemos los puntos que según los análisis realizados por las instancias y personas arriba citadas, impedirían que la Contraloría General de la República, le otorgue el visto bueno a los contratos.

Aprovechamos para solicitar de manera respetuosa, que se desestime este adefesio jurídico y se piense en un verdadero proceso de modernización portuaria y administrativa del INCOP, ajustado a derecho y con amplia participación de los sectores involucrados, que implique un beneficio para todas las partes.

Los aspectos de fondo que según los análisis son insubsanables son los siguientes:

PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL GRANELERA:

a) Cartel:

1. La Ley de Concesión de Obra Pública establece que, deberá ser la Secretaria Técnica del Concejo Nacional de Concesiones, quien elabore los carteles. En este caso, los carteles los elaboró una consultoría, sustituyendo a la instancia competente en sus atribuciones y obligaciones.

2. Según la Ley de Concesión de Obra Pública, se debió aprobar primero los estudios de factibilidad y luego los carteles. En este caso, la aprobación de ambos documentos se realizó en el mismo acto.

3. La aprobación del cartel se dio el 14 de febrero de 2001 y la consulta tarifaria que la ley y su reglamento ordenan hacer de previo a la elaboración del cartel, fue recibida en ARESEP el 19 de febrero.

4. El cartel otorga al concesionario un permiso para explotar, desde el inicio de la concesión hasta el momento en que se termine la construcción de la Terminal

Granelera, el servicio en el puesto #1 existente en Puerto Caldera, con tarifas aprobadas por ARESEP para la explotación del servicio en la obra nueva. Esta cláusula tiene varias ilegalidades a saber: infringe las competencias de fijación de tarifas de ARESEP y la Ley de Concesión de Obra Pública (LGOP) que rige el contrato, prohíbe que por esa ley se otorgue una concesión sobre las obras existentes.

La disposición anterior contraría frontalmente lo establecido en el artículo 2.3 de la LGOP, ya que no existe ningún fundamento jurídico para la misma, por lo que se trata de una disposición que por ilegal, es nula de pleno derecho y pone en entredicho la validez misma del cartel y por tanto, de todas las fases del proceso licitatorio.

La inclusión de esta cláusula constituye un fraude de ley, conducta tipificada en el artículo 20 del Código Civil y 5 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

Al respecto, dice el informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos con el Estado, lo siguiente: “La violación de la ley, que además por ser una ley especial la LGOP priva sobre cualquier otra, es tan palmaria que difícilmente cabe que el concesionario se excuse de su responsabilidad. Y no digamos la Administración y los funcionarios que intervinieron en este proceso. (…) Y además, tan presente se tenía ese choque del texto del cartel con el texto de la ley, que desde el momento mismo en que la ARESEP lo advierte al CNC, es tema principal que se refleja en los estudios, documentación, observaciones, etc., que constan en el expediente administrativo” (P.84-85)

5. El cartel no incorporó indicaciones vinculantes realizadas por la ARESEP respecto de la necesidad de establecer el mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Ello implica un desconocimiento de competencias de ARESEP.

6. Se publicó el cartel sin la aprobación por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de los estudios de evaluación de impacto ambiental, cuestión que según la Ley Orgánica del Medio Ambiente, debe hacerse previo a la realización del procedimiento licitatorio, dado que el fin es determinar las consecuencias y daños al medio ambiente que podrían producir las actividades contratadas.
b) Contrato:

1. Modifica sustancialmente las condiciones del cartel, lo cual violenta los principios constitucionales de contratación administrativa.

2. Establece un cambio de sitio de la obra por construir, que no corresponde ni a lo dicho en el cartel, ni en la oferta, ni en la oferta alternativa. Ello que implica un nuevo proyecto que no cuenta con las debidas autorizaciones de la ARESEP y la SETENA, mismas que no pueden darse hoy si no se dieron en su momento.

3. La cláusula que contempla lo relativo al permiso de uso para la explotación del servicio de las obras existentes en Puerto Caldera, amplía el objeto sobre el que recaería tal permiso.

4.En el contrato no se incorporaron las indicaciones hechas por la ARESEP sobre el cartel respecto a la necesidad de establecer un mecanismo para calcular los ajustes tarifarios por restablecimiento del equilibrio financiero, y la metodología para evaluar los aspectos de calidad del servicio. Esto no sería posible hacerlo una vez expirado el plazo para las modificaciones del cartel, que es anterior a la recepción de las ofertas.

5. En las disposiciones contractuales se establece que no se realizará una evaluación de impacto ambiental, sino que el órgano competente, brindará una mera autorización denominada viabilidad ambiental, que no cumple con las condiciones técnicas y jurídicas de una verdadera evaluación de impacto ambiental del proyecto a realizarse. Esta autorización se realizará posterior a que se le confiera el refrendo contralor al contrato; situación que además de ser contraria a la Ley Orgánica del Ambiente, implicaría el riesgo de que se produzcan daños irreparables a los ecosistemas del lugar y por tanto a la calidad de vida de las comunidades aledañas.
PROCESO LICITATORIO DE LA TERMINAL CALDERA:

a) Cartel:

1. Se utiliza como marco jurídico los artículos 74 y 74 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos no cumplen con los requerimientos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser considerada una ley marco.

2. Se pretende utilizar tarifas calculadas con base en la estructura de costos y operación del INCOP. La materia tarifaria es indisponible para las partes y la cláusula es ilegal porque lesiona las potestades de la ARESEP.
b) Contrato:

1. Respecto a las lesiones a las competencias de la ARESEP en los contratos de Terminal Granelera y Caldera, tanto la Contraloría General de la República, como la ARESEP misma, han señalado que esas lesiones no se han originado en los contratos sino en los carteles; de manera que no podrían ser subsanados por la vía contractual.

2. El informe presentado ante la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos del Estado, establece en su página 29 lo siguiente: “En el contrato de Terminal Granelera, como la LGOP otorga competencias a la ARESEP para intervenir al momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en el momento de la elaboración del cartel y de modo previo a su publicación, si tales competencias no fueron respetadas en su momento, hoy la ARESEP, luego de la suscripción del contrato, no tiene competencia para introducir modificaciones de la estructura tarifaria, modelos de ajuste de tarifa y parámetros de servicio. Mucho menos si la pretendida intervención (ilegal) de la ARESEP se hiciera con el fin de adecuar esas tarifas parámetros porque las partes en el contrato han hecho una modificación sustancial del marco cartelario como lo es el cambio de sitio de la obra dada en concesión”.

Además, si en la actual fase de cualquiera de estos proceso licitatorios, posterior a la recepción de las ofertas, la ARESEP intentara, a instancia de la administración y los adjudicatarios, subsanar errores y desaciertos de la administración misma y de los adjudicatarios, lesionaría los principios constitucionales de contratación administrativa y, por tanto, los derechos subjetivos e intereses legítimos de oferentes perdidosos y numerosos potenciales oferentes. (página 29 del citado informe legislativo)

Como resulta evidente, las irregularidades contenidas en el proceso licitatorio generan tres tipos de perjuicios:

– Ambientales: las violaciones a la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a evaluación de impacto ambiental, podrían generar no solo perjuicios ambientales, sino que pondría en peligro la biodiversidad del Golfo de Nicoya, con la consecuente desmejora en la calidad de vida de los habitantes de zonas aledañas.

– Económicos: el proceso licitatorio ha sido bastante oneroso para la administración pública, puesto que se han desembolsado gran cantidad de millones de colones en consultorías que no han logrado que el mismo se ajuste a derecho y tenga éxito. Por otra parte, las condiciones que allí se estipulan, conceden grandes ventajas a los concesionarios, que resultan leoninas, onerosas y perjudiciales al interés nacional; y por otra parte, al incrementarse los costos de operación para los operadores del puerto, esos costos se trasladarán al bolsillo de los consumidores.

– Incerteza Jurídica: la desaplicación de los institutos jurídicos relacionados con la contratación administrativa, nos desautoriza y desacredita ante la comunidad nacional e internacional, puesto que la aplicación viciada de la normativa jurídica que informa la contratación administrativa, crea incerteza jurídica para los inversores nacionales e internacionales, causando gran daño a la credibilidad del país.

De conformidad con lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa, que la administración que ustedes dirigen, se apegue al ordenamiento jurídico, deseche el proceso de concesión tal y como ha sido planteado y no insista en mantener un proceso ilegal que de culminarse, constituiría una vergüenza para nuestro régimen de derecho, por cuanto tal y como ha sido planteado, podría conllevar hasta responsabilidades de tipo penal.

Sin más por el momento, nos suscribimos, atentamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señoras Diputadas y Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.:Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República.
c.:Licda. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General de los Servicios Públicos (ARESEP)
c.:Señoras y señores Junta Directiva, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
c.:Junta Directiva Nacional ANEP
c.:Archivo.