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Tal percepción se ve reforzada con el otro impactante dato divulgado por el INEC, de que la inflación interanual, julio 2004-junio 2005, fue de un 13.76 %.

Los datos podrían haber sido más dramáticos si los parámetros de medición estuviesen plenamente actualizados. Recordemos que se trabaja con la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos que data de 1988.

Estos datos nos llevan a emitir tres conclusiones básicas sobre la política económica vigente; conclusiones que, como es lógico suponer, se elaboran a partir de una perspectiva laboral producto de nuestra naturaleza organizativa:

Primero: La alta inflación golpea, con mayor énfasis, a las personas asalariadas, tanto del Sector Privado como del Público. Los reajustes salariales ni compensan la inflación semestral vencida ni, mucho menos, aumentan el poder de compra del salario.

En el caso del Sector Público, el rezago salarial crece semestralmente; en el caso del Sector Privado, es casi imposible verificar si el empresariado honra, completamente, los porcentajes de reajuste salarial definidos que, a veces, se acercan en el papel (más que en el Estado), a la cifra inflacionaria.

Pero en cualquier caso, tan pronto como el ajuste del mínimo salarial se hace, los salarios son brutalmente golpeados por el incremento inmediato en el costo de la vida. En definitiva, la clase trabajadora asalariada vive un proceso sostenido, sistemático y casi irreversible de empobrecimiento y de deterioro de su calidad de vida.

Segundo: Los responsables de la conducción estratégica de la política económica vigente, inspirados en la filosofía neoliberal y que han servido sin problemas a los sucesivos gobiernos del PLUSC, de los últimos quince-veinte años; siguen sin dar cuentas de sus actuaciones, las cuales, evidentemente, han perjudicado el bienestar de la mayoría de la población.

Han privilegiado la satisfacción de los intereses de ciertos sectores exportadores y de grandes y concentrados grupos financieros, así como de grandes importadores, generando las condiciones macroeconómicas necesarias para apuntalar el odioso y sostenido proceso de concentración de la riqueza que vive la sociedad costarricense y que es la base del abusivo poder político que hoy ostentan tales grupos.

Tercero: Dentro de tal estrategia, hay un tema profundamente tabú en la política macroeconómica de los grupos de poder: la obsesividad por la estabilidad macroeconómica, buscada por medio de mecanismos como el de la deuda interna. Esta situación no sólo ha disminuido los salarios y ha concentrado la riqueza, sino que ha permitido y todavía facilita, la gestación de grandes fortunas altamente concentradas, producto de las necesidades fiscales del Estado costarricense.

Ese mismo Estado que tales grupos han estado controlando en los últimos años y que, paralelamente, tiene diseñada una estructura tributaria débil, laxa y cómplice de tal estado de cosas en lo fiscal.

No hay duda alguna de que la carestía de la vida, las restricciones salariales y la concentración de la riqueza son consecuencias directas de una política económica totalmente equivocada en todos estos años. Sus responsables deben ser objeto del juicio popular y cívico que está pendiente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 5 de julio de 2005.

La situación en Costa Rica es radicalmente distinta. Para quienes adversamos ese TLC, se juega en nuestro país lo poco que queda de eficiente y bueno del todavía existente Estado Social de Derecho; dentro de lo cual destaca la circunstancia de que los más rentables bienes de propiedad pública que todavía quedan en manos de los y de las costarricenses, sigan siendo servicios, derechos públicos, conceptuados para el bien común.

En Costa Rica, afortunadamente, habemos miles de costarricenses, hombres y mujeres de los más disímiles estratos sociales y de las más dispares posiciones políticas, que no respiramos por los pulmones de los Estados Unidos; que sentimos profundamente el significado de haber nacido en este país y que no comulgamos con extremismos ideológicos como el que marca profundamente ese TLC: el neoliberalismo.

Tres errores estratégicos y fundamentales se dieron en el caso costarricense, con la “negociación” de ese TLC:

1- Un proceso carente de transparencia, amañado, impregnado de una única visión ideológica, de signo extremista, sobre el futuro del país; proceso que se dio sin una participación democrática plena y amplia.

2- Un proceso que nos “centroamericanizó”, poniéndonos al nivel de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, cuyos estándares sociales, laborales y ambientales son radicalmente distintos al nuestro; sin hablar de los enormes rezagos económicos que presentan sus sociedades, polarizadas completamente por la concentración de la riqueza.

3- Un proceso que fue desnaturalizado de su esencia comercial, para “resolverle” a la alianza de negocios PLUSC y el bloque de poder económico que la sustenta, su gran problema “pendiente” del ajuste estructural en Costa Rica: las grandes privatizaciones (ICE, INS, CCSS, A y A, entre otras); privatizaciones que el pueblo ha adversado de múltiples formas todos estos años.

Estos elementos, junto a otros tan relevantes como los indicados, son ejes fundamentales del trabajo de concientización que, desde hace meses, se realiza en las bases del pueblo costarricense para enfrentar la coyuntura del TLC en el momento en que la realidad de este país así lo indique.

Adicionalmente a lo anterior, la resistencia al TLC en Costa Rica no es un asunto meramente sindical. Este es un grave error que cometen nuestros detractores. La oposición al TLC es sumamente diversa, multisectorial y de distinta variedad político-ideológica.

La resistencia cívica contra ese TLC abarca desde los agricultores hasta sectores empresariales nacionales, pasando por educadores, empleados públicos, intelectuales, estudiantes, amas de casa, ecologistas, trabajadores del Sector Privado, transportistas, taxistas, ciudadanos en general; todos los cuales se vienen preparando para actuar, coordinadamente, en el momento de la llegada de la circunstancia estratégica aquí, en el país.

Los promotores del TLC tienen un problema esencial que no han podido resolver para “vender” bien su producto entre los y las costarricenses: Provienen del mismo bloque político-económico del PLUSC, altamente desprestigiado; del cual han salido figuras empresariales y políticas acusadas de corrupción y con procesos penales en desarrollo, favorecedoras de ese TLC en su momento.

Los promotores de ese TLC son los mismos de Millicom, los mismos que fracasaron con la intentona legislativa del combo ICE, los mismos de Alterra y Riteve, los mismos de las fracasadas concesiones; en fin, los mismos quienes desarrollan hoy una intensa campaña publicitaria a favor del TLC, financiada con dineros cuya procedencia no han podio explicar. Toda esta circunstancia lo ha venido entendiendo el noble pueblo costarricense, afortunadamente.

Seguimos adelante: ¡NO AL TLC!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 1 de julio de 2005.

Manifiesto al País
ANEP-ASDEICE

1- Con fecha 6 de abril anterior, las organizaciones laborales ANEP y ASDEICE emitimos un Manifiesto al País, denominado “Pacto politiquero pretende prostituir la institucionalidad de la Contraloría y de la Defensoría”; denunciando que el PLUSC busca la profundización del descrédito popular en el régimen institucional costarricense, nombrando “su” Contralor y “su” Defensor. No nos habíamos equivocado.

2- La forma burda en que se violentó el proceso legislativo con relación al nombramiento para el honroso y más alto cargo jerárquico de la Contraloría General de la República, certifica la profundidad del carácter de la alianza de negocios entre las cúpulas neoliberales del PLUSC. Este nuevo episodio de su escandaloso concubinato político-ideológico, al vaivén del vil metal, fortalece la percepción del pueblo en su creencia de que la práctica de la política es sinónimo de corrupción, de antivalores, de ausencia de ética, de cinismo y de falsedades.

3- Como el PLUSC siente ya, como nunca antes, la cercanía de su ocaso, parece creer que lo mejor es garantizarse cierta supervivencia política; a través del control de las más importantes entidades públicas que le permita, de una forma u otra, seguir incidiendo en el carácter de las transformaciones del Estado costarricense, hacia una esfera integral de lucro total con la cosa pública.

4- La clase política tradicional y su segmento más reaccionario, el PLUSC, le han dado al país un indecoroso y vulgar ejemplo de minusvalidación política del otrora “primer” poder de la República; reduciendo al ridículo la capacidad soberana del parlamento para decidir en cuestiones tan importantes y estratégicas como lo son los nombramientos en la Contraloría General de la República y en la Defensoría de los Habitantes de la República.

5- Es indudable que el PLUSC, esa pérfida alianza de negocios para la facilitación del lucro privado con los servicios públicos, no está dispuesto, jamás, a renunciar al control del poder político de la institucionalidad republicana de nuestro país, sobre todo cuando están a la espera de la ratificación del TLC para asegurar, definitivamente, sus negocios con la cosa pública. Los enfrentamientos electorales son circunstancias coyunturales menores, reducidos a mecanismos de manipulación ciudadana para aparentar cambios que, a final de cuentas, mantendrán todo igual.

6- En esta ocasión, quedó en evidencia dicho juego, cuando el candidato presidencial del Gobierno le sirve en bandeja a quien estima como eventual sucesor a la cabeza del Poder Ejecutivo, la posibilidad de “controlar” la Contraloría General de la República. Este binomio mostró su capacidad de articulación estratégica para mantener el poder de la alianza de negocios PLUSC.

7- Esa alianza de negocios tiene en el sistema de concesión de obra pública una de sus más rentables fuentes de enriquecimiento y, por ende, lo mejor era consolidar ese sistema extendiendo su filosofía lucrativa hasta lograr la máxima legitimación política: la posibilidad de que desde la Contraloría General de la República se institucionalice total y definitivamente, sin posibilidad alguna de reversión política y sin tutela del interés público.

8- Esta aspiración la estaría garantizando la selección de una persona especialista en ese sistema de concesiones; sistema que le ha costado miles de millones de colones al país y que nunca ha sido auscultado. Los lamentables resultados están a la vista. En tal sentido, la Contraloría General de la República debería entregar al país, antes de que asuma la nueva jerarca, un informe sobre todos los estudios realizados por esa entidad de lo actuado en el campo de las concesiones.

9- La perniciocidad política del PLUSC para manejar el proceso de selección indicado a su entero antojo, tiene un baluarte en la ausencia estratégica de una oposición política que no existe en cuanto tal, más que para vociferar y relegitimar con su rabieta un sistema institucional que les cobija a todos y que a todos les garantiza su propia supervivencia política. Ni siquiera se es capaz para generar una crisis parlamentaria profunda, empleando eficientemente la última herramienta de poder que le quedaría a una auténtica, real y beligerante de oposición: el manejo del quórum.

10- El payaso guitarrista, el guasón de la política parlamentaria actual, con su actuación bufonesca, no hace más que facilitar la consolidación estratégica del modelo neoliberal, llevando el desprestigio de la política parlamentaria al máximo; incrementando el rechazo, el asco y la desazón del pueblo ante las ridículas actuaciones de muchos de sus representantes parlamentarios, en el propio seno del otrora sagrado recinto de formulación de las leyes.

11- Ahora, sin duda alguna, seguirá la Defensoría de los Habitantes de la República, la cual parece destinada a ser cooptada definitivamente por esa alianza de negocios, para terminar de sellar el engranaje perfecto que se necesita para la neoliberalización total de la ya pervertida institucionalidad republicana.

12- La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa es la burla más grotesta y la pantomima más vergonzosa y repudiable que desde el propio “Primer” Poder de la República, se le puede hacer a una ciudadanía manipulada que, torpe e ingenuamente, todavía cree que los procesos de selección instituidos en el parlamento, se basan en méritos personales, en competencia profesional transparente y abierta y bajo criterios estrictamente técnicos.

13- Parece que ya no van quedando salidas institucionales válidas. Por menos cosas que las que estamos viviendo, se generaron los dolorosos fenómenos sociopolíticos del 48; aunque ahora, dichosamente, no se necesitan armas para rescatar la institucionalidad democrática que ha sido corrompida. Para eso está la democracia de la calle.

14- La esperanza sigue estando en el pueblo, en nuestro sufrido pueblo: Hastiado de tanta corrupción, empobrecido, estafado y engañado; intoxicado al máximo con la complicidad mediática cotidiana de algunos sectores empresariales; se ha de rebelar en determinado momento, para derribar, de cabo a rabo, la podredumbre política que carcome a la democracia costarricense. Esa es la fe que nos anima seguir adelante, pese a tanta adversidad. A lo mejor, las elecciones generales del 2006, podrán dar el banderazo de salida hacia el rescate histórico de la institucionalidad democrática hoy pervertida.

ANEP – ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General – ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente – ASDEICE

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto – ANEP

San José, 30 de junio de 2005.

El Gobierno de la República no ha convocado todavía a la ya casi extinta “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”; pero es prácticamente imposible y extremadamente difícil que se logre un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las principales entidades laborales que representan a sus trabajadores y a sus trabajadoras.

El fantasma del congelamiento salarial invade la Administración Pública, situación que genera las condiciones para un conflicto social en perspectiva.

No hay la más mínima credibilidad en el argumento neoliberal de que “no hay plata”, como la ha venido sosteniendo el Ministro de Hacienda, Sr. Federico Carrillo Zurcher. Tan sólo dos datos, altamente reveladores, no solamente desmienten al citado jerarca, sino que indignan profundamente:

225 mil millones de colones, por evasión fiscal, ¡al año!

90 mil millones de colones, por contrabando de mercancías.

Vistas así las cosas, es muy probable que el proceso para definir de cuánto será el incremento salarial del Sector Público, valedero para el segundo semestre de este año, significará un gran conflicto sociolaboral.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 29 de junio de 2005.

El pasado lunes 27 de junio de 2005 ha sido designada por parte de la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, como Contralora General de la República la Licda. Rocío Aguilar, nombramiento, que por la manera que se gestó y se tramitó, hace recordar los dolorosos momentos que se dieron con el nombramiento del anterior Contralor Dr. Alex Solís, dada la forma y procedimientos utilizados por la Presidencia de la Asamblea Legislativa que nuevamente fuerza la votación, sin escuchar a un importante sector de diputados y diputadas que querían referirse, en este caso en particular, a la postulación de última hora de la Licda Rocío Aguilar y algunas inquietudes que tenían sobre sus antecedentes laborales y profesionales.

Dadas las anteriores circunstancias y en aras de salvaguardar la institucionalidad del país fortaleciendo a la Contraloría General de la República, y lograr a la vez una legitimación de la labor que como Contralora General está a punto de iniciar, es que respetuosamente le instamos a la señora Contralora General que sea ella la que exija de manera vehemente a los señores diputados y señoras diputados a conformar, antes de su juramentación, una Comisión que se encargue de investigar en un tiempo prudencial los supuestos hechos o situaciones que están cuestionando un grupo de aproximadamente 20 señores y señoras diputados.

Estamos seguros que esta actitud le hará ganar el respeto de los y las costarricenses y elevar el prestigio de la Contraloría General de la República, le permitirá buscar un desempeño transparente y de “respondabilidad” (responsabilidad de rendir cuentas) desde el inicio de su gestión y asumir el cargo con todos los honores, demostrando su valentía, su fortaleza para el ejercicio de la función pública y su independencia de criterio ante los partidos o líderes políticos que han promovido su nombramiento.

Es de nuestro conocimiento, por las declaraciones brindadas a los medios de comunicación, su anuencia a rendir cuentas ante los señores y señoras diputados, sin embargo, también es de nuestro conocimiento la negativa de algunos diputados y diputadas a conformar una Comisión, es por ello que respetuosamente le reiteramos nuestra solicitud para que sea usted doña Rocío, la que exija la conformación de tal Comisión y se presente a atender los cuestionamientos de los diputados y diputadas que no votaron por su designación para ocupar este puesto y sea juramentada lo más pronto posible.

Es claro que la Comisión nombrada a tal efecto debe ser perentoria en dar su resultado y guiarse por principios de justicia, equidad y objetividad, proporcionando un trato justo y responder a los más altos valores de interés por nuestra patria y de nuestra institucionalidad.

Además, tenga la certeza doña Rocío que aquí adentro estaremos los funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la República, esperándola para que una vez juramentada, acompañarla en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda permanente de contribuir al mejoramiento institucional de las entidades del sector público costarricense, promoviendo el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que permitan a nuestro pueblo gozar del desarrollo económico a que tiene derecho.

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL
ANEP-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lic. Luis Rivas Quirós
Presidente

MBA. José Antonio Gutiérrez Díaz
Vicepresidente

MBA. Rosa Maria Salazar González
Secretaria de Actas, Divulgación y Correspondencia

Danilo Bolaños Lepiz
Secretario de Formación Sindical

Lic. Antonio Calderón Porras
Secretario De Finanzas

MBA. Oscar Torres Salazar
Vocal 1

MSc. Ana Patricia Barrientos Guzmán
Vocal 2

Jorge Núñez Naranjo Bach.
Vocal 3

Sugey Monge Solano
Vocal 4

MBA. Adrian Pearson Berrick
Fiscal

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