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Carta a Heibel Rodríguez Araya, Gerente General y a Luis Alvarado Aguilar, Director Área Metropolitana de AyA, sobre la jornada de 48 horas

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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Su Despacho

Asunto: Nombramiento de 276 plazas nuevas, de trabajadores y trabajadoras que permanecían laborando por contrato, bajo la figura jurídica de jornales ocasionales, hoy, trabajadores en propiedad; así como la ampliación de la jornada laboral a 48 horas y sometimiento a periodo de tres meses de prueba.

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y Privados (ANEP).

Por medio de esta misiva presentamos a ustedes, nuestra posición referente al nombramiento en propiedad de las plazas para las personas trabajadoras que gozan de tal condición a partir del 2 de mayo del año en curso, anteriormente denominados trabajadores por jornales ocasionales.

Primero: Como recordará la honorable gerencia institucional, la propuesta de conversión de plazas por contrato a propiedad, fue formulada hará dos años por esta organización sindical y presentada a los jerarcas institucionales; quienes ya venían trabajando con los técnicos de recursos humanos para la formulación de los argumentos que sustentaran el planteamiento del cambio pretendido, ante la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Así las cosas, ANEP considera lo anterior como un éxito, por cuanto la institución se ve fortalecida al mismo tiempo que asegura estabilidad laboral a este importante grupo de trabajadores, la mayoría de ellos trabajadores operativos.

Segundo: Con respecto a la jornada laboral establecida para estos trabajadores operativos, queremos esgrimir algunas consideraciones de orden jurídico que nos permiten sustentar una posición divergente, puesto que no compartimos el criterio de que el límite de dicha jornada quede en 48 horas semanales.

Análisis de la situación:

A) Que el Reglamento Autónomo de Servicios del A y A, establece en el capitulo V, relativo a la jornada laboral, que en materia de jornadas se aplicará lo regulado en la ley ordinaria, es decir hace remisión a los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que la administración superior o la Junta Directiva pueda establecer jornadas ordinarias inferiores, sin afectar el salario del trabajador.

B) Que históricamente el personal operativo institucional ha laborado una jornada laboral inferior a las 48 horas, con algunas excepciones como por ejemplo el personal que labora en las Plantas de Tratamiento de agua Potable.

C) Que históricamente el personal denominado por contrato bajo la modalidad de jornales ocasionales, que a partir del 2 de mayo del presenta año, goza de propiedad, venía laborando una jornada laboral de 48 horas, jornada que deben seguir laborando, según directriz institucional con lo cual se les obliga a tener una jornada laboral superior a todo el personal operativo que con fue nombrado en propiedad con anterioridad al 2 de mayo del 2005.

Análisis Jurídico:

Consagra nuestra Constitución Política, en su artículo 58 una jornada laboral máxima de 48 horas semanales. En igual sentido, el Código de Trabajo, en sus numerales 135 y 136 establece los topes de las diferentes jornadas laborales.

El Reglamento Autónomo de la Institución, hace remisión directa al Código de Trabajo, en materia de jornadas, sin perjuicio de que las autoridades institucionales puedan acordar jornadas inferiores a las contenidas en la ley.

Esta última norma sirve de fuste jurídico, para justificar la existencia de jornadas laborales inferiores a las fijadas en la ley ordinaria, de acuerdo a la posibilidad que permite el derecho laboral de mejorar las condiciones laborales, modificando los límites impuestos por ley.

Esto ha permitido que la institución, ya desde antes a la vigencia del mismo reglamento, reconociera e implementará jornadas laborales inferiores a las 48 horas.

Un ejemplo de esto, lo encontramos con los trabajadores operativos que trabajan con jornadas inferiores a la de 48 horas semanales.

Ahora bien, surge aquí un problema con la jornada de los nuevos trabajadores operativos, de recién nombramiento en propiedad. A estos trabajadores, en el momento mismo de formalizar su relación de empleo con la institución, se les impuso una jornada ordinaria de 48 horas semanales.

Esta situación representa un trato desigual entre iguales, lo que conculca el principio de igualdad, que a su vez conlleva a una discriminación salarial. Esto por la simple y sencilla razón de que laborar más tiempo devengado el mismo salario que el compañero que labora menos tiempo implica materialmente ganar menos por trabajo igual en idénticas condiciones.

La prohibición a la discriminación salarial, la encontramos tanto en la Constitución Política, como en el Código de Trabajo.

El artículo 57 de la Carta Magna señala: “ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine.”

Por su parte el Código de Trabajo recoge la misma prohibición en su numeral 167, que dice: ARTÍCULO 167.- Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo.

A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este tanto los pagos por cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria; (Así reformado este párrafo por el artículo 1, de la Ley No.25 del 17 de noviembre de 1944.)

No podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o nacionalidad.

Con fundamento en las normas citadas, queda claro que la implementación de dos tipos de jornadas para el mismo grupo de trabajadores, en este caso el de los trabajadores operativos, quienes se desempeñan en las mismas funciones en igualdad de condiciones, es a todas luces ilegal.

Más aún, el principio protector, basamento del Derecho Laboral, dispone en una de sus vertientes, “regla de la condición más beneficiosa”. “…supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que ella deber ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar”

Demás está decir, que en el caso particular la condición más beneficiosa para el grupo de trabajadores a favor del cual abogamos, es la jornada de los operarios tradicionales, de ahí que en aplicación de la regla citada, es esta la jornada que debe aplicarse a todos los trabajadores que laboren en igualdad de condiciones.

De ahí que, es nuestro criterio, esta situación debe ser corregida a la mayor brevedad posible, ya que estamos tratando de un derecho de orden constitucional, el cual debe ser respetado en todas sus extensiones.

Conclusión con respecto a la jornada laboral:

Según lo expuesto, los trabajadores operativos de recién nombramiento en propiedad deben laborar con una jornada laboral unificada e igual a la de sus homólogos de anterior nombramiento.

Sobre el Periodo de Prueba:

Otro punto sobre el cual queremos externar nuestro criterio, se refiere al periodo de prueba.

El Reglamento institucional establece en el artículo 13 la modalidad de nombramiento denominada por tiempo indefinido aplicable todos aquellos servidores nombrados para realizar funciones y labores ordinarias y permanentes de la institución, que correspondan a la clase y puesto establecido en el manual de clases vigente y que superen el periodo de prueba que es de dos meses y veintinueve días.

En el caso de los operarios a los cuales se les asignó la nueva plaza, estos fueron originalmente contratados bajo la figura jurídica de jornales ocasionales, sujetos a evaluaciones trimestrales como requisito para la prolongación del contrato, mismos que al cumplir los once meses eran liquidados para volver nuevamente a ser recontratados por un periodo similar y bajo el mismo mecanismo de evaluación. La mayoría de estos trabajadores, continua realizando las mismas funciones que se realizaban antes del 2 de mayo del año en curso, siendo muy pocos los que fueron reubicados en nuevas funciones.

Esta situación, y con fundamento en la regla de supremacía de la realidad, otra de las vertientes del Principio Protector ya citado, determina claramente que la exigencia de un periodo de prueba para este grupo de trabajadores es absolutamente innecesario, toda vez que tal plazo ya ha sido superado y la idoneidad de los trabajadores en prueba ha sido demostrada y con resultados satisfactorios. Veamos las siguientes razones:

Primero: Siempre han sido trabajadores destacados en labores ordinarias y permanentes de la institución, solo que bajo la figura de jornales ocasionales.

Segundo: Todo el personal que goza de propiedad a partir del 02 de mayo del año en curso, fue sistemáticamente sometido a evaluaciones trimestrales de desempeño, de tal manera que ha sido sometidos a evaluaciones, con mayor rigurosidad que los mismos trabajadores que gozaban de propiedad antes del 2 de mayo del año en curso; con lo cual se reafirma su idoneidad.

Tercero: Una enorme mayoría, casi la totalidad, continua realizando las mismas funciones que realizaban mientras permanecían bajo la figura de trabajadores ocasionales, con lo cual su relación laboral continua prácticamente inalterable, con la diferencia de que al pasar a propiedad, gozan de una consolidada estabilidad laboral.

Conclusión con respecto a los tres meses de periodo de prueba.

Con fundamento en los argumentos expuestos podemos decir que la administración superior, debe de dejar sin efecto la aplicación del periodo de tres meses de prueba para los trabajadores que gozan de propiedad a partir del 2 de mayo del 2005, toda vez que dicho periodo ha sido ya superado.

Con nuestra mayor muestra de consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

——
c.:Ing. Rafael Villalta Fernández, Presidente Ejecutivo, AyA.
c.:Licda. Virginia Sandoval Corrales, Coordinadora de Recursos Humanos, Región Metropolitana AyA.
c.:Junta Directiva SIPAA.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Lic. Esteban Calvo Rodríguez, Asesor Legal, ANEP.
c.:Comité Seccional ANEP-AyA Región Metropolitana.
c.:Comité Seccional ANEP-Aya Limón.
c.:Trabajadores y Trabajadoras, AyA.

Ni sediciosos, ni traidores a la Patria; Sí comprometidos con la defensa de la institucionalidad y de las garantías sociales, de manera inclaudicable

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Primero: A este momento no hemos sido todavía notificados por las autoridades judiciales, acerca del contenido de una acusación en nuestra contra, interpuesta por un ciudadano. según diversos medios de comunicación colectiva; acusación que estaría en función de un presunta comisión de acciones penales de carácter sedicioso, de traición a la Patria y similares.

Segundo: La ANEP se ha caracterizado por una sistemática conducta de defensa de los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora costarricense, particularmente de aquella parte de la misma que nos honra con su membresía; así como hemos abogado, durante todos estos años de políticas económicas neoliberales, por la defensa de un Estado solidario y por la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada de generaciones anteriores; aspecto éste realizado en conjunto con una enorme cantidad de agrupaciones y de ciudadanos de la más diversas índole, con pensamiento y comprensión cívica similares a la nuestra.

Tercero: En la Cumbre Social del jueves 14 de abril, realizada en el Teatro Popular Melico Salazar, nunca nadie habló ni se emitió documento alguno, planteando un desconocimiento del proceso electoral por venir. El concepto “desconocer” y la alusión asociada al mismo de la palabra “elecciones”, son invenciones generadas en una mente torcida, que se han materializado en una odiosa y perversa manipulación periodística de algunos medios del Grupo Nación, como “La Nación” y “Al Día”.

Cuarto: En próximos días procederemos, con los documentos en mano de tal acusación, a efectuar el análisis de rigor, para la preparación de nuestra defensa. Pero de antemano dejamos claro que todo el proceso judicial que eventualmente se daría en contra nuestra, está inmerso de una atmósfera eminentemente política y es en tal circunstancia que lo enfrentaremos de cara a nuestras bases, de cara a nuestras organizaciones hermanas y amigas de los Sectores Sociales, de cara a los diversos sectores político-partidarios y, por supuesto, de cara al pueblo, cuya solidaridad y respaldo desde ya estamos recibiendo.

Quinto: Rechazamos, tajantemente, de entrada, los errados y perversos ataques y acusaciones de sediciosos, de traidores de la Patria, de violentos y de terroristas que es lo último que les falta por endilgarnos, en medio de una creciente atmósfera de odio y de confrontación, atizando la violencia social y política; cuando de nuestra parte y de todos los Sectores Sociales, nuestro llamado es a la movilización social pacifista, como ha sido la tradición costarricense, altamente demostrado en ejemplos como ALCOA, COMBO ICE y la misma lucha del Movimiento Cívico Nacional. Los traidores a la Patria están en otro lado; son aquellos que pretenden entregar nuestra soberanía y nuestras más preciadas institucionales, mediante un tratado comercial que generará beneficios, exclusivamente, a un pequeño grupo.

Sexto: Seguiremos incansablemente nuestra labor cotidiana que la ANEP nos ha encomendado; seguiremos abogando por todos los principios de la justicia social; seguiremos abogando por la paz y por la democracia, con justicia social y con equidad; seguiremos, desde la órbita de la acción sindical, abogando por una Costa Rica de inclusión, denunciando la corrupción; luchando por una Costa Rica en la que quepamos todos; incluso aquellos que desde la prensa oligárquica, como el Diario La Nación, nos insultan, nos denigran, nos ofenden; pero se equivocan, porque la provocación a la violencia que están lanzando, será masivamente rechazada por el pueblo costarricense. A la ANEP no la callarán jamás.

Sétimo: Aclaramos que hoy no está presente con nosotros, el Dr. José Luis Vega Carballo, el otro ciudadano involucrado en esta irracional acusación, dado que se encuentra en la zona de Occidente, precisamente, educando y concientizando sobre los perversos contenidos del TLC de la oligarquía; pero nos manifestó hacer mención de su compromiso hasta el final en esta lucha y de su decidida vocación de enfrentar esta infamia política dentro y fuera de los estrados judiciales, convocando, como nosotros, al apoyo de la ciudadanía conciente y patriota que es la gran mayoría de la población.

Octavo: Jamás claudicaremos en la defensa de las más sagradas conquista sociales del pueblo costarricense, logradas con el concurso de muchas generaciones de compatriotas, de las más diversas procedencias ideológicas y políticas, a lo largo de varias décadas. No vamos a caer nunca en provocaciones guerreristas de ninguna índole.

Agradecemos a la organización sindical hermana ASDEICE, en la persona de su Presidente, el compañero Fabio Chaves Castro, darnos desde el principio su solidaridad activa, permitiéndonos que esta declaración de prensa fuese leída en su local, mostrando que también en esta causa están tan activamente comprometidos como nosotros.

San José, 29 de abril de 2005

Albino Vargas Barrantes

Edgar Morales Quesada

Alza en la gasolina: provocación para un estallido social que no se puede rehuir más

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Totalmente inaceptable, sumamente irracional y una descarada agresión económica, resulta la petición que formula la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), de una alza de 40 colones por litro de gasolina súper y de 38 colones para la regular; cuyo impacto económico en el bolsillo de los consumidores, sobre todos de quienes son asalariados y de las propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, será devastador.

Esta nueva alza, constituye una verdadera provocación para el angustiado pueblo costarricense, acosado inmisericordemente por una cadena de alzas de enorme impacto en productos y servicios públicos de consumo básico; alzas que se dan en el marco de una política neoliberal cuyo principal responsable es el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las abusivas alzas en los buses, en la luz, en el arroz y ahora en los combustibles (gasolina, especialmente), tienen un impacto demoledor en la estabilidad económica familiar; pues se trata de rubros de gasto doméstico imposibles de eludir. Sin la menor duda posible, las fijaciones salariales del segundo semestre que ya se avecinan, serán sumamente confrontativas.

La ANEP propondrá a los diferentes sectores sociales incluir dentro de la agenda de lucha de las acciones por venir, una convocatoria de protesta por la cadena de alzas que nos agobia; porque solamente la expresión social organizada en las calles, sensibilizará a las autoridades económicas del Gobierno de la República, de que resulta imposible seguir tolerando, pasivamente, semejante ola de agresión económica; sumamente agravada por un escenario de concentración de riqueza que se profundiza cada vez más.

La gente tiene el legítimo derecho de defenderse y la mejor acción para ello es mostrar el enojo es acción de calle debidamente organizada.

San José, 8 de abril de 2005.

Pacto politiquero pretende prostituir la institucionalidad de la Contraloría y de la Defensoria

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1. Rechazamos, de manera tajante y expresamos el más absoluto repudio a una nueva edición de la perversa política de pactos en la sombra, por medio de la cual el sistema político del bipartidismo tradicional, conocido en el pueblo como “PLUSC”, pretende garantizarse el mayor control institucional posible; ante el indetenible proceso de descrédito que sufre frente a la conciencia crítica de cada vez más sectores ciudadanos.

2. Es inaceptable desde el punto de vista de las mínimas normas de ética política y decencia en la gestión pública, que el PLUSC haya decidido repartirse para sí, el control de dos de las instituciones que todavía gozan de importante credibilidad ciudadana, como lo son la Defensoría de los Habitantes de la República y la Contraloría General de la República.

3. El PLUSC, entregado completamente a la ideología neoliberal del libre mercado; convertido en una asociación de negocios en la cual empresarios-políticos y políticos-empresarios ansían, por medio del TLC, ingresar de manera definitiva a los jugosos mercados de las telecomunicaciones, la energía, los seguros, la salud y el agua; con reacción endeble y cómplice ante los más vergonzosos escándalos de corrupción pública jamás vistos en la historia nacional; pretende ahora asegurarse su “propio” Contralor y su “propio” Defensor.

4. Las condiciones políticas y sociales del país expresan un clima confrontativo de alta intensidad; razón de más para pensar, con responsabilidad y con patriotismo, en las personas que habrán de ocupar esos estratégicos cargos. Deben ser personas de una gran capacidad convocante, que exhiban un pasado político de correcta transparencia, y que puedan certificar una trayectoria de absoluta independencia, con respecto de las viciadas y perniciosas prácticas de ejercicio de poder a cargo del PLUSC.

5. Las personas honestas y honradas que aún pertenecen y que pusieron su nombre a discutir en estas estratégicas designaciones; no deberían legitimar este tipo de componenda; al menos, para bien de la transparencia del proceso, deberían renunciar de inmediato a pertenecer a esos partidos, si pretenden que les creamos que no entregarán ambas entidades al control total del PLUSC.

6. Es en este marco de situación que, por ejemplo no podemos aceptar, como un gesto transparente y bien intencionado, las aspiraciones del actual Diputado Federico Vargas Ulloa, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del PUSC. No solamente está en una evidente posición ventajosa con relación a otros postulantes al cargo de Defensor de los Habitantes de la República; sino que, por sus directas vinculaciones con la máxima cúpula de ese partido, es evidente que no puede rehuir responsabilidades en cuanto al deterioro de la institucionalidad pública costarricense, luego de que el PUSC renegara de su filosofía socialcristiana para pasarse al neoliberalismo.

7. Por otra parte, el Exministro de Hacienda en el Gobierno del José María Figueres Olsen, el Dr. Fernando Herrero Acosta, aspirante al cargo de Contralor General de la República; debe bastantes explicaciones pues no se puede negar su responsabilidad directa en el escenario confrontativo de enorme impacto en esa época, con ocasión de la Huelga Magisterial. Además, los cierres del Banco Anglo Costarricense y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), son situaciones de incumbencia directa en el desarrollo de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda; reveladoras de una concepción social del desarrollo que no es la mayoritaria en la conciencia nacional. Además e indudablemente que al tener la “bendición” del Expresidente Oscar Arias Sánchez, se pone en duda una actitud de independencia en las aspiraciones por alcanzar el alto cargo contralor.

8. La Contraloría y la Defensoría no pueden ser conducidas bajo concepciones neoliberales bajo ninguna circunstancia; ni con remedos de una supuesta tecnocracia “neutral” que tan sólo le hace el juego. Ambas entidades necesitan figuras altamente comprometidas con el rescate de nuestro Estado Social de Derecho, con la revitalización de los principios constitucionales que le dan sustento al mismo; con la más absoluta energía para frenar, radicalmente, la orgiástica fiesta de los negocios privados con los servicios públicos.

9. Tienen sobrada razón quienes, desde el mismo parlamento, han denunciado ya que la Contraloría es para el PLN y la Defensoría para el PUSC. Esto no debe ser permitido. Esto es perversión malsana de un concepto de gestión pública al servicio ciudadano. Es más, si el PLUSC insiste en repartirse estos honrosos cargos, se lanzará una provocación más que justificada para ir allanando los caminos hacia salidas que algunos creen que ya no son institucionales.

10. Hacemos un llamado respetuoso a aquellos honorables diputados y a aquellas honorables diputadas que todavía tienen reserva moral y patriótica para no permitir este vulgar reparto institucional que pretende el PLUSC de dos entidades que debemos, hoy más que nunca, salvaguardar para beneficio del decoro institucional y para la preservación del interés público.

11. No se debe prostituir la elección de las personas que han de dirigir a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Hay que emplear todos los mecanismos institucionales disponibles para que el PLUSC no se salga con la suya.

12. Hacemos un llamado vehemente a todas las organizaciones sociales para que exijan un Contralor para la Ciudadanía, una Defensoría para la Ciudadanía. Ya hemos experimentado lo que es un tener un contralor al servicio de la alianza de negocios del PLUSC. Alterra pasó. RITEVE pasó. La cogeneración eléctrica privada pasó. El asunto de las comisiones pasó. Los viciados carteles de licitación de Puerto Caldera pasaron. Tan sólo son éstos unos pocos casos de situaciones hoy en gran polémica que, sencillamente, pasaron por el ente contralor.

13. Dichosamente, en la Defensoría, las personas que la han tenido a cargo, han logrado mantenerla con decoro, con independencia, con seriedad y con propiedad. Esto debe continuar así y profundizarse para bien de la gente.

Queremos una contraloría al servicio del bien común,
no para el plusc.

Queremos que la defensoría siga siendo de la gente,
no que pase a manos del plusc.

Basta ya de tanto atropello a la institucionalidad democrática
sana que todavía nos queda la delicada situación política del país así lo exige.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

San José, 6 de abril de 2005.

S.G.0212-05

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Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En primera instancia deseamos expresarle nuestro agradecimiento por sus muestras de voluntad política y proclividad al dialogo, al compartir con nuestra organización, los desafíos institucionales del momento; así como algunas preocupaciones de orden laboral que, de alguna manera, interfieren con el logro de los objetivos institucionales.

Valga indicar que el fortalecimiento institucional es la coincidencia mayor, entre nuestra organización sindical y su honorable autoridad, quien ha tenido nuevamente la responsabilidad histórica de comandar las políticas de esta estratégica entidad.

En este contexto de cosas, consideramos de importancia capital plantearle, al menos, diez aspectos, tanto de orden político-institucional, como de orden reivindicativo, con el afán de encaminar, sincronizadamente, el crecimiento de AyA y el personal a cargo de sus diferentes áreas programas y proyectos.

Así las cosas, sometemos a consideración nuestro planteamiento, que obviamente ampliaremos, clarificaremos y discutiremos con el propósito de conocer su posición, buscar puntos de coincidencia y definir en que dirección avanzar.

Primero: DEFINICIÓN O REDEFINICIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES, SOMETIDAS A CONOCIMIENTO DEL AMPLIO COLECTIVO LABORAL; SEÑALES DE DIALOGO Y TRASPARENCIA.

Estamos convencidos que toda política que se implemente o redireccione por parte de las jerarquías institucionales, tendrán mayor éxito si quienes son los responsables de potenciarla en la cotidianidad laboral, sean las y los trabajadores que se encuentra plenamente identificados con dichas políticas. Ello le imprimirá valores agregados, tales como la confianza y la transparencia que reflejan los conductores de las políticas institucionales.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye según nuestro criterio, el doble discurso o la dicotomía entre director del Programa Banco Mundial-AyA y la Gerencia General. El primero afirma que el AyA cederá la parte operativa a operadores especializados de brindar el servicio de agua potable, en consecuencia se fortalece la rectoría; mientras la gerencia institucional desmiente dichas aseveraciones afirmando, categóricamente la tesis contraria, situación que genera enormes desconfianzas de los trabajadores y sindicatos.

Sumándole a lo anterior nos encontramos, sobre todo en el personal operativo, con la marcada desmotivación de una población laboral en su mayoría cercana a la terceras edad y con limitados estudios académicos, amplia experiencia y pocas posibilidades de asensos, de mejores bases salariales, carencia de un trato respetuoso y digno; a lo que le adicionamos la espera de otras mejoras reivindicativas, que después de varios años no se han concretado.

Así las cosas, estamos convencidos que esta propuesta, devolverá confianza, compromiso y mayor optimismo para todo el colectivo laboral que, finalmente, se sentirá identificado con el rumbo de las políticas institucionales.

Quedará por resolver la metodología para tal fin. No obstante de contar con su aprobación, nos dedicaremos a analizar de manera conjunta la forma y los instrumentos.

Segundo: REUNIONES MENSUALES ENTRE DIRECCIONES, JEFATURAS INTERMEDIAS Y TRABAJADORES, COMO POLÍTICA INTITUCIONAL.

Sin lugar a dudas, uno de los problemas mas serios de la institución son los deficientes canales de comunicación e información, lo que provoca distorsiones y distintas interpretaciones de políticas, resoluciones, directrices, etc.

Otro factor importante que agrega valor agregado, es el hecho que las trabajadoras y los trabajadores encuentran un espacio en el cual plantean sus problemas, soluciones, observaciones, inquietudes sobre el desarrollo del trabajo cotidiano; sintiéndose participe y no solamente una pieza del engranaje productivo. La administración debe reconocer, no precisamente en términos económicos, el esfuerzo y la entrega de su reconocida fuerza laboral.

Tercero: FORTALECIMIENTO DE LO QUE SE DENOMINÓ COMO DIRECCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES, ENFOCADAS AL SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ASADAS.

El modelo de equidad social mas exitoso de esta institución, modelo reconocido en toda América Latina, que ha venido sufriendo según nuestro criterio, un enorme debilitamiento, como producto de una propuesta de reestructuración y regionalización que no contempló, objetivamente las posibilidades reales de la institución para que pudiera responder con eficiencia y eficacia a lo objetivos planteados, esto ha generado una reacción critica y justificada de las ASADAS, pues alegan ver disminuidos la poca atención y cooperación que les venia brindando el A yA, antes de dicha reestructuración.

De igual manera encontramos a grupos de trabajadores que gozan de gran formación y experiencia de muchos años en la institución, que pertenecen a esta trasformada dirección; manifestando un clima laboral depreciado, adverso, precisamente por todas las limitaciones que experimentan, para realizar el trabajo cotidiano, situación a la cual se asocia según nuestro percepción el estilo o forma de coordinación de algunas jefaturas.

De tal manera que vemos como urgente un fortalecimiento de esta otrora dirección, que responda en consecuencia al desarrollo y/o potencialización de las ASADAS, símbolo de desarrollo social en nuestro país.

Cuarto: DIRECCIONAMINETO PRESUPUESTARIO PARA LA INVERSIÓN EN INFRESTRUCTURA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (FABRICAS DEL PRESIADO LIQUIDO).

En este apartado, según hemos analizado, existe un principio de toda planta que es la de tratar el agua para hacerla potable; no obstante hemos visto, al menos tres categorías de plantas en todo el país.

1. La de Tres Ríos y Guadalupe, que cuentas con la mayor sofisticación tecnológica, e incluso hasta con detectores de contaminantes.

2. Otras plantas ubicadas en el Área Metropolitana, con deficiencias en sus estructuras. Así por ejemplo, no cuentan con equipo que permita subir los sacos de sulfato a las respectivas tolvas, lo que tienen que realizar los trabajadores a pura fuerza bruta.

3. Las plantas mas alejadas del país, mismas que sumándole las deficiencias anteriores, no gozan del equipo de laboratorio básico para controlar los parámetros de potabilidad del agua.

A lo anterior, le sumamos, las deficientes condiciones de salud ocupacional en que laboran los trabajadores, expuestos a efectos secundarios como consecuencia de los productos y reactivos químicos que utilizan cotidianamente. Importante destacar que deben ser objeto de análisis médicos periódicos de toxicidad; ello sin mencionar las abismales diferencias de orden salarial entre los distintas categorías de este grupo ocupacional, como producto de los criterios utilizados por quienes elaboraron el respectivo estudio, ANEP considera que los parámetros utilizados, carecen de sustento técnico, no obstante es un problema de orden reivindicativo que deberá ser resuelto a mediano plazo.

En lo fundamental, debe ser interés de primer orden por parte de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, inyectar inversión en este sector.

Quinto: DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA INTITUCIONAL, INCLUIDO LO LABORAL

Sobre este particular, tenemos conocimiento que la institución elaboró un FODA y un Plan Estratégico Operativo, no obstante, mucho nos gustaría conocer si existe algún estudio que, específicamente, trate la problemática laboral y la dilucidación de soluciones en el corto ,mediano y largo plazo.

Al respecto nuestra organización sindical, está en la mayor disposición de ofrecer el aporte de un especialista que trabaje el tema, para lo cual se requerirá, como es obvio un proceso de participación con grupos de trabadores y trabajadoras. Valga indicar que en Corres de Costa Rica, S.A., elaboramos dicho diagnostico lo cual ha permitido mejorar considerablemente el clima organizacional.

Sexto: DES HOMOLOGACIÓN DEL SERVICIO CIVIL

Como usted bien sabe, el AyA es una institución con ocupaciones especializadas únicas que no realizan otras instituciones autónomas o semiautónomas del Sector Publico. Otro aspecto bien conocido es el hecho que las especialidades técnicas ocupacionales, sobre todo en la parte operativa, no son brindadas por centros de estudios superiores, con el agravante de que al homologar los puestos al Servicio Civil, se hacen con requisitos académicos técnicos y universitarios sumamente elevados, que no corresponden a las funciones y a las bases salariales. Ejemplo de lo anterior se da con el personal de las plantas de tratamiento de agua potable, que por lo general, se ubican a largas distancias de los centros de población, los requisitos técnicos o académicos elevados, las jornadas laborales extenuantes y las bases salariales ínfimas.

No hay duda que la deshomologación le permitirá al AyA, tener su propio manual de puestos acorde a las necesidades propias, lo que vendrá a favorecer tanto a la institución como a las y los trabajadores; quienes actualmente no encuentran formas de lograr mejores condiciones laborales.

Es importante afirmar que las autoridades institucionales han venido realizando esfuerzos, por lograr la des homologación; no obstante, debemos de destacar que la tendencia de los últimos gobiernos a sido la de homologar instituciones, de tal manera que se restrinja en lo posible algunas libertades de orden institucional y reivindicativo que pudiese comprometer los presupuestos nacionales; mostrando así una errónea visión del fortalecimiento del recurso humano, que se supondría debería ir en total congruencia con las aspiraciones del crecimiento institucional.

Sobre este particular, la posición de ANEP es que la deshomologación, si bien es importante y necesaria, por permitir soltar amarras que le impiden a la institución ser mas eficiente y eficaz en la organización del recurso humano; no significa por sí misma la solución a la compleja problemática institucional, referida al aspecto de orden ocupacional de los distintos grupos laborales. Lo anterior lo manifestamos por cuanto sentimos que algunos trabajadores han sobredimensionado los efectos de una posible deshomologación.

Ahora bien, una deshomologación como la que pretendemos para el AyA, para ser sustentable jurídicamente hablando, de forma tal que con el tiempo tienda a consolidarse y no a debilitarse en perjuicio del trabajador o de la trabajadora; debe ir aparejada, necesariamente del establecimiento de un instrumento legal protector y garante de la estabilidad laboral de tal deshomologación y de todo el proceso laboral; nos estamos refiriendo a la Convención Colectiva de Trabajo que tendría fuerza de ley.

En relación con lo anterior, consideramos conveniente, que se propicie una mesa de discusión entre sindicatos, administración y trabajadores, con lo cual se pueda dilucidar con mayor claridad las conveniencias o ventajas de una institución homologada, vs. una deshomologada.

En conclusión, nos parece que la des homologación debe de ser fuertemente impulsada en su gestión, por considerar mayores beneficios institucionales; sin embargo, para la garantía absoluta desde la perspectiva laboral, se hace necesario que se tenga el instrumento de Convención Colectiva de Trabajo; pues de no ser así, estaríamos exponiendo o debilitando la garantía de la que hasta hoy gozan las trabajadoras y los trabajadores del AyA.

Sétimo: PAGO DE PELIGROSIDAD

Ha trascurrido año y medio desde que se dio la aprobación por parte de la Honorable Junta Directiva, sin que hasta el día de hoy se haya concretado.

Valga indicar que ha pesar que nunca compartimos los parámetros utilizados para designar los escuálidos porcentajes de los distintos grupos ocupacionales, no obstruimos su aprobación por parte de la Junta Directiva; apostando a una rápida aprobación de la Autoridad Presupuestaria. Sin embargo es oportuno decir que dicho estudio fue nuevamente a esta última entidad por la gerencia institucional, el pasado 21 de enero del 2005.

ANEP ha emprendido gestiones ante la Autoridad Presupuestaria con el propósito de que le den la respectiva aprobación a la mayor brevedad posible; sin embargo, consideramos de vital importancia que su autoridad conjuntamente con la gerencia, emprenda las acciones que considere convenientes; para que dicho estudio sea aprobado por parte de la Autoridad Presupuestaria en los próximos días.

Octavo. NEGOCIACIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON LAS TRES ORGANIZACIONES SINDICALES ( ANEP, SIPAA ,ASTRAA).

La Convención Colectiva de Trabajo es por excelencia, el instrumento de mayor garantía de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, así reconocido en nuestra legislación como en los Convenios Internacionales de la Organización internacional del trabajo, ratificados por Costa Rica. Es política de la ANEP impulsar la negociación bipartita de tales instrumentos colectivos de trabajo, tanto el gobierno central, como en las entidades autónomas, semiautónomas y en el Sector Municipal.

Es importante señalar que nuestra agrupación sindical ha cuestionado con toda beligerancia, algunas convenciones colectivas negociadas en ciertas instituciones públicas con cierto tipo de organizaciones sindicales; que muestran, según nuestro criterio, un uso abusivo de tan valioso instrumento.

Así las cosas, ANEP ha sostenido como principio para las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo, parámetros laborales como el debido proceso, respeto de los derechos laborales, estímulos dirigidos a quienes con su conducta y responsabilidad dignifiquen a la institución, etc.

Noveno: REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Esta es una instancia de carácter permanente, recomendativa, no vinculante en la cual se analizan los conflictos laborales; no obstante al día de hoy no tenemos reconocimiento, pues cuando redactaron el reglamento, todavía no estábamos como sindicato representativo en el AyA. Es oportuno señalar que la Dirección Jurídica institucional, ha manifestado que corresponde a una decisión de las autoridades activas.

Décimo: CERTIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS POR PARTE DEL INSTITUO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) Y EL SERVICIO CIVIL.

Valga indicar que este fue uno de los aspectos que la ANEP propuso a la administración superior, hará dos años, no obstante el mismo no contó con todo el respaldo necesario, puesto que ni siquiera se instruyó a una comisión bipartita que estudiara y presentara dicha propuesta a los entes mencionados.

Las tecnicidades o especialidades propias del AyA como los operadores de plantas de tratamiento de agua potable, por ejemplo tienen a su haber un enorme conocimiento que han adquirido con cursos de capacitación y con la misma experiencia acumulada, no obstante la mayoría de estos trabajadores están sujetos a que tengan que realizar estudios superiores para poder lograr reasignaciones o asensos, cuando su educación formal es apenas de primaria y secundaría en algunas acepciones.

Finalmente, consideramos de importancia capital, sostener una reunión con su honorable autoridad, como con la gerencia institucional y la dirección de Recursos Humanos con el propósito de tener el espacio oportuno de exponer con mayor precisión nuestra propuesta; conocer su posición y voluntad política para que se conforme una comisión bipartita AyA- ANEP que pueda en sesiones de trabajo analizar y negociar cada uno de los diez aspectos mencionados.

Nuevamente, le expresamos nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

—-
c.:Honorable Junta Directiva, AyA
c.:MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, AyA
c.:Organizaciones Sindicales SIPAA y ASTRAA
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-AyA Limón
c.:Archivo.

El tiempo de la cosecha llegó al INCOP: Es el momento de apartar el trigo de la mala hierba

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Han tenido que sobrevivir sin percibir un salario mínimo, sufriendo la discriminación que representa, realizar exactamente el mismo trabajo, en idénticas condiciones que los trabajadores fijos. Esto con la complicidad de algunos seudo dirigentes sindicales.

Han tenido que enviar a sus hijos e hijas a la escuela y al colegio, sin contar con el salario escolar a que tienen derecho, para ayudarse a sufragar esos gastos.

Han tenido que exigirle a la Subjefa de Recursos Humanos que les llene la boleta de incapacidad, para poder cobrar los subsidios a que tienen derecho como cotizantes de la seguridad social.

Han tenido que dudar, si continúan con un reclamo que es justo, o renuncian a él para complacer a quienes de manera arbitraria les exigen eso, a cambio del trabajo que les permitirá satisfacer las necesidades propias y de sus familias.

Han tenido que esperar a que sea un tribunal laboral el que le ordene a la institución, respetar un derecho reconocido en la legislación laboral costarricense, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Fundamental de Derechos Humanos.

Dichosamente, hoy la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha hecho precisamente eso, justicia con nuestros dignos y valientes compañeros, que han tenido paciencia, que han resistido valientemente sin claudicar, que han confiado en nuestra organización sindical y en los tribunales laborales costarricenses.

Hoy se ha escrito una nueva página en la historia del INCOP, porque los tribunales de justicia nos han dado una vez más la razón.¡ADELANTE COMPAÑEROS, NI UN PASO ATRÁS!

Si aún no eres parte de la familia Anepista, AFILIATE YA al sindicato clasista que si representa y defiende los intereses de la clase trabajadora portuaria. Busca a los miembros de nuestra seccional y solicítales la boleta de afiliación.

San José, 4 de marzo de 2005.

SECCIONAL ANEP-INCOP

Sala Segunda. Reconoce el derecho al salario mínimo a 150 trabajadores del INCOP

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Mediante el Voto No. 152, del 25 de febrero de 2005, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha reivindicado el derecho fundamental a percibir salario mínimo, de un grupo de trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); quienes han venido sufriendo los más insospechados maltratos por parte de las autoridades de la institución y la indiferencia de las autoridades políticas nacionales por más de cinco años.

A estas personas, que laboran para una institución pública y que con lo que ganan allí mantienen a sus familias, no se les ha estado reconociendo el salario mínimo legal; estableciéndose una discriminación con respecto a los trabajadores fijos que realizan exactamente el mismo trabajo en idénticas condiciones. Tampoco se les reconoce otras reivindicaciones colaterales, como el Salario Escolar.

Adicionalmente, las autoridades administrativas de INCOP han llegado al absurdo de negar el derecho a percibir subsidios por incapacidad, pese a que todos ellos cotizan mensualmente para la Seguridad Social.

En la sentencia de comentario, los miembros del Tribunal de Casación resolvieron lo siguiente: “Se condena al demandado a cancelarle al actor el salario base o sobresueldo que si les reconoce a los trabajadores fijos (incluyendo el porcentaje que se debe pagar en forma acumulativa en el mes de enero de cada año por salario escolar); así como las diferencias resultantes por ese concepto en los renglones de vacaciones y aguinaldo y los intereses sobre dichas sumas desde que los rubros se debieron haber pagado y hasta su efectiva cancelación.”

El voto de la Sala reestablece la justicia en el INCOP, institución que hasta el día de hoy, había permanecido como una “república independiente”, a la que ni siquiera las autoridades políticas superiores habían podido someter al ordenamiento jurídico costarricense.

Reiteramos nuestra confianza absoluta en la independencia de los tribunales laborales, que representan una luz de esperanza para la clase trabajadora costarricense.

San José, 4 de marzo de 2005.

TLC y Referéndum

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Todos los sectores sociales y populares se han venido articulando, en medio de una gran diversidad, para desplegar con éxito lo que hemos denominado el REFERÉNDUM DE LA CALLE.

Ahora bien, si la Asamblea Legislativa y/o el propio Gobierno de la República abogan porque esta dura situación de confrontación social a la vista, se resuelva dentro de los cauces de la institucionalidad republicana; la opción de un referéndum para consultar al pueblo en el asunto del TLC, podría ser viable con ciertas condiciones, como las siguientes:

1- La promoción y el financiamiento necesario para un profundo, pausado y altamente equitativo debate nacional, de frontera a frontera y de costa a costa, que permita a la gente conocer qué contiene el denominado TLC, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. Este proceso es imprescindible para que el mayor número posible de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses tengan plena noción sobre lo que se irían a pronunciar, ya sea a favor ó en contra.

2- Bien podría promulgarse una ley para el caso específico de un referéndum sobre el TLC; no obstante, tal legislación debe tener suficientes normas claras y fundamentales como la igualdad de acceso de las tesis encontradas (el NO y el SÍ); de forma tal que ambas posiciones tengan la misma cantidad de espacios en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, para que la gente tenga equidad en el acceso a las argumentaciones en uno u otro sentido.

3- En la redacción de dicha ley, deben tomar parte las representaciones sociales y productivas más visibles, en cuanto a las posiciones encontradas sobre el TLC. Además, debe establecer que los dineros que habrían para financiar campañas de base en una ó en otra dirección, deben acreditar total transparencia y procedencia ética.

4- Sería necesario la conformación de una Comisión de Alto Nivel, constituida por ciudadanos y ciudadanas de altísima honorabilidad y de incuestionable solvencia moral, para fiscalizar todo el proceso organizativo; comisión que trabajaría conjuntamente con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para certificar una credibilidad absoluta e incuestionable sobre el proceso de debate y sobre los resultados finales de una consulta popular como ésta, sin precedentes en la historia nacional.

San José, 3 de marzo de 2005.

S.G. 0076-05
¡URGENTE!

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¡URGENTE!

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos el debido derecho de respuesta, dado que en la edición de la fecha, en la columna del empresario don Samuel Yankelewitz, se alude de manera directa a las posiciones de esta organización, en el asunto de la reforma de pensiones IVM-CCSS. El texto de nuestra respuesta es el siguiente:

LA VERDAD SOBRE PENSIONES DE IVM

La UCCAEP, de Samuel Yankelewitz, propuso medidas que obligarían a cotizar 10 años más para obtener la pensión, así de simple.

Ante la crisis que vive el Régimen de Pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concretamente en lo que se refiere a su sostenibilidad financiera; la UCCAEP de don Samuel Yankelewitz , no realizó ningún aporte que le representara un sacrificio para la porción del sector empresarial que le es afín, ni tampoco para el sector solidarista que le acompañó. Su “propuesta” consistió en disponer de medidas conocidas por los tecnócratas como “PARAMETRICAS” (elevar cotizaciones de los trabajadores, disminuir beneficios de retiro, así como castigar las pensiones por invalidez y por muerte.).

Se trata de medidas que implicarían que aquellos trabajadores que ganan menos salario, tendrían que cotizar más y recibir menos beneficios al momento de su retiro.

Las estimaciones que hacemos en ANEP sobre esa propuesta, nos dicen que al incrementar en 60 el número de cuotas, se debe laborar cinco años adicionales; y, paralelamente, otros cinco años más si se disminuyen los beneficios de la pensión de 60% a 40%, tal y como queda reflejado claramente en la propuesta del Sr. Yankelewitz y su grupo, para lograr alcanzar el mismo beneficio de hoy en día Ni más ni menos que ¡10 AÑOS MÁS PARA JUBILARSE!

Proponer que sobre las espaldas de los trabajadores recaiga el peso de la reforma es una medida fácil, oportunista y simplista de quienes pretenden aparentar ser los “adalides de la verdad”; quienes con su actitud sólo pretenden defender sus propios intereses.

Ser consecuente con el planteamiento de una reforma integral y realmente sostenible, implica un alto grado de sacrificio de todos los componentes del problema; visión que la UCCAEP de don Samuel no parece querer asumir.

Honrar la Seguridad Social es comprometerse con ella y sus principios. El sistema de Invalidez, Vejez y Muerte sostiene buena parte de nuestra paz social y el compromiso debe ser común a todos los actores productivos de la sociedad costarricense, incluida la UCCAEP.

Don Samuel: Atendamos primero el problema de la morosidad, de la subdeclaración y de la evasión, aun cuando con ello toquemos intereses de empresarios afiliados a la cámara empresarial que usted representa.

Hagamos cumplir la Ley de Protección al Trabajador, que bien que mal contiene medidas para mejorar Cobertura, Inversión y Recaudación.

Ayude usted a eliminar el clientelismo político, el tráfico de influencias y la corrupción que se institucionalizó desde las altas esferas del poder político, imprimiendo daños irreparables a nuestras instituciones y a la misma credibilidad ciudadana. El mayor y más importante régimen de pensiones del país, como lo es IVM, también ha sido afectado por tales fenómenos perniciosos.

Pese a que su organización ya anunció que no regresarán a la comisión, porque aducen que ya dieron su aporte; le instamos don Samuel, respetuosamente, a que usted le indique a la ciudadanía y en especial a la gente del trabajo, en qué consiste el aporte que supuestamente hecho por UCCAEP para fortalecer el IVM; concretamente, cuántos colones le está constando al empresariado que usted tan responsablemente representa, esa propuesta balanceada, que usted señala en su nota.

Pensamos que estamos muy cerca de un acuerdo, gracias a nuestra modesta gestión y a la directa y oportuna intervención del señor Presidente de la Republica, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; la del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Fernando Trejos Ballestero, así como la del señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Dr. Alberto Sáenz Pacheco.

Además, el aporte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), ha sido vital en cuanto a los derechos de las mujeres en este asunto de las pensiones. De la misma forma, los oportunos señalamientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el carácter del proceso y la necesaria integralidad del mismo, posibilitan las bases para un acuerdo que podría ser histórico.

De acuerdo, don Samuel, coincidimos en lo que hay que corregir. Corrijámoslo; pero aún así, hay que poner más recursos para la sostenibilidad del sistema; por eso insistimos, y para que su interés apuntado en su nota sea creíble, díganos con cuántos colones más va a contribuir el sector empresarial que usted representa.

La reactivación de la comisión que ve los problemas de sostenibilidad financiera del Régimen de IVM , tiene una responsabilidad histórica, en la elaboración de una propuesta integral, políticamente viable, estructuralmente posible y, sobre todo, solidaria.

No debe por ningún motivo desestimularse el componente solidario que le ofrece como marco filosófico, la Seguridad Social a los depositarios del fondo de IVM. Procuremos que quienes ganan más aporten más y, consecuentemente, hagan mayores sacrificios al momento de recibir los beneficios.

Esté seguro don Samuel de que la ANEP, ha puesto y pondrá todos sus recursos para que el sistema de pensiones de IVM siga siendo un régimen de reparto, absolutamente solidario y no de capitalización individual, ya que ello conduciría irremediablemente a la privatización de nuestro sistema de pensiones.

Entonces don Samuel, para hablar claro, sin ambages y con sinceridad, queremos saber cuánto más va a poner en la mesa el sector empresarial y cuánto más el Estado como patrono. Porque hablar de responsabilidad empresarial, cuando en una propuesta solamente ponemos el pellejo los trabajadores y sobre todo las trabajadoras, resulta fácil y hasta cínico. Por favor, seamos serios.

Hasta aquí nuestro texto.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa consideración a la anterior solicitud de derecho de respuesta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

—-
c.: Ing. Samuel Yankelewitz Berger, Presidente, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

S.G. 0159-05
¡URGENTE!

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¡URGENTE!

Estimada señora Viceministra:

Con el respeto de siempre, reciba usted el más atento saludo de nuestra parte.

Con suma urgencia solicitamos la oportuna intervención del despacho a su digno cargo, para tratar la delicada situación que se está presentando con la señora ANA VICTORIA VILLALOBOS MONTERO, funcionaria de el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor en el cargo de Inspectora de Seguridad; sobre quien pesan acusaciones de un presunto abuso de autoridad, prácticas intimidatorias, acoso laboral, ejercicio irracional de la autoridad y hasta de acoso sexual (en el caso de un varón funcionario que lo denunció así).

La ANEP ha estado recibiendo una serie de quejas sobre el particular, al punto de detectar una especie de rebelión de parte de un importante número de subalternas de la señora Villalobos Montero; lo cual, sin duda alguna, crea un delicado clima de inestabilidad institucional que puede derivar en cualquier cosa.

Varias de las quejosas alegan, adicionalmente, que la citada funcionaria se estaría entrometiendo en sus esferas privadas individuales; además de que habla de que las funcionarias deberían “domarse” como si fueran “yeguas”, haciendo alusión a la “táctica” que ella habría empleado en determinado momento, para hacer sentir su propia autoridad.

Es así que, señora Viceministra, le agradeceríamos nos concediese una cita cuanto antes para que de viva voz de las personas funcionarias que se sienten agredidas por el comportamiento de la señora Villalobos Montero, puedan explicarle a usted la naturaleza del problema que se está generando en el CAI-El Buen Pastor.

Esperando una favorable respuesta de su parte, nos suscribimos reiterándole el mayor respeto de nuestra parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

—-
c.: Sr. Carlos Benavides Barrantes, Jefe Nacional de Seguridad Penitenciaria.
c.: Licda. Maritza Chacón Obando, Directora, CAI-El Buen Pastor.
c.:Sr. Rodrigo Briones Cáceres, Jefe de Seguridad Penitenciaria-CAI El Buen Pastor.
c.:Compañeros y compañeras, Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.: Compañeros y compañeras, Comité Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Personal involucrado CAI-El Buen Pastor.
c.: Archivo.