¡NO A LA ESCUELA MILITAR ESTADOUNIDENSE EN NUESTRO PAÍS!

Tutela de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho internacional

Los Estados Unidos de América, primera potencia económica y militar del planeta, ha venido menospreciando, sistemáticamente, el imperio de la Ley y del Derecho Internacional. La monstruosa violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agrediendo e invadiendo a Irak, basándose en la mentira más burda (como ya ha quedado más que demostrado); así como su menosprecio a someterse a los preceptos de la recién creada Corte Penal Internacional (dentro de la cual una distinguida costarricense, la Licda. Elizabeth Odio Benito, es una de sus juezas); dan muestra más que clara que el respeto al Derecho Internacional y, por tanto, a la protección de los Derechos Humanos, es un asunto de tercer orden para dicho país.

Igualmente grave es la posición estadounidense contraria a evitar el incremento en el deterioro del entorno y la destrucción de la capa de ozono, negándose a aceptar la validez jurídica del denominado Protocolo de Kyoto.

Al día de hoy, cuando ya es más que notorio el papel jugado por los Estados Unidos de América en la instauración de las salvajes dictaduras del cono sur latinoamericano, con sus dolorosas secuelas de asesinatos políticos, desapariciones, exilio forzoso y violación atroz del Estado de Derecho; ningún ciudadano responsable de ese país, involucrado en tales situaciones, ha podido ser juzgado por los tribunales internacionales, como por ejemplo, el Exsecretario de Estado, Henry Kissinger.

Estado de derecho y tradición jurídica costarricenses

El fuerte desarrollo de la ciencia jurídica en Costa Rica, dada su arraigada tradición civilista de Estado de Derecho, le ha dado al país una respetable imagen internacional, considerándose que la independencia de nuestro Poder Judicial, muestra niveles más altos con relación a lo que sucede en la casi mayoría de los países latinoamericanos. No es de gratis que instituciones jurídicas internacionales tan prestigiosas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), tengan su sede en Costa Rica.

Contexto internacional de creciente “antiamericanismo”

Distintas personalidades de relieve mundial, a las cuales no se les podría acusar de tener prejuicios antiestadounidenses, reconocen que la política exterior de la primera potencia militar mundial, es objeto de gran repudio en amplísimos sectores de la opinión pública mundial. Las jornadas cívicas que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho del planeta, con ocasión de la invasión a Irak, demuestran que el mundo está a favor del Derecho Internacional, de la Paz, de los Derechos Humanos; valores éstos no muy preciados para los gobiernos estadounidenses.

Este creciente “antiamericanismo” (terminología incorrecta que hace sinónimo el concepto “América” con el de “Estados Unidos”), del cual escriben famosos Premios Nobel (hasta el costarricense); ha convertido en objetivos de eventuales agresiones terroristas, los intereses estadounidenses en distintos lugares del mundo. Pruebas sobran. Una instalación militar como la pretendida por los Estados Unidos de América en Costa Rica, dada nuestra alta vulnerabilidad como país, facilitaría las acciones terroristas de distinto origen.

Lamentablemente, el pueblo hermano de la República de Colombia se debate en una violenta guerra civil; conflicto que muestra un involucramiento activo y sistemático por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, al punto de patrocinar una estrategia global político-militar y económica, denominada “Plan Colombia”, para buscar la derrota de las fuerzas insurgentes. Para nadie es un secreto que las ramificaciones de tal estrategia alcanzarán a los países vecinos de Colombia, como Costa Rica; así que para los sectores sociales y populares la academia ILEA está inscrita dentro de la misma.

Crisis fiscal y Seguridad Ciudadana

Es inadmisible que se destinen fondos públicos, para el sostenimiento económico de la tal academia ILEA, cuando se dice que estamos en “crisis fiscal”. Un solo colón que ponga el país con tal propósito, es un colón menos para sobrellevar la alicaída tarea de la Seguridad Ciudadana. En ANEP somos testigos del día a día de las congojas del personal de la Fuerza Pública para cumplir a la sociedad sus demandas de protección. Menos avituallamiento, más reducción de ración de alimentos, menos posibilidades de mejoramiento salarial, menos equipos, etc.; son constantes cotidianas que impiden un mejor servicio público de seguridad para la sociedad y todo lo justifican por la famosa crisis fiscal.

Sobran razones para fundamentar una posición contraria a la instalación de la academia ILEA en Costa Rica. Pero la principal de ellas, es la que nos indica la naturaleza de nuestra idiosincrasia civilista, la que nos llevó a la abolición del ejército, la que nos dio hasta un Premio Nobel de la Paz, la que nos llevó a ser sede de prestigiosas entidades internacionales relacionadas con los Derechos Humanos, con la Paz, con la Solidaridad, con el Derecho Internacional.

La ILEA es un peligro para el país; la ILEA es parte de una estrategia de confrontación militar ante la elevación de la calidad de las formas de lucha de los pueblos latinoamericanos contra tanta acumulación de injusticia y de miserias; la ILEA está promovida por un Estado con un récord impresionante de agresiones militares, invasiones a países soberanos, patrocinio de estrategias de represión inmisericorde y violaciones a la legislación internacional.

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica debe votar, negativamente, el Expediente No. 15.215 sobre una “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley” (¡vaya paradoja!), en nuestro país.

San José, 5 de agosto del 2003.

ANEP denuncia: MILITARES DE GUERRA DE COLOMBIA EN COSTA RICA ¿Primer medida práctica para la inclusión de Costa Rica en el Plan Colombia?

Así consta en nota oficial 1734 03 DUE, fechada 31 de julio anterior, suscrita por el Comisario Mario Calderón Cornejo, Director de Unidades Especializadas del Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país; quien le pide al Lic. Luis Fernando Vásquez Castillo, Jefe del Departamento de Normalización de la Dirección General de Aduanas, “agilizar” los trámites del aeropuerto, tanto de entrada como de salida, para los 40 militares colombianos.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), esta situación reviste extrema gravedad por las siguientes razones:

1.
La llegada de estos militares de guerra colombianos se produce a pocas semanas de la vista al país del Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez; lo cual estaría indicando que tuvieron que darse compromisos políticos por parte de nuestro Gobierno, en torno a la situación de guerra en ese hermano país suramericano, que se pactaron en secreto.

2.
Resulta risible y ridículo creer que militares colombianos, provenientes nada más y nada menos que de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia, vengan a Costa Rica a recibir un curso impartido por nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Estamos seguros que la situación es la inversa y que se quiere esconder que el personal policial costarricense participante en dicha “capacitación” recibirá, muy probablemente, instrucción militar de guerra y de contrainsurgencia.

3.
Desconocemos si la Asamblea Legislativa de Costa Rica fue informada de tal situación y si ello requería permiso parlamentario para la entrada al país de militares de guerra colombianos, una de las partes del grave conflicto armado de Colombia.

4.
Costa Rica estaría involucrándose, de manera activa, a espaldas de la ciudadanía, en la estrategia militar estadounidense denominada “Plan Colombia”; diseñada para exterminar por la vía de la guerra a la otra contraparte del conflicto colombiano, las fuerzas guerrilleras.

5.
Esta situación deja al desnudo las verdaderas intenciones de la famosa escuela policial internacional que el Gobierno de los Estados Unidos de América quiere establecer en nuestro país. La denominada “Academia para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA, por sus siglas en inglés), no es más que la instalación de un centro de operaciones de estrategia militar, pensado inicialmente para el abordaje del conflicto armado colombiano; situación que atenta gravemente contra la tradición civilista costarricense y la famosa “neutralidad” que predicamos al mundo. Además, indudablemente, nos convertirá en objetivo de eventuales acciones terroristas.

6.
Con este ingreso de militares colombianos al país para una supuesta capacitación, Costa Rica toma partido en cuanto a una de las partes del conflicto armado de Colombia, convirtiéndonos en blanco de ataque de la otra contraparte, por lo cual nos expondríamos, como país, a vivir situaciones de alto riesgo en suelo costarricense.

7.
Finalmente, se debe explicar por parte de las autoridades ejecutivas involucradas en esta situación, tajante y públicamente, qué se entiende por “agilizar los trámites correspondientes”, en el caso del ingreso al país de personal militar extranjero; con cuánta periodicidad ocurren situaciones similares y qué tipo de personas o grupos reciben ese trato ágil por parte de las autoridades aduaneras.

Por tanto:

1.
Demandamos la suspensión inmediata de la llegada al país de dichos oficiales militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia.

2.
Exigimos total transparencia por parte del Poder Ejecutivo, especialmente de los ministros de Estado en las carteras de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores y Culto, así como del propio Sr. Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; acerca de la naturaleza de los compromisos que en nombre de nuestro país asumieron con el Presidente de la República de Colombia, con relación a la guerra civil que vive ese país suramericano.

3.
Exhortamos a la Asamblea Legislativa para que inicie el proceso político correspondiente a fin de esclarecer esta peligrosa situación; desde la perspectiva de la posibilidad de violación constitucional en cuanto al ingreso al país de fuerzas militares extranjeras, mancillándose la potestad del Primer Poder de la República al respecto.

4.
Llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, cívicas y patrióticas a formar una gran unidad política y de acción ciudadana para que la Asamblea Legislativa rechace la instalación en el país de la escuela militar que con la anuencia del Gobierno de la República, los Estados Unidos de América pretenden instaurar en el país.

San José, 3 de agosto del 2003.

Cuando el alimento peligra

Hace rato, señales de anomalías climáticas nos mostraban que algo malo estaba sucediendo en el entorno atmosférico global. Varias voces relevantes a nivel mundial, así como diversas entidades prestigiosas nos anunciaron la llegada de ese fenómeno, al cual le dieron en llamar “_cambio climático_”.

El desorden de la actividad humana, principalmente la que se desenvuelve en los entornos exacerbados de explotación bajo el sistema capitalista neoliberal, con su lógica mercantil desenfrenada en la industria, el transporte y la agricultura; generan una descarga de gases perniciosos a la atmósfera, afectando su composición y estabilidad térmica. Sus efectos abarcan a todo el planeta, estimándose cambios extremos en las temperaturas, como pocas lluvias por unas áreas y muchas lluvias por otras; variaciones que afectan todo organismo vivo.

Producto de esta anomalía atmosférica hoy existe una gravísima sequía en la principal zona productora de granos de los Estados Unidos (al cual le dicen el “_granero del mundo_”), donde la cosecha de maíz amarillo, soya y trigo se ha reducido, afectando la oferta mundial.

Al día de hoy, los precios internacionales de los granos se elevaron a niveles récord: el trigo pasó de 190 a 392 dólares por tonelada (para la elaboración de pan y pastas); el maíz amarillo de 217 a 350 dólares por tonelada; y la soya a casi $600 la tonelada.

Este aumento de precios disparará el precio de los alimentos para los animales. Esto significa una elevación significativa de los precios de las carnes de pollo, res y cerdo; así como el precio de la leche, queso, natilla y huevos, entre otros. Además del aumento en el precio del arroz que aumentó a 367 dólares por tonelada en el mercado internacional.

Este hecho repercutirá en una escalada de precios en la dieta del pueblo costarricense y del pueblo migrante, sin que nos aumenten los salarios en la misma proporción; lo que echa por el suelo lo que dijeron los economistas neoliberales, en virtud de su “_San Benito_” ideológico extremo de que no somos “_competitivos_”; por tanto, según ellos, era mejor importar todos los alimentos en lugar de dar trabajo a nuestros campesinos y a nuestras campesinas y pagarles bien por su actividad.

El actual modelo de desarrollo de producción de agroalimentos (según tal concepción neoliberal), se basa en cultivos de exportación que son, en su mayoría, postres y, con el dinero producto de exportar, compramos alimentos. La actual problemática económica que vive Europa y Estados Unidos, podría generar que disminuyan los volúmenes de lo que nos compran; con lo cual ya no tendríamos el dinero necesario para adquirir comida: frijol, maíz, soya, maíz, carnes y, parcialmente, arroz.

Recordemos que antes producíamos suficientes granos y los faltantes se importaban. El desestímulo a la producción nacional en los últimos 25 años ha sido tan fuerte que vemos con preocupación cómo nuestros frijoleros tienen que andar rogando para vender su cosecha; cuando esta situación se podría mitigar fácilmente, asegurándoles y comprándoles la producción a los pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), en cumplimiento del artículo 9 de la Ley del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Además, fortaleciendo la capacidad de servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyas partidas las bajaron del 10.5% a menos del 1% del Presupuesto Nacional, implicando una caída del 900% de los recursos económicos dedicados al Sector Agropecuario… y ahora estamos cosechando los resultados de esa política neoliberal.

Contrariamente, debemos destacar lo que ha hecho, con éxito, el gigante latinoamericano Brasil que incentivó la agricultura y la comercialización de sus cosechas. Con este mecanismo, se dinamizó al sector agropecuario brasileño, llegándose a transformar a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios en generadores de empleo, en participantes activos del desarrollo rural; asegurándoles estabilidad con el comercio justo de sus cosechas. Igualmente con ello, Brasil disminuyó los índices de pobreza rural en un 39% según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta sequía es parte de los efectos del cambio climático, entonces la vulnerabilidad es grave. La población tiene en forma colectiva, el Derecho a la Alimentación, por lo que la responsabilidad está en las autoridades gubernamentales.

En la pasada Administración, con las alarmas de alza internacional de los alimentos (de origen especulativo), se procedió a defender los intereses nacionales, creando un Programa Nacional de Alimentos, con rectoría en el MAG.

Este programa fue una estrategia a la que le faltó continuidad en la actual política nacional. Se perdió la oportunidad de garantizarle al pueblo sus alimentos soberanía alimentaria; y a quienes fueron exitosos, como los arroceros, se les castigó con una reducción de áreas de siembra, quienes sufren las consecuencias del desestímulo a la producción nacional; chocando con los intereses de la importación, así como con los paneles dirigidos por COMEX, enviando mensajes que dicen “_dejen de sembrar_”. Sin embargo, el entorno internacional incierto nos dice que el precio de los alimentos va en alzada: la comida de los ticos está en peligro.

Debemos poner gran atención a esta crisis alimentaria que es de gran impacto mundial, por lo que es fundamental asegurar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria Nacional, basada en la producción nacional de agroalimentos, y con ello reducir la vulnerabilidad de nuestra población; así como de revivir el desarrollo rural, tan necesario para reducir las grandes diferencias con la ciudad.

Nuestros agricultores y nuestras agricultoras tienen el conocimiento y el sentido de responsabilidad para producir nuestros alimentos pero, las adversidades en que lo hacen les imponen un límite. Esperamos que ante un agravamiento de la crisis alimentaria, cuando intentemos retomar la producción nacional, entonces no sea demasiado tarde. Agradecemos a la dirigencia de la ANEP en el MAG por habernos ayudado a entender toda esta problemática.

Terrorismo Libertario contra la Clase Trabajadora

El pasado martes 28 de setiembre, se pretendía aprobar en dicha comisión, un dictamen favorable para que nuestra Asamblea Legislativa, ratifique los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos por Costa Rica en su calidad de Estado miembro de dicha organización. Como lo expresó la señora diputada Ruth Montoya, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se trata de “una deuda que nuestro Gobierno tiene con el mundo laboral y la justicia social”.

Estos convenios, ratificados por la gran mayoría de los países civilizados miembros de la OIT, tienen que ver con la protección del derecho a la sindicación que se debe a cada trabajador en el mundo; igualmente, para el fomento de las negociaciones colectivas como instrumento legal para normar las relaciones obrero-patronales.

Sabemos, y así lo pudimos comprobar, que todos los miembros de la mencionada comisión legislativa, están a favor de que se ratifiquen dichos convenios; a excepción del diputado Malavassi; quien con su característica desfachatez e irrespeto para los trabajadores, presentó un legajo con doscientas mociones para oponerse a los convenios, pretendiendo aprovechar el auditorio para “dictar cátedra” (cátedra light), “quince minutos por moción” contra los trabajadores y las leyes que nos protegen; acusándonos de oportunistas y causantes de la crisis económica nacional, por las “granjerías” y “privilegios” que ostentamos, según él, amparados a las Convenciones Colectivas y otros leyes que hemos conquistado con sangre, sudor y lágrimas.

No sabe el diputado libertario que los trabajadores tenemos pleno conocimiento de quiénes son los que están llevando a la quiebra a este país y el modelo solidario que nos cobija como sociedad; y quiénes son los que desde las curules legislativas atacan las instituciones públicas para montar en su lugar, empresas particulares bajo el prurito del “derecho a escoger”.

Desde ya estamos llamando a los trabajadores costarricenses, para que repudiemos en las calles las políticas antipopulares que impulsan los libertarios. Preparemos jornadas de movilización a las barras de la Asamblea Legislativa, con las consignas de:

Así las cosas, nos encontramos satisfechos por la labor realizada, ya que con nuestro accionar, hemos propiciado que aquellos dirigentes que se mantenían en silencio, tolerando las violaciones a los derechos de los estibadores interinos, con la única finalidad de piratear bases sindicales, hayan decidido intervenir en resguardo de los derechos de estos trabajadores.

RESPETO A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS; RESPETO A LOS TRABAJADORES;
TRABAJO DIGNO; y, LIBERTARIOS NUNCA JAMÁS.

Consolidemos las Convenciones Colectivas y desterremos para siempre de la palestra política y de la Asamblea Legislativa, la lacra y el filibusterismo parlamentario.

El Entierro de los Libertarios es una responsabilidad ineludible de la Clase Trabajadora

30 de setiembre de 2004

La piratería sindical: Una práctica desleal

Nuestro sindicato, serio y responsable, ante la injusticia y persecución sindical, decidimos entrar en la lucha para eliminar esa ilegítima disposición. be inmediato acudimos al Licenciado Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien nos atendió junto al licenciado Eugenio Solano Calderón, el día lunes 6 de setiembre.

La problemática de los trabajadores que nuestra organización sindical ha decidido denominar interinos, se remonta al mes de octubre de 2002, fecha en la que, sin ningún miramiento y contemplación, la administración de INCOP decidió despedir con responsabilidad patronal aproximadamente a 80 trabajadores.

Gracias a nuestra decidida y desinteresada intervención, se logra la restitución de todos en igualdad de derechos.

Una vez reinstalados nuestros compañeros, la administración superior de INCQP y sus cómplices, deciden aumentar la lista de 80 estibadores interinos, a más de 500, para contrarrestar el derecho al trabajo de los 80 trabajadores que dieron su lucha en beneficio de todos por igual.

Posteriormente, de manera arbitraria estos enemigos de los trabajadores, deciden que los interinos no tienen derecho al porcentaje correspondiente al subsidio de la seguridad social, cuando se incapacitan de acuerdo a lo que establecen las autoridades del INS y la CCSS. Esto fue denunciado por nuestra organización sindical ante las respectivas autoridades, logrando que la CCSS enviara solicitud a la Subjefe de Recursos Humanos, para que procediera de conformidad con la ley.

Las juntas directivas de los sindicatos que desconocieron los derechos de los interinos en octubre de 2002, recomendando que mejor se acogieran a las prestaciones laborales y que han mantenido silencio respecto a los vejámenes que se ha sometido a estos trabajadores, hoy con engaños, recogen firmas para que los estibadores interinos los autoricen para que negocien su situación laboral. ¡Qué ironía, qué vergüenza! Ya la historia está marcada y así hay que escribirla.

Nuestra organización estará vigilante para que a los estibadores interinos se les respete su derecho fundamental a un salario mínimo cuando reponen a un estibador fijo, su derecho efectivo a un subsidio por concepto de incapacidades, u para que suplan también en las actividades conexas portuarias.

Así las cosas, nos encontramos satisfechos por la labor realizada, ya que con nuestro accionar, hemos propiciado que aquellos dirigentes que se mantenían en silencio, tolerando las violaciones a los derechos de los estibadores interinos, con la única finalidad de piratear bases sindicales, hayan decidido intervenir en resguardo de los derechos de estos trabajadores.

SECCIONAL ANEP-INCOP

8 de setiembre de 2004

Posición de la ANEP, ante la propuesta de Reestructuración de la Dirección de Obras del A y A.

Asunto:
Posición de la ANEP, ante la propuesta de Reestructuración de la Dirección de Obras del A y A.

Honorables Directivas:
Honorables Directivos:

Reciban, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta respetuosa misiva es con la finalidad de manifestarle a esa honorable Junta Directiva, algunas consideraciones respecto a la propuesta de reestructuración de la Dirección de Obras Rurales, presentada por la Sugerencia General y que, entendemos, ha sido ya del conocimiento de sus distinguidas personas.

Sobre el particular, nuestra organización sindical solicitó ser atendida en audiencia por parte de ese cuerpo colegiado, cuando en su oportunidad dicha propuesta no había sido del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores de la mencionada dirección; proceso de consulta y discusión sumamente necesario, no sólo para garantizar la legitimidad, sino la identificación del personal para con la interesante propuesta.

A pesar de que no se concedió la audiencia pedida, agradecemos la gentileza de enviarnos el respectivo documento y, especialmente, resaltamos la circunstancia de que el mismo fuera sometido a conocimiento del personal involucrado.

Así las cosas nuestra organización sindical se permite, respetuosamente, exponer las siguientes observaciones de fondo y de forma sobre la propuesta.

Primero: Toda iniciativa de reestructuración institucional busca, en esencia, redefinir acciones y políticas para responder eficaz y eficientemente a actuales y futuros desafíos, lo que se conoce en el argot de los administradores como un remozamiento en el modelo de gestión institucional; aspecto de fondo en el que coincide tanto la administración institucional del A y A, los trabajadores y en particular, las organizaciones sindicales.

Segundo: Toda propuesta en este sentido, sea de reestructuración, regionalización o de desconcentración, deberá de sustentarse en un riguroso diagnóstico; mismo que determinará, en esencia, la propuesta necesaria que responda efectivamente al objetivo. (En nuestro criterio la regionalización y la desconcentración son las líneas de trabajo que debería aplicar la institución, pues ha sido la tendencia en los últimos años); Valga indicar que esta es la fase más importante del proceso, pues si esta es deficiente o inexistente, ningún proceso de regionalización, desconcentración o reestructuración alcanzará los objetivos propuestos.

No obstante, como ANEP, no conocemos si realmente existe el requerido diagnóstico que fundamente la propuesta, ya que de no haberlo, obviamente, haría inviable tanto política como jurídicamente la iniciativa de reestructuración.

Tercero: Hasta donde entendemos, la propuesta de la Subgerencia General se fundamenta en el Informe de Auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, AUE 038-2000, mismo que hace referencia a la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de 1998; informe que no justifica la iniciativa de la reestructuración, ya que no es un diagnóstico y que, en todo caso, como un simple informe esta desactualizado.

Cuarto: La propuesta de reestructuración presentada a la honorable Junta Directiva no se conceptualiza, según nuestro criterio, en la globalidad de las políticas institucionales como parte del todo. No obstante, sí implica la supresión y/o unificación y creación de nuevas áreas; y obviamente una nuevo reordenamiento en tanto en las finanzas como en el recurso humano.

Quinto: Toda propuesta de reestructuración debe de apegarse, estrictamente, a los lineamientos generales, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), mismo que al final del proceso llevado por la institución, deberá avalarlo o rechazarlo.

Sexto: Es importante señalar que desde el punto de vista jurídico la propuesta de reestructuración debe, obligatoriamente, apegarse a la Ley 7668, con lo cual se garantiza la participación de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales. Al respecto es importante señalar que una reestructuración contempla, implícitamente traslado de personal, asignación de nuevas funciones, despidos de mutuo acuerdo y en última instancia despidos forzados; razón por la cual se debe de garantizar la participación de las organizaciones sindicales que, además de representar legítimamente la tutela de los derechos laborales de la población laboral involucrada, nos corresponde con la propuesta y la acción, asegurar el fortalecimiento institucional, mediante la implementación de las políticas, emanadas de las autoridades institucionales.

Sétimo: Es de vital importancia señalar los principios que rigen, en esencia, a la institución. De manera concreta nos referimos a la inversión social que mediante el modelo mixto A y A y Asociaciones de Desarrollo de Acueductos Rurales y Alcantarillado (ASADAS), se viene impulsando; considerando que sus buenas intenciones podrían desnaturalizarse si no hay una claridad estratégica de lo que significa el servicio de acueductos y alcantarillados; pues no debería descartarse que aquí haya un riesgo de privatización promovido por la misma institución.

De tal manera que si bien podríamos afirmar que las onerosas inversiones realizadas por esta estratégica institución a través de la Dirección de Obras Rurales, no son recuperadas en términos económicos, ello no constituye justificación alguna, para la implementación de la reestructuración; ya que las ganancias obtenidas lo son la inversión social.

Octavo: Admitimos que es de suma preocupación las directrices de limitaciones en el orden económico que ha venido experimentando la institución, con lo cual se ha estado afectando el trabajo operativo cotidiano de manera general, pero muy sentido en la Dirección de Obras Rurales, lo que pudiera entenderse como forma de estrangulamiento de dicha dirección para que de forma solapada se implemente la reestructuración.

Finalmente,reiteramos nuestra complacencia por el loable interés de la Subgerencia General en su afán de fortalecer la Dirección de Obras Rurales; no obstante, nuestro cuestionamiento se da en el fondo por la argumentación y la forma en que se viene desarrollando el proceso, mismo que puede generar un riesgo de polarización de las posiciones con consecuencias impredecibles. Como es lógico suponer, la forma en que se ha manejado esta situación hace que el personal de dicha dirección experimente un clima laboral de exaltación, ante la zozobra y la incertidumbre a la que se somete al recurso humano, cuando se está en un proceso de reestructuración seriamente cuestionado.

Así las cosas, es prudente y necesario dar el tiempo requerido que permita consensuar una propuesta, de tal manera que se evite un mandato imperial desde la honorable Junta Directiva, que si bien le corresponde debatir, y aprobar o improbar las iniciativas que sustentan las políticas institucionales, en nuestro caso particular la propuesta no goza de un riguroso diagnóstico que le dé sustento. De igual manera, no se apega a lo que estipula el MIDEPLAN, con lo cual se asumen errores de procedimiento que a nuestro modesto criterio, deben ser subsanados y que incluso podrían terminar siendo debatidos en sede constitucional.

En espera de que nuestras observaciones y aportes contribuyan en este importante proceso, nos despedimos cordialmente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable ANEP-A y A

Joaquín Rojas Chacón
Delegado ANEP-ICAA

—-
c.: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
c.: Ing. Everardo Rodríguez Bastos, Presidente Ejecutivo, A y A.
c.: MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, A y A.
c.: Junta Directiva ANEP.
c.: Trabajadoras y Trabajadores A y A.

Posición de las organizaciones sociales frente a los acuerdos suscritos entre el gobierno de la republica y las organizaciones sociales.

Estimados señores:

Con base en el espacio político abierto por el Gobierno de la República para discutir con los Sectores Sociales distintos ámbitos de la agenda nacional del país, de interés general para toda su ciudadanía; a raíz del acuerdo que a nombre del Poder Ejecutivo suscribieron los señores Ministros de Estado en las carteras de Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social, con el Movimiento Sindical Costarricense, en la madrugada del jueves 4 de junio del 2003, las entidades suscriptoras del presente documento expresan a ustedes, con todo respeto, su visión acerca del proceso de diálogo que por medio de este acto y a raíz de la convocatoria respectiva formulada por sus autoridades, se abre en este instante. Es importante indicar que las representaciones organizadas firmantes, expresan la posición de un conjunto mucho más amplio de entidades de la sociedad civil coaligadas para la presente situación.

NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LOS ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

1. EL SIGNIFICADO DE LOS ACUERDOS

Consideramos que los acuerdos alcanzados entre organizaciones sociales y el Gobierno de la República representan un hecho político que fortalece la democracia, contribuyendo así a la defensa de la institucionalidad, de la gobernabilidad y de la paz social.

Tales acuerdos amplían espacios y canales de diálogo y acuerdo, más allá de espacios que ya existen y que están siendo utilizados por diferentes organizaciones, pero que para nuestro caso resultan insuficientes. Se garantiza así espacios de mayor pluralidad y efectividad en la participación, en la discusión y en la generación de acuerdos.

Los acuerdos representan la oportunidad de debatir las expectativas de país que tienen los diversos sectores sociales.

Los acuerdos obligan al conjunto de organizaciones sociales a aportar de forma constructiva y propositiva, en las instancias definidas para el proceso.

Los acuerdos legitiman los procesos particulares que diversas organizaciones sociales han desarrollado en torno a los temas a ser discutidos.

2. PROPUESTA PARA ABORDAR EL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El proceso a desarrollar por la Comisión debe reunir las siguientes características:

Debe ser multisectorial.

Debe ser un proceso verificable, con una metodología o sistema de trabajo definido.

Si bien la Comisión de Alto Nivel debe ser permanente, los temas a ser discutidos deben contar con plazos razonables previamente definidos, que permitan determinar acuerdos y que éstos deben ser vinculantes.

Debe permitir la evaluación de los mecanismos desarrollados por el Gobierno frente a los diversos temas abordados.

Debe desarrollar mecanismos de incorporación de esos acuerdos y propuestas a las políticas públicas y al proceso de negociación del TLC.

Debe estar integrado por representantes con capacidad de decisión política, tanto del Gobierno y de las organizaciones sociales.

Proponemos asumir la agenda de trabajo de la Comisión de Alto Nivel, iniciando por el TLC, como la base para llevar a cabo un diálogo fructífero que beneficie a la sociedad costarricense.

La Comisión de Alto Nivel se dará su propia forma de organización y metodología que le permita administrar eficientemente el proceso.

Reiteramos la importancia de propiciar el Diálogo Nacional, tantas veces propuesto por los sectores sociales, de forma que permita avanzar hacia una sociedad inclusiva, de carácter solidario y fundamentada en el bien común y considerando que en este proceso, necesariamente, deberán involucrarse otros sectores más allá de los que se representan en este acuerdo.

Tanto los acuerdos que emanen del proceso sobre el TLC, como del Diálogo Nacional, deben favorecer una visión de desarrollo solidario, incluyente y fundamentado en el bien común.
Por los Sectores Sociales firmamos en hoja anexa:

Gilbert Brown Young
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
(CRTN)

Harys Regidor Beltrán
Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP)

Isaac Rojas Ramírez
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
(FECON)

Jorge Arguedas Mora
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE
(FIT-ICE)

Ana Felicia Torres Redondo
Movimiento de Mujeres

Roland Esna Williams
Federación de Trabajadores de Limón
(FETRAL)

Carlos Hernández Porras
Mesa Nacional Campesina

Rafael Mora Solano
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP

Jorge Segura Arias
Mesa Financiera

Xiomara Rojas Sánchez
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses
(SITECO)

Ricardo Segura Ballar
Consejo de Defensa de la Institucionalidad
(CDI)

Gilberth Bermúdez Umaña
Coordinadora de Sindicatos Bananeros
(COSIBA)

Alvaro Alberto Salazar Morales
Frente de Organizaciones Sindicales y Sociales del Sector Salud
(FOSSS-FETSALUD)

Luis Chavarría Vega
Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social
(UNDECA)

Fundación CRUSA y el pago de funcionarios y funcionarias públicas.

Estimado señor Contralor General:

Con el debido respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

De manera oficial estamos solicitando la realización de una investigación en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encabezado por la Licda. Vilma Villalobos para determinar, la procedencia del dinero para pagar los salarios de varias personas que, según tenemos entendido, están clasificadas como “personal de confianza” de dicho despacho ministerial; según se desprende del Acuerdo Ejecutivo No. 26-MEIC, fechado 3 de setiembre del 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 183, del martes 24 del mismo mes y año.

Tenemos la presunción de que esas personas no están pagadas por el presupuesto oficial del MEIC, determinado en la Ley General de Presupuesto de la República; sino que los dineros que financian esos salarios proceden de una entidad denominada “Fundación CRUSA”, creyendo entender que “CRUSA”, son las siglas que definen las expresiones geográficas y políticas “Costa Rica” y “United States Of America”.

Estamos hablando de las siguientes personas:

Leonardo Campos Castillo
Mabel Castro Valverde
Melissa Molina López
Andrea Gallegos Rodríguez
Melanie Bacherer Arends
Ricardo Madrigal Jiménez
Camilo Monterrosa de León

De la misma manera, las siguientes personas que no aparecen consignadas en el acuerdo ejecutivo en mención:

Isabel Cristina Araya
Erick Borbón
Ileana Cruz
Flor Soto
Laura Castro
Maríaminta Quirce
Karla Plá
Edwin Fallas
Patricia del Bo

Para nuestra organización sindical resulta de vital importancia que el ente contralor esclarezca, entre otros aspectos, los siguientes:

1- Determinar qué es la denominada Fundación CRUSA en toda su dimensión: registro, directiva, misión, fuentes de financiamiento, etc.
2- Si efectivamente todas esas personas realizan o realizaron laborales para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de la llegada al poder de la actual administración del país.
3- Cuál es el nombre del puesto y el salario correspondiente para cada una de ellas.
4- Establecer las fuentes de financiación de tales puestos y si se confirma que esos dineros provienen de la denominada Fundación CRUSA.
5- Qué tipo de labor realiza cada una de esas personas en esos puestos.
6- Qué tipo de vínculo podría haber en cada una de esas labores, con relación al proceso que vive el país para establecer negociaciones comerciales; particularmente, el proceso del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos (incluida Costa Rica) y los Estados Unidos de América.
7- Cuál es el grado de legitimidad jurídica que les asiste para trabajar, ordenar, tener personal subalterno, usar la infraestructura institucional (planta física, servicios de oficina, equipos, teléfonos, luz, agua, etc.); en una institución de servicio público, cuyo presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa.
8- Si se confirma que sus salarios provienen de la denominada Fundación CRUSA, cómo gira ésta tales dineros a cada una de esas personas, ¿directamente?, ¿a través de una sociedad?, ¿cómo?
9- Se debe determinar si pagan impuesto sobre la renta esos salarios y si, tal y como técnica y sistemáticamente se les rebaja en el Sector Público a los trabajadores y a las trabajadoras objeto de tal tributo, así se aplica a los salarios que se estarían pagando por la modalidad indicada.
10- Adicionalmente, solicitamos que el ente contralor bajo su digna dirección proceda, también, a investigar si la mencionada “Fundación CRUSA” estaría financiando pago de personal en los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior.

Señor Contralor General: Si nuestras presunciones se confirman, estaríamos frente al desarrollo de una gestión institucional de carácter irregular que podría traer serias repercusiones jurídicas en cuanto los actos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ejecutados por esas personas, podrían estar viciados de completa nulidad, con las graves consecuencias que se pueden suponer para la institucionalidad de tan delicada gestión ministerial.

Pero, por otra parte, si nuestra presunción es real, abre, necesariamente, un debate ético acerca de las remuneraciones del personal profesional de la Administración Central del Gobierno, las derivaciones políticas que podrían derivarse por la procedencia de los dineros que financian esas plazas; y, además, conllevan un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia de la gestion que fortalecería la creciente sensación ciudadana de una gran indefensión ante la comisión de irregularidades institucionales de todo tipo. Creemos nosotros que este podría ser un caso típico de esos que ya se vienen acumulando en el Sector Público, del establecimiento de verdaderas planillas paralelas que, a su vez, se constituyen en administraciones alternas a las oficiales.

Considerando que el proceso que el país ya está viviendo en torno a la eventual suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, es más que urgente establecer la veracidad de nuestra denuncia, considerando el importante papel que el MEIC tiene en este proceso.

Esperando su respuesta, la cual solicitamos al amparo del Artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nos despedimos de la manera más respetuosa y atenta.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Oposición a la reposición de los libros contables del GRUPO NACION GN, SOCIEDAD ANONIMA.

Estimada señora:

Asistimos a su despacho con el fin de manifestar formal oposición, tal y como lo establecen las leyes vigentes, a la reposición de tres libros contables: el Libro Mayor, Diario y de Inventarios y Balances, que solicita el GRUPO NACION GN, SOCIEDAD ANONIMA, por considerarnos afectados.

Considerando que quienes suscribimos la presente oposición a la reposición de los citados libros solicitados por el Grupo Nación GN, S. A., somos parte integrante de la Comisión Legislativa Especial Mixta del Pacto Fiscal (cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones estructurales al desequilibrio de las Finanzas Públicas, mediante un proceso claro y transparente de ordenamiento fiscal, que necesariamente pasa por mejorar la Administración Tributaria, mediante la reforma de los actuales procedimientos tributarios y sus normas); es que creemos de fundamental importancia que el Grupo Nación explique cuáles fueron las circunstancias que los hicieron solicitar la reposición de sus libros contables.

Además nos interesa conocer: a) cómo se va a reponer la información que estaba en esos libros; b) de cuantos años de información contable de ese grupo estamos hablando; c) quiénes eran los responsables de la custodia de los libros; d) el informe dado a la asamblea de accionistas del Grupo Nación para justificar la reposición de los mismos; e) así como el acuerdo de esa asamblea en torno a este asunto. Estas son algunas consultas puntuales, a parte de otras que haremos en la respectiva comparecencia.

Lo anterior está planteado desde nuestro interés como participantes en el proceso de mejoramiento de la Hacienda Pública y de sus procedimientos, así como del control y fiscalización del tema tributario, que es responsabilidad de todos los ciudadanos.

Queremos dejar constancia de que nuestra oposición se plantea en el término que la ley estipula y según la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta”, No. 23 (página 43), de fecha 3 de febrero del año en curso, en la sección avisos por tercera vez.

Agradeciendo la atención al respecto, se despiden,

Albino Vargas Barrantes
Cédula 1-457-390
Secretario General
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Rafael Angel Mora Solano
Cédula No. 1-680-042
Coordinador Nacional Adjunto
Federación Nacional de
Trabajadores de los Servicios Públicos

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c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Max Esquivel Faerron, Defensor Adjunto de los Habitantes de la República.
c.:Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.

Preocupación de la ANEP en torno al proyecto de legislación denominado «Proyecto de Ley del Recurso Hídrico».

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En primera instancia deseamos manifestarle que, tal y como es de su conocimiento, nuestra organización sindical representa una nueva alternativa para las y los trabajadores de tan insigne institución. En muy poco tiempo contamos ya con una importante membresía que tiende a crecer, de manera significativa, en los próximos meses.

Tan acertada decisión obedeció al contexto político por el que atraviesa nuestro país, en materia de políticas públicas, impregnadas por una marcada ideología neoliberal, cuya finalidad es terminar con la institucionalidad democrática que tanto desarrollo social ha generado a nuestra nación. El A y A, institución estratégica y visionaria, ha sido y sigue siendo protagonista de primer orden dentro de nuestra sociedad de relativa equidad; pero hoy día es muy vulnerable a los deseos de quienes comandan el equipo económico del Dr. Abel Pacheco, cuyas políticas persiguen el debilitamiento del rol social que ha hecho grande a esta institución.

Así las cosas, es de enorme interés para nuestro sindicato tener un espacio mensual con esa honorable Presidencia Ejecutiva y/o con la no menos honorable Gerencia General, de tal manera que podamos intercambiar criterios y discusión al mas alto nivel, sobre los desafíos institucionales de A y A y sobre su fortalecimiento como institución insigne; de igual manera darle seguimiento y cumplimiento a una serie de cuestiones de orden laboral que, históricamente, las y los trabajadores han venido demandando de manera reiterativa.

Aunado a lo anterior, le exteriorizamos la gran preocupación de la ANEP en torno al proyecto de legislación denominado “Proyecto de Ley del Recurso Hídrico”, expediente 14.585; mismo del cual compartimos, en términos generales, el apartado referente a la protección del recurso hídrico, no así el capítulo de las concesiones. Según nuestro análisis, ese proyecto carece de la otra parte fundamental que es el fortalecimiento y la modernización institucional. Así las cosas, de aprobarse este proyecto el actual A y A, pasaría a manejar parte del agua potable, mediante la figura jurídica de concesión, entrando abiertamente a una competencia desigual y peligrosísima con las transnacionales que manejan el negocio del agua a nivel mundial, con lo cual se estaría dando cristiana sepultura a la institución.

Ante las dimensiones de fondo que contiene este proyecto, nuestra organización sindical ha fijado desde ya una posición, elaborada con el valioso aporte de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), que estaremos haciendo llegar a la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa y que, por supuesto, será del conocimiento de todo el valioso conglomerado laboral e institucional del A y A.

Finalmente, y sobre el particular, le manifestamos que tanto nuestra organización sindical, como las trabajadoras y los trabajadores de la institución bajo su digna conducción, estamos deseosos de conocer la posición oficial del A y A sobre el proyecto en mención.

Siempre en el orden institucional, es de gran interés para la ANEP que nos pueda informar sobre la aplicación de la directriz del 5,9% en reducción de inversión, emanada del Poder Ejecutivo y las valoraciones que se hayan hecho sobre los efectos negativos para la institución. Valga decir que nuestra organización sindical se pronunció totalmente en contra sobre la aplicación a rajatabla de dicha directriz (copia que le adjuntamos), sobre todo en las instituciones con enfoque y misión social, pues las somete a un estrangulamiento de consecuencias nefastas para las mismas y para la ciudadanía.

En otro orden de cosas, referente a lo laboral, hacemos de su conocimiento nuestro enorme interés en conocer la propuesta sobre el pago de la peligrosidad, que entendemos se encuentra en trámite en la Gerencia General. Al respecto y de la manera más respetuosa, solicitamos que una vez que dicha propuesta sea remitida a la honorable Junta Directiva nos faciliten copia de la propuesta, con la finalidad de analizarla y pronunciarnos sobre los contenidos de la misma.

De nuestra parte estaremos a la espera de ser complacidos en nuestras respetuosas solicitudes, estando seguros que la vocación de dialogo y negociación que caracteriza a nuestra representada, hará posible que logremos espacios en los que discutamos con toda transparencia las propuestas institucionales y laborales para el fortalecimiento del A y A, aunado a los álgidos temas de orden laboral.

Con toda consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable Sindical
Sector Salud

Joaquín Rojas Chacón
Coordinador Sindical
ANEP-A y A

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c.:Señores Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).
c.:MSc. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General A y A.
c.: Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del A y A.
c.: Archivo.