Categoría: Acción Política

ANEP apoya manifestación iceista del próximo 30 de julio

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Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) saldrán a la calle este próximo lunes 30 de julio de 2012, para defender el exitoso modelo eléctrico que el pueblo costarricense construyó a lo largo de las últimas seis décadas; modelo exitoso amenazado por la voracidad neoliberal que parece insaciable a la hora de que se trata de convertir en negocio mercantil de lucro privado, lo que han sido bienes patrimoniales de la sociedad inspirada en el bien común.

Creemos que esta lucha, liderada por los grupos laborales liceístas, aglutinados en el histórico Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), debe asumirse por parte de todo el pueblo patriótico y sus organizaciones cívicas de toda naturaleza; incluyendo, por supuesto, a las sindicales.

Alegra saber que en esta lucha, también se defiende el exitoso modelo cooperativo costarricense que tiene en las cooperativas eléctricas uno de los bastiones principales de integridad y de movilidad social en importantes zonas rurales costarricenses.

La ANEP también respalda a este modelo cooperativo pues la electricidad debe seguir siendo un bien social y no una mercancía.

La ANEP, específicamente, convoca a la calle a sus afiliados y a sus afiliadas, pues no procederá ni rebajo salarial ni sanción alguna por participar en las horas que dure la manifestación; misma que saldrá desde la sede central del ICE, en La Sabana, y hasta la Casa Presidencial.

Los presidentes y las presidentas de las seccionales de la ANEP, en conjunto con la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, analizarán esta situación mañana viernes 27 de julio, con ocasión del III Consejo Consultivo Nacional (CCN) del período directivo 2011-2013; mismo que tendrá lugar en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde las 8 de la mañana.

Pero ¿y los salarios?

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La desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), bastante cuestionada ante una multiplicidad de sectores sociales y productivos por su falta de transparencia y erráticas decisiones en contra de la población trabajadora usuaria de los más elementos servicios públicos imprescindibles en la vida cotidiana; le asesta un nuevo golpe al deteriorado poder de compra de los salarios bajos y medios de la clase trabajadora, así como para los ingresos de quienes laboran en el mercado informal: el alza promedio de 25% en la tarifa del agua.

La diferenciación del incremento tarifario, entre quienes consumen menos de 15 metros cúbicos de agua por mes y quienes consumen más de esa cantidad, no representa ninguna “_ganga_” para los amplios sectores medios de la población, compuesta por personas trabajadoras asalariadas, por gente laborando en condición informal; y por micro, pequeñas y medianas empresas.

Más bien, tal “_diferenciación_” en la subida de la tarifa del agua, parece una operación de “_lavado de la cara_” de la Aresep ante su deteriorada imagen pública; pretendiendo aparentar una “_misericordia tarifaria_” en el caso del agua, con quienes tienen mucho menos dentro de los que tienen menos, que son los más en esta sociedad.

Por otra parte, sorprende la “_eficiente velocidad empresarial_” con que la empresa Molinos de Costa Rica ajustó el precio de la harina para el pan, en un 10%, ante las alzas en los precios internacionales del trigo, del maíz y de la soya; que si bien es cierto ya muestran una pronta subida en el mercado internacional de granos y cereales, aún no se habían materializado del todo.

Como siempre, es el pueblo trabajador el que debe llevarse el “_castigo_” por el abandono de la política pública costarricense a estrategias de desarrollo para el consumo nacional basadas en la Soberanía y en la Seguridad alimentarias.

Y ni hablar del alza venidera en las tarifas de autobús, transitoriamente detenidas por la “_metida de pata_” de la Aresep pero que, finalmente, como ya hemos de ver, serán aumentadas, afectando a un más a miles y miles de personas trabajadoras.

Así las cosas, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estima que estas alzas en productos y servicios básicos, y otros que vendrán en el presente segundo semestre de este año 2012; determinan, de manera contundente, que los reajustes semestrales salariales aunque se hagan con base en la inflación vencida, siguen deteriorando el poder de compra de los salarios, disminuyendo su capacidad adquisitiva; y, por ende, potenciando el proceso concentrador de la riqueza ante la mala distribución de los beneficios del crecimiento económico.

En el caso particular de los salarios mínimos que se aplican para el sector Privado, ni siquiera la nueva fórmula de cálculo que tomaría en cuenta el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), funciona ya para detener el impacto del deterioro salarial, del empobrecimiento familiar y de la exclusión social.

Por tanto, ANEP anuncia que para el próximo mes de octubre y con ocasión de la discusión acerca de cuánto habrá de ser el reajuste en los salarios mínimos del sector Privado para el primer semestre de 2013, propondrá, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), una revisión estructural, generalizada e integral, de los niveles actuales de esos salarios mínimos; pues, como repetimos, se imponen nuevas bases en esos mínimos ante los raquíticos reajustes por costo de vida semestrales que son devorados, rápidamente, por las alzas siguientes a cada fijación.

Es hora de que se tomen fuertes decisiones para atenuar la velocidad de la concentración de la riqueza que vive nuestra sociedad; y, es la política salarial uno de los mejores instrumentos para combatir tal flagelo de exclusión social. Una alza generalizada de los actuales niveles de salarios mínimos que, repetimos no es lo mismo que el reajuste semestral por costo de vida; es una medida urgente y necesaria ante la gravedad del deterioro de la situación socioeconómica de los salarios de la clase trabajadora con empleo formal, en los niveles bajos y medios de la estructura salarial vigente para el sector Privado.

Esta medida a adoptar por la ANEP, tiene su expresión correspondiente en el sector Público, específicamente en el Gobierno Central, que muestra deterioros salarios importantes en ocupaciones como las policiales y las administrativas no profesionales, a las cuales se les debe justicia salarial con el establecimiento de percentiles para reajustar sus correspondientes salarios base que, al igual que en el sector Privado, no tiene relación con los raquíticos ajustes salariales por costo de vida que se establecen semestralmente.

Aberración jurídica en nueva ley de delitos informáticos

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La Asamblea Legislativa debe corregir, con urgencia, el grave error que ha sido incluir en la nueva “_Ley de Delitos Informáticos_”, una perversa figura denominada “_espionaje político_”; que no es más que una aberración político-jurídica y un atentado fulminante contra un ejercicio transparente de la acción pública en momentos en los cuales, dada la corrupción desenfrenada que nos está desmoralizando como sociedad, tal necesidad de transparencia es vital para la preservación misma de la democracia.

Esa figura del “_espionaje político_” representa, por un lado, un gravísimo ataque a la buena y oportuna acción investigativa de la prensa nacional, cuya acción al respecto ha resultado vital para que la ciudadanía sepa a qué niveles ha llegado la acción de la política tradicional en los planos del tráfico de influencias y de la corrupción misma.

Por otro, tal figura del “_espionaje político_” es un mensaje amenazante e intimidante, contra todas aquellas personas trabajadoras del sector Público que desde sus distintos entornos institucionales de labor, constatan el desarrollo de conductas político-jerárquicas que rozan y lesionan la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública y que deciden denunciar la corrupción en todas sus manifestaciones y modalidades.

De preservarse tal legislación y no derogarse la misma, estaríamos institucionalizando el “_secretismo_” en el manejo cotidiano de las decisiones de la política pública en todos los niveles; algo que nos puede llevar, como sociedad, a una debacle política total de consecuencias insospechadas.

No podemos dejar de pensar que, en el marco de las revelaciones periodísticas sobre la magnitud del escándalo de corrupción suscitado en torno a la construcción de la ya tristemente célebre trocha norte, la ruta 1856; a alguien con poder de decisión se le ocurrió la torpe idea de que imponiendo la mordaza como norma jurídica del sistema institucional, la ciudadanía no tendría porqué enterarse y, por ende, no preocuparse, de tales atrocidades en contra del patrimonio fiscal de toda la sociedad.

Por el contrario, decisiones tan equivocadas como ésta de “_espionaje político_”, indican a qué grado de deterioro se ha llegado en el país como para que el “_secretismo_” tuviera asidero legal.

Sobre el acuerdo de la fijación salarial para el sector público

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Estimadas compañeras y estimados compañeras anepistas:
Estimadas trabajadoras y estimados trabajadores del sector Público:

Les saludamos con el mayor respeto de nuestra parte.

Como seguramente se habrán dado cuenta por las informaciones de prensa de las últimas horas, en las primeras horas de la noche de este jueves 5 de julio de 2012 y en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se firmó el acuerdo para la fijación salarial del sector Público correspondiente al segundo semestre de este año 2012.

La ANEP firmó el acuerdo con base en los siguientes criterios:

· El Gobierno de la República “_volvió al redil_”. Es decir, se debe respetar la variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre que está terminando antes de la nueva fijación salarial. En este caso y según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los primeros seis meses del presente año 2012 arrojaron una variación del 2.66 %.

· Resultó sumamente importante que a la hora de las fijaciones salariales semestrales para el sector Público, se considere, mínimamente, la inflación acumulada del semestre precedente a la fijación; tal y como había quedado acordado con todos los sindicatos sin excepción alguna, en los acuerdos sobre política salarial del año 2007.

· ANEP, que es la organización sindical representativa del personal del INEC, no cree que haya manipulación estadística de tales datos para “_favorecer_” al Gobierno. Tenemos mucha credibilidad en el profesionalismo y la ética del personal del INEC. Otra cosa distinta es si la metodología que se usa para determinar las variaciones en la inflación, corresponde, hoy en día, a la realidad plena de la situación socioeconómica de las familias de la clase trabajadora, desde la perspectiva de un salario de calidad de vida digna. Pero esto es tema de otra dimensión.

· Al incremento salarial a la base de todas las categorías fijado en un 2.66%, se debe agregar un 1% adicional para todos aquellos salarios base que al 30 de junio anterior estaban en la cifra de 268 mil colones mensuales.

· Estas bases salariales sufrieron un deterioro con la fijación anterior impuesta por el Gobierno de manera unilateral, de los 5 mil colones generalizados y que obligó a un gran movimiento de presión.

· A partir de tal movimiento, se generaron los acuerdos que ahora fueron puestos en práctica. Por un lado, se reconoce la inflación del período (2.66%); y, por otro, se otorga el indicado 1% como “_compensación_” por la fijación de los 5 mil colones que para esos salarios base de 268 mil colones, no representaron el 1.90 % que fue la variación del IPC del segundo semestre del 2011 y, por tanto, la que debía aplicarse para el primer semestre del 2012.

· Para todas aquellas categorías salariales base que durante todo el primer semestre del 2012, estaban por debajo de 268 mil colones, los 5 mil colones sí representaron el 1.90% de la inflación del segundo semestre del 2011 reconocida para la fijación del primer semestre del 2012.

· Como se habrá notado, en consecuencia, el 2.66% de reajuste a todos los salarios base del sector Público, reconoce la inflación acumulada del primer semestre del presente año 2012.

· El 1% adicional para los salarios base de 268 mil colones o más, es porque éstos perdieron poder adquisitivo durante la fijación salarial del primer semestre de 2012 (los 5 mil colones que en estos salarios base fueron menos del 1.90% que fue la inflación acumulada del segundo semestre del 2011 y que sirvió de base para el reajuste salarial del primer semestre del 2012 que tan polémica fue).

· En esencia, estratégicamente hablando, lo más importante de la firma de este acuerdo es que la inflación acumulada del semestre anterior deberá ser reconocida, ipso facto, cuando se trate de la fijación salarial para el semestre siguiente.

· Ahora bien, con relación a los salarios base del personal más mal pagado del Gobierno Central y entes adscritos al mismo que se basan en la estructura salarial del Servicio Civil tenemos que, en las próximas semanas y meses la ANEP se centrará en los siguientes segmentos laborales, fundamentalmente (aunque otros no serán dejados de lado):

· Los reajustes salariales para el personal raso de la Fuerza Pública. Como hemos dicho reiteradamente, los mandos medios y altos de la Fuerza Pública ya tienen salarios dignos; pero, la inmensa mayoría de este personal, sigue siendo explotado salarialmente.

· La revisión de la estructura salarial para el personal, básicamente femenino, de los CEN-CINAI. Hablamos del personal de las cocinas con severos problemas de salud ocupacional y deterioro físico; así como del personal técnico y profesional que no reciben un reconocimiento salarial como lo exige la preparación académica que con esfuerzo personal han logrado.

· Los salarios base que se pagan al personal oficinista y secretarial del Estado y otro personal conexo y de gestión en tal ámbito administrativo. Se requiere un análisis del mercado para formular una propuesta positiva que les ayude a salir de la precariedad salarial en que se encuentran.

· La aprobación de un riesgo de seguridad para el personal de la vigilancia de los centros educativos del MEP. De la misma forma que el proceso que impulsamos con los guardaparques del Minae.

· Darle seguimiento a las revaloraciones salariales pendientes y que están en proceso para los cuerpos policiales de Migración, Policía Penitenciaria y Tránsito.

Dos consideraciones finales:

Los problemas de deterioro salarial en el sector Público, la precariedad de los salarios base en los segmentos laborales mencionados; la recuperación de su poder de compra y aumento en la calidad de vida de las familias asalariadas a partir de una justa asignación salarial; tiene relación directa con:

a) Una Transformación Tributaria Estructural de la cual ANEP viene insistentemente hablando, para hacerle llegar recursos frescos a las arcas públicas sin nuevos impuestos a la gente ciudadana.

b) Una reforma – cambio – anulación de ciertas disposiciones de la Ley de Incentivos Médicos que impiden mejores retribuciones a los salarios base de la estructura del Servicio Civil, por su impacto en el salario base de los médicos; tema sobre el cual desarrollaremos ampliamente, en el III Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP, del período directivo 2011-2013, previsto para el viernes 27 de julio de 2012, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La ANEP, que toma sus decisiones propias sin necesidad de responder a una orden tipo “_comité central_” o porque lo determinó cierto “_buró político_” ajeno al sindicato, defiende la naturaleza de este acuerdo por las razones expuestas.

San José, viernes 6 de julio de 2012.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

El enojo del Gobierno por el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia no debe arrastrar al pueblo trabajador

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La confrontación política entre los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua por el asunto de la construcción de la trocha fronteriza norte, mal llamada carretera “_Juan Rafael Mora Porras_” o “_Ruta 1856_”, no debe afectar el comercio entre ambas naciones; especialmente la actividad exportadora nacional de las micro, las pequeñas y las medianas empresas.

La cólera del Gobierno costarricense y particularmente el enojo de la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, ante el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia no debería descargarse sobre la actividad de comercio entre ambos países, dado que, a final de cuentas, han de sufrir los trabajadores y las trabajadoras de dichas actividades productivas exportadoras hacia el país del norte.

Dado que Costa Rica no reconoce la jurisdicción de dicho tribunal y como no somos integrantes de denominado Parlamento Centroamericano (Parlacen), es innecesario sobredimensionar un fallo adverso al país en el caso de la frontera norte; toda vez que lo que corresponde es informar adecuadamente a la comunidad internacional de dicha situación para que no se afecte el proceso abierto por el país ante la Corte Internacional de La Haya.

Como organización de la clase trabajadora abogamos por la hermandad entre el pueblo nicaragüense y el pueblo costarricense. No creemos en los falsos nacionalismos ni en poses chauvinistas ni, mucho menos, en actitudes políticas o de otra índole que fomenten la xenofobia a ambos lados de la frontera norte.

Ambos gobiernos deben apelar a la cordura y desarrollar proyectos económicos y sociales de desarrollo integrar de la frontera norte con sentido estratégico de modo tal que haya beneficios mutuos de largo alcance para los dos pueblos.

Inicia debate Judicial por concesión portuaria en Limón

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Hoy que inicia formalmente el debate legal en el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el contrato de concesión que el gobierno le está entregando a la APMT, hacemos formal solicitud al gobierno para que corrija o eche marcha atrás con este contrato. El Ex Ministro Jiménez que lo impulso ya no está. Fue uno de los ministros más cuestionados por la sociedad civil costarricense y Creemos que tenía al gobierno desinformado con respecto a la realidad de Limón. Un capricho o los intereses de unas personas no pueden estar por encima de la desgracia de todo un pueblo.

Muy sencillo, con la adquisición del equipo idóneo para MOIN; y la construcción de un puesto de atraque mas, JAPDEVA elevaría los rendimientos y se haría más eficiente, aumentaría la recaudación de ingresos por la venta de servicios. Un adicional a lo que ya genera, en unos 60 mil millones de colones, no necesitamos de las exigencias y mentiras de APMT para ser mejores, lo que pasa es que algunos de los malos ticos vieron un negocio con este proyecto.

Pese a no tener todas las herramientas que necesitamos, gracias al esfuerzo de los trabajadores hoy somos el puerto número 15 de 286 puertos de América Latina y el Caribe según datos de la CEPAL. No como mal intencionadamente se ha dicho, dando datos que no califican puertos.

Señores del gobierno, han habido muchos engaños en el interés de entregar nuestras riquezas a la APMT. Desde el soborno, hasta el golpe de estado a SINTRAJAP. Todo promovido por políticos sin escrupulos. Los Diputados han dicho que no se puede refrendar un contrato de menor rango brincándose la ley de JAPDEVA, vaciándole su contenido y entregándosela a intereses que no son los de nuestra patria, además se va a explotar mar y tierra patria; y esto solo lo puede autorizar el Primer Poder de la República, así se otorga en la Constitución Política. Así mismo, la Comisión Legislativa que investiga las concesiones tampoco aprobó esta concesión.

Estamos a tiempo de anular este contrato por las razones ya mencionadas, pedimos ese gesto a la presidenta en beneficio de la colectividad y por haber sido irregular este proceso desde un principio, La APMT ni siquiera quiere competir en igualdad de condiciones, ante este panorama los intereses de la patria son primero. A la APMT solo le interesa llevarse y explotar nuestra riqueza, a ellos no les interesa la sociedad civil, ni el ambiente.

Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud, la desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano. Gandhi

Liroy Perez Perez
Secretario de prensa
SINTRAJAP

ANEP insiste en que hay grupos salarialmente discriminados

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La discusión que ha de venir en próximos días, acerca del monto en que se tendrá que ajustar los salarios base de las personas trabajadoras del sector Público, a partir de este 1 de julio (segundo semestre del año 2012), será aprovechada por la ANEP para insistir en la precariedad laboral de varios grupos laborales del Gobierno Central; los cuales, de manera acelerada, ven deteriorarse el poder de compra de sus salarios y, por ende, su situación sociofamiliar. Veamos:

El personal de base, el personal raso de la Fuerza Pública: los y las policías “_de a pie_”. Los mandos medios y altos del cuerpo policial más grande del país ya reciben salarios justos y dignos. Pero la “_otra_” Fuerza Pública, “la de abajo”, que es la inmensa mayoría, sigue estando pésimamente mal pagada, en espera de un nuevo Manuel de Puestos que les haría justicia pero que no se ve por ningún lado.

Las trabajadoras, personal técnico y de cocina de los CEN-CINAI. Hablamos de un grupo laboral totalmente invisibilizado, mucho del cual está compuesto de señoras adultas que deben realizar su trabajo mediando gran esfuerzo físico. Por otro lado, mucha de las mujeres trabajadoras de los CEN-CINAI pese a tener ya grado profesional, se les sigue pagando como técnicas, en el mejor de los casos. La sobreexplotación laboral y la precariedad salarial son las dos características fundamentales para quienes trabajan en este importante servicio público.

El personal oficinista y secretarial del Gobierno Central también sufre una gran precariedad salarial. Hemos de insistir en que se haga bien visible su situación para encontrar caminos de justicia tanto tiempo postergada en este grupo laboral.

Sabemos que a nivel general como en lo que respecta a los indicados grupos específicos, el “_no hay plata_” será la respuesta oficial y cansina del Gobierno.

Sin embargo, la ANEP está suficientemente preparada para demostrar que el “_no hay plata_” no tiene sustento alguno pues reiteraremos, una a una, nuestras propuestas de ingresos fiscales y tributarios frescos para el Estado sin nuevos impuestos.

Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa interpuso recurso de amparo contra Gobierno

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La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) con el apoyo de organizaciones civiles, presentó un recurso de amparo contra el Gobierno por la exclusión de la sociedad civil en la “Comisión Especial Mixta“ que analizará la digitalización de la Radio.

Al conocer que la Comisión propuesta por el Gobierno en octubre de 2011 excluía a la sociedad civil y medios alternativos, la Red solicitó un espacio en dicha comisión. En mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la conformación definitiva de la misma, ignorando la solicitud de la Red.

Seis meses después de la solicitud, una vez publicado el Decreto, el Viceministerio de Telecomunicaciones del MINAET, respondió a la Red la decisión tomada sin dar ninguna explicación.

La Comisión quedó conformada únicamente por representantes del Gobierno y del sector privado. Eso significa que la discusión acerca del proceso de digitalización de la Radio y el acceso a las frecuencias se está ejecutando sin la participación de la sociedad civil, ni medios de comunicación alternativos.

La RedMICA pide a la Sala Constitucional que se le brinde un espacio dentro de la Comisión Especial Mixta como representantes de la sociedad civil en la discusión de la transición de la radio digital. Asi mismo, solicita que se le ordenen al Poder Ejecutivo tomar en cuenta el principio democrático a la hora de conformar comisiones en las que se encuentre en juego intereses de sectores determinantes de la población o de la propia institucionalidad pública.

Tradicionalmente, las frecuencias han estado en manos de pocos grupos empresariales, por lo que en sus actividades y contenidos han prevalecido siempre intereses comerciales. De continuar excluyéndose a la sociedad civil en la toma de decisiones, se perpetuaría la distribución desigual y excluyente de las frecuencias.

La RedMICA hace un llamado a la ciudadanía para que apoye esta acción. Las personas interesadas en conocer y firmar este recurso de amparo pueden acercarse a la recepción de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, al Centro de Comunicación Voces Nuestras,Centro de Comunicación COPADEH y Onda UNED, ubicado en el Paraninfo de la Sede Central de la UNED.

Para más información comunicarse con Sandra Salazar al teléfono 8995-2295, 2283-2105 o con Marvin Amador al teléfono 8335-3070.

ANEP se pronuncia contra la privatización de la electricidad

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Con respeto y admiración hemos tomado nota del nacimiento del “_Movimiento por el derecho a la luz_”, según ha sido anunciado por las organizaciones laborales del ICE, agrupadas en el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE); en conjunto con las organizaciones cooperativas de electrificación rural y de las otras entidades de servicio público que nos brindan los servicios de electricidad.

ANEP, que tiene una largo historial político-sindical en defensa del ICE (tanto como lo ostentan miles de ciudadanos y cientos de organizaciones populares de toda naturaleza), y que hemos luchado de muchas formas contra el neoliberalismo que siempre lo ha querido destruir; nos ponemos a las órdenes de las entidades promotoras del “Movimiento por el derecho a la luz” para aportar en lo que podamos y más todavía.

Es absolutamente falso que la política pública en la generación de electricidad (a cargo del mismo ICE, de las cooperativas eléctricas y de otras empresas públicas como la JASEC, la ESPH y la propia Compañía Nacional de Fuerza y Luz), sea insuficiente para suplir las necesidades futuras, inmediatas y mediatas del país en materia de demanda eléctrica.

Solamente la insaciable voracidad de una cúpula político-empresarial de enorme poder a lo interno de sectores gestores de la misma al interior del sistema político dominante, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el parlamento; explican que se intente forzar la aprobación del expediente legislativo No. 17.811, “_Ley General de Electricidad_”.

La ANEP, tal y como lo hizo con ocasión del combo ICE y con ocasión del No al TLC, invertirá sus más grandes esfuerzos político-sindicales, de concientización para la organización y para la movilización, a fin de que la privatización eléctrica sea derrotada por la ciudadanía activa a través de diversas formas de lucha; bajo la conducción del “_Movimiento por el derecho a la luz_”.

Y ahora sigue la fijación salarial para el sector Público

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El próximo domingo 1 de julio empezará la segunda mital del año, generándose la gran expectativa de qué pasará con el reajuste salarial del segundo semestre para serle aplicado a las personas trabajadoras que laboran para el sector Público: cerca de 200 mil.

Si “por la víspera se saca el día“, dado lo que aconteció con el sector Privado, no se augura nada bueno en la mesa de negociación que supone la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. La diferencia es que en el sector Público la gente puede movilizarse y forzar una fijación salarial digna.

Según los acuerdos firmados con el Gobierno y los principales sindicatos del sector Público, en marzo pasado y con ocasión de la primera fijación del presente año; la base de salida de la negociación venidera estará marcada por dos elementos centrales. Uno, se debe reconocer la inflación vencida al terminar este mes de junio; y, dos, hay un punto porcentual (1 %) que debe reconocerse desde el 1 de julio aunque pagadero en octubre próximo, para los salarios base de 268 mil colones en adelante.

La ANEP hace un llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público para que, por un lado, se alisten para una eventual movilización general; y, por otro, para que exijamos la verdadera transformación tributaria estructural que ocupa Costa Rica en los actuales momentos de crecimiento de la concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad.