Administración Chaves: ¿ingenuos en seguridad, o pro Delincuencia?

Por: Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP-Criminólogo

De los autores de: “se matan entre ellos”; se estrena la obra maestra: “la crisis en seguridad pública no es tan grande”. Disculpe ilustre lector-lectora si la introducción le parece algo folclórica, pero lamentablemente esta mala comedia oscura responde a la realidad de las expresiones del presidente.

En un primer momento podría entenderse que esté pesimamente asesorado y no supiera de la cantidad de víctimas colaterales, incluso niños, niñas y adolescentes, inocentes, que se han visto atrapados en la ola de violencia que tiñe de sangre nuestras calles. Pero, luego de que le han estrellado en la cara las estadísticas, con un récord por partida doble (y este año será triple) de homicidios, justo en el tiempo de su mandato, las cifras de delitos contra la propiedad, femicidios y violencia intrafamiliar, no existe justificación alguna que alcance para la falta de respeto que significa su aberrante aseveración.

¿Falta de respeto? Por supuesto, a menos que Chaves viva en una realidad alterna donde no hay delincuencia, su intento por minimizar el fenómeno de la violencia que nos golpea más fuerte que nunca es funesto. Irrespeta el dolor de las más de 2500 familias (de los últimos tres años) que han perdido sus seres queridos en la batalla a cielo abierto que libran las agrupaciones criminales. Irrespeta el temor que siente la sociedad costarricense que ha pasado por la terrible experiencia de estar cerca de una balacera, a plena luz del día en medio de la ciudad. Irrespeta el pánico de quienes han debido esconderse bajo sus camas al escuchar detonaciones frente a sus casas de habitación.

Chaves irrespeta la caída en el cumplimiento del deber de policías de Tránsito, de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al decir que la situación no es tan grave. ¡DIGALE A LAS FAMILIAS DE ESTAS VALIENTES PERSONAS QUE SU DOLOR ES UNA EXAGERACIÓN! (Lo siento, me exalté).

Pero es que más allá del irrespeto cometido al querer minimizar lo evidente, de seguro el presidente cree firmemente que el pueblo carece de información, e inteligencia, y por eso busca engañarnos con sus frases vacías de criterio técnico y realidad.

Antes de continuar, demos un rápido repaso por algunas (si, solo algunas) de las decisiones del Poder Ejecutivo, que se han ganado una mención honorífica en lo relacionado a Seguridad Ciudadana:

1) Quitar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras (lugares estratégicos por donde ingresa y sale la droga del país).

2) Sacar a Guardacostas de Bahía Drake y Sixaola (puntos de mayor ingreso de la droga que viene del cono sur).

3) Negarse a transferir al Organismo de Investigación Judicial recursos económicos para fortalecer las investigaciones. (Debilitar a la Policía Judicial, no requiere mayor explicación).

4) Uso de la Policía Aeroportuaria en funciones diferentes, lo que debilita la vigilancia de aeropuertos. (Distraer recurso policial especializado).

5) Oposición al proyecto de ley de ampliación de horario para allanamientos. (Sin palabras). Un bonus: También se opuso a la pensión anticipada, tanto de OIJ, como del resto de Policías.

Recordemos que ninguna de estas decisiones obedece a criterios técnicos o estudios científicos. ANEP ha pedido los mismos y se nos respondió con el envío de un Manual de Puestos; correcto, don Mario Zamora parece no saber la diferencia entre un Manual Descriptivo de Puestos y estudios técnico-científicos.

Cualquier persona que tenga medio gramo de conocimiento en materia de Seguridad Ciudadana identifica todas estas acciones como incidencias que facilitan el accionar del crimen organizado. Asì lo han manifestado una importante cantidad de personas expertas en seguridad, policías, analistas criminales, exjerarcas de diferentes niveles y hasta el mismo extraditable en una entrevista reciente. Aun así, Chaves no solo se ha apegado a esta línea de acción, también mantiene en el cargo al Ministro de Seguridad y al Viceministro de Seguridad (que carga en sus espaldas sendos cuestionamientos por aparentes nexos con el crimen organizado, cabe destacar); sino que, hasta aplaude de labor exaltando un trabajo de cooperación internacional (que, por cierto, funciona desde hace casi tres décadas).

Los logros en materia de Seguridad Ciudadana para Chaves y su Gobierno son nulos, mientras que el crimen organizado ha avanzado con los pasos más grandes de la historia, en buena medida, gracias a las geniales decisiones (sarcasmo) de esta Administración.

Y aun así tienen el descaro de enfadarse cuando se les cuestiona por tener nexos con la narco-actividad.

En el mejor de los casos, este camino, lleno de desaciertos, obedece a una tozudez reforzada por la vanidad política de las altas esferas del ejecutivo, que se conjuga con una gigante ignorancia en lo relacionado a Seguridad Ciudadana. La otra alternativa es que estamos presenciando el cumplimiento de disposiciones enfocadas a favorecer al narco.

¡COSTA RICA, ABRAMOS LOS OJOS Y POR NADA DEL MUNDO PERMITAMOS QUE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO NOS ROBE EL PAÍS

ANEP, 21 de agosto 2025.

¡Logramos grandes avances! Ley 9635

La ANEP interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal), en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sector público.

La Sala Constitucional ha emitido su fallo, logrando importantes avances para nuestros derechos laborales

Junta Directiva Nacional de la ANEP emite su primer pronunciamiento tras fallo de la Sala IV

Fallo constitucional contra Ley 9635 (Combo Fiscal): Junta Directiva Nacional de la ANEP emite su primer pronunciamiento.

No se deje engañar: proyecto jornada 4×3 busca eliminar pago de horas extras

ANEP reitera su oposición al Poyecto de Ley N° 24.290: “Establecimiento De Jornadas Laborales Excepcionales Para Casos Determinados Que Sean Excepcionales Y Muy Calificados”, denominado Jornadas 4×3.

Retraso en implementación de la Tecnología 5G es culpa del Gobierno y las administraciones del ICE

Recordamos bien claro que hace un par de meses, en su show mediático habitual de los miércoles, (conferencia de prensa semanal), el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, y Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), salió a achacar la culpa a “Raimundo y a todo el mundo” por el estancamiento que hay en el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.

La 5G es el futuro inmediato del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y permitirá, gracias a conexiones más rápidas y eficientes, el desarrollo de industrias de alta tecnología como las fábricas inteligentes, por citar sólo un ejemplo. Es decir, negar al ICE la posibilidad de desarrollar esta tecnología es darle una estocada de muerte al sector de Telecomunicaciones, lo que presumiblemente provocará la caída de la institución como una insignia del desarrollo tecnológico del país y traerá consecuencias graves para la sostenibilidad del sector y, por supuesto, para sus trabajadores y trabajadoras porque “no hay chocolate sin cacao”, es así de simple. Si la institución se cae, será insostenible el trabajo de cientos y cientos de personas en ICE – Telecomunicaciones.

Durante la administración Cañas – Cepeda, binomio que estuvo al mando del ICE en el período 2018 – 2022, la institución sufrió, quizá, los momentos más difíciles de toda su historia.

La falta de visión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE en aquel momento, la llevó a declarar en un programa radial que se rehusaba a creer que se estaba generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas o jugar videojuegos. Finalmente, durante su período al frente del ICE, 5G “durmió el sueño de los justos”, no se movió absolutamente nada.

Posteriormente, con la llegada a Sabana norte de Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo de la institución, se afirmó que 5G sería una prioridad durante su administración, puntualmente el Señor Acuña Mora declaró el 30 de abril de 2022 a Diario Extra que: “5G es una tecnología que tiene que ser implementada en el país de una u otra manera, entonces el ICE tiene un rol fundamental en ello, pero no está sólo el ICE, también tenemos otras instituciones y también tenemos subsidiarias del grupo ICE con parte de las bandas del 5G y todo eso es parte de lo que tenemos que ir a analizar para tomar las decisiones adecuadas con el fin de que Costa Rica no se quede atrás sin esta tecnología.”

Durante esta administración, el ICE terminó devolviendo las frecuencias de 3.500 Megahercios (MHz), de las más apetecidas para el desarrollo de la tecnología 5G y lo hizo obedeciendo servilmente los deseos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien a través del MICITT se encargó de arrebatarle esas frecuencias a la institución.

Precisamente, este jueves 23 de enero se realizará la subasta de las bandas bajas y medias, en las que el ICE no pudo participar, debido a que el MICITT sancionó a la institución con un impedimento de participar en licitaciones de espectro por un plazo de tres años y, además, le quitó 70 MHz de su bloque de 2.600 MHz.

Al quedar el ICE fuera de la posibilidad de participar como oferente en la subasta que se efectuará este jueves, sin duda la institución entra de atrás en la competencia por el desarrollo de redes de quinta generación, tal y como les gusta a sus competidores.

Si aunado a estas situaciones sumamos la politización que se ha dado en torno al desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Ejecutivo, luego de la visita del presidente de la República a Washington, estamos ante un panorama que podría resultar tremendamente nefasto para el ICE.

Después de la visita que el presidente Rodrigo Chaves Robles realizó en agosto de 2023 a su entonces homólogo estadounidense Joe Biden Jr., surgió una repentina inquietud en el Ejecutivo respecto a la ciberseguridad y, mediante un decreto del MICITT, se excluyó a las empresas de los países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest de poder desarrollar tecnología 5G en Costa Rica. Esto, a pesar de que el mencionado convenio trata sobre cibercrimen y no sobre ciberseguridad. De hecho, el convenio es del año 2001, cuando ni por asomo se hablaba de 5G en el mundo.

Además, si la preocupación del Gobierno del presidente Chaves fuera tan genuina, Costa Rica debería estar haciendo esfuerzos constantes en materia de ciberseguridad, para estar a la vanguardia en este tema. Sin embargo, la realidad es que el país está entre los cinco países menos ciberseguros de todo el mundo, como lo informó ayer el periódico La República.

A todas luces, parece ser que el tema del convenio de Budapest fue una movida política para dejar por fuera del desarrollo de la tecnología 5G en el país a algunas empresas puntuales. Hecho que pudiera resultar contraproducente para el ICE si se toma en cuenta que gran parte de su infraestructura es desarrollada por una de esas empresas.

La politización del desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Poder Ejecutivo a través del MICITT y el propio ICE, ha influido negativamente en que la institución y el país puedan brindar lo más pronto posible y al precio más accesible esta tecnología al público en general y, sobre todo, a la industria.

El Poder Ejecutivo es culpable del estancamiento del desarrollo de la tecnología 5G en el país, por politizar una situación que debía ser meramente técnica y que ahora ha colocado al país en medio de una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, pero también las administraciones del ICE han sido responsables por no desarrollar a tiempo un plan estratégico que permitiera avanzar hacia la implementación de 5G, por entregar y subutilizar frecuencias de su espectro y por omitir por completo la autonomía institucional.

El MICITT, por su parte, también jugó su papel, pues ha sido el caballo de batalla con el que el Ejecutivo se encargó de “limpiar la cancha” relegando al ICE en la pugna con los competidores privados por el desarrollo de redes de quinta generación. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostenemos que son los criterios técnicos y financieros los que deben imperar para ejecutar el desarrollo de la tecnología 5G en el país, por encima de cualquier conflicto político en el que el pueblo costarricense no tiene absolutamente nada que ver y mucho menos tiene por qué “pagar los platos rotos.”

Seccional ANEP-Imprenta Nacional cuestiona a la administración por falta de información ante jaqueo

La Seccional ANEP-Imprenta Nacional mostró su malestar y cuestiona la forma en como la administración de la imprenta ha manejado y socializado con el personal trabajador, las afectaciones, soluciones y forma de trabajar, ante el jaqueo que sufrió la institución en noviembre anterior y que a la fecha aún causa afectación.

Organizaciones sindicales impulsan aprobación de Convenio 190 de la OIT en la Asamblea Legislativa

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) y la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), junto a representantes regionales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se reunieron con la Diputada, Carolina Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, para analizar el escenario legislativo del Artículo 190 de la OIT y su posible aprobación.

Posición de ANEP sobre el dinero que no será girado al OIJ, por parte de Hacienda

Cuando el tema a tratar se relaciona con la Seguridad Ciudadana, las ideologías, los colores políticos, e intereses económicos, deberían quedar de lado. Por cuanto, el hampa y la criminalidad organizada no discrimina estatus, solo utiliza a los individuos de cada estrato de manera diferente, pero, al final, toda la
sociedad es víctima de la inseguridad. De forma que, la lucha contra particulares y estructuras que violentan la vida, los bienes materiales y nuestra tranquilidad, debería ser un esfuerzo conjunto, con acciones consecuentes con el discurso prioritaria y lejana al chantaje politiquero.


Lamentablemente, la administración Chaves Robles, no solo ha demostrado una y otra vez, con diferentes acciones, que sus prioridades se posicionan lejos de aspectos de seguridad, sino que, ha tomado decisiones que inciden directamente en beneficio del hampa y el crimen organizado. El 10 de octubre
del 2024 detallamos 10 puntos a considerar como uno de nuestros tantos pronunciamientos en los que basamos esta tesis (puede consultarlo en el siguiente enlace: (https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles- 10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/).
La más reciente de las decisiones en contra de la seguridad, de la institucionalidad del país y la población costarricense en general, fue la del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, de obviar el orden del Estado Social de Derecho, y brincarse las disposiciones legislativas para negarse a trasladar fondos
al Poder Judicial, destinados a contratación de personal para el Organismo de Investigación Judicial.


¿Quién se beneficia con un OIJ debilitado?


Exacto, una más y contando para el Poder Ejecutivo de turno. Y aun así tienen el descaro de molestarse cuando surgen los cuestionamientos sobre posibles vínculos con la narco-actividad. Señor presidente, las dudas no se disipan despotricando corrientemente ante un micrófono en una conferencia de prensa, es
con decisiones acertadas y ejecutando las mismas.


No puede nuestra organización sindical dejar pasar desapercibida la reacción y medio de presión del bloque legislativo del PLN, para “obligar” al Poder Ejecutivo a cumplir con el traslado de los fondos. Todo en medio de un discurso direccionado a la preocupación por la inseguridad ciudadana.


Desde ANEP, y sus bases en la clase trabajadora, tanto a esta agrupación política, como a las demás, deseamos expresarles que esperamos ver la misma vehemencia y energía, censurando, repeliendo y buscando el verdadero bien común, contra las muchas decisiones que el Poder Ejecutivo ha tomado en
detrimento de la Seguridad Ciudadana: sacar a la Policía de Control de Drogas de muelles aeropuertos y fronteras, usar al Servicio de Vigilancia Aérea como seguridad privado en un muelle, retirar a guardacostas de unos de los principales puntos de ingreso de droga al país…entre muchas otras. Todas acciones de las cuales tienen pleno conocimiento, e información, y cuyas reacciones han sido menos que tibias. Ojalá la repentina preocupación por la Seguridad Ciudadana no esté atada a un show político, gestándose a vísperas de la campaña electoral.


ANEP
09 enero, 2025.