Recordamos bien claro que hace un par de meses, en su show mediático habitual de los miércoles, (conferencia de prensa semanal), el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, y Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), salió a achacar la culpa a “Raimundo y a todo el mundo” por el estancamiento que hay en el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.
La 5G es el futuro inmediato del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y permitirá, gracias a conexiones más rápidas y eficientes, el desarrollo de industrias de alta tecnología como las fábricas inteligentes, por citar sólo un ejemplo. Es decir, negar al ICE la posibilidad de desarrollar esta tecnología es darle una estocada de muerte al sector de Telecomunicaciones, lo que presumiblemente provocará la caída de la institución como una insignia del desarrollo tecnológico del país y traerá consecuencias graves para la sostenibilidad del sector y, por supuesto, para sus trabajadores y trabajadoras porque “no hay chocolate sin cacao”, es así de simple. Si la institución se cae, será insostenible el trabajo de cientos y cientos de personas en ICE – Telecomunicaciones.
Durante la administración Cañas – Cepeda, binomio que estuvo al mando del ICE en el período 2018 – 2022, la institución sufrió, quizá, los momentos más difíciles de toda su historia.
La falta de visión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE en aquel momento, la llevó a declarar en un programa radial que se rehusaba a creer que se estaba generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas o jugar videojuegos. Finalmente, durante su período al frente del ICE, 5G “durmió el sueño de los justos”, no se movió absolutamente nada.
Posteriormente, con la llegada a Sabana norte de Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo de la institución, se afirmó que 5G sería una prioridad durante su administración, puntualmente el Señor Acuña Mora declaró el 30 de abril de 2022 a Diario Extra que: “5G es una tecnología que tiene que ser implementada en el país de una u otra manera, entonces el ICE tiene un rol fundamental en ello, pero no está sólo el ICE, también tenemos otras instituciones y también tenemos subsidiarias del grupo ICE con parte de las bandas del 5G y todo eso es parte de lo que tenemos que ir a analizar para tomar las decisiones adecuadas con el fin de que Costa Rica no se quede atrás sin esta tecnología.”
Durante esta administración, el ICE terminó devolviendo las frecuencias de 3.500 Megahercios (MHz), de las más apetecidas para el desarrollo de la tecnología 5G y lo hizo obedeciendo servilmente los deseos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien a través del MICITT se encargó de arrebatarle esas frecuencias a la institución.
Precisamente, este jueves 23 de enero se realizará la subasta de las bandas bajas y medias, en las que el ICE no pudo participar, debido a que el MICITT sancionó a la institución con un impedimento de participar en licitaciones de espectro por un plazo de tres años y, además, le quitó 70 MHz de su bloque de 2.600 MHz.
Al quedar el ICE fuera de la posibilidad de participar como oferente en la subasta que se efectuará este jueves, sin duda la institución entra de atrás en la competencia por el desarrollo de redes de quinta generación, tal y como les gusta a sus competidores.
Si aunado a estas situaciones sumamos la politización que se ha dado en torno al desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Ejecutivo, luego de la visita del presidente de la República a Washington, estamos ante un panorama que podría resultar tremendamente nefasto para el ICE.
Después de la visita que el presidente Rodrigo Chaves Robles realizó en agosto de 2023 a su entonces homólogo estadounidense Joe Biden Jr., surgió una repentina inquietud en el Ejecutivo respecto a la ciberseguridad y, mediante un decreto del MICITT, se excluyó a las empresas de los países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest de poder desarrollar tecnología 5G en Costa Rica. Esto, a pesar de que el mencionado convenio trata sobre cibercrimen y no sobre ciberseguridad. De hecho, el convenio es del año 2001, cuando ni por asomo se hablaba de 5G en el mundo.
Además, si la preocupación del Gobierno del presidente Chaves fuera tan genuina, Costa Rica debería estar haciendo esfuerzos constantes en materia de ciberseguridad, para estar a la vanguardia en este tema. Sin embargo, la realidad es que el país está entre los cinco países menos ciberseguros de todo el mundo, como lo informó ayer el periódico La República.
A todas luces, parece ser que el tema del convenio de Budapest fue una movida política para dejar por fuera del desarrollo de la tecnología 5G en el país a algunas empresas puntuales. Hecho que pudiera resultar contraproducente para el ICE si se toma en cuenta que gran parte de su infraestructura es desarrollada por una de esas empresas.
La politización del desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Poder Ejecutivo a través del MICITT y el propio ICE, ha influido negativamente en que la institución y el país puedan brindar lo más pronto posible y al precio más accesible esta tecnología al público en general y, sobre todo, a la industria.
El Poder Ejecutivo es culpable del estancamiento del desarrollo de la tecnología 5G en el país, por politizar una situación que debía ser meramente técnica y que ahora ha colocado al país en medio de una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, pero también las administraciones del ICE han sido responsables por no desarrollar a tiempo un plan estratégico que permitiera avanzar hacia la implementación de 5G, por entregar y subutilizar frecuencias de su espectro y por omitir por completo la autonomía institucional.
El MICITT, por su parte, también jugó su papel, pues ha sido el caballo de batalla con el que el Ejecutivo se encargó de “limpiar la cancha” relegando al ICE en la pugna con los competidores privados por el desarrollo de redes de quinta generación. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostenemos que son los criterios técnicos y financieros los que deben imperar para ejecutar el desarrollo de la tecnología 5G en el país, por encima de cualquier conflicto político en el que el pueblo costarricense no tiene absolutamente nada que ver y mucho menos tiene por qué “pagar los platos rotos.”
