Luego de cinco años de brutal congelamiento salarial, el Ministerio de Hacienda confirmó que para el próximo año se presupuestará un aumento para la clase trabajadora del sector público.
Categoría: Gobierno Central
Retraso en implementación de la Tecnología 5G es culpa del Gobierno y las administraciones del ICE
Recordamos bien claro que hace un par de meses, en su show mediático habitual de los miércoles, (conferencia de prensa semanal), el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en compañía del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, y Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), salió a achacar la culpa a “Raimundo y a todo el mundo” por el estancamiento que hay en el desarrollo de la tecnología 5G en el ICE.
La 5G es el futuro inmediato del negocio de las telecomunicaciones en el mundo y permitirá, gracias a conexiones más rápidas y eficientes, el desarrollo de industrias de alta tecnología como las fábricas inteligentes, por citar sólo un ejemplo. Es decir, negar al ICE la posibilidad de desarrollar esta tecnología es darle una estocada de muerte al sector de Telecomunicaciones, lo que presumiblemente provocará la caída de la institución como una insignia del desarrollo tecnológico del país y traerá consecuencias graves para la sostenibilidad del sector y, por supuesto, para sus trabajadores y trabajadoras porque “no hay chocolate sin cacao”, es así de simple. Si la institución se cae, será insostenible el trabajo de cientos y cientos de personas en ICE – Telecomunicaciones.
Durante la administración Cañas – Cepeda, binomio que estuvo al mando del ICE en el período 2018 – 2022, la institución sufrió, quizá, los momentos más difíciles de toda su historia.
La falta de visión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE en aquel momento, la llevó a declarar en un programa radial que se rehusaba a creer que se estaba generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas o jugar videojuegos. Finalmente, durante su período al frente del ICE, 5G “durmió el sueño de los justos”, no se movió absolutamente nada.
Posteriormente, con la llegada a Sabana norte de Marco Acuña Mora, actual presidente ejecutivo de la institución, se afirmó que 5G sería una prioridad durante su administración, puntualmente el Señor Acuña Mora declaró el 30 de abril de 2022 a Diario Extra que: “5G es una tecnología que tiene que ser implementada en el país de una u otra manera, entonces el ICE tiene un rol fundamental en ello, pero no está sólo el ICE, también tenemos otras instituciones y también tenemos subsidiarias del grupo ICE con parte de las bandas del 5G y todo eso es parte de lo que tenemos que ir a analizar para tomar las decisiones adecuadas con el fin de que Costa Rica no se quede atrás sin esta tecnología.”
Durante esta administración, el ICE terminó devolviendo las frecuencias de 3.500 Megahercios (MHz), de las más apetecidas para el desarrollo de la tecnología 5G y lo hizo obedeciendo servilmente los deseos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien a través del MICITT se encargó de arrebatarle esas frecuencias a la institución.
Precisamente, este jueves 23 de enero se realizará la subasta de las bandas bajas y medias, en las que el ICE no pudo participar, debido a que el MICITT sancionó a la institución con un impedimento de participar en licitaciones de espectro por un plazo de tres años y, además, le quitó 70 MHz de su bloque de 2.600 MHz.
Al quedar el ICE fuera de la posibilidad de participar como oferente en la subasta que se efectuará este jueves, sin duda la institución entra de atrás en la competencia por el desarrollo de redes de quinta generación, tal y como les gusta a sus competidores.
Si aunado a estas situaciones sumamos la politización que se ha dado en torno al desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Ejecutivo, luego de la visita del presidente de la República a Washington, estamos ante un panorama que podría resultar tremendamente nefasto para el ICE.
Después de la visita que el presidente Rodrigo Chaves Robles realizó en agosto de 2023 a su entonces homólogo estadounidense Joe Biden Jr., surgió una repentina inquietud en el Ejecutivo respecto a la ciberseguridad y, mediante un decreto del MICITT, se excluyó a las empresas de los países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest de poder desarrollar tecnología 5G en Costa Rica. Esto, a pesar de que el mencionado convenio trata sobre cibercrimen y no sobre ciberseguridad. De hecho, el convenio es del año 2001, cuando ni por asomo se hablaba de 5G en el mundo.
Además, si la preocupación del Gobierno del presidente Chaves fuera tan genuina, Costa Rica debería estar haciendo esfuerzos constantes en materia de ciberseguridad, para estar a la vanguardia en este tema. Sin embargo, la realidad es que el país está entre los cinco países menos ciberseguros de todo el mundo, como lo informó ayer el periódico La República.
A todas luces, parece ser que el tema del convenio de Budapest fue una movida política para dejar por fuera del desarrollo de la tecnología 5G en el país a algunas empresas puntuales. Hecho que pudiera resultar contraproducente para el ICE si se toma en cuenta que gran parte de su infraestructura es desarrollada por una de esas empresas.
La politización del desarrollo de la tecnología 5G, orquestada por el Poder Ejecutivo a través del MICITT y el propio ICE, ha influido negativamente en que la institución y el país puedan brindar lo más pronto posible y al precio más accesible esta tecnología al público en general y, sobre todo, a la industria.
El Poder Ejecutivo es culpable del estancamiento del desarrollo de la tecnología 5G en el país, por politizar una situación que debía ser meramente técnica y que ahora ha colocado al país en medio de una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, pero también las administraciones del ICE han sido responsables por no desarrollar a tiempo un plan estratégico que permitiera avanzar hacia la implementación de 5G, por entregar y subutilizar frecuencias de su espectro y por omitir por completo la autonomía institucional.
El MICITT, por su parte, también jugó su papel, pues ha sido el caballo de batalla con el que el Ejecutivo se encargó de “limpiar la cancha” relegando al ICE en la pugna con los competidores privados por el desarrollo de redes de quinta generación. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostenemos que son los criterios técnicos y financieros los que deben imperar para ejecutar el desarrollo de la tecnología 5G en el país, por encima de cualquier conflicto político en el que el pueblo costarricense no tiene absolutamente nada que ver y mucho menos tiene por qué “pagar los platos rotos.”
Seccional ANEP-Imprenta Nacional cuestiona a la administración por falta de información ante jaqueo
La Seccional ANEP-Imprenta Nacional mostró su malestar y cuestiona la forma en como la administración de la imprenta ha manejado y socializado con el personal trabajador, las afectaciones, soluciones y forma de trabajar, ante el jaqueo que sufrió la institución en noviembre anterior y que a la fecha aún causa afectación.
Organizaciones sindicales impulsan aprobación de Convenio 190 de la OIT en la Asamblea Legislativa
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) y la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), junto a representantes regionales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se reunieron con la Diputada, Carolina Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, para analizar el escenario legislativo del Artículo 190 de la OIT y su posible aprobación.
Posición de ANEP sobre el dinero que no será girado al OIJ, por parte de Hacienda
Cuando el tema a tratar se relaciona con la Seguridad Ciudadana, las ideologías, los colores políticos, e intereses económicos, deberían quedar de lado. Por cuanto, el hampa y la criminalidad organizada no discrimina estatus, solo utiliza a los individuos de cada estrato de manera diferente, pero, al final, toda la
sociedad es víctima de la inseguridad. De forma que, la lucha contra particulares y estructuras que violentan la vida, los bienes materiales y nuestra tranquilidad, debería ser un esfuerzo conjunto, con acciones consecuentes con el discurso prioritaria y lejana al chantaje politiquero.
Lamentablemente, la administración Chaves Robles, no solo ha demostrado una y otra vez, con diferentes acciones, que sus prioridades se posicionan lejos de aspectos de seguridad, sino que, ha tomado decisiones que inciden directamente en beneficio del hampa y el crimen organizado. El 10 de octubre
del 2024 detallamos 10 puntos a considerar como uno de nuestros tantos pronunciamientos en los que basamos esta tesis (puede consultarlo en el siguiente enlace: (https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles- 10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/).
La más reciente de las decisiones en contra de la seguridad, de la institucionalidad del país y la población costarricense en general, fue la del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, de obviar el orden del Estado Social de Derecho, y brincarse las disposiciones legislativas para negarse a trasladar fondos
al Poder Judicial, destinados a contratación de personal para el Organismo de Investigación Judicial.
¿Quién se beneficia con un OIJ debilitado?
Exacto, una más y contando para el Poder Ejecutivo de turno. Y aun así tienen el descaro de molestarse cuando surgen los cuestionamientos sobre posibles vínculos con la narco-actividad. Señor presidente, las dudas no se disipan despotricando corrientemente ante un micrófono en una conferencia de prensa, es
con decisiones acertadas y ejecutando las mismas.
No puede nuestra organización sindical dejar pasar desapercibida la reacción y medio de presión del bloque legislativo del PLN, para “obligar” al Poder Ejecutivo a cumplir con el traslado de los fondos. Todo en medio de un discurso direccionado a la preocupación por la inseguridad ciudadana.
Desde ANEP, y sus bases en la clase trabajadora, tanto a esta agrupación política, como a las demás, deseamos expresarles que esperamos ver la misma vehemencia y energía, censurando, repeliendo y buscando el verdadero bien común, contra las muchas decisiones que el Poder Ejecutivo ha tomado en
detrimento de la Seguridad Ciudadana: sacar a la Policía de Control de Drogas de muelles aeropuertos y fronteras, usar al Servicio de Vigilancia Aérea como seguridad privado en un muelle, retirar a guardacostas de unos de los principales puntos de ingreso de droga al país…entre muchas otras. Todas acciones de las cuales tienen pleno conocimiento, e información, y cuyas reacciones han sido menos que tibias. Ojalá la repentina preocupación por la Seguridad Ciudadana no esté atada a un show político, gestándose a vísperas de la campaña electoral.
ANEP
09 enero, 2025.
El Gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano
● Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.
● La Ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.
● Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia (07/01/2026)
El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional.
Además, los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
Para contacto: FRENTE ECOLÓGICO <frente.ecologista.cipreses@gmail.com>
Firman:
Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Diputado Jonathan Acuña Soto
ANEP solicita a la Asamblea Legislativa impulsar una Auditoría Ciudadana de la Deuda
Sala IV acoge recurso de amparo constitucional presentado por la ANEP contra el Presidente y la Ministra de la Presidencia
La Sala le da un plazo de tres días al Presidente Rodrigo Chaves Robles y la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, para presentar un informe ante el recurso de amparo.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acogió el recurso de amparo constitucional presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra el decreto presidencial N 44634 MP, denominado “Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención” (UIE).
Según ordena la Sala, se le da un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación, al Presidente, Rodrigo Chaves Robles y a la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, para presentar un informe ante el recurso de amparo presentado por nuestra organización.
La ANEP presentó el amparo constitucional contra el decreto 44634 MP, el viernes 22 de noviembre del presente año; posteriormente, el lunes 25 de noviembre, también presentó un adendum a este recurso de amparo.
El decreto cuestionado fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado jueves 21 de noviembre de 2024, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, modificando el que estaba vigente desde el 27 de julio del año 2005.
Dentro de los argumentos presentados por nuestra organización en el recurso de amparo en contra del decreto, se encuentran intromisión de funciones, vulneración al principio de separación de poderes, así como violación de derechos fundamentales y abusos potenciales de autoridad.
Para la ANEP, dicho decreto convierte a la UEI en una policía al servicio del Presidente de la República quien no solo podría nombrar y remover a sus altos mandos; sino que, también, discrecionalmente, podría otorgar rangos policiales y tener la última palabra para la aprobación o denegación de operativos policiales. Además, que la subordinación de la Unidad a autoridades políticas podría generar la politización de órganos de seguridad, la potencial afectación de su independencia y limitar el control judicial.
En el recurso, nuestra organización establece que, mediante la vía reglamentaria, como lo viene a decir el decreto del Poder Ejecutivo, no podría modificarse una ley por el orden jerárquico inferior que tiene un reglamento con respecto de una ley. La modificación de una ley le compete a la Asamblea Legislativa y pretender modificar las facultades que tiene la policía, consagradas en los artículos 18,19 y 20 de la Ley General de Policía, no puede ser modifica mediante decreto.
Para la ANEP, estas argumentaciones deben ser consideradas por los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, para declarar con lugar nuestro recurso de amparo constitucional.
Narcotráfico y la administración Chaves Robles: 10 puntos a considerar sobre esta aterradora hipótesis
Nunca en la historia de nuestro país surgieron tantos cuestionamientos sobre la posibilidad de una colaboración entre estructuras dedicadas al crimen organizado con el Gobierno de la República. Como es natural, la exposición de tan grave teoría enerva los ánimos de los máximos representantes de la Administración Pública, especialmente, a quienes se encuentran directamente relacionados con la Seguridad Pública. Sin embargo, alcanza un rápido recorrido informativo sobre las decisiones y omisiones de la Administración Chaves Robles, en lo relativo a Seguridad Ciudadana, para comprender la raíz de este horroroso señalamiento.
Las palabras agresivas, el sarcasmo, la ironía y la desacreditación del mensajero, y nunca del mensaje de fondo, son las típicas conductas del mandatario -apegadas al estilo de corte populista, cuando se encuentra carente de bases técnicas y verdades, que le imposibilitan constituir un debate de altura. Identificar esta sencilla estrategia, aunque eficaz antes los ojos de las masas desinformadas, es suficiente para detectar en qué situaciones específicas se están realizando mal las cosas en esta Administración. Y, desafortunadamente, es justo ese el accionar que se ha visto en el presidente y miembros de su gabinete, cuando se le cuestionan aspectos relacionados a la Seguridad Ciudadana y especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
Sin perder la humildad, pero con categoría, debemos recordar que la organización sindical, ANEP, y nuestras bases, están llenas de personas profesionales en criminología, derecho, sociología, ciencias policiales, con una considerable cantidad de personas pertenecientes a las seccionales de Cuerpos Policiales, y personas externas con experiencia en puestos políticos con quienes hemos interactuado, nos permiten tener una opinión técnica e informada.
De esta manera, consideramos que la reacción de Mario Zamora Cordero, Manuel Jiménez Steller, o el propio Rodrigo Chaves Robles, de enfado por ser señalados como ineficientes en la lucha contra la narco-actividad, o incluso, por posibles nexos con estructuras criminales, es un completo descaro. Es su absoluto deber como funcionarios públicos rendir cuentas y DEMOSTRAR que las decisiones y actuaciones son las mejores.
Desgraciadamente, para el país, sus actuaciones son cada vez más cuestionables, y la férrea resistencia de la fracción oficialista (en complicidad con la de la Unidad Social Cristiana), el día de ayer 09 de octubre, echando mano de estratagemas dilatorias obvias para impedir que se votara la moción que conforma una comisión investigadora sobre los supuestos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo arroja más sospechas sobre el asunto. ¿Por qué evitar una investigación a menos que haya elementos incriminadores?
Ahora bien, es más que necesario recordar rápidamente el contexto nacional con respecto al tema del narcotráfico. Costa Rica no es un simple punto en la ruta de paso de la droga que viene del cono sur del continente y va hacia norte américa, tampoco somos solo un centro de bodegaje; nuestro bello país, desafortunadamente, es una zona que funge como una base de operaciones de los carteles narcos. En Costa Rica se recibe la droga, se abastecen de hidrocarburos, se celebran reuniones de coordinación, se ejecutan objetivos, se envía la droga directamente a distintos destinos del orbe y, lo más importante, lo que da vida al ilícito, se legitiman capitales. Por ello, nos encontramos en el “top 3” de países que más exportan cocaína, (sin ser productores). Es tal la cantidad de droga que circula en el país, que sus precios han bajado significativamente, un kilo de cocaína de costar aproximadamente 3.5 millones de colones, ahora ronda los 2.3 millones.
Con esta triste realidad, es más que lógico que el gobierno de turno, si es que busca mitigar los impactos de este flagelo, por el bien de la población, debe trabajar con prontitud en la toma de las mejores decisiones. Entre estas acciones básicas se encuentra: establecer una política nacional de seguridad enfocada en la prevención, articulación con los otros poderes de la república para atacar el problema de manera integral, elegir a las personas más idóneas en las jerarquías de los Cuerpos Policiales, tomar las acciones encaminadas a fortalecer las policías, adoptar estrategias operativas que permitan dotar de mayor eficacia a unidades especializadas, blindar las fronteras…entre muchas otras.
Es lo más lógico ¿No es así? Pero una breve comparación con las decisiones del gobierno de Chaves Robles, con Mario Zamora y Jiménez Steller al mando del Ministerio de Seguridad Pública (por solo mencionar una institución), no concuerdan en lo absoluto con las conductas esperadas. Visualicémoslo con 10 rápidos puntos:
1)Falta de políticas preventivas: La Política Costa Rica Segura Plus, es una propuesta que no ha pasado de ser un documento más, según ha admitido de manera escrita el propio Mario Zamora Cordero (tenemos la respuesta). Los alcances se han limitado a algunas reuniones de coordinación; es decir, pese a la emergencia, Costa Rica sigue sin tener una política de Seguridad y prevención real, mientras seguimos caminando la misma ruta de otros países que se han convertido en un narco-estado.
2)Pelearse con los Poderes de la República: Así es, lejos de ver una articulación entre poderes, desde Casa Presidencial atestiguamos como un día sí, y el otro también, se crea una mayor separación y desorganización contra la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. ¿Han visto la pugna contra el OIJ? ¿Cuál es la razón si se persigue el mismo fin? ¿O no es así? Un Estado dividido en la lucha contra el hampa y el crimen organizado, es un factor beneficioso para la delincuencia.
3)Jerarquías cuestionadas: Afirmar o negar que quienes se encuentran al frente de los Cuerpos Policiales son las personas más idóneas, puede ser muy subjetivo, no obstante, las estadísticas, los cuestionamientos, y hasta las causas penales que se persiguen contra algunas personas, les restan mucha credibilidad. Mientras las y los policías de base se enfrentan a estudios sociales y de antecedentes para ingresar, tenemos a un viceministro de Seguridad Pública, por ejemplo, que posee una causa en la fiscalía por supuestas comunicaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas.
4)Problemas con la adquisición de equipo policial: Son casi diarias las noticias de chalecos antibalas vencidos, uniformes rotos, falta de equipo policial y delegaciones “cuchitriles”. Existen problemas administrativos para la compra de estos equipos, y, nuevamente, desde el propio despacho del Ministerio de Seguridad, se afirmó que no hay ningún problema, pese a que, se reitera, sobran las fotos que le desmienten.
5)Debilitamiento en la movilidad de Cuerpos Policiales: El año 2025 será el tercer año consecutivo sin comprar NI UNA SOLA PATRULLA en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, en este momento, el Servicio de Vigilancia Aérea solo tiene 1 AVIÓN activo. Una vez más, este debilitamiento de las policías solo beneficia a la criminalidad y las estructuras delictivas.
6)Debilitamiento en la cantidad de policías: En el Servicio de Vigilancia Aérea, se ordenó distraer recurso humano de los aeropuertos (la mayor frontera del país) para ir a hacer funciones iguales a la seguridad privada en APM Terminals. Es obvio que esto debilita la atención a la seguridad portuaria, por donde ingresan o salen, de manera legal las personas que mueven dinero, especies y hasta personas, relacionadas al crimen organizado. Concatenado a esto, para el año 2025, según dijo el propio Ministro de Seguridad, la Fuerza Pública no contratará con más personal.
7)Debilitamiento de las labores investigativas de droga: Es necesario recordar que el viceministro de seguridad, quien, reiteramos, se encuentra cuestionado, tiene bajo mando los Cuerpos Policiales especializados en el resguardo de cielo (Vigilancia Aérea), mar (Guardacostas) y la lucha contra las Drogas (PCD); además, forma parte del Consejo Directivo del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Con tal responsabilidad y posición estratégica, utilizó su poder para SACAR a la Policía de Control de Drogas, de muelles aeropuertos y fronteras (los lugares donde se obtiene la información para las investigaciones contra el narco a nivel internacional).
8)Debilitamiento de la capacitación policial en Guardacostas: De nuevo, de la mano de un viceministro cuestionado y carente de experiencia policial, se dio un traslado de la academia de Guardacostas a un lugar donde no tienen acceso al mar, por lo que no es posible llevar a cabo las capacitaciones. Un Cuerpo Policial que se enfrenta directamente contra el narcotráfico, que ve debilitada la formación operativa, es un retroceso a favor de los ilícitos.
9)Omisión de estrategias migratorias, en aspectos de seguridad: A través de figuras migratorias como la solicitud de refugio (debido al bochornoso retraso existente y los años que tardan en resolverse), integrantes de bandas narcos (y otras modalidades de crimen organizado), se mantienen en Costa Rica de manera legal, haciendo uso de esta figura. Se preguntó al ministro de seguridad sobre las políticas para combatir este y otras problemáticas migratorias que inciden en la seguridad ciudadana. La respuesta resumida es que no existe ninguna.
10) Costa Rica y la legitimación de capitales: Varios de los incesantes ataques del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, radican en la supuesta falta de aprobación de leyes. No obstante, no existe ni un solo proyecto de ley de parte del Ejecutivo que persiga el dinero producto de la venta de drogas y su incorporación a la economía formal. Un verdadero golpe al narco se da a través de la incautación de dinero, inmovilización de cuentas, activos e investigaciones especializadas.
Los anteriores puntos, entre muchas otras razones, conforman los cimientos del porqué nos parece un descaro que el gobierno se enfade cuando le cuestionan de tener vínculos con el crimen organizado. Puesto que, cada vez observamos más situaciones que incrementan los cuestionamientos y se continúa en esa línea. Desde ANEP pensamos que una de dos, o el tema de seguridad está siendo manejado con total ignorancia, inexperiencia e ineficacia, o se están protegiendo intereses que no son los de la gente honesta…
San José, 10 de octubre de 2024.
Tribunal de la Inspección Judicial reafirma suspensión de la ley antihuelgas, mientras que Corte IDH la sepulta
La ratificación que realiza el tribunal de la inspección judicial se da en el proceso disciplinario que se sigue en contra de una jueza de apellidos Brenes Quesada, luego de la denuncia de ANEP, ya que la jueza en el año 2023 calificó la huelga de 2 días realizada por los trabajadores de la Municipalidad de Abangares como ilegal, pese a existir la resolución de la Sala Constitucional que imposibilita dictar una resolución final sobre las huelgas.
