Servicio Civil toma decisiones sobre interinazgos

El pasado 16 de julio una representación de la ANEP se reunió con el señor Hernán Rojas, Director General del Servicio Civil, para conocer los planes estatales respecto a las plazas que están ocupando miles de personas en carácter de interinos, así como las plazas vacantes en el servicio público.

A la reunión asistieron el Directivo Nacional William Arias, trabajador del MINAE, así como los representantes sindicales Ligia Solís y Rigoberto Gutiérrez, ambos laborando en el Ministerio de Justicia. Por parte del Servicio Civil acompañaron al señor Rojas doña Miriam Rojas, Subdirectora e Ileana Sánchez Jefa de Despacho.

El Servicio Civil está buscando el total cumplimiento de la ley, para esto ha realizado un llamado a todas las instituciones para que deje de realizar nombramientos de interinos “por fuera” sin solicitar al propio Servicio que sea este quien envíe a la persona indicada según las listas de espera. Además, establecieron como prioridad acabar con todas las plazas en interinazgo posibles, sacando los cientos de cargos a concurso, nombrando ternas para determinar un nombramiento en propiedad.

Esta resolución, que está completamente apegada a la ley, vendrá en detrimento de muchísimas personas que han ocupado durante años las plazas de interinos, pero que no están en los primeros puestos de las listas de espera, o que lamentablemente ni siquiera se han preocupado por ingresar al Servicio Civil, que no han realizado los exámenes de rigor y que no han presentado sus atestados.

El señor Director don Hernán Rojas fue enfático en que en esta administración se prohibió totalmente la realización de pruebas extraordinarias, y mucho menos la inclusión “a dedo” de las personas que están ocupando en este momento la plaza interina en la terna que participará por la plaza en propiedad. Hace un llamado a respetar el derecho que tienen las personas que han seguido “las reglas de la ley”, aunque sabe que esto determinará que muchas personas se queden sin trabajo.

“La única forma que una persona se quede en esa plaza de interino es que dicha plaza no salga a concurso, pero eso no pasará ya que estamos haciendo el llamado a los Ministerios para que obligatoriamente pidan las ternas para llenar esa plaza en propiedad”. Así lo definió el Director de Servicio Civil.

Respecto al congelamiento de plazas, se dejó claro en la reunión que se cumplirá con la petición del Gobierno de la República de congelar todas las plazas vacantes, incluidas las que así queden después del proceso de pensión de actuales funcionarios y funcionarias. El pasado 15 de julio la Presidencia de la República giró la orden de congelar el 85% de las plazas vacantes del sector público, lo que sería alrededor de unas 2 mil plazas.

En ANEP creemos necesario el cumplimiento de la ley y en eso acuerpamos el sentir del Servicio Civil. Pero en este caso no sólo está en juego seguir los dictados legales, sino que también hay un alto costo humanitario que se debe resolver, ya que cientos de personas se quedarán sin trabajo, algunas con más de 10 o 15 años de servicio público. Personas que no tendrán la posibilidad de volver a acceder a fuentes de empleo ya que tienen más de 35 o 40 años y bien se sabe hay una discriminación por edad en el mercado laboral.

Por esto nos parece urgente mantener el canal de negociación abierto con el Servicio Civil para buscar en conjunto una solución satisfactoria para la mayor cantidad de gente posible, quienes tienen derecho sobre su proceso legítimo en la lista de elegibles del Servicio Civil y también sobre quienes están en este momento ocupando una plaza de interino en la función pública.

Parte de este esfuerzo es lograr una reunión lo más abierta posible con las personas interinas, la cual se está convocando para el próximo 30 de julio a las 2 de la tarde en las oficinas centrales de ANEP, donde participarán representantes del Servicio Civil que explicarán a detalle las acciones a seguir en lo inmediato para así poder saciar dudas al respecto.

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo
En concordancia con el decreto N°35730-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 10 de marzo de 2010, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), le compete recomendar políticas en esta materia, además de actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras, así como ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público.

Lo anterior conlleva a la interpretación de que la CNSSP debe de tener un trabajo de carácter permanente y no solo ser convocada cada semestre para discutir exclusivamente los ajustes por costo de vida, como en la práctica se ha dado en las anteriores administraciones.

Asimismo interpretamos que para ellos debe definirse una estrategia de negociación cuando menos a cuatro años plazo y que sus contenidos precisamente se discutan en el tiempo y con agilidad que se convenga en un programa de acción en ese sentido, avalado por ambos sectores.

El movimiento sindical, mantiene la expectativa de que efectivamente se pueda trabajar en función de una política y no solo la visión del ajuste salarial como tal, y en relación a ellos extremamos algunos elementos que no son nuevos y que los hemos ido colocando a lo largo del tiempo, los cuales deben de servir de base de discusión para la determinación de esa política esperada.

Ante ese escenario, como Central Social Juanito Mora Porras, presentaremos ante las organizaciones que integra la CNSSP, los siguientes elementos:

I-Ajustes salariales en función del crecimiento de costo de vida

II-Crecimiento de Salario Real: Ajustar anualmente un porcentaje del PIB.

III- Un ajuste extraordinario a los sectores no profesionales mientras se realiza un estudio de mercado sobre dichas categorías ocupacionales.

IV- Actualización Percentiles.

V- La Redefinición del sistema de los salarios.

VI- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite el Servicio Civil.

VII- Dedicación exclusiva y prohibición.

VIII- Carrera Profesional.

IX- Zonajes.

X- Viáticos.

XI- Incentivos por productividad.

XII- Políticas de gestión de servicios públicos.

Tomando en consideración los elementos anotados consideramos que:

1- Se requieren determinar una calendarización que permita discutir los temas presentados, así como los que presente el Gobierno, de tal manera que se pueda llegar a definir de una política cuatrienal.

2- La propuesta anterior requiere de un espacio de tiempo importante, en virtud de los estudios que tuviese que realizarse.

Por tanto proponemos:
1- Otorgar un ajuste salarial del 4,14% a la base de todas las categorías ocupacionales del sector público a partir del 1 de julio de 2014 equivalente al porcentaje de crecimientos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el primer semestre 2014.

2- Para aquellas categorías de trabajadores de estratos: Operativo, Calificado y Técnico otorgar un ajuste técnico adicional del 1,86%.

3- El Gobierno de la República utilizará los mecanismos que considera pertinentes para que el ajuste técnico que se otorga a los no profesionales no produzca efectos favorables a categorías de profesionales, sean en Gobierno Central, como instituciones autónomas.

En peligro puestos interinos en plazas del Servicio Civil

Imaginémonos un caso hipotético en el Instituto Meteorológico Nacional. Se abre una plaza de especialista en agrometeorología, ya que el especialista en el tema se pensionó. Sólo existe una persona conocedora de esta rama disponible, y la misma no se encuentra en el Registro de Elegibles del Servicio Civil. Las universidades estiman que en 3 años habrá varios especialistas graduados en agrometeorología, pero hasta entonces esa plaza no se puede ocupar. ¿Por qué?

A pesar de que existe una persona idónea para el puesto, el oficio DG011-2014 remitido por el MBA Lic. Hernán Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, indica que sólo podrán ocupar cargo de interinazgos las personas inscritas en el Registro de Elegibles del Servicio Civil, y que además estén optando por el puesto específico. Y peor, si la plaza es nueva la misma no podrá ocuparse por interinazgo, sino que directamente debe salir a concurso, aunque no exista la terna obligatoria para el mismo. Esto provocaría que la plaza quede congelada.

Este tema afecta directamente a quienes en este momento están trabajando de interinos en una plaza del Servicio Civil, ya que la directriz implica que estas personas, que no están integrados en la terna de personas elegibles al cargo, no podrán renovar sus nombramientos de interinos y su plaza, si no sale a concurso, debe ser ocupada por una de las tres personas elegibles al cargo. Y en su defecto si no existe la terna, dicha plaza deberá ser congelada hasta que exista la misma.

Estamos hablando de la posibilidad que varios cientos, sino miles de personas, se puedan quedar sin trabajo.

El tema es complejo, por eso la ANEP, está organizando dos actividades en específico para tratar más a fondo el tema. La primera es una reunión ya agendada con el señor Director General del Servicio Civil, el próximo miércoles 16 de julio a las 10 de la mañana. A dicha reunión seguirá una convocatoria abierta a las personas en puestos de interinos del Servicio Civil, acá en las oficinas centrales de ANEP, el miércoles 30 de julio a las 4 de la tarde.

La problemática de los interinazgos en la función pública es un tema que se ha trabajado mucho en nuestra organización. Debemos recordar que gracias al movimiento organizado por la ANEP y a nuestro trabajo político, el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda emitió un Decreto Presidencial, que le otorgó plaza en propiedad a más de 1300 personas que tenían mucho tiempo, algunos incluso más de 10 años, de trabajar en condición de interinos.

Es de nuestro mayor interés proteger el derecho humano al trabajo de estas personas interinas, formen o no parte de las ternas de elegibles para puestos en propiedad. El trabajo de la ANEP siempre se enfocará a salvaguardar a estas personas de prácticas ya intentadas en el pasado.

Celebramos que el FA acogiera nuestra propuesta para que Costa Rica se integre a PetroCaribe

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude y celebra que el Partido Frente Amplio propusiera al Gobierno de la República explorar la entrada al Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, que vio su nacimiento en junio del 2005. Propuesta que ya había sido formulada por la ANEP en reiteradas ocasiones.

La primera propuesta la formuló ANEP, con fecha 3 de mayo de 2006, a pocos días de que Oscar Arias Sánchez asumiera la Presidencia de la República. En esa ocasión, le planteamos la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”.

En ese primer emplazamiento le indicamos al entonces Presidente Arias Sánchez “que debía apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen por qué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

Posteriormente, el 11 de junio de 2008, por segunda vez, ANEP emplazó al Presidente Arias sobre la necesidad de que Costa Rica ingresara a PetroCaribe. En esta ocasión, nos unimos a la petición pública que al efecto formuló el señor diputado, don José Merino del río.

Hicimos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apuntó que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

Un mes después, el 8 de julio del 2008, y por tercera ocasión y ante el anuncio de que la hermana República de Guatemala solicitó el ingreso a Petrocaribe, exhortamos al Presidente Arias para que tomase esta oportuna medida.

Incluso, el pasado 5 de julio del presente año, por medio de un comunicado de prensa exhortamos nuevamente la necesidad de que Costa Rica ingrese a PetroCaribe, posibilidad que dejó abierta El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en su estadía en el país en la toma de posesión del Presidente Solís, con una cooperación bilateral en materia de energía.

En dicho comunicado expresamos que: ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Por lo que consideramos que Costa Rica debe acudir a la solidaridad del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta dura crisis del altísimo precio internacional del petróleo; e, igualmente, es la unidad latinoamericana la que nos dará respuestas importantes a muchos de nuestros acuciantes problemas.

Habrá bochinche si no hay buen aumento

Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.

Procuraduría avala separación administrativa de la Policía de Migración

La mañana de este miércoles, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, se reunieron con la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada; para tratar diversos temas referentes a este cuerpo policial, con muy buenas noticias.

En dicha reunión, la Viceministra de Gobernación confirmó a los representantes sindicales el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que indica la separación administrativa de la Policía Profesional de Migración con el régimen Administrativo del Servicio Civil.

Gelvin Montes Medina, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración indicó que esta noticia viene a destruir el interés de ciertos mandos que durante años han estado de forma ilegal a cargo de la Policía Profesional de Migración.

“Son jefaturas amparadas al Servicio Civil, que tenían oficiales a su cargo y la Ley General de Policía es muy clara y dice que la policía debe de estar a cargo de jefes policiales, y así quedó estipulado en este pronunciamiento de la Procuraduría”, dijo Montes.

El Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración destacó la disposición mostrada por la Viceministra de Gobernación en aclarar este tema, ya que según Mena, fue ella quien solicitó a la Procuraduría un dictamen sobre la situación.

“La postura de la Viceministra fue de análisis, primero puso personal y asesores a su cargo a analizar e investigar que estaba sucediendo, el resultado de esas averiguaciones fueron que la posición dela ANEP y la Seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración estaban en lo correcto, y se debía realizar una separación de la parte administrativa con la policial, ya que jefes administrativos no tenían que estar a cargo de oficiales de la policía”, explicó Mena.

Según indicó el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración solo falta que la Viceministra de Gobernación se reúna con el Ministro, Celso Gamboa, para que el pronunciamiento sea oficializado.

Respecto al Manual de Puestos, la Viceministra Muñoz se mostró muy anuente a cooperar en el proceso de aprobación de este importante acuerdo.

Conciliar con los evasores es como negociar con un criminal

¡Desafortunada, imprudente y sospechosa! Así catalogamos la pésima decisión gubernativa de permitir la conciliación con los grandes evasores de impuestos y, especialmente, cuando éstos han quedado en total evidencia que hasta han sido llevados a los estrados judiciales.

Resulta impresionante que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y su Primer Vicepresidente, además de Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, queden en entredicho, el uno con el otro, ante la opinión pública nacional, por sus contradicciones en este grave asunto que les genera a ambos un serio problema de credibilidad en este asunto del déficit fiscal, la evasión impositiva y la voluntad política para atacarla.

En primer término, esto nos lleva a calificar como completamente desafortunada la derogatoria de la directriz que fuera emitida por el Gobierno anterior de la hoy Expresidenta de la República, señora Laura Chinchilla Mirada; una de los poquísimas acertadas decisiones que tomó en su administración.

En segundo término, también es imprudente esta decisión de conciliar con los ladrones de impuestos pues si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos.

La conciliación que está permitiendo el presente Gobierno en este caso equivale a algo así como preguntarle al autor de un crimen cuál es la pena que quiere que le impongan.

La justificación leguleyesca de “jerarquía de las normas” no es de recibo en estos graves casos de evasión impositiva. La condena judicial por evasión de impuestos y si es de casos de grandes contribuyentes, es una necesidad política de primer orden, para abrir senderos de transformación de una cultura nacional que ve el robo de impuestos como algo a aplaudir y gratificar.

Y, finalmente, es sospechosa que esta posibilidad de conciliar en materia de robo y evasión se produzca cuando en los tribunales hay casos de gran repercusión sociopolítica por el papel que en la sociedad tienen los presuntos evasores.

Específicamente, el caso del Grupo Nación es paradigmático pues el Estado le ha demandado por la astronómica cantidad de casi 2 mil millones de colones por una supuesta evasión tributaria que este emporio mediático refuta fuertemente.

La suspicacia que anida ya en sectores sociales es que esta derogatoria de la directriz que buscaba fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en el robo de impuestos, podría tener, en consecuencia, nombre y apellidos empresariales.

Finalmente, los evasores consuetudinarios de impuestos y los bufetes que les protegen pues sentirse tranquilos y contentos.

El mensaje del Gobierno podría ser el siguiente: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar… conciliaremos y hasta nos podrán pagar en abonos”.

Mientras tanto, la clase trabajadora seguirá pagando puntualmente sus impuestos porque no tiene forma de evadirlos: Si gana como para que le apliquen renta, ésta le será rebajada inmediatamente del salario, deducida de planilla… Si va a la pulpería o al supermercado, en la caja le aplican el cobro del impuesto sobre las ventas.

Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Seccional del Ministerio de Hacienda define objetivos ante la nueva gestión

Inicia una nueva gestión en el Ministerio de Hacienda, bajo la tutela de Helio Fallas, Ministro de esa cartera y en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda ya tienen claro cuáles serán sus objetivos, los que se concentraran en: controlar la evasión fiscal, los nombramientos irregulares y la protección de los derechos laborales en la población hacendaria.

Así lo manifestó Jorge Fonseca, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, quien a la vez indicó que otro de los temas a seguir de cerca, es el alto costo en que incurre el Ministerio de Hacienda en el alquiler de edificios, que incluso no están ocupados en su totalidad.

“Como Seccional de Hacienda tenemos tres objetivos que nos hemos propuesto desde nuestro establecimiento en el Ministerio de Hacienda, que fue defender los derechos laborales de la población hacendaria, denunciar la corrupción; venga de dónde vega y sea quien sea, y también aportar nuestro granito de arena en lo que sea mejorar la gestión tributaria y aduanera”, indicó Fonseca.

Según el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, ya han participado de reuniones con el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, con la presencia de los otros sindicatos del ministerio, con el objetivo de plantearle sus ideas de cara a estos cuatro años.

“La idea es llevar nuestras propuestas, seguir con nuestro plan de denunciar nombramientos irregulares, ya incluso se ha denunciado casos en Servicio Civil, así como las reestructuraciones que se han realizado en tributación; creando más burocracia, entrabando los procesos fiscalizadores, desmejorando la gestión tributaria, además, de generar altos salarios para unos cuantos”, explicó Fonseca.

Además, agregó. “Le recordamos al Ministro que se ha referido a la gran evasión fiscal que existe en el país, que incluso puede llegar a un 6% del PIB, creemos que por ahí debería atacarse el déficit fiscal, cobrando bien los impuestos existentes antes de crear nuevos, con el fin de generar recursos frescos para llevar a cabo los diversos programas que necesita el país en diversas áreas, y que no se ataque los pluses salariales. También, hicimos ver al Ministro, el alto pago que se da en alquileres por parte del Ministerio de Hacienda, incluso el diputado Ottón Solís hizo referencia a este tema”.

Para la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, lo que necesita el Ministerio es personal operativo como: auditores, que anden revisando si en los negocios se entrega la factura; inspectores que remitan a los contribuyentes los procesos determinativos y notificadores que revisen empresas, que incluso están ligadas a políticos empresarios que nunca se revisan.

Aplaudimos la decisión de revisar los gastos de alquiler en que incurre el Gobierno

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude la decisión del Gobierno de revisar y tomar acciones sobre los gastos en alquiler de edificios que incurre para el sector público y, que dicha revisión empiece por el Ministerio de Hacienda, como lo indicó el propio Ministro de esa cartera, Helio Fallas, quien además calificó de “astronómicas” las cifras que paga el Estado por ese concepto.

Lo anterior debido, a que según datos solicitados al Ministerio de Hacienda, el 28 de noviembre del 2013, por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, y entregados el 22 de mayo del presente año, indican que sólo dicho Ministerio gasta por año en alquiler de edificios la suma de 7.500 millones de colones, lo que representa cerca de 600 millones de colones por mes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que hay que celebrar que el Gobierno de la República este hablando de este tema del pago de alquileres, y también de anotar de que el ejemplo empieza por casa (Ministerio de Hacienda), “Le adelantamos a don Helio (Fallas) que en ANEP ya teníamos datos de que en el caso del Ministerio de Hacienda la cifra ronda los 7.500 millones de colones al año en alquileres, lo que representa 600 millones de colones por mes”.

“Lo que nosotros nos mueve al comentar esto, es que ojala se realice de manera integral, al menos empezando por el Gobierno Central y sus entes adscritos. Pero también sería muy interesante y que ANEP lo va a formalizar, es saber con exactitud las sociedades o personas que le cobran esos alquileres al Estado; de tal suerte que pudiéramos constatar si hay diversidad de oferentes, si existe concentración de grupos empresariales, si están al día con sus responsabilidades tributarias, y también si estos grupos o personas han tenido o mantienen nexos con importantes figuras del sistema político tradicional”, dijo Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP parece muy importante transparentar esto, ya que en reiteradas ocasiones desde nuestra organización se ha dicho que el problema del déficit fiscal que tanto preocupa no necesariamente es un problema de salarios, ni se le debe de echar los muertos del déficit fiscal a los pluses salariales, si no que existen muchas vías para resolver el problema tributario del país.

“Si en alquileres se pueden dar pasos en esa dirección, en buena hora que el Gobierno haya señalado este punto”, finalizó Vargas.