La ANEP, junto a otras organizaciones sindicales y reprentantes de las cinco universidades públicas y Conare, se reunieron en la Asamblea Legislativa con el diputado Gilbert Jiménez Siles del Partido Liberación Nacional, para conocer el proyecto de Ley N° 23.573 que busca frenar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, asi como las acciones a tomar para impulsarlo, por lo que brindaron todo su apoyo al proyecto.
Categoría: Gobierno Central
Policías le piden congruencia al presidente por lucha contra el narcotráfico
Regla fiscal debilitó cuerpos policiales mientras el crimen organizado y la inseguridad ciudadana crecen
– Cuerpos policiales carecen de recursos y equipamiento para hacerle frente a esta situación país, que se agrava cada día.
– No descartan realizar manifestación para solicitar los recursos necesarios y solicitar ser excluidos de la regla fiscal
Nuestro país enfrenta una difícil situación en materia de seguridad ciudadana. A la fecha se contabilizan más de cien homicidios, con un promedio de tres por día, superando por mucho al año 2022 y proyectando un nuevo récord. Ante dicho panorama, en ANEP y en sus seccionales en los diversos cuerpos policiales del país, consideramos pertinente solicitarle una vez más a los diputados y a las diputadas, que vuelvan la mirada hacia los cuerpos policiales, pero, no para estarles pidiendo explicaciones en torno del incremento en la inseguridad ciudadana, sino para dotarlos de los recursos necesarios.
“Es notorio y evidente el incremento en la violencia e inseguridad ciudadana que golpea a todas las comunidades de nuestro territorio. Si bien, es un asunto que se debe abordar de manera integral, es a la Fuerza Pública a la que le corresponde la tarea de prevenir la comisión de delitos, resguardar los bienes de los habitantes y mantener el orden público. Pero, cómo hacerlo sin contar con los recursos necesarios, tanto humanos como logísticos; es imposible fortalecer la lucha contra el crimen organizado, sino se mejoran las condiciones laborales de los cuerpos policiales” expresó Mainor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Entre las principales afectaciones que presenta la Fuerza Pública se encuentran: la falta de personal, no se crece, por el contrario, se decrece en cantidad de efectivos, se tiene escasez de calzado táctico policial “vemos policías en tenis, zapatillas, o con botas rotas”; es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, no se cuenta con insumos para el embalaje de evidencia, “dicho en términos operativos, la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales esta disminuida”.
“Las condiciones laborales de los Cuerpos Policiales se han desmejorado, algunas decisiones tomadas en el pasado reciente provocaron regresividad salarial y afectaron la capacidad de gestión del Ministerio de Seguridad Publica, en ANEP lo habíamos advertido, en el momento oportuno advertimos que no era prudente incluir al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida como la Regla Fiscal. Nuestras previsiones se han materializado, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra ¨amarrado¨ por dicha normativa, de ahí que, es imperativo que los diputados y las diputadas, que se dicen preocupados por la situación de inseguridad, excluyan al MSP de la aplicación de la Ley Fiscal”, aseveró Anchía.
Servicio de Vigilancia Aérea
Situación similar se presenta en el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), con falta de personal policial, las plazas de personas que se jubilan, renuncian o fallecen, no son repuestas, Además las plazas policiales deben ser utilizadas en labores administrativas, necesarias para continuar la operación, lo que provoca una disminución del recurso policial en aeropuertos.
Jonathan Flores, Asesor Sindical de la ANEP en cuerpos policiales, también detalló el faltante de radios de comunicación, así como el deterioro de patrullas y demás equipos.
Policía Profesional de Migración
Flores detalló que, en este cuerpo policial a mediano plazo, corre el riesgo de caer en cierre técnico, pues los recursos con los que cuenta son insuficientes para cubrir las demandas operativas de alimentación, alquileres, equipamiento policial, viáticos y demás.
“La institución carece de presupuesto para contratar la cantidad de personal que le urge al país para atender las crisis migratorias; así como para adquirir los vehículos, y equipo tecnológico que pueda ayudar a una atención más eficiente de tema migratorio en fronteras y aeropuertos”, explicó el Asesor Sindical.
Policía de Control de Drogas
Este Cuerpo Policial, adolece del presupuesto necesario para contratar la cantidad de oficiales antidrogas necesarios para hacer frente de manera más o menos digna al reto que el narcotráfico y actividades conexas demandan.
No se cuenta con los recursos económicos para cubrir las necesidades operativas verdaderas en cuanto a combustible, viáticos, pago por información y equipo tecnológico, como escáneres que se requiere en las investigaciones antidrogas.
“Ni siquiera se cuenta con recurso económico para dotar de equipamiento básico, requerido para la revisión de camiones en los puestos fronterizos, ni presencia policial para cubrir todos estos puntos, como es el caso del puente Binacional en Sixaola, frontera con Panamá”, cuestionó Flores.
Policía Penitenciaria
Las limitaciones de la regla fiscal en la Policía Penitenciaria impacta negativamente el tema de la contratación del personal requerido, la compra e implementación de la tecnología requerida para el combate de la actividad delictiva intracarcelaria, el mejoramiento de la infraestructura, Afectación directa al reconocimiento de derechos laborales de los agentes de policía y, en general, en el adecuado abordaje de protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas a lo interno de los centros penitenciarios del país.
Para los representantes sindicales de la ANEP en los cuerpos policiales y sus seccionales, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, seguirá siendo perdida mientras no tomen las medidas para fortalecer y dotar de recursos y equipo a las policías, situación que se agravó aún más con la aplicación de la regla fiscal.
Conferencia de prensa realizada por cuerpos policiales afiliados a la ANEP.
Ley Marco de Empleo Público genera incertidumbre dentro del MIVAH
Trabajadores del Hospital México reciben charla sobre acciones internacionales de la ANEP para casos de interinazgos prolongados
Diversos trabajadores del Hospital México, recibieron la charla explicativa de las acciones legales internacionales que interpondrá la ANEP, con la asesoría del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), ante los interinazgos prolongados en la Caja y otras instituciones públicas.
ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral
–La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.
–Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.
ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.
El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.
En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.
Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.
Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.
La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.
Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.
Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.
Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.
Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.
Agenda 2023 de la ANEP
De qué nos ocuparemos, principalmente:
ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO
01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.
02– Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.
03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).
04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).
06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO
08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.
09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.
10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.
11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).
12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.
13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.
14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.
16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.
17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.
18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.
19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.
20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.
22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.
23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.
24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.
25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.
Acuerdo Unánime y Firme de la
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)Viernes 13 de enero de 2023
ANEP: Las cifras fiscales del Gobierno no generan confianza
¿Y el resto de nombramientos? ANEP cuestiona al MEP por 42.000 “profes” con interinazgo prolongado
ANEP cuenta con la asesoría experta del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) para personas educadoras que deseen afiliarse y así emplazar al propio Estado en los estrados judiciales internacionales en materia de Derechos Humanos por el interinazgo prolongado.
