La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se desligó del reajuste salarial del 2019 a trabajadores de la institución y “tiró” la bola a la Dirección General de Servicio Civil.
Así
consta en el oficio DAGP – 0611-2019, en respuesta a las consultas de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Desde
hace varios meses nuestra organización sindical ha solicitado respuestas sobre
¿qué ha pasado con el aumento salarial de los trabajadores? Sin embargo, hasta
la fecha tanto la Junta Directiva como la Gerencia General de la Caja han ido dándole
largas al asunto sin dar mayor explicación.
“En virtud de lo anterior, se informa a esa estimable Asociación que la Dirección de Administración y Gestión de Personal se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Dirección General de Servicio Civil; así como de las resoluciones emitidas por ese órgano rector, con la finalidad de efectuar el costo correspondiente de la propuesta del aumento general de salarios para todos los puestos de la Institución y así implementar el incremento salarial según lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 41167-MTSS-H”, indica el documento.
Los trabajadores del SINART S.A. empresa pública de comunicaciones quedaron estupefactos al observar las astronómicas cifras con las que la Presidencia de la República, pretende contratar a una agencia privada de publicidad para que maneje su imagen.
Desde el año 2003, el SINART cuenta oficialmente con una agencia de publicidad que da servicios relacionados con la comunicación y el mercadeo de bienes y servicios a diferentes instituciones del país, entre las que destacan: Cosevi, Correos de Costa Rica, Inamu, entidades bancarias y muchas más.
La sorpresa de los funcionarios se debe a que el Gobierno recortó su presupuesto extraordinario, que tiene en vilo a los trabajadores, pues constantemente se les dice que no hay plata ni para pagar sus salarios. Por si fuera poco, los Sinaristas tienen más de 5 años de no recibir aumentos de ley.
“Que bien nos hubiera caído esa platica, con eso podríamos mejorar, ya que últimamente no se produce lo suficiente porque no hay plata para invertir en escenografías, talento o recorrer el país conversando con la gente como siempre lo hicimos. La esencia del SINART es su pueblo” indicó un funcionario que prefirió no ser identificado, por temor a represalias.
Los miembros de la Seccional ANEP-SINART advirtieron que esto ya es el colmo, “la Ley del Sinart faculta a la institución a firmar contratos directos para la elaboración de proyectos con el Gobierno, sin necesidad de participar en licitaciones públicas. El presidente prometió en campaña que iba a fortalecer al SINART, pero hasta ahora lo que ha hecho es recortarle recursos para tenerlo apenas encendido, pero no para competir”.
Por si fuera poco, indicaron que la institución inició procesos de cobro administrativo a las instituciones que no están apoyando con el 10 % que le corresponde girar a los medios del Estado por Ley mientras Casa Presidencial, en lugar de apoyar la gestión, trató de frenar los trámites.
La Junta de Accionistas del Sinart la conforman los miembros del Consejo de Gobierno (Ministros, Presidente y Vice Presidentes) quienes deberían de velar por los intereses de la institución. Bajo este panorama nos preguntamos ¿Quién defenderá al Sinart?.
La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.
La jornada se realizará de forma regionalizada el
próximo lunes 15 de julio:
Las y los trabajadores del ICE se manifestarán
en diferentes regiones del país, en el caso de San José iniciarán la concentración a las 7:00
de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para
denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del
Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro
Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.
Además de lo anterior el 15 de julio los
Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados
con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las
organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en
busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos
todos los costarricenses.
Para ello se le pide al Gobierno agilizar las
gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una
metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.
Por tal razón dentro del ICE la jornada será
regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas
articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y
trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando
en su momento oportuno.
La jornada será contra el desmantelamiento del
CENCE y de la CNFL: Pese a
los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los
graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un
plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias,
valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de
dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes
(desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el
Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y
conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.
Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142
de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la
CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa
deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit
institucional.
En
un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha
sido clara: Desde ASDEICE,
coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la
cual este Tribunal Constitucional sentencia:
«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo
que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente
dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre
los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que
entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como
corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una
protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida
actuación de la autoridad»
La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin
duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social
orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de
corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la
distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y
aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.
Es el más
injusto de todos los impuestos y potencia más
desigualdad y exclusión
Hoy, 1 de
julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en
vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de
costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos
puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse
en próximos días.
La entrada en
vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares
del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario
nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de
julio.
Como bien
sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos
quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan
escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o
escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.
Efectivamente,
el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más
grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo,
sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón
de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas
(en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo
en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.
Los sectores
pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado
todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario
nacional.
Sobran las
alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las
golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo
costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.
Por el
contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias
de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos
PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que
nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa
injusticia tributaria.
Como si esto
no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad,
altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le
sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones
que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente
los del sector financiero.
Entre otras
razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario
(público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones
de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar
su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).
La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Dicho grupo integrado por figuras políticas y sociales del país, tiene como objetivo la defensa del ICE y el modelo eléctrico nacional de los ataques del Gobierno y el poder económico que quiere privatizar y destruir el ICE.
Figuras como el expresidente, José Miguel Corrales; la exdiputada, Gloria Valerín, y el periodista, Manuel Delgado; entre otras ciudadanas y ciudadanos costarricenses provenientes de distintos lugares sociales y afines de diferentes corrientes de pensamiento económico, político e ideológico; conformaron un nuevo grupo de lucha denominado Unidos por el ICE, con el objetivo común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país y entendiendo la importancia que tienen para los habitantes de la república las bondades del modelo eléctrico nacional; damos a conocer a la opinión pública costarricense que hemos decidido formar este espacio ciudadano para la defensa activa del ICE y del Modelo Eléctrico Nacional. A raíz de ello manifestamos:
En los
últimos meses, hemos estado dando seguimiento a noticias, de cuyo análisis se
desprende que una vez más se ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el
ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
Desde
nuestra perspectiva ciudadana, dicha ofensiva se motiva en intereses económicos
sectoriales, que desde hace mucho tiempo esperan el momento oportuno para ejecutar
lo que no pudieron hacer en el año 2000: cambiar el modelo histórico del ICE en
beneficio de pequeños grupos de poder que manejan la economía y la política del
país.
Por lo
anterior, al igual que a miles de compatriotas, nos genera suma preocupación lo
actuado por del Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el
Ministro de Ambiente y Energía (MINAET) y el Ministro de Ciencia y Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y parte de la Administración Superior del ICE, quienes,
a través de múltiples declaraciones, despliegan un discurso mediático que,
dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, crea el clima perfecto para que
los competidores y opositores del ICE avancen en su ofensiva
contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional en busca de la venta y/o la apertura del mercado
eléctrico costarricense.
Al igual que miles de compatriotas,
nos preguntamos si la posición de estos jerarcas se debe a que el Gobierno que
se allanó a la política de esos intereses económicos sectoriales, ajustando sus decisiones a los
grupos de presión que desde hace larga data promueven intereses económicos
contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
Igualmente
crea enorme preocupación ciudadana ver a la Alta Administración del ICE,
especialmente a su Presidenta Ejecutiva se encuentra en la misma sintonía de
dar declaraciones que facilitan el camino a los grupos de presión interesados
en hacer creer a la ciudadanía que el modelo del ICE está acabado, idea que
facilita su ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el
ICE en la sociedad costarricense.
Con tal
actuar, la presente Administración Superior del ICE contribuye al gran daño que
al Instituto le han hecho jerarcas de Administraciones pasadas, cuya deslucida
gestión afectó gravemente al Grupo ICE.
El
discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE, omite, no menciona, o
esconde, que el estado de resultados lo forzaron negativo producto de pasar la
inversión realizada del proyecto Diquís en libros a pérdidas, obviando que el
estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de la
empresa. Tal estado de resultados debe verse dentro de un contexto más amplio,
junto a los demás estados financieros de la Institución, incluyendo sobre todo
los flujos de efectivo proyectados que pueda tener el Instituto. Se debe
recordar que también que los estados financieros de una empresa son un síntoma
de varios factores internos y externos relacionados con una empresa y no la
causa verdadera de los problemas empresariales.
Desde su
fundación en los orígenes de la Segunda República, el ICE ha sido motor de
desarrollo económico y social, catalizando la política económica, contribuyendo
activamente con la movilidad social ascendente de distintas capas de la
sociedad costarricense, pero, además, dinamizando el sector productivo
nacional. Es el ICE un bien estratégico del estado social que quieren
desmantelar, y del pueblo de Costa Rica que quieren empobrecer.
De la
mano del ICE y luego de 70 años de desarrollo eléctrico, nuestro país ha creado
un modelo eléctrico nacional que ha proporcionado bienestar al pueblo de Costa
Rica sin distingo de clase social, que ha sabido dinamizar la economía a través
de distintos encadenamientos productivos y que ha logrado una matriz eléctrica
renovable que alcanzando reconocimiento de talla mundial es hoy orgullo de la
identidad nacional costarricense. Esto alcanzando cobertura nacional bajo
principios de solidaridad sobre todo con los habitantes de las zonas más
alejadas y empobrecidas del país.
Debido a
lo expuesto, las personas abajo firmantes, creyentes de un modelo de Estado
Social y Solidario, nos conformamos como grupo que velará por el ICE y
cualquier intento de privatizar o desmejorar los servicios que deben seguir estando
al servicio de la sociedad. Lo anterior integrando esta iniciativa ciudadana
UNIDOS POR EL ICE. Son los objetivos del presente grupo:
Ejercer
vigilancia estricta y exigiremos el cumplimiento de las leyes 449 y sus
reformas, la ley 8660 del Fortalecimiento del ICE, así como las acciones
legales y políticas para defender la autonomía del ICE.
Dar
seguimiento a los proyectos legislativos que puedan afectar al ICE.
Vigilar
los lineamientos del Poder Ejecutivo y de sus ministerios rectores relacionados
con el ICE, así como de los órganos de control y supervisión del ICE.
Dar
seguimiento a los acuerdos, acciones y omisiones del Consejo Directivo y
Presidencia del ICE.
Promover
que los principales cargos del ICE se nombren sin injerencia política,
partidista, de amistad, afinidad o consanguinidad. Exigiremos respetar la
carrera administrativa en el ICE y el cumplimiento del artículo 192 de la
Constitución Política.
Vigilar para que el ICE se maneje
bajo una estrategia empresarial sostenible con amplia participación de
empleados y la sociedad civil.
Invitar a
todos los actores sociales, sin distingo de credo, posición política, económica
a unirse a la defensa ciudadana del ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
La Seccional de la ANEP- Policía Profesional de Migración y
Extranjería deberá exponer ante los diputados las razones por las que requieren
mayor inyección de recursos para este cuerpo policial especializado.
Así lo determinó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de
la Asamblea Legislativa mediante una moción que fue aprobada para que la
seccional se refiera al proyecto de ley bajo el expediente 20.323.
La moción fue presentada por los diputados Marulin Azofeifa
Trejos y Harllan Hoepelman, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Seccional ha insistido en que la Dirección General de
Migración y Extranjería requiere la contratación de personal, cursos
policiales, inclusión en cursos de escalas jerárquicas del Estatuto Policial,
muchos de los cuales podrían ser solventados con el apoyo y aprobación al
proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de
Migración.
El proyecto de Ley pretende que un 5% de los ingresos que
recibe el Ministerio de Seguridad Pública del impuesto a las personas jurídicas
se traslade a migración.
Una gran problemática por la falta de recursos se vive en los aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y el Daniel Oduber en Liberia, principalmente, en donde se requiere la contratación de 250 oficiales para poder dar abasto con las necesidades del país.
Trabajadores del Consejo de Transporte Público (CTP),
Policía de Tránsito y Ministerio de Obras Públicas y Transportes se unieron
para conformaron una nueva seccional anepista con el objetivo de tener una
representación mayor entre instituciones.
Joyce Bustillos, presidenta de la Seccional ANEP-CTP-MOPT-Policía
de Tránsito, indicó que la seccional también nace debido a los cambios en
materia de empleo púbico y país, que se están generado desde la Asamblea Legislativa
y el Poder Ejecutivo.
Bustillos también agregó que otra de las razones principales
para la unión de estos trabajadores en una seccional anepista, es bridar una
mejor atención a los afiliados del MOPT y Policía de Tránsito, que, si bien
pertenecía a nuestra organización, no contaban con una seccional.
“Es importante resaltar que la conformación de la Junta
Directiva de esta seccional quedó variada, ya que cuenta con representación de
trabajadores de las tres instituciones, con el objetivo de que exista esa unión
y tener el enlace con representantes de las instituciones”
Joyce Bustillos, presidenta seccional ANEP-CTP-Mopt-Policía de Tránsito
Con la conformación de esta seccional se logra una
afiliación de poco más de 300 personas, a las cuales les damos la bienvenida y
esperamos responder con creces la confianza puesta en nuestra organización.
Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras
de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean
incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente
en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
Con la presencia de diversas seccionales municipales de la
ANEP de Alajuela, Atenas, Heredia, Flores, San Rafael, San Pablo, Belén, Santa
Bárbara y Santo Domingo, así como sus homólogas en la Contraloría General de la
República, PIMA-CENADA y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, se
desarrolló el Encuentro Regional de seccionales municipales de occidente, el
cual tuvo como objetivo la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.
Recordemos que la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal
se vio seriamente violentada con la entrada en vigencia de ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº9635, más conocida como combo fiscal,
afectando en mataría política, normativa, tributaria y administrativa a las
municipalidades y otros entes descentralizados.
El Encuentro Regional que tuvo desarrollo en el salón
comunal de San Rafael de Alajuela, se enfocó en tres ejes de trabajo. Por lo
que se realizó una exposición técnica para dar a conocer la afectación que ha
tenido la entrada en vigencia de la ley 9635 en la autonomía municipal.
“Esta ley está afectando condiciones laborales, sociales y económicas
de las personas trabajadoras en los diferentes municipios y autonomía
municipal. También está afectando condiciones laborales de otras instituciones,
como el programa Integral de Mercadeo Agropecuario, la Contraloría General de
la República y otras instituciones con carácter de autonomía”, manifestó Deiby
Porras, Asesor Sindical de ANEP
En la actividad, que contó con gran presencia de afiliados y
afiliadas, también se facilitaron insumos y un análisis en relación con el proyecto
de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre empleo público y la intención
de reducción del Estado.
Por último, se desarrolló una actividad grupal para la integración y conformación de una estrategia de trabajo, con el objetivo de crear un proceso regional para dar seguimiento a las líneas de acción ante la coyuntura social que se vive en el país.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
