Categoría: Institucional

-Las publicaciones del medio corresponden a las fechas del 12 de julio del 2019 y del 17 de julio del 2019 con referencia al Fondo Nacional de Becas

Por este medio, la Junta Directiva de la Seccional Anep- Fonabe, considera necesario aclarar el proceso de traslado de las plazas de los funcionarios y de los productos de beca a raíz del Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta N°41 el 27 de febrero del 2019.

Con relación a la publicación del periódico La Nación del viernes 12 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular 69 empleados del Fonabe se niegan a pasar al IMAS: Instituto contrató a 75 en su lugar y MEP “reacomodó” a los otros en Ministerios y en la página 8 sección EL PAIS, titula IMAS contrata a 75 personas para tramitar las becas, se aclara:

• El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta Nª41 el 27 de febrero del 2019, en su transitorio VIII establece que “el MEP coordinara con la Dirección General del Servicio Civil para gestionar el traslado oportuno y ordenado de las personas funcionarias del Fonabe que considere necesario para la correcta implementación del presente Decreto. Lo anterior en estricto apego a la normativa atinente a este proceso y garantizando todos los derechos adquiridos”.
• Desde el inicio de las reuniones en el mes de febrero del 2019 por parte de los representantes de los funcionarios del Fonabe, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Pública, este último manifestó el interés, compromiso y necesidad de que los funcionarios del Fonabe fueran trasladados al MEP, respetando los derechos laborales, estabilidad y que además contaban con los recursos económicos necesarios para tal compromiso. 
• Es de conocimiento que el Instituto Mixto de Ayuda Social no forma parte del régimen del Servicio Civil, caso contrario al Fonabe y al MEP, por tal razón se nos indicó que las plazas no podrían trasladarse permanentemente al IMAS.
• Mediante la Comisión Técnica para el traslado de las plazas (a través de los representantes asignados para dicho proceso), los funcionarios nunca recibieron una propuesta formal por parte del IMAS, donde se especificarán detalles como posibles puestos requeridos, ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos laborales, entre otros, los cuales permitieran a los funcionarios tomar una decisión informada sobre el traslado de su plaza.  Por tanto, no existió una negativa de los funcionarios para trasladarse al IMAS bajo los argumentos que indicó el Presidente Ejecutivo del IMAS, el señor Juan Luis Bermúdez en la nota publicada el viernes 12 de julio en el periódico La Nación. 

Con respecto a la publicación del periódico La Nación del miércoles 17 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular IMAS investiga si 53.000 beneficiarios de beca son pobres y en la Sección El País, página 4 y 5, se desarrolla la noticia, se aclara:

• El Fondo Nacional de Becas y el Instituto Mixto de Ayuda Social cuentan con procesos y metodologías distintas para la recepción, valoración y aprobación de solicitudes para el otorgamiento de un beneficio económico: En el caso del Fondo Nacional de Becas el estudiante debía completar un formulario, el cual era evaluado mediante el Modelo Integrado de Calificación de Becas (MICB) y en casos especiales con la valoración de Trabajo Social. Dicho Modelo contempla variables para medir la situación socioeconómica del grupo familiar mediante el método de línea de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y variables  para medir la vulnerabilidad educativa mediante el Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE), que permite identificar los factores de riesgo que llevarían a un estudiante a desertar del sistema educativo. La combinación de esas variables de forma automatizada permite identificar cual solicitante califica o no califica para ser beneficiario de uno de los programas de becas que se otorgan a través de la Institución y determina la prioridad en la que queda la solicitud analizada.

Es importante indicar que además a partir del año 2018 el Fonabe inició con la implementación del Módulo de Regionalización Digital (ReDi), herramienta que permite a los centros educativos solicitar becas de forma digital y con base en la información suministrada por el Sistema de Información y Registro Único de Beneficiarios de Estado (SINIRUBE) Ley N°9137, del año 2013.

Por otra parte, el IMAS registra la información de los solicitantes de los beneficios mediante la Ficha de Información Social (FIS), la cual se aplica desde una oficina o mediante visita domiciliaria y cuyas variables son distintas a las consideradas en el Modelo de Calificación de Becas del Fonabe, además utiliza el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo), mediante el cual se verifica la línea de pobreza.

Debido a que los parámetros y variables que consideran los sistemas e instrumentos de ambas instituciones son distintos, genera que un estudiante pueda calificar para el beneficio en una institución y no en la otra, es decir, que para una institución se ubique en condición de pobreza y en la otra no.

Se debe considerar además que el Fonabe únicamente otorga beneficios a los estudiantes que el Modelo determine que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y según información difundida por el IMAS sobre el Programa Crecemos “La asignación de la transferencia será de acuerdo a los parámetros institucionales: En condición de pobreza y pobreza extrema.” Esto podría generar que los beneficiarios que para el Fonabe se encuentran en condición de vulnerables, para el IMAS se podrían considerar como “No Pobres”.

En este sentido, de acuerdo a datos suministrados por el IMAS a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), de los 196.466 beneficiarios del Fondo Nacional de Becas traslados en la base de datos del mes de abril por el Fonabe, un total de 6.395 se encontraban en condición de No Pobres según los parámetros del IMAS, mientras que un total de 45.487 beneficiarios del Fonabe trasladados en dicha base datos no cuentan con Ficha de Información Social (FIS), requisito fundamental para el IMAS pero no para el Fonabe, el cual no utiliza dicho instrumento para el registro de información de los solicitantes de las becas.

Si sumamos la cantidad de estudiantes que para el IMAS son No pobres y los estudiantes que no cuentan con FIS, tendríamos según la base de datos de abril, un total de 51.882 estudiantes beneficiarios a los cuales el IMAS deberá aplicar la FIS para corroborar si cumple con los parámetros de esa institución, que como reiteramos, son diferentes a los del Fonabe. A estos se suman un total de 7.000 estudiantes cuya información en el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo) de uso exclusivo del IMAS, se encuentra desactualizada, según indicó el IMAS.

Para mayor referencia puede verificarse dicha información en la página 8, 9 y 10 del documento STAP-DE-190-2019 emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

• Con respecto a la afirmación que se realiza en el periódico que indica “Esa ausencia de datos ocurrió pese a que para otorgar el subsidio  debe abrirse un expediente de cada alumno y hacer un estudio económico de cada hogar». El hecho de que 46.000 beneficiarios de beca de Fonabe no cuentan con FIS no significa que el Fonabe no haya solicitado un formulario a cada estudiante y por lo tanto no haya realizado el estudio socioeconómico, pues se reitera que el Fonabe solicitaba un formulario y no la FIS como lo hace el IMAS. Los formularios de los beneficiarios del Fonabe son custodiados por los centros educativos, en el archivo de Fonabe y debido al Decreto Ejecutivo una gran parte de los expedientes han sido trasladados, desde hace algunas semanas, al Archivo Central del Ministerio de Educación Pública, lo cual puede ser verificado por dichas instancias. Por lo tanto, el Fonabe no trasladó ni un solo expediente de los beneficiarios de beca al IMAS, lo que se trasladó fueron bases de datos con el listado de todos los beneficiarios de beca del Fonabe. Por lo tanto, es irresponsable y falto a la verdad  afirmar que el Fonabe brindó la beca sin contar con información socioeconómica pues el Fonabe no utiliza la FIS como instrumento de registro de información y los expedientes no fueron trasladados al IMAS, por lo que no se puede afirmar que los beneficiarios de Fonabe no contaban con un expediente.

• Con respecto a la duplicidad de beneficios de secundaria: el Fonabe cuenta con becas para estudiantes de secundaria con una condición especial (Necesidades Educativas Especiales, Riesgo Social, Adolescente Madre o Padre, Indígena, Educación para Jóvenes y Adultos, Privados de Libertad), sin embargo, con base en la normativa institucional, no existe impedimento para que un estudiante cuente con un beneficio de Fonabe y además de Avancemos, siempre y cuando se encuentre en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Desconocemos si la normativa del IMAS no permite que un estudiante pueda contar con ambos beneficios y si es así, ignoramos por qué no procedieron con la suspensión de los beneficios desde el inicio del Programa Avancemos. Por otro lado, se debe resaltar que el IMAS ha indicado en reiteradas ocasiones que una beca (lo que otorga el Fonabe) y una transferencia monetaria condicionada (lo que otorga el IMAS) no son lo mismo, es decir, serían dos beneficios diferentes, partiendo de ese principio no se podría hablar de duplicidad.

El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS establece que los estudiantes en dicha situación únicamente podrán contar con el beneficio de Avancemos.

Por tanto, recomendamos que para futuras investigaciones y publicaciones relacionadas al Fondo Nacional de Becas, se consulten a todas las partes involucradas, a fin de brindar información completa a los ciudadanos y a la vez no causar perjuicio a los funcionarios.  

                                                     Junta Directiva Seccional Anep- Fonabe

Los trabajadores del SINART S.A. empresa pública de comunicaciones quedaron estupefactos al observar las astronómicas cifras con las que la Presidencia de la República, pretende contratar a una agencia privada de publicidad para que maneje su imagen.

Desde el año 2003, el SINART cuenta oficialmente con una agencia de publicidad que da servicios relacionados con la comunicación y el mercadeo de bienes y servicios a diferentes instituciones del país, entre las que destacan: Cosevi, Correos de Costa Rica, Inamu, entidades bancarias y muchas más.

La sorpresa de los funcionarios se debe a que el Gobierno recortó su presupuesto extraordinario, que tiene en vilo a los trabajadores, pues constantemente se les dice que no hay plata ni para pagar sus salarios. Por si fuera poco, los Sinaristas tienen más de 5 años de no recibir aumentos de ley.

“Que bien nos hubiera caído esa platica, con eso podríamos mejorar, ya que últimamente no se produce lo suficiente porque no hay plata para invertir en escenografías, talento o recorrer el país conversando con la gente como siempre lo hicimos. La esencia del SINART es su pueblo” indicó un funcionario que prefirió no ser identificado, por temor a represalias.

Los miembros de la Seccional ANEP-SINART advirtieron que esto ya es el colmo, “la Ley del Sinart faculta a la institución a firmar contratos directos para la elaboración de proyectos con el Gobierno, sin necesidad de participar en licitaciones públicas. El presidente prometió en campaña que iba a fortalecer al SINART, pero hasta ahora lo que ha hecho es recortarle recursos para tenerlo apenas encendido, pero no para competir”.

Por si fuera poco, indicaron que la institución inició procesos de cobro administrativo a las instituciones que no están apoyando con el 10 % que le corresponde girar a los medios del Estado por Ley mientras Casa Presidencial, en lugar de apoyar la gestión, trató de frenar los trámites.

La Junta de Accionistas del Sinart la conforman los miembros del Consejo de Gobierno (Ministros, Presidente y Vice Presidentes) quienes deberían de velar por los intereses de la institución. Bajo este panorama nos preguntamos ¿Quién defenderá al Sinart?.

La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.

1. La jornada se realizará de forma regionalizada el próximo lunes 15 de julio:

Las y los trabajadores del ICE se manifestarán en diferentes regiones del país, en el caso de  San José iniciarán la concentración a las 7:00 de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.

Además de lo anterior el 15 de julio los Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos todos los costarricenses.

Para ello se le pide al Gobierno agilizar las gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.

Por tal razón dentro del ICE la jornada será regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando en su momento oportuno.

• La jornada será contra el desmantelamiento del CENCE y de la CNFL: Pese a los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias, valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes (desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.

Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142 de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit institucional.

• En un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha sido clara: Desde ASDEICE, coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la cual este Tribunal Constitucional sentencia:

«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida actuación de la autoridad»

La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.