Seguro Solidario en la picota

El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) es un seguro de carácter social, por ser un seguro universal, forzoso y solidario. Por esto es un tipo de seguro que no puede generar ningún tipo de utilidad o ganancia y sus tarifas deben calcularse al costo y sin ningún tipo de utilidad.

Pero esto está a punto de cambiar si se aprueba la nueva ley de tránsito, proyecto número 18.032, ya que ahí se está variando profunda e ilegalmente el capítulo que regula el SOA, cargando la prima de este seguro con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, transformando este seguro de ser de carácter social a comercial. Todo esto en el artículo 58 de dicha ley, que dice:

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al 6%…

Además, el Comité Cívico Nacional de Motociclistas asegura que tampoco es cierto que dicho cambio en el SOA se esté dando por presión debido a la apertura del mercado de seguros incluida en el TLC con Estados Unidos, ya que el mismo TLC en su anexo 12.9.2 dice que “Costa Rica no está obligado a modificar su regulación del seguro obligatorio de vehículos y de seguros contra riesgos de trabajo“.

Por todo esto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas y la ANEP están convocando a todos los motociclistas que dieron la lucha contra el aumento del marchamo en meses pasados para reunirse en los próximos días y planificar acciones de calle frente a la Asamblea Legislativa para presionar y que se de un cambio de redacción en el proyecto de ley para que no se transforme el SOA en un seguro comercial.

Condenan a Presidente Ejecutivo del INS

Los tribunales de Trabajo procedieron a condenar en lo que podríamos llamar un hito histórico, al señor Guillermo Cónstenla Umaña, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), por habérsele comprobado hechos de prácticas laborales desleales y persecución sindical.

La condena se dio en el marco de la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como ante los respectivos tribunales de Trabajo, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por el del despido del funcionario de la indicada entidad, don Alejandro Rodríguez Masís, dirigente sindical de la Seccional de ANEP en el INS.

Quedó demostrado durante el proceso tanto en el MTSS como en los tribunales de justicia, que la administración del señor Constenla violentó todo el ordenamiento jurídico y laboral en materia de Libertad Sindical y es por esto que el Juzgado de Trabajo en su sentencia dice lo siguiente:

“El Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, en sentencia Nº863-2011, dictada a las doce horas treinta minutos del cinco de agosto del dos mil
once, resolvió:…POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, citas de ley artículos 36, 82, 83 y 402 del Código Procesal Penal, 1, 14, 18, 564, 608, 610, 614 inciso c) y 363, 616 y concordantes del Código de Trabajo, SE FALLA:

Se declara autor responsable al señor GUILLERMO CONSTELA UMAÑA, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, y solidariamente al Instituto Nacional de Seguros, por la infracción de Prácticas Laborales Desleales, por el despido del trabajador sindicalizado Alejandro Rodríguez Masis, por lo que se le impone el pago de una multa, correspondiente a ocho salarios base según lo establecido para el año dos mil diez, data en la cual se dieron los hechos que lesionaron la norma laboral, dicho salario base correspondió a la suma de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos colones , según artículo 2 de la Ley 7337 del cinco de mayo del año noventa y tres, obligando a la parte acusada al monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS COLONES, suma que la parte condenada deberá depositar en la cuenta N°211676-2 MULTAS del Banco Nacional de Costa Rica a nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Monto que debe ser depositado dentro del término de quince días a partir de la firmeza de esta sentencia. Asimismo deberán los condenados de manera solidaria pagar los daños y perjuicios ocasionados con su actuar, restituir en forma ineludible los derechos violados y tomar las previsiones necesarias….”.

Fueron varias las reuniones sostenidas con el indicado jerarca a fin de que recapacitara y procediera a reinstalar al funcionario despedido; esto antes de presentar las respectivas denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en los tribunales de Trabajo. Lamentablemente, no hubo forma de convencerlo a pesar de que se le advirtió de la ilegalidad en la que estaba incurriendo y los costos que ello generaría en contra de los fondos públicos que administra el INS.

Sin embargo, con base en el poder desmedido que maneja en el INS, la gran cantidad de despidos arbitrarios que ha realizado, su estrategia de miedo y terror que ha inculcado en los empleados de la institución; y, posiblemente, el pensamiento de que “_si nos condenan quien paga es el INS y no yo_”, fueron argumentos para no ceder a nuestra petición. Al final, se ha generado un costo enorme para las finanzas públicas del instituto.

Este fallo fue ratificado además por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 14 de marzo. De manera insólita y pese a que ya no podía la administración del INS invocar apelación alguna, pues el fallo del Juzgado de Trabajo no tenía ninguna otra instancia de apelación; siguiendo con su terca posición, don Guillermo apeló a pesar de que, nuevamente, le insistimos que no se podía y que iba a ser incurrir en más gastos al erario público. Contra toda lógica se acudió a la Sala Segunda y ésta procedió a rechazar de plano el recurso presentado. Con ello quedó totalmente ratificada la sentencia antes indicada.

Este caso no es el único. En el INS se han despedido, sin debido proceso, a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Además, se han despedido violentando la Libertad Sindical alrededor de seis trabajadores que ya tienen sus procesos laborales tanto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como en los estrados judiciales. Son casos que por la similitud que presentan con el del compañero dirigente de la Seccional ANEP-INS, don Alejandro Rodríguez Masís, seguramente el INS perderá y tendrá que pagar muchos millones de colones más de los fondos públicos de la institución.

Por nuestra parte, seguiremos luchando contra este tipo de violaciones y vejaciones en contra de los dirigentes y trabajadores sindicalizados; a la vez, hacemos un llamado a la señora Presidenta de la República, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, para que ejerza su autoridad y detenga esta actitud del Presidente Ejecutivo del INS, lo llame a cuentas por estos graves errores administrativos y lo obligue a reinstalar a todos los dirigentes sindicales despedidos sin el debido proceso, de acuerdo no solo a lo establecido en este fallo judicial, sino también a reiterada jurisprudencia en esta materia.

Con gran regocijo, informamos de que nuestro dirigente seccional, don Alejandro Rodríguez Masís, se encuentra laborando para Instituto Nacional de Seguros (INS) y continúa integrando la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INS.

Policía allana local de SINTRAJAP

Con la excusa de llevarse un libro de contabilidad, efectivos de la Unidad de Intervención Policial y 56 oficiales del OIJ, allanaron a las 10:30 de esta mañana, las oficinas del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, con un operativo que mantiene cerradas las calles aledañas.

Según informaron los directivos del sindicato, los oficiales desalojaron el edificio y están rompiendo escritorios, buscando supuestamente información contable del año 2010, que fue el periodo en el que el la directiva sindical fue usurpada por un grupo de gente leal al gobierno y a la privatización del los puertos del Caribe.

En esa oportunidad, los llamados “testaferros“ se llevaron 55 millones de colones sin que quedara constancia contable de los mismos. Por esa razón la directiva encabezada por Ronaldo Blear interpuso una acción legal para que el grupo usurpador rindiera cuenta del dinero.

Esto no tiene pies ni cabeza pues nos están allanando por una demanda que nosotros mismos pusimos“ manifestó José Luis Castillo y agregó que “se trata de una manifestación de persecución política contra SINTRAJAP“.

La CCSS revisará condonación de deuda estatal

Aplaudimos con fuerza la decisión de la actual cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de rectificar la pésima decisión adoptada en el anterior Gobierno, encabezado por el hoy Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, de condonarle al Estado el pago de intereses con relación a la gigantesca deuda que mantiene con la Caja; decisión ésta completamente desafortunada adoptada por la anterior Presidencia Ejecutiva de la institución, en manos del Ing. Eduardo Doryan Garrón.

Somos del criterio de que la más importante y querida institución pública del pueblo costarricense, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está pasando por la encrucijada más difícil y dramática de toda su historia, incluso con grave riesgo de deterioro financiero irreversible. Por tal razón, la ciudadanía activa y sus distintas organizaciones deben promover una especie de cruzada patriótica para salvar a la Caja.

Si desafortunada fue la errónea decisión política del binomio Arias Sánchez-Doryan Garrón, de perdonarle al Estado el pago de intereses con relación al arreglo de su deuda con la Caja, adoptado en octubre de 2007; no menos errónea y perniciosa fue pagar el principal de esa deuda con papeles, con bonos, cuya colocación en el mercado financiero le ha resultado sumamente difícil a la Caja, lo que la obligó a endeudarse por primera vez en toda la historia de su existencia, para funcionar a nivel mínimo.

No basta con que la Asamblea Legislativa convoque al señor Doryan Garrón a comparecer y ofrecer explicaciones sobre el particular, como se anuncia para el próximo viernes 16. También deben ser convocados el propio Expresidente Arias Sánchez y su Ministro de Hacienda, el señor Guillermo Zúñiga Chaves, protagonista directo del arreglo de pago que el Estado hizo con la Caja, por un monto de 123 mil millones de colones, pero sin cobro de intereses.

Además, si bien es importante esta rendición de cuentas en el escenario político, la propia Asamblea Legislativa debe abrir el camino para las responsabilidades penales inmersas en este problema. Es más, el propio Ministerio Público debería de actuar de oficio sin esperar una denuncia formal.

La Caja, víctima de poderosos intereses corporativos internos y externos, debe ser salvada de quienes, intra y extramuros, la tienen “_secuestrada_”.

INEC necesita las 462 plazas

A la 1:30 de la tarde de hoy, jueves 23 de febrero de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), será recibida en la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP), con el propósito de dialogar en defensa de que al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se le autoriza el total de las 462 plazas que se necesitan para diversos compromisos urgentes y necesarios en estas materias, especialmente para ir avanzando hacia la fase final del más reciente censo nacional.

Costa Rica necesita de las más actualizadas estadísticas para la toma de decisiones en los campos público y privado; amén de que se hace imperioso mantener el alto estándar de calidad, de rigurosidad científica y de profesionalismo que han caracterizado al INEC. Negarle la posibilidad de que tenga esas 462 plazas es vulnerar su acrecentado prestigio y su sólida credibilidad.

Además, desde una perspectiva laboral es sumamente importante enfatizar en la cuestión social inmersa en los empleos que representan esas 462 plazas, en situaciones como las actuales en que el desempleo tiene en el sector juvenil un alimento constante. Muchas de esas personas potencialmente afectadas si no se aprueban las indicadas plazas, son costarricenses jóvenes, gente joven profesional que el país necesita incorporar al proceso del desarrollo.

La ANEP espera que el asunto se resuelva como el país y el INEC lo merecen.

Mario Devandas representante de sindicatos en la Caja

Nota del Diario Extra

En medio de una ajetreada, complicada y por momentos álgida jornada, los sindicatos escogieron al economista Mario Devandas Brenes como su representante permanente ante ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El resultado fue aplastante: 157.359 votos a favor de Devandas, mientras que su contrincante y actual miembro a.i., José Joaquín Meléndez, obtuvo solo 654.

Devandas es el único candidato que presentará el movimiento sindical al Poder Ejecutivo, cuando se discutió en algún momento que la mejor alternativa era la presentación de una terna. Lo que procede ahora es que la comisión electoral y la coordinadora presenten ante el Poder Ejecutivo el resultado de la asamblea general para su ratificación.

Mario Devandas Brenes llegará a llenar la vacante dejada en la junta directiva de la CCSS, tras el fallecimiento, en diciembre pasado, de Carlos Agustín Páez Montalbán.

El representante electo firmó un documento en el que se compromete, entre otras cosas, a luchar férreamente en defensa de la CCSS, al tiempo que no podrá tomar decisiones unilaterales que vayan en contra de los asegurados, ni de los trabajadores de la entidad.

PUNTO MÁS TENSO

El momento más álgido de la asamblea fue cuando la dirigencia de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) presentó los documentos para participar y les indicaron que no podían hacerlo porque no son sindicatos.

Este tema causó una hora de discusiones desde el punto legal y político.

Beatriz Ferreto, presidenta de APSE, defendió el derecho que tiene su organización a participar en el proceso electoral, al tiempo que arremetió al indicar que “_es absurdo que el movimiento sindical nos diga que no estamos facultados a votar al representante sindical ante la junta directiva de la Caja. ANDE y APSE representan a 78 mil trabajadores y se nos quiere negar la participación_”.

Tras varios minutos de exposiciones y con una votación de 45 a favor y 12 en contra, las dos organizaciones magisteriales pudieron participar, en medio de criterios de legalidad y discursos que resaltaron la unión sindical.

Proceso persecutorio contra dirigente de ANEP

Presentamos la carta que escribió el mismo Walter para hacer del conocimiento a trabajadores y trabajadoras sobre el caso denunciado.
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ORGANO DIRECTOR EN MI CONTRA

Por el respeto que se merecen los trabajadores del IDA y particularmente los afiliados a la seccional de ANEP, no puedo dejar de informar que el día de hoy fui notificado de un procedimiento en mi contra por supuesto “_incumplimiento a sus deberes al utilizar correos y números de teléfonos institucionales para la prestación de servicios de en actividades sociales ajenas a la institución y a los fines que esta persigue_”.

El asunto se remonta al mes de setiembre del 2011 cuando el periódico El Florense sacó una publicación, la cual se adjunta, en que el periodista sin mi consentimiento y sin mi conocimiento, incluye un pequeño espacio en que promociona mi actividad artística y pone como mecanismos para contactarme, el teléfono del IDA y el correo que me asignó la institución.

En nota del 20 de setiembre del 2011, el señor Alberto Salazar, Gerente del Grupo Informativo El Florense, se dirige al señor Rolando Gonzaléz, Presidente Ejecutivo del IDA para indicarle lo siguiente: “_Lamentablemente en esta ocasión le escribo para aclarar una penosa situación que se está presentando con el señor Walter Quesada funcionario del IDA debido a una publicación que se realizó en el periódico El Florense en el mes de setiembre. En días pasados cubriendo la actividad del IDA en el Tribunal Supremo de Elecciones me encontré con Quesada y lo invité a que grabáramos un programa de radio, a lo que Walter gustoso accedió y el martes siguiente nos encontramos en su casa en Heredia. Al terminar la grabación en agradecimiento por su amabilidad le solicité una tarjeta de presentación con el fin de sorprenderlo con un anuncio de cortesía en la edición de setiembre”… “en este momento me encuentro sumamente apenado por los inconvenientes que esta publicación le están causando a dicha persona ya que ni siquiera sabía que se publicaría un anuncio suyo y mucho menos tomando la información de una tarjeta de presentación de la institución_”.

Como se puede observar nunca pretendí que se me promocionara con la tarjeta de presentación del IDA y mucho menos utilizar los canales de la institución para promover mi actividad, sin embargo se me procesa por supuestamente haber utilizado esos recursos para actividades privadas.
No quiero emitir criterio sobre el tema, únicamente lo hago público para que ustedes juzguen la procedencia del órgano director y mediten que se esconde detrás del mismo.

Nada más acotar que como producto de este procedimiento, hoy mismo hice devolución de las tarjetas de presentación a la Presidencia Ejecutiva.

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-IDA

Hay gente en el Gobierno que quiere cerrar la Imprenta Nacional

Este martes 10 de enero la ANEP fue invitada a participar de una reunión extraordinaria entre la patronal de la Imprenta Nacional y la clase trabajadora de esta institución. Por nuestro sindicato participó el compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General. Junto a Albino en la mesa principal estuvo la señora Marcela Castro Chacón, Viceministra de Gobernación, el señor Jorge Luis Vargas Espinoza, Director de la Imprenta Nacional, así como Isaias Castro y Alexandra Calderón, miembros de la Junta Administrativa de la Imprenta.

Decenas de trabajadores y trabajadoras asistieron a la cita, en el área del comedor, con el fin de conocer de parte de las autoridades que es lo que el Gobierno quiere de la Imprenta Nacional y cuál es el futuro de la institución.

El Director Vargas Espinoza fue muy enfático en señalar que hay una gran parte de la gente del Gobierno, Ministros y oficiales mayores, que quieren cerrar la Imprenta Nacional, y según el señor Vargas la culpa es de los y las trabajadoras, que con sus movimientos por reivindicar sus derechos laborales han creado un mal ambiente en el Consejo de Gobierno.

La presión a los trabajadores y trabajadoras es fuerte. La amenaza de sacar el boletín del Poder Judicial, así como La Gaceta, corazón del trabajo en la Imprenta, fue reiterada en varias ocasiones por el señor Director. Aunque dice que su gestión ha sido en defensa de la Institución y de que el órgano oficial del Gobierno se siga imprimiendo ahí.

El compañero Albino Vargas Barrantes fue enfático en reiterar que nuestro Sindicato defenderá a capa y espada a la Imprenta Nacional, cuyo principal bien es el capital humano, hombres y mujeres de un gran profesionalismo en la institución. Nuestro Secretario General destacó la problemática fiscal en la que se encuentra el Gobierno, y de cómo instituciones como la Imprenta van a ser atacadas, sobretodo en su planilla. Los primeros en la línea de fuego son los interinos.

Nosotros como organización sindical hemos defendido que la Imprenta Nacional sea competitiva, eficaz y eficiente, y así quedó demostrado en el articulado en la Convención Colectiva de Trabajo que firmamos en esta institución, donde el articulado de productividad ha quedado engavetado porque así lo han querido las autoridades. Dice Albino que “la Convención en nada riñe con estos parámetros. los trabajadores valorados, estimulados, respetados son los que pueden sacar adelante una empresa pública como la Imprenta Nacional“.

Por último fue enfático en que la situación que vive la Imprenta jamás es culpa de los movimientos reivindicativos de la clase trabajadora. “A la Imprenta Nacional la quieren cerrar para que el millonario negocio de impresión que ahí se maneja pase a manos privadas, y porque en el Gobierno de Laura Chinchilla se sigue pensando en el modelo neoliberal de total reducción estatal, sin pensar en las consecuencias que eso acarrea“.

ANEP firma Convención Colectiva en el SINART

Tras nueve años de negociación el pasado viernes 2 de diciembre la clase trabajadora del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, cuenta con su Convención Colectiva. Este es un hecho histórico al ser esta la primera Convención que se da en un medio de comunicación en Costa Rica, que aunque Estatal se maneja bajo los términos del derecho laboral privado, lo que es un logro aún más importante.

Durante mucho tiempo, la indisposición patronal a la negociación impidió que el trámite colectivo avanzara, pero con la llegada de don Rodrigo Arias al SINART las cosas mejoraron y se llevó a buen puerto esta lucha histórica.

La Junta negociadora estuvo conformada por la representación sindical de Mauricio Solano y Fernando Vargas, con el acompañamiento y asesoría legal de Carolina Quesada, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, y por parte del SINART estuvieron Allan Trigueros y el señor Rodrigo Arias, ex rector de la UNED y actual Presidente del SINART. El último proceso duró un año entero y de ahí salió el documento final firmado el pasado viernes.

Como ha sido la costumbre en la conceptualización de esta clase de documentos en la ANEP, la Convención Colectiva en el SINART tiene características progresistas, donde todos los actores tienen derechos y responsabilidades que buscan un ambiente laboral digno para la clase trabajadora, así como la lucha por mejorar día a día la situación institucional.

Dentro de los aspectos más interesante de esta Convención está el rompimiento del tope de cesantía a 12 años, un mayor número de días de vacaciones con forme aumentan los años de servicio, similar a lo usado en el Servicio Civil, la regulación de los concursos internos, el sistema de disponibilidad para los torreros, el salario escolar y la creación de la Junta de Relaciones Laborales.

Además, compromete a la clase trabajadora a ser más proactiva y cuidadosa de los bienes del SINART, y a la seccional de ANEP a apoyar de cerca el cumplimiento de la normativa interna. Esto busca consolidar o crear derechos bien merecidos para las personas trabajadoras pero de manera sustentable, que no impliquen el descalabro económico de la Institución.

En la ANEP celebramos la firma de esta Convención Colectiva, fruto de años de lucha y trabajo por la clase trabajadora del SINART.

Despidos masivos a la vista en Correos de CR

Honorable señora, Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República:
Honorable señor, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia:
Honorable señora, Licda. Sandra Pizsk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social:
Honorable señor, Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de la Presidencia
Honorable señor, Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Àrea Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Presente

Con gran respeto para vuestras ilustres autoridades políticas, de manera urgente y por segunda vez, hacemos formal solicitud por esta vía (así habilitada como legítima para interpelar a la Administración, según pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia); para una intervención política inmediata del Gobierno de la República ante una tensa situación social en desarrollo en la institución Correos de Costa Rica S. A., por la inminencia de despidos de personal (se habla de una cifra superior a las 200 personas trabajadoras); amén de que tenemos informes de lo que podria ser un campaña en contra de la ANEP por ser la única organización sindical interna que en estos momentos está abordando este tema, lo cual estaría generando “molestias“ jerárquicas.

Tenemos reportes de que algunos personeros ligados a la cúpula institucional le estarían diciendo a grupos de trabajadores que es mejor desafiliarse de la ANEP. Esto no lo podemos tolerar bajo ninguna circunstancia. Además, un caso concreto de incertidumbres sobre el rumbo institucional tiene que ver con que en la zona de Frailes, de Desamparados, supuestamente, se contratarían servicios privados para repartir correspondencia, lo cual nos llama la atención (de ser cierto), sobre su relación con la situación financiera institucional y el tema de los despidos.

Como organización sindical que representa a un importante número de personas trabajadoras asalariadas de Correos de Costa Rica S. A., nos corresponde por esta y por otras vías, hacer un llamado a la movilización a todo el colectivo laboral institucional, más allá de su pertenencia o no a la ANEP. Nuestra organización no se hará cómplice bajo ninguna circunstancia de una tragedia social lanzando al desempleo a personas asalariadas de Correos. Debe constar que no se contará con nuestra pasividad, con nuestra permisividad, con nuestra complacencia, con nuestro silencio (tácito o explícito), para que se ejecuten despidos en Correos. No aceptamos que el sacrificio de “los de abajo“ se siga cronificando en un país como el nuestro donde cada vez más la injusticia social se hace más evidente.

A los trabajadores y a las trabajadoras de Correos les hacemos un vehemente llamado a sus conciencias para que no permitan más atropellos y para que defiendan su Derecho Constitucional al Trabajo.

Reiteramos este llamado a las altas autoridades políticas aquí mencionadas para que se proceda cuanto antes a abrir una mesa de diálogo sobre todo esta delicada situación.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP