Concesionarios y funcionarios del PIMA-CENADA se unen para salvar la institución

Preocupados por los cambios anunciados por el ministro de Agricultura y Ganadería, los concesionarios y funcionarios del PIMA-CENADA se unieron para enfrentar lo que catalogan como la situación más crítica de la historia institucional.

ANEP-Fuerza Pública ha denunciado fallas en la planificación e irregularidades en compras y uso de recursos en el MSP

  • Casos que en el pasado fueron denunciados por ANEP, vuelen a estar vigentes en medios de comunicación.

Desde el año 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública ha venido denunciado y advirtiendo una serie de irregularidades, fallas y deficiencias en torno a los procesos de compra de equipo e inversión por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.

En ese año, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes por presunta malversación de fondos públicos, misma que a pesar de haber contado con el testimonio de un funcionario de la auditoria interna y con importante prueba documental, fue desestimada a la espera de nueva prueba. Paradójicamente, en aquel momento se pretendió despedir al funcionario de la Auditoria Interna del MSP.

En el 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, también denunció ante la Contraloría General de la República (CGR), la compra de vehículos no aptos para la función policial.

En el año 2016, la Seccional acudió ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, sin embargo, no se logró el interés de la mayoría de diputados que integraban dicha comisión. En esa ocasión los legisladores demostraron un desconocimiento del tema de seguridad ciudadana.

Durante la comparecencia Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Estos detalles salen a colación luego de una serie de notas publicadas por dos medios de comunicación, que cuestionan el accionar del MSP con respecto a la compra de vehículos y la modificación de estos, situaciones que han sido denunciadas por ANEP con anterioridad ante diversos entes, la opinión pública y medios de comunicación.  

Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública, estas publicaciones evidencian, una vez más, que la cartera de seguridad pública urge de resolver fallas o deficiencias en torno con los procesos de compra de equipo e inversión de los recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.

“Una vez más el tiempo nos da la razón, en momentos en que los oficiales de policía experimentan una reducción en el suministro de alimentos, la falta de uniformes, botas policiales, equipo de protección; la administración aduce falta de liquidez. Sin embargo, nos enteramos que se malgastaron 83 millones en la modificación de vehículos”, dijo Anchía

La Seccional ANEP Fuerza Pública, hace un llamado a la nueva administración y al Ministro de Seguridad, Michael Soto, para que tomen las medidas pertinentes a efectos de que las malas prácticas del pasado sean erradicadas. “Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias”, finalizó Anchía.

Compartimos audio de Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Seccional Choferes Turrialbeños logra acuerdo en cobro por faltante de barras

-El acuerdo fue alcanzado en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la presencia de representantes de las empresas Transtusa, Transportes CIPARO S.A., Transportes Mora y Rojas, Transportes Madriz y Mata y Transportes Tencio Mora, todas de la zona de Turrialba.

La Seccional ANEP-Choferes Turrialbeños logró en sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una serie de acuerdos en beneficio de los choferes de autobús, entre los que se destaca la problemática con el faltante de dineros por concepto de barras.

El acuerdo fue alcanzado con la presencia de representantes de las empresas Transtusa, Transportes CIPARO S.A., Transportes Mora y Rojas, Transportes Madriz y Mata y Transportes Tencio Mora, todas de la zona de Turrialba, con la mediación del viceministro del Área Laboral, Ricardo Marín y la directora de Asuntos Laborales, Adriana Quesada.

Respecto a la problemática generada por el cobro por faltante de barras, las partes acordaron que la empresa entregará una liquidación diaria con el reporte de recaudación por rutas, en caso de que haya un faltante se entregará el documento de forma física concediéndole al trabajador el plazo hasta de 3 días para clarificar la causa del faltante. De persistir el faltante ambas partes procederán según en derecho corresponda.

Respecto a los tiempos de descanso para la ingesta de alimentos, el sindicato deberá realizar una propuesta de los roles trabajo, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa sobre la prestación del servicio de transporte público.

Otro de los aspectos a destacar en el acuerdo firmado, es concerniente a los uniformes de trabajo, la Seccional ANE-Choferes Turrialbeños solicito la entrega de tres uniformes por año, propuesta que será analizada por las empresas, estas últimas tendrán 15 días para dar una respuesta o contrapropuesta.

También destaca, la posición de las empresas, la cuales indican que respetan el ejercicio de libertad sindical. Además, aclaran que no es política cobrar los dineros que sean objeto de pérdida por caso de robo por delincuentes.

A continuación compartimos el acta con los acuerdos alcanzados

Acuerdo Choferes Turrialbeños by on Scribd

Solicitan libertad de Carlos Andrés Pérez y la realización de un nuevo juicio

Tribunal no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación

Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.

Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.

«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental», manifestó el defensor.

Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la sentencia.

«Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó Loaiza.

Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.

Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez

Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema aparentemente dañado.

Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.

Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Audiencia de Apelación

Desde las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea #LibertadparaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Ambiente en las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea previo a la audiencia

Criterio sobre la aplicación y alcances de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635

COMBO FISCAL: Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la del “fallo constitucional de compadre hablado”. Análisis jurídico de la misma en cuanto a los contenidos atentatorios de los derechos laborales-sociales y económico-reivindicativos del Empleo Público, efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP.

Documento que ANEP pone a disposición de todas las personas anepistas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP, de quienes fungen como delegados o delegadas de la organización, en fin, de toda su membrecía que labora en el aparato estatal. Igualmente, lo compartimos con todas las agrupaciones colegas, especialmente las del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, así como del público en general. ANEP concluye que ocurrió la más grosera agresión política de toda la historia del empleo público en contra del funcionariado estatal; agresión ejecutada por el triunvirato gobiernista PLUSC-PAC.

Los nuevos escenarios de lucha están ya abriéndose y de ello hablaremos con toda la dirigencia anepista de base con ocasión del Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la ANEP previsto para el viernes 22 de marzo de 2019. De seguido, el indicado documento que, de manera respetuosa, recomendamos compartir.

Criterio sobre la aplicació… by on Scribd

Posición de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre proyecto que pretende gravar los excedentes de las cooperativas

Se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende gravar los excedentes que generan los ahorros de las personas agremiadas a las cooperativas. Este proyecto, al igual que otros que han sido de conocimiento de los actuales señores diputados y señoras diputadas, comete el mismo pecado de recargar la crisis fiscal sobre los que menos tienen, es decir la clase trabajadora.

Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en las siguientes razones:

1. Los excedentes de las cooperativas ya pagan un 5 % de impuesto de renta. 

2. La mayoría de las personas afiliadas a las cooperativas de ahorro y crédito son trabajadores y trabajadoras humildes quienes hacen un gran esfuerzo por ahorrar. 

3. El capital de que disponen las cooperativas corresponde a muchos años de ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. La mayoría tienen más de 30 años de estar depositando el 5 % de su salario.

4. Las cooperativas son organizaciones sociales que contribuyen a que exista una mejor distribución de la riqueza.

5. Consideramos que con este proyecto se está dando un trato desigual, ya que hay otras organizaciones sociales que también administran recursos financieros de los trabajadores y de las trabajadoras, a las cuales no se les está aplicando un trato parecido.

6. El incremento de 5 % a 20 % de renta a las cooperativas pone en riesgo la existencia misma de este tipo de organizaciones sociales.

7. Nos parece que este proyecto tiene la intención de desaparecer las cooperativas de ahorro y crédito para obligar a los trabajadores a recurrir a las empresas del gran capital financiero-bancario a tramitar sus créditos.

8. Nos “extraña” que los señores diputados y las señoras diputadas con interés en gravar tributariamente a las cooperativas constituidas mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, sean los mismos que se han opuesto a gravar las empresas del gran capital que se ubican en las zonas francas.

9. Los ahorros de las cooperativas son dineros que los trabajadores y las trabajadoras depositan con la finalidad de tener una vida más digna después de que se pensionan. Si se les cercena como lo pretenden los padres y las madres de la Patria, los estarían condenando a una vejez más miserable.

10. Al ser los ahorros de las cooperativas un porcentaje del salario que devenga la persona trabajadora, se estaría ante una doble imposición, ya que primero se le rebaja del salario lo correspondiente a la renta actual; y, posteriormente se le aplica nuevamente un impuesto a los excedentes que devenga el mismo. 

Nuevamente las clase política y económica que administra el país., se ensaña con la clase trabajadora con la intención de deteriorar aún más su condición de vida y de trabajo. Dejamos constancia pública de nuestra oposición rotunda en contra de nuevas cargas tributarias para las cooperativas.

*Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)*

ANEP a la espera de resolución de recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió a la Sala Constitucional, el pasado 11 de enero, para que el Ministerio de Hacienda entregue la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones.

A este recurso se suman otros más, presentados por diferentes actores políticos y ciudadanos que desean obtener información de los contribuyentes. entre ellos, podemos mencionar el recurso del diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio, el cual fue declarado con lugar y ordena al Ministerio de Hacienda revelar los nombres y los montos de las personas físicas y jurídicas que adeudan dinero al erario.

El recurso de amparo fue interpuesto por el diputado Villalta debido a que Hacienda le negó la lista de los deudores que podrían beneficiarse de la amnistía tributaria introducida por la reforma fiscal. Al igual, la ANEP presentó el recurso ya que el 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa ante la solicitud de la lista de las 96 empresas que se les tramitó el cobro, indicando que la información solicitada es confidencial en su totalidad.

Para nuestra organización sindical es de suma importancia, la resolución positiva del recurso del legislador, ya que fija un antecedente en cuanto a la transparencia en materia tributaria.

Transparencia de la cual el Ministerio de Hacienda ha dejado lado.

Mensaje de la Seccional ANEP-AyA a  Jornales Ocasionales y su situación laboral

La seccional ANEP-AyA informa a los trabajadores Jornales Ocasionales de AyA los puntos abordados durante la reunión del pasado lunes 4 de febrero convocada por Presidencia Ejecutiva en presencia de los Sindicatos.

Efectivamente solo 307 plazas se aprobaron en la Autoridad Presupuestaria (AP)

La administración justificará los casos restantes a los técnicos de la A.P. con el apoyo de las jefaturas quienes deberán indicar por qué son necesarios esas plazas.

ANEP solicitó q los sindicatos sean parte del proceso de asignación de las plazas para garantizar transparencia en el proceso, la Presidenta indicó q esas tareas son muy técnicas y que no lo ve apropiado de momento. Adicionalmente se indicó que los directores analizaran los casos conforme especialidad del puesto y necesidad del área.

Se llevarán las 307 plazas a Junta Directiva de AyA para la aprobación de la modificación presupuestaria que ya está separado para este fin.

Posteriormente se presentarán las 307 plazas ante la Contraloría General de la República para que se autorice utilizar ese presupuesto. Repito ya la partida presupuestaria para este fin ésta separada y, en tal sentido, debemos de mantenernos tranquilos. ¡Burocracia!

La Administración hará todo lo posible para que en marzo regresen a la Institución, pero depende mucho de la Contraloría General de la Republica.

Tal como lo habíamos ADVERTIDO desde ANEP, los jornales tienen que concursar por el puesto fijo y cumplir con todos los requisitos establecidos, incluso, alguien que no esté en la lista de 307 puede también concursar con la posibilidad de dejar al titular fuera, se adjunto un extracto de lo que manifestó la Seccional ANEP AyA en la minuta.

Edwin Marín-ANEP: Tiene duda con relación a las 307 personas que van a ser nombradas en forma interina, o para ese nombramiento se va aplicar preparación equivalente, en caso de que no se les pueda aplicar la preparación equivalente, ¿qué pasa?

Yolanda: la mayoría cumple, lo que si no se puede violentar es que sin requisitos no se pueden nombrar, se deben revisar los requisitos para estar seguros y no caer en una irregularidad.

Lo que se convino con la Administración es nombrarlos interinos por 6 meses mientras se sacan los concursos internos correspondientes”

 ¿Qué pasa con los que no tienen antigüedad?, posiblemente no cumplirán con los requisitos a cabalidad, por tanto, no podrán ser nombrados, eso se dejó claro desde un inicio, indica Yolanda Salas. (Al parecer alguien no comunicó esto con antelación y NO fue la ANEP).

Varios jornales de los 307 fueron nombrados en otras plazas interinas, con lo cual se abre la posibilidad para que varios que no serán tomados en cuanta puedan entrar.

Seremos convocados a otra reunión.  Sigamos depositando nuestra confianza en Dios hasta alcanzar la meta. Adjunto comparativo de plazas