Acción Sindical

Policías se quejan de que no los dejan estudiar

Publicada el 22/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Oficiales de la Fuerza Pública se encuentran molestos alegando que el Ministerio de Seguridad (MSP) ha limitado el chance para que muchos de ellos logren estudiar una carrera paralela a sus labores dentro del sistema policial, indicando que la calificación para obtener la licencia de estudio está siendo manipulada, por lo que presentarán un recurso de constitucionalidad en los próximos días.
Así lo ha denunciado a LA PRENSA LIBRE, Mainor Anchía, policía y Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), señalando que “todo empezó por un cambio del Consejo de Personal del MSP, que cambia lo que estaba establecido en el reglamento autónomo del derecho de los trabajadores a obtener dicha licencia para mejorar su nivel académico, se genera un modelo de evaluación que siempre ha existido, una tabla para mejorar el desempeño de los funcionarios, pero hay una variación que establece la evaluación como uno de los paramétros que determine si un funcionario tiene la licencia de estudio o no”.

“Evalúan por persona subjetivamente, no hay un método científico, la jefatura evalúa a como considere, hemos detectado que en una delegación donde hay 120 oficiales a todos se les puso la misma nota, es imposible que una cantidad tan grande tenga el mismo desempeño, eso está afectando que alguna gente pueda continuar con sus estudios porque les dan nota de ‘Bueno’ y el modelo establece como ‘Muy Bueno’ y ‘Excelente’ para poder gozar de la licencia”, añadió.

Por su parte, Pablo Bertozzi, subdirector de la Fuerza Pública, indicó al Decano de la Prensa Nacional que “yo soy el que firmo las licencias y las sigo firmando, lo primero, esta no es un derecho, es un privilegio, la Administración determina si fundamentando ciertos aspectos da o no la licencia a un funcionario, no es simplemente que un oficial diga que quiere ir a estudiar y la Administración se la da”.

Escrito por César Blanco
cesar.blanco@prensalibre.co.cr

Los camarotes de tres camas

Publicada el 19/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

A partir de esta fecha empezarán a instalarse en las cárceles del país, los camarotes de tres camas; específicamente, en el Centro de Atención Institucional “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”), lo que para la ANEP constituye un todo un simbolismo de una profundización de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que esta organización ha venido denunciando, de manera reiterada y argumentada, desde hace ya unos 3 años.

Adjuntamos el documento (uno más de los que, responsablemente, la ANEP ha preparado para sostener sus tesis en materia de la crisis carcelaria), que el próximo lunes le será entregado en sus manos a la nueva Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez; por parte tanto de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, como de la Junta Directiva de la ANEP-Policía Penitenciaria; planteamiento firmado por las servidoras y los servidores, Martha González Madriz y Ligia Solís Solís, en el primer caso; y por Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, en el segundo.

El planteamiento de que el Sistema Penitenciario Nacional debe ser declarado como Estado de Emergencia Nacional, se refuerza con los camarotes de tres niveles que están llegando en esta fecha al indicado centro penal. La crisis se ha de profundizar: más privados de libertad en ese centro pero con la misma cantidad de personal para atenderles (tanto técnico, como profesional y administrativo); la misma cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria para vigilarles; la misma cantidad de presupuesto para alimentarles y más trabajo para el personal de cocina; más problemas de higiene (es muy díficil una buena limpieza debajo del primer nivel de un camarote de tres pisos (el tercer nivel, prácticamente pega con el techo de la celda).

En fin, todo un acontecimiento simbólico que dramatiza una crisis carcelaria que violenta tanto los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, como los Derechos Humanos del abnegado personal penitenciario mismo que ha venido sosteniendo lo que es un estallido inminente de consecuencias imprevisibles.

Finalmente, ANEP hace un llamado a todo el personal penitenciario para la movilización bajo todas las modalidades posibles a fin de que el Gobierno, el parlamento, el sistema político y la opinión pública entiendan la alta prioridad de atención que está requeriendo la explosiva situación carcelaria costarricense.
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Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora Ministra:

Reciba de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato representado en este Ministerio por la Seccional del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y la Seccional de la Policía Penitenciaria, un cordial saludo de bienvenida.

Indudablemente conociendo su exitosa trayectoria profesional, para la ANEP su llegada a este Ministerio, que pasa por una profunda crisis desde hace años, es una luz de esperanza. Para un sindicato empeñado en la construcción de una sociedad costarricense y latinoamericana solidaria en lo social, inclusiva en lo político y sustentable en lo ecológico, siempre sobre la base general del reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona y la construcción permanente del bien común, la posibilidad que significa su presencia como Ministra de Justicia y Paz para enfrentar con seriedad y responsabilidad lo enormes problemas que sufre el Sistema Penitenciario Nacional son, ciertamente, una luz al final de túnel.

Tenemos la ilusión de que se puedan producir verdaderos y profundos cambios en una institución donde, sólo para decir algo, la violación de derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario que la atiende (administrativo, técnico-profesional y de seguridad), es cosa de todos los días.

En la ANEP llevamos años no sólo denunciando tanto la violación de derechos y múltiples y grave irregularidades en el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sino, también y como ha sido característico de nuestro sindicato, proponiendo una agenda de trabajo seria y responsable para superar esta situación.

Pero, lamentable y muy cuestionablemente, hemos topado con el ninguneo o llanamente “oídos sordos” como respuesta a nuestra voluntad de proponer soluciones.

Ahora bien, según lo acordado en la reunión del pasado 8 de julio en su despacho, con la presente le estamos remitiendo algunos de los planteamientos de nuestra organización sindical para enfrentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, formulados en los últimos tres años.

En la ANEP consideramos que las soluciones ante la grave crisis por la que atraviesa la institución, que debiera ser garante de derechos humanos como último eslabón del proceso del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es un problema de Estado, una catástrofe social, por lo que los poderes supremos de la República la debieran asumir con responsabilidad y en concordancia con su magnitud: correspondiera entonces, declararse en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario de Costa Rica.

Sufrimos en el Sistema Penitenciario Nacional una persistente situación de violación a derechos humanos denunciada de manera reiterada por la ANEP, el personal penitenciario, la población penal y corroborada por personas y organizaciones independientes, como es el caso de la Contraloría General de La República, el Ministerio de Hacienda, medios de comunicación nacional e internacional y la misma Defensoría de los Habitantes de la República y el Servicio Civil .

Una realidad ante la cual la ANEP, como reiteramos es siempre su voluntad y propósito, no se ha limitado a denunciar, sino que ha hecho propuestas y buscado tesoneramente caminos de diálogo y espacios de trabajo conjunto con las autoridades responsables para superar lo que está mal .

Sin embargo, y es necesario reiterar en este hecho, lamentablemente, nuestra voluntad de proponer y construir se ha topado con oídos sordos y ojos que simple, pero en nuestra opinión cínicamente, miran hacia otro lado.

La realidad y verdad, señora Ministra, como usted ha podido constatar en las visitas carcelarias que ha venido realizado, es que las condiciones laborales y de vida de la población penal en el Sistema Penitenciario Nacional y su eficacia de cara a la seguridad ciudadana, en vez de mejorar se ha venido empeorando gravemente en los últimos años y lo más peligroso, en los últimos meses.

Para nuestra organización es necesario luchar, por un lado, por devolverle la dignidad y condiciones de trabajo y de vida al personal del Sistema Penitenciario, dentro de un marco de resguardo a su seguridad humana, para que así éste se encuentre en condiciones de poder cumplir con la misión que el Estado nos ha conferido; y, por otra parte, revertir el abandono en que el Estado costarricense ha sumido al Sistema Penitenciario Nacional, dejando de lado, simultáneamente, la miope visión y carencial decisión de creer que la solución de la problemática de la seguridad ciudadana social se logra a través del encarcelamiento de más y más personas.

Sabemos, como lo apuntábamos el 8 de julio en su despacho, que son solamente 10 meses de gestión como máxima jerarca institucional. Sin embargo, confiamos en su capacidad y disposición demostrada de llevar a cabo una tarea titánica. Nuestra organización sindical, y sabemos que las personas trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar en todo para gestar una transformación radical del Sistema Penitenciario Nacional.

Le proponemos dar cuenta de las siguientes tareas pendientes que consideramos podrían iniciar un fructífero proceso, por el camino del respeto de derechos humanos en la reconstrucción del Sistema Penitenciario:

1. Acoger el llamado para que se declare en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario, tal como lo ha solicitado nuestro sindicato. El sombrío recuerdo de famosas por tétricas instalaciones carcelarias como la isla de San Lucas o la no menos conocida “Peni”, resaltan el camino que el país emprendió a finales de los años setenta del siglo anterior para dotarse de un Sistema Penitenciario moderno, respetuoso de derechos humanos y eficaz en “el tratamiento y reinserción social” de las personas condenadas por haber cometido un delito. Pero la realidad es que los propósitos, objetivos y metas trazadas con el cierre de San Lucas y la transformación de la Penitenciaría Central (en el hoy Museo de los Niños), poco a poco, a veces de manera acelerada, se están abandonando. Así, pues, hace 31 años para el Ministerio de Justicia y Paz y 41 años para la Dirección General de Adaptación Social, Costa Rica reafirmó la senda a derechos y libertades fundamentales para la administración del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, hoy ese camino está seriamente amenazado.

2. Finiquitar el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, al ser el instrumento que vendrá a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario y, con ello, el redescubrimiento de una racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.

3. Retomar la propuesta de realizar un Congreso sobre el Sistema Penitenciario Nacional, que no sólo posibilite una seria reflexión crítica sobre lo que ha sido la cárcel en el seno de la sociedad costarricense; sino, además, darle un nuevo horizonte y sentido social a nuestro trabajo como Adaptación Social

4. Acoger las recomendaciones que la Auditoria de la Dirección General de Servicio Civil emitió en Informe N° AU-1-009-2012; que vendría a iniciar el necesario proceso de poner a derecho al Sistema Penitenciario Nacional en cuanto a la administración del personal.

5. Acoger las recomendaciones emitidas en respectivos informes por parte de la Defensoría de los Habitantes de la Republica y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2012); que vendría a retomar el camino de la institución penitenciaria hacia la plena observancia de Derechos Humanos, tanto los atinentes al personal como los concernientes a la población privada de libertad; todo lo cual, vendría a darle una solidez a la institución como ente fundamental de la Democracia costarricense.

6. Consolidar la Comisión de Alto Nivel, encargada del análisis de diversa temática laboral-institucional que sea garante de la estabilidad del Sistema Penitenciario Nacional de cara a los desafíos de estos tiempos; que minimice, por accionar preventivo, los riesgos en que se está sumiendo al personal y a la población penitenciaria. Consideramos que en dicha comisión se traten temas en lo inmediato y de urgencia como:

a) homologación salarial para la Policía Penitenciaria y pago de deudas salariales por concepto de disponibilidad;
b) actualización del perfil de mercado laboral para el personal de cocina;
c) elaboración de reglamentación horas extras, disponibilidad, rotación, traslado;
d) estudio técnico de perfiles y cargas de trabajo de toda la institución, incluyendo los diferentes centros de atención de los cuatro programas (el cual deberá reflejar todas las necesidades de dichos espacios institucionales, debiendo incorporar, entre otros elementos, un estudio de clima laboral, el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y derechos laborales fundamentales, así como otros elementos relacionados con el funcionamiento del personal;
e) iniciar la discusión y elaboración de: políticas integrales penitenciarias, hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente;
f) empréstito del BID; g) deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción; limitado equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad;
g) excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo;
h) ausencia de redes de coordinación externas institucionales estatales, empresa privada, ONG’s y otras;
i) políticas para eliminación de la brecha digital entre segmentos del personal penitenciario;
j) intervención profesional para subsanar las insuficiencias del sistema electrónico de transmisión de datos (SIAP-13).

El sólo enfrentar estas tareas sería toda una revolución de cambios positivos para un Sistema Penitenciario Nacional colapsado y derruido.

Con la mayor consideración,

Junta Directiva Seccional ANEP
Sistema Penitenciario Nacional

Junta Directiva Seccional ANEP
Policía Penitenciaria

Martha González Madriz
Presidenta

Héctor Prado Monge
Presidente

Ligia Solís Solís
Vicepresidenta

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Pésimas condiciones y bajos salarios debilitan policías

Publicada el 18/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

“El policía no recibe vacuna contra la corrupción, el tema no recae solo en lo salarial, pues muchos tienen sus años de formar parte del Ministerio Seguridad Pública (MSP) y han podido subsistir y sacar a sus familias; el problema también crece debido a las pésimas condiciones en las que subsisten los oficiales”. Fueron parte de las palabras que el sindicalista de la Fuerza Pública, Minor Anchía, expresó en las instalaciones de DIARIO EXTRA en una entrevista con la directora general del medio, Iary Gómez, y la subdirectora, Paola Hernández.

Anchía, quien cuenta con una carrera de más de 20 años en el Ministerio de Seguridad Pública, se ha destacado como jefe cantonal y regional en diferentes zonas del país. Desde enero anterior es el líder y representante principal del movimiento que expone las debilidades del MSP.

Sostiene que la corrupción es un problema con el que los uniformados deben lidiar y resistir; sin embargo considera que esta situación es potenciada desde adentro de la institución del MSP debido a los engaños en los que han hecho creer a los oficiales. Además de que las jerarquías, en múltiples ocasiones, son manejadas por la argolla o el “me cae bien” dejando de lado a los policías que se han esforzado en busca de un cargo mayor.

Afirmó que muchos representantes de la institución pretenden tapar el problema con un dedo dejando de lado la epidemia de narcotráfico y el boom del lavado de dinero que acapara y apunta a nuestras familias.

¿Son flojas las capacitaciones que da el MSP a sus miembros, y es este más bien un trampolín para el desliz de un uniformado?

Lamentablemente el manejo del Ministerio, a través de los años, ha potenciado que algunos policías hayan caído; no estoy de acuerdo en generalizar, pero tampoco me quiero poner una venda en los ojos para aceptar que hay oficiales que integran estas bandas.

Por desdicha, al funcionario no se le trata como un ser humano y si nos ponemos a ver, la mayoría de los hogares de estos delegados están desintegrados; cuando una persona pierde el vínculo familiar, pone en riesgo todo el resto de valores y es ahí donde viene el desliz.

En este punto no solo son las capacitaciones las que están mal; hay que dejar claro que el personal no recibe el trato que merece, los sitios de trabajo son deplorables como las delegaciones que hasta dan lástima. Tengo evidencias de que el Gobierno paga un alquiler de más de 3 millones por el edificio que funciona como delegación en el antiguo canal 7 y se encuentra en pésimas condiciones.

Además, existen debilidades en que los jefes tratan a sus subalternos como esclavos, tal es el ejemplo de la delegación de Catedral. No hay que dejar de lado el pecado de vanidad en el que altos funcionarios caen al obtener una jerarquía, olvidándose de los que andan, caminan y se enfrentan día a día con la delincuencia y maldad.

¿Considera esto una debilidad en la Fuerza Pública?

Los policías son los que cuidan a la ciudadanía, pero ¿sabe la gente cómo en realidad anda ese oficial? ¿Cómo sabe usted que ese policía no anda destruido y va agarrar su arma para accionarla sin razón alguna? Un ejemplo de este caso es de la embajada de Chile, en el que el compañero don Orlando lo trataban denigrante, humillante y vea cómo terminó.

Las tres grandes debilidades de esta institución se resumen en tres puntos: primero, la falta de planificación y de liderazgo. Segundo: la desintegración familiar que la mayoría de oficiales sufren, muchas veces debido al maltrato en el que viven y descargan con sus seres queridos.

Finalmente, seguir administrando pobrezas, como por ejemplo las delegaciones en paupérrimas condiciones.

¿Es suficiente el curso de 6 meses para ejercer en las calles como oficial?

No hay una verdadera profesionalización, la escuela Nacional de Policía con seis meses jamás va ser una verdadera carrera. El modelo de la escuela sigue siendo pequeño, a veces es de solo 20 horas por curso. Hay gente que disparó en ese curso y no vuelve a disparar hasta dentro de diez años.

¿Cuentan con el equipo suficiente para enfrentarse en el tiempo y espacio necesario?

Tenemos muchos compañeros en las delegaciones que trabajan con un revólver calibre 38, esa arma ya está obsoleta, pues solo maneja seis tiros mientras que el crimen organizado anda con potentes armas de fuego y no andan solo una , sino hasta tres en la bolsa. O sea, estamos en una total desventaja.

Continúan los problemas con las municiones, de gastar un tiro se abre un proceso disciplinario, prácticamente el policía tiene que tener su arma escondida, cuidado y se le cae un tiro.

Aquí se debe hacer una verdadera carrera policial donde aparte de formar se dé la posibilidad de crecer.

¿Qué pasó con el Manual de Puestos, muchos policías hicieron cursos y no ejercen como tal?

El manual de puestos fue un engaño más de los que nos hicieron creer y del que caímos muchos; este fue anunciado hasta con platillos, se llevaron a cabo los cursos y aún el Manual no está listo.

¿El Gobierno ha engañado a la población con el supuesto ingreso grande y constante de uniformados?

Doña Laura ha destacado en su candidatura sobretodo toda la inversión que hay en las calles, según ella son 14 mil policías. Sin embargo, el último dato que solicité con fecha del 5 de abril anterior, me dice que hay 13 mil 520 oficiales.

De estos 13 mil 520 debemos restar a los jefes, a los miembros de la Central de Comunicaciones, a los de administración, los que dan programas preventivos, es decir en funcionamiento quedan unos 10 mil policías, de ese número se debe dividir en tres turnos; finalmente, para todo el país por turno trabajan unos 3.600 policías.

Un punto más, sé de tres grupos de muchachos que ya salieron de la Escuela Nacional de Policía, los cuales están trabajando, no obstante no han recibido el título de policías porque evidentemente esperan un acto político para decir sobre el “supuesto” ingreso de personal policial.

Estos tres grupos no pueden continuar con el Básico policial, debido a que necesitan el título de la Escuela Nacional de policía.

Otras de las tácticas que se vale la política, es atraer a los oficiales que solo cuentan con un sexto grado para hacer el básico policial, y desafortunadamente los están burlando porque ese título de nada les va servir, ya que la ley pide mínimo noveno año para lograr ingresar al siguiente paso que es el Estatuto; luego realizan un acto político de graduación y dicen que se trata de nuevos oficiales cuando ejercían desde hace años.

¿Considera que la Fuerza Pública se maneja solo por política?

Desafortunadamente sí, tratan de tapar problemáticas que cada vez emergen como la espuma. ¿Cómo es posible que digan que la criminalidad disminuyó, que estamos muy bien?, pero cuando se les solicita permisos para que algunos delegados trabajen en diferentes zonas, los jefes responden de que no pueden porque el lugar es conflictivo; entonces se contradicen.

Deberían de tomar de ejemplo al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), don Francisco Segura, él sí ve la realidad y dice que estamos inundados de narcotráfico.

Lo que pasa es que la Fuerza Pública se sigue manejando políticamente por eso es que se tapan muchas realidades y esta seguridad no crece.

¿Cuál es la falla para que un policía se pase de bando?

Es producto del abandono institucional, muchas veces el policía no es valorado como ser humano, como profesional. Los concursos de la Fuerza Pública siguen siendo un atropello, pues se sigue dando el favoritismo, la argolla, evidentemente sigue siendo un malestar. Cuando el que manda pierde la vergüenza, el que es mandado pierde el respeto.

No justifico la corrupción, porque muchos hemos podido resistirla, pero sí creo que es parte de lo que la potencia.

¿Existe alguna forma de castigo que usan para los policías?

Claro, ¿usted cree que un policía es para que esté sentado en una caseta?; un ejemplo de esto son los que cuidan las embajadas o las casas de los expresidentes de la República.

Tengo conocimiento de un licenciado en derecho que le ordenaron permanecer en una caseta y cuidar la casa de un exmandatario. Otro licenciado en criminología cuida una embajada en Tibás. ¿Por qué los tienen ahí y no en un curso de ascenso por su curriculum? Muy sencillo, porque no es del agrado de los superiores. Si la Fuerza Pública se sigue moviendo por medio de la política, no va crecer ni surgir como una institución de seguridad para la ciudadanía, lamentablemente algunos de los que ejercen mandos no es porque sea el idóneo, sino porque es el amigo o le caía mejor a un político.

Persecución sindical en Estación del MAG

Publicada el 15/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

San José, 15 de julio del 2013
Señora Gloria Abraham Peralta,
Ministra de Agricultura

Muy apreciada doña Gloria,

La Seccional de la ANEP en el Ministerio de Agricultura a su digno cargo, nos reunimos los días 13 de junio y 01 de julio para conocer la situación de los trabajadores que se desempeñan como peones y agentes de seguridad en la Estación Experimental Los Diamantes, en Cariari de Pococí. Nuestra presencia se hizo en el marco de una invitación de estos trabajadores.

En mis 30 años de trabajar para esta noble Institución no había escuchado relatos parecidos por parte de algún trabajador de este Ministerio relacionado con la actitud de un superior como es el caso de la Ingeniera Xinia Solano, Directora de la Estación de marras.

Los trabajadores señalan irregularidades de fondo, las cuales no han sido posible analizar con la Ing. Solano debido a su posición rígida, intransigente y como ella lo dice (según los trabajadores) por ser de corte nazista y, que además, actúa con el irrestricto apoyo de su parte para mantener esta relación hostil, de amenazas permanentes, de desdeño y humillante con los trabajadores.

Las primeras amenazas las concretó al despedir de su empleo y expulsar de su vivienda, sin argumento alguno (todo parece indicar que la razón es una afiliación que hicieran estos trabajadores a la ANEP).

Personalmente me reuní con el Ing. José Rafael Corrales A director del INTA, para abordar estos temas ante los rumores de que esto se produciría inminentemente. En las dos reuniones que hemos mantenido el Sr. Corrales y mi persona, se han levantado las minutas del caso, copias de las cuales le hecho llegar a usted, vía correo electrónico. Estas reuniones se efectuaros para abordar los temas con la persona indicada y de abajo hacia arriba. Me preocupó de sobre manera el modo de abordar los temas pues, ante las preguntas sobre los rumores de despido y desalojo de las casas me informó que no había de que preocuparse pues esas preocupaciones eran infundadas y por lo tanto no eran ciertas, quedando en evidencia una estrategia que, en ninguno de los casos es aceptable – de doble discurso y doble moral. En nuestras conversaciones no percibí del Ing. Corrales ningún interés por ahondar en las preocupaciones que en ese momento deseaba expresar.

Por esta razón recurro a usted para solicitar un espacio, como último escalafón de responsabilidad institucional para analizar la situación señalada y buscar una solución.

Es mi deber manifestarle que, por la información que nos han manifestado los trabajadores, todos coincidentes armoniosamente con los argumentes, estamos ante una injusticia y una irregularidad que, como le repito, no había visto en mis 30 años de laborar para esta Institución.

Doña Gloria, me permito señalar, con el más profundo respeto, aquellas palabras que usted, desde la escalinata del MAG dijera el 10 de mayo del 2010, dirigiéndose a todos y todas las funcionarios de nuestra Institución (yo la escuché con mucha atención) cuando dijo sus 5 pilares que regirían su gestión “1. El conocimiento colectivo y participación es lo más importante 2. Trabajo en Equipo 3. Integración de las Instituciones del Sector, 4. Gestión de puertas abiertas y 5. La humildad para gobernar.” Estas palabras me generaron desde el principio una agradable sensación de buenos augurios.

Creo que, recurriendo a estas máximas suyas, le pido los espacios o en su lugar, las gestiones necesarias para revertir los atropellos y fuertes injusticias cometidas contra los trabajadores de los Diamantes quienes, dentro las circunstancias y responsabilidades de nuestra parte, les brindamos nuestra plena solidaridad. Ellos solo están pidiendo el respeto a sus derechos básicos, en este caso de asociación, respeto a su dignidad y a una seguridad elemental para sus familias.

Como usted correctamente señalara, los grandes retos nacionales de la producción agropecuaria es más fácil superarlos si trabajamos en equipo, con respeto y con humildad. Así lograremos la sinergia necesaria para potenciar las propuestas que nuestros agricultores esperan de todos y todas nosotras.

Atte.,
Alexis Calderón Villalobos, Presidente Seccional ANEP-MAG

Paro provoca mejoras en Nutrición del Hospital de Niños

Publicada el 11/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Las personas trabajadoras del Departamento de Nutrición del Hospital Nacional de Niños se mantuvieron en un movimiento de paro de labores durante la mañana del jueves 11 de julio. Pedían mejoras en la metodología de evaluación, así como varios cambios en el departamento.

La reacción positiva de la administración no se hizo esperar, rápidamente se sentó una mesa de diálogo y se llegaron a acuerdos positivos en todos los puntos que presentaron trabajadores y trabajadoras. Además, se acordó que no habrá ninguna represalia contra las personas que estuvieron en paro.

Estos son los puntos de negociación que presentaron las personas en paro:

Mejorar el método de calificación.
Solucionar el tiempo extraordinario en el área de nutrición.
Permitir el cambio de turnos entre el personal.
Parar el maltrato al personal.
Tres plazas para mejorar la atención.
Cambios en el menú de comidas para los pacientes.
Dos plazas más para el área de medicina 3.

Continua la huelga en Santa Ana

Publicada el 10/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Santa Ana se mantienen en paro de labores dada la irresponsable actitud del Presidente del Concejo Municipal y de la regidora del Partido del Sol, al negarse a llegar a un acuerdo en la noche del pasado martes 9, para salvar el compromiso administrativo de llevar del 2 al 4%, de manera escalonada, las anualidades en esta municipalidad.

Además, son estos dos regidores quienes se niegan a discutir el tema de la actualización del sistema de tributos municipales a las patentes, que tiene más de 20 años de no ser tocado.

Hoy martes 9 de junio Municipalidad de Santa Ana en Paro

Publicada el 09/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Desde las 6 de la mañana de este día martes 9 de julio de 2013, la mayoría del personal de la Municipalidad de Santa Ana, paraliza labores, tanto en el área de campo como en la administrativa. Mantendrán la protesta durante toda la jornada. Pero esta decisión podría ser variada según las circunstancias.

A raíz de un acuerdo, reiteradamente incumplido por parte de la Administración, para que el actual porcentaje de anualidad, que está en un 2% se eleve el 4%; se pretende ahora argumentar una supuesta “crisis” financiera institucional para no honrar tal compromiso; mismo que en su momento fuera avalado por el propio Concejo, ante un aval de la sección financiera de la municipalidad que, inicialmente, sustentó de manera favorable el contenido económico para honrar ese compromiso con el personal de esta corporación.

Sorpresivamente, sin que nadie se lo esperara, de manera súbita, la Dirección Financiera institucional se desdijo, a pesar de que ya la propia Contraloría General de la República (CGR), también respaldó las erogaciones del caso.

A partir de esta inexplicable situación, se ha desatado una campaña antilaboral contra el personal de la Municipalidad de Santa Ana, buscando ponerle en entredicho ante la comunidad santaneña y ante la misma opinión pública nacional; engañándose a la ciudadanía local de que quienes le sirven, van a llevar a la quiebra a la institución. Esto es totalmente falso y la ANEP ya lo ha demostrado con sus propios análisis financieros que han desmentido los argumentos patronales al efecto.

Adicionalmente, la protesta es para que el Concejo Municipal le dé curso al proceso tendiente a una nueva normativa de pago de patentes en el cantón de Santa Ana, pues a pesar de su gran desarrollo económico y de negocios, claramente evidente; no solamente tiene tarifas que no se suben desde hace más de 20 años; sino que no hay equidad en su pago, pues un gran negocio, incluso de corte transnacional, paga igual que un pequeño comercio.

Fuerzas económicas poderosas han estado bloqueando que tal iniciativa se dé para que llegue hasta el parlamento. La ANEP, tanto como el personal de la Municipalidad de Santa Ana, abogamos por una nueva ley de patentes con equidad y justicia según el tamaño del negocio.

Se calcula que sin afectar al pequeño y mediano comercio de Santa Ana, actualizando esa ley de patentes para tasar a los “grandotes”, unos mil millones de colones de dineros frescos ingresarían para más obra social. Nada para salarios. Las actuales finanzas municipales soportan honrar el compromiso institucional de subir del 2 al 4% el porcentaje de la anualidad; sobre lo cual hay gran voluntad negociadora por el lado de la parte sindical.

La ANEP y su Seccional ANEP – Municipalidad de Santa Ana hacemos un llamado público al señor alcalde, al presidente municipal, a todo el concejo, para que mediando el diálogo y la negociación, se acuerde lo necesario para evitar la agudización de este conflicto laboral que tiene, hoy, con este paro laboral, su primera expresión de molestia colectiva.
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En primera instancia, las trabajadoras y los trabajadores de esta municipalidad, agrupados en la ANEP, rechazamos, de manera contundente, ser los responsables de una supuesta crisis financiera que impediría inversiones en infraestructura social, si se nos reconociera un 2% de anualidad, tal como se indicara, maliciosamente, en un reportaje reciente de un telenoticiero.

Rechazamos, con toda vehemencia, que este conflicto laboral no resuelto, sea utilizado como punta de lanza al interior de los revueltos intereses político-partidarios; exponiendo y comprometiendo el honor y la honra de quienes servimos a la comunidad santaneña; presentándosenos como los “culpables” de una “crisis” financiera institucional, lo cual ha quedado patente en dicho reportaje periodístico, de una manera incorrecta, totalmente.

Como es de conocimiento general, el honorable concejo municipal de Santa Ana, dio por aprobada la propuesta de subir en un 2% la anualidad del personal; para lo cual se fundamentó en un informe financiero emitido por el señor Alberto Vega Castro, Director de Hacienda y Presupuesto Municipal, recomendando el aumento en el porcentaje de la anualidad. Sin embargo, de manera inexplicable y totalmente imprevista, siete días después tal jerarca emite un nuevo informe, indicando lo contrario.

Lo cierto del caso es que se ha suscitado un conflicto de orden político a lo interno de esta municipalidad, cayéndose en exageraciones y tergiversaciones para que nosotros, el personal institucional, quedemos como “los malos de la película” ante la opinión pública nacional y comunal. Es absolutamente falso que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadores vayan a percibir sumas multimillonarias al incrementarles el 2% de anualidad, cuando en otros municipios ronda el 4% y el 5%.

Finalmente, consideramos de orden estratégico que la presidencia del concejo municipal someta a discusión y aprobación de los honorables ediles, el proyecto ley de impuestos municipales, el cual grabará con una ínfima suma al acaudalado sector empresarial inmobiliario enclavado en el cantón. Esto le generará a la municipalidad en recursos frescos, unos mil millones de colones anuales para inversión social en infraestructura para la comunidad.

Homologada Convención Colectiva en el SINART

Publicada el 04/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha emitido resolución oficial por medio de la cual se homologa la Primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT), suscrita entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART S. A.), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Dicha resolución, No. DRT-224-2013, de las doce horas del día tres de julio del año dos mil trece, está firmada por la licenciada Leda Villalobos Villalobos, Jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección General de Asuntos Laborales, del MTSS.

Culmina así un largo y sinuoso camino, incluso con varios años en tal proceso, para tener lo que ya es una realidad histórica en la vida laboral del país: Hablamos no solamente de la Primera CCT en la historia del SINART, S. A. a 35 años de su fundación; sino de la primera CCT en un medio de comunicación colectiva del país.

Muchos han sido los esfuerzos de la ANEP durante todo este largo tiempo y citar los nombres de las principales personas intervinientes en todo este lapso podría llevar a que cometiéramos injusticias al dejar de nombrar a alguien en particular. Anticipadas disculpas por ello.

Pero, sin duda alguna, el principal palmarés al respecto corresponde a ese gran luchador sindical de toda una vida, ese anepista de corazón, compañero Fernando Vargas Torres, actual Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART y representante laboral ante el Consejo Directivo del SINART S. A. Figura ya legendaria en la lucha laboral, sindical y social en el SINART y siempre con la bandera y con los ideales de la ANEP. La gran perseverancia y terquedad clasista en este proceso, debe reconocerse y desde esta Secretaría General, sinceramente, le felicitamos.

También merece reconocerse el papel, al final del proceso, del compañero Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, y quien hizo una intensísima laboral de eficiente gestión político-sindical ante la cúpula del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que la CCT del SINART saliera del atascamiento en que se encontraba, casi que “vetada”.

El compañero responsable de atender el SINART, como integrante de nuestra Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), también tiene mérito: don Javier Valerín Villegas. Igualmente, el equipo jurídico de la organización interviniente en el proceso, bajo, en ese momento, la guía de nuestro compañero M. Sc. Mauricio Castro Méndez.

Hay que resaltar la envergadura de este acontecimiento laboral en la vida de nuestra ANEP, sin condenar, enérgicamente, por esta vía, la errónea decisión gubernamental de descalificar el acuerdo interpartes, reiterado en grado sumo, para que la cesantía en el SINART S. A. quedara en 12 años, tal y como fue negociado y acordado tanto por la parte patronal y por la parte laboral.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), don Olman Segura Bonilla, “vetó”, finalmente, que en la Primera CCT del SINART S. A. su personal tuviera esa cesantía de 12 años y se tuvo que dejar como en la actualidad: 8.

Es necesario destacar que la parte patronal, varias veces, indicó que sí era manejable para la institución una cesantía en 12 años. A final de cuentas, la esencia neoliberal del presente Gobierno, quedó de nuevo manifiesta.

Indudablemente que la ANEP no se quedará con los brazos cruzados al respecto y ya tenemos en mente cómo hemos de enfrentar la “errónea” decisión política del indicado jerarca y del propio Gobierno.

Si usted repara en el documento del que estamos hablando, adjunto a esta comunicación (la homologación), le pedimos que se fije en el contenido del punto cuarto, pues los términos negociados debieron serlo al amparo del “diktat” (imposición imperial) de la funesta “Comisión para la Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público”.

Ésta está integrada solamente por representantes del Poder Ejecutivo, los cuales atienden los lineamientos políticos que la Casa Presidencial orden imponer a todo proceso de negociación colectiva en el sector Público, lo que contradice las mismas normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la materia; situación ésta que (entre otras), tiene en entredicho al país ante tal entidad global del mundo del trabajo.

Precisamente por esta situación, la ANEP impulsó y lo logró que la comisión de marras fuera eliminada en el texto ya aprobado de la Reforma Procesal Laboral (RPL), mismo que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa pero que la Presidente Chinchilla vetó, aunque no por esta razón.

Si logramos superar este veto y la RPL es ley de la República, la tal comisión desaparece y, por tanto, la negociación colectiva en todo el sector Público, llegará a ser plena. Entre otras muchas razones, ésta nos motiva para seguir luchando a favor de la RPL, tanto como ya lo hemos venido haciendo.

No termina dejar de impresionarnos cómo hay “dirigentes” sindicales que piden que la RPL se archive, tanto como lo pide el gran empresariado bananero antisindicalista de la Corporación Bananera Nacional (Corbana). Vea nuestro artículo en Diario Extra al respecto: “RPL: Los extremismos se unen”, de fecha miércoles 26 de junio de 2013.

¡¡¡FELICITACIONES A LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS DEL SINART,
por este logro histórico de la lucha sindical anepista!!!

¡¡¡FELICITACIONES A TODOS LOS Y A TODAS LAS ANEPISTAS DEL SINART S. A.
por confiar en la ANEP!!!

Millones para politiqueros nombrados en el MAG

Publicada el 02/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Una importante sentencia judicial, la número 2013-000391, fechada 12 de abril de 2013, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al Estado, vía Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pagar importantes sumas salariales a altos jerarcas actuales, con rango de Director Regional, desde que tales funcionarios fueron impuestos en esos puestos en la Administración Arias Sánchez, pese a que ya había servidores públicos ocupando los mismos, bajo el Régimen de Servicio Civil y con la estabilidad en los cargos que él mismo presupone.

La administración del Expresidente Oscar Arias Sánchez, nombró a sus incondicionales en esos importantes puestos, que son la cabeza de las nueve direcciones regionales del MAG; y relegó a los legítimos jerarcas de carrera, generándose así un “paralelismo” en cada una de estas divisiones institucionales: la jefatura legal vs. la jefatura política… más bien, politiquera, la de los “partidarios incondicionales”.

Cuatro de los jerarcas regionales del MAG, impuestos por la Administración Arias Sánchez, recibirán sumas millonarias aún por cuantificar en cada caso, pues alegaron haber desempeñado tales cargos sin el salario correspondiente; dado que el salario correspondiente lo siguieron recibiendo los jerarcas desplazados, los que estaban en plena legalidad en esos puestos.

Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que la indicada sentencia ordena el pago de esas “deudas” salariales, le ordena a la Administración la restauración en sus puestos originales-legales a los directores regionales desplazados por la politiquería.

Efectivamente, en el fallo judicial se habla, nada más y nada menos, en estos términos, de “botín político”; indicando que “…lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y, además, “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política aceptada con satisfacción por los accionantes”.

La sentencia judicial es tan ejemplarizante y de tanta contundencia como para afirmar que “…en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

Lo peor de todo es que la presente administración gubernativa, de la Presidenta Chinchilla, por ser de la misma línea neoliberal que tenía su antecesor, el hoy Expresidente Arias, dejó que la situación continuara, cohonestó políticamente semejante barbaridad y con ello aumentó el daño económico para el Estado, que es decir, para el pueblo costarricense.

La ANEP ha enviado ya a la señora Ministra del MAG, doña Gloria Abraham Peralta, petición expresa para que proceda a restablecer la legalidad y el ordenamiento jurídico violentado en el caso de las direcciones regionales del MAG, a fin de detener el deterioro económico del patrimonio público ya erosionado por la conducta de “pegabanderas” tan esencial para la politiquería tradicional.

Todavía está por saberse a cuánto asciende el daño al erario generado por la administración gubernativa anterior y profundizado en la presente.
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Licenciada
Gloria Abraham Peralta
Ministra
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANANDERÍA (MAG)

Estimada señora ministra:

La presente es para saludarla, respetuosamente; así como para transmitirle nuestra preocupación, llamando su atención sobre el alcance de la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Número 2013-000391, de fecha 12 de abril de 2013, en la que se condena al Estado al pago de una cantidad de dinero a sus funcionarios Alberto Javier Ávila Vega, Dagoberto Elizondo Valverde, Francisco Brenes Brenes y Juan Carlos Moya Lobo, ocupantes del puesto de directores regionales interinos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), producto de decisiones políticas equivocadas con grave efecto económico y administrativo para la institución. A continuación le desglosamos un resumen de dicha sentencia:

1- “…por el cambio de Gobierno, y a manera de botín político, el jerarca repartió entre los accionantes, las direcciones regionales y desplazó al personal titular de sus cargos, causando graves consecuencias económicas que esa situación acarrea al Estado y a los fondos públicos, todo por una decisión política”.

Como usted podrá observar, la Administración Arias Sánchez, 2006-2010, desplazó por razones políticas a funcionarios que ocupaban el puesto de Director Regional reconocido por la Dirección General de Servicio Civil; decisión que se mantuvo bajo su mandato, en la presente Administración Chinchilla 2010-2014, ocasionando un mayor perjuicio económico y daño del erario público.

Esta acción de desplazar a los titulares en propiedad conllevó, como resultado de esta sentencia de la Sala Segunda, que debemos de pagar los y las costarricenses a dos funcionarios de diferentes tipos (plazas), el mismo salario por ejecutar en teoría la misma función: director regional titular y director regional interino. Agregamos que adicionalmente debería su despacho evaluar el impacto de esta sentencia en los otros directores interinos (Nils Solórzano, Luis Fernando González, Nelson Kooper, Ana Gabriela Zúñiga y Eduardo Artavia), mismos que usted mantiene hasta la fecha y que podrían transformarse en potenciales demandantes al Estado, con la jurisprudencia de esta sentencia y de otras, ocasionando otra pérdida millonaria para el Estado si quisieran ejercer su derecho (igual trabajo igual paga).

Señora Ministra: Con el mayor de los respetos usted debe determinar las consecuencias de permitir que esta situación continúe, ya que con esto su distinguida persona tiene ya conocimiento de causa y podría ser acusada por la Ley de Enriquecimiento Ilícito de permitir este hecho y obligada a cancelar de su propio peculio dichas anomalías.

Como usted podría concordar con ANEP, al leer dicha sentencia, lo realizado por los demandantes tenía un trasfondo de desplazar de manera permanente a los propietarios de los cargos, al solicitar en dicho juicio la reasignación y la concesión de la propiedad como director regional permanente, y establecer con ello un mal precedente que el tribunal rechazó por ser claramente violatorio de la normativa, en este caso la Ley del Servicio Civil y los derechos de los trabajadores propietarios.

Permitir tales propósitos es legitimar una acción de “botín político”, tal como lo expresa la Honorable Sala Segunda al indicar: “ya que lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y agrega: “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política, aceptada con satisfacción por los accionantes”.

Lo indicado es muy serio y grave, que pone entredicho la gestión administrativa pública, ya que la acción de la demanda buscaba cohonestar un acto antijurídico por lo que dicha sentencia se encarga de dimensionar dicho hecho en su real dimensión al indicar: “en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

El daño económico al Estado es grave; suma las diferencias salariales, salario escolar, aguinaldo, ajustes de ley, pluses como indemnización, pago de horas extras, para cuatro profesionales desde mayo del 2006 (el mes que entró la administración Arias Sánchez) a hoy; además sumar 20% de costos sobre el total. Preguntamos: ¿Es justo que el pueblo pague esto? ¿Quién es el responsable de este gasto extraordinario y evitable?

2- Menciona la sentencia de la Sala Segunda que “la representación del Estado ya se inició las gestiones necesarias para que se restablezca la situación de legalidad en el Ministerio de Agricultura”, y agrega nuevamente esta sala judicial: “este órgano ha advertido sobre la responsabilidad que recae sobre el personal jerárquico que ha promovido o tolerado este tipo de anomalías”.

Le consultamos si usted, como jerarca máxima del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya ejecutó lo antes mencionado. Si fue así, apreciaríamos tener el documento donde dio inicio del proceso de restablecimiento de la situación laboral de los profesionales que ocupaban la condición de directores regionales propietarios reconocidos por el Servicio Civil.

Concordamos con los señores magistrados que dicha sentencia no es un mero acto de justicia a los demandantes, sino además un acto de llamado de atención a los responsables de instituciones públicas, a evitar los vaivenes o botines políticos para sus correligionarios; es un llamado a una administración sana y justa para el pueblo.

Se extiende de la misma que debe de cumplirse con lo dispuesto en la normativa del Servicio Civil respetando los derechos laborales de los funcionarios con propiedad al cargo de director. También en la defensa de una administración responsable y saludable en lo financiero para la hacienda pública.

Nuestra organización estará pendiente que la justicia sea cumplida y el derecho al trabajo sea respetado, en beneficio de una saludable, eficiente e importante función del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el logro de los nobles y estratégicos objetivos asignados a esta institución según la ley que define su rol en la sociedad costarricense.

3- Relacionado con el trabajo ejecutado por esos directores interinos, nos causa mucha sorpresa que se mantengan en sus cargos, más conociendo los informes de la Contraloría General de la República, a saber: INFORME DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS (PNA), INFORME No. DFOE-EC-IF-11-2011, 12 de diciembre, 2011; Informe Evaluativo del Sector Agropecuario, Informe NºDFOE-PGAA-IF-22-2010, 31 de agosto 2010.; INFORME SOBRE RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MIINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INFORME No. DFOE-EC-IIF—07-2012, 29 de junio 2012, mismos que señalan grandes pérdidas económicas, falta de comprobantes de los desembolsos de las ayudas dadas; debilidades en el sistema de Planificación y en la ejecución del Plan de Alimentos; debilidades en la Integración Sectorial.

Este escenario coincide con el mismo período en que fueron reemplazados los directores titulares y de carrera por otros. Esta transición fundamentada en criterios político-partidistas podría ser una de las principales razones de la carencia de visión del desarrollo agropecuario, de implantar un sistema gerencial verticalista, de escaso acceso, nulo trabajo en equipo y pobre integración tanto multidisciplinaria como interdisciplinaria; escasa o nula integración de los niveles nacionales con los regionales y locales.

Finalmente, solicitamos a su despacho un informe financiero-contable en el que se detalle, mes a mes y desde que se cometió la ilegalidad mencionada, las cifras pagadas dobles por los mismos cargos, de forma tal que podamos establecer a cuánto asciende la pérdida en el erario y, eventualmente, poder determinar a quién hay que demandarle los correspondientes resarcimientos.

Al dirigirnos a su digna autoridad por este medio, hemos invocado de principio a fin el contenido del artículo 27 Constitucional, así como el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Muni de Guadalupe podría quedarse sin interinos

Publicada el 02/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

por Ambar Amenábar

Los empleados en puestos interinos en la Municipalidad de Goicoechea, podrían perder sus empleos, si prospera un dictamen que está analizando el Concejo Municipal.

Se trata de cerca de 140 funcionarios que en algunos casos tienen más de 10 años de estar trabajando de manera ininterrumpida pero con contrataciones bimensuales.

“La Comisión de Jurídicos del Concejo Municipal estudia un órgano director contra la jefe de recursos humanos por el mal procedimiento en el nombramiento de los interinos”, afirmó la presidenta de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Rebeca Céspedes.

El problema se da porque supuestamente ellos nunca debieron haber sido contratados por esos periodos tan cortos y además, pareciera que muchos de ellos no tienen los requisitos mínimos para poder participar por las plazas, de manera que si se sacan a concurso en propiedad tampoco podrían participar en ellas, quedando irremediablemente sin trabajo.

Para apoyar a estos compañeros, muchos empleados del municipio realizaron ayer un paro durante el día de ayer.