Categoría: Acción Sindical

Motociclistas de nuevo a las calles

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El Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica, con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ratificó en sesión conjunta de ambas entidades, celebrada en la tarde-noche de este sábado 24 de noviembre de 2012, la convocatoria para una segunda movilización de motociclistas que tendrá lugar este martes 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana.

En el caso del centro de San José, la convocatoria inicial de arranque siempre se mantiene en el mismo lugar de la vez anterior, al frente de la sede central del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero a partir de las 10 de la mañana. Una vez que se dé una notable aglutinación de motociclistas se orientará para una movilización en bloque por distintos puntos del caso central capitalino.

Igualmente, se ha previsto la realización de diversas movilizaciones de motociclistas en varios puntos del país, coincidiendo con la de San José.

Ante la rotunda negativa del Presidente Ejecutivo del INS, don Guillermo Constenla Umaña, de abrir una negociación sobre el elevado costo del marchamo para este año que pretende que paguen los motociclistas; con ocasión de esta segunda movilización, la petición central es que se abra un espacio de interlocución con el presente Gobierno al más alto nivel político, aspirando que esté el Ministerio de la Presidencia, así como representaciones jerárquicas determinantes en esta problemática, como el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Ministerio de Hacienda.

Es interés de este movimiento que de darse esta nueva fase de diálogo y de eventual negociación, se cuente con la participación de la Defensoría de los Habitantes de la República, tal y como ya se viene manifestando.

La creciente molestia de los motociclistas y su decisión de luchar al respecto, es porque las autoridades del INS siguen estigmatizándoles como los mayores responsables de la siniestralidad de los accidentes de tránsito en las vías nacionales, negándose, de manera reiterada, a mostrar los datos estadísticos que lo sustente, poniéndoles ante la opinión pública casi como los “terroristas de las carreteras”.

El INS no ha podido demostrar con contundencia cuáles razones sustentan la circunstancia irracional de que por una motocicleta se pague un seguro obligatorio cuatro veces superior que se cobra por un autobús.

Tanto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas como la ANEP reafirman que sus acciones de movilización serán completamente pacíficas; aunque, de manera anticipada, rogamos la comprensión de la ciudadanía por algunos retrasos en el fluido tránsito de vehículos para este martes 27 de noviembre de 2012, ya que se espera en acción de calle un número de motociclistas mayor que la vez anterior.

Cobros a choferes son ilegales dice Trabajo

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La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), respondió consulta de los empresarios autobuseros “Grupo Caribeños”, acerca de la situación legal o no del rebajo abrupto de las diferencias de pasajes, entre lo cobrado y lo reportado en las barras electrónicas instaladas en los buses, deducible del salario semanal o quincenal de los choferes de autobús; una práctica sumamente extendida entre el empresario de este sector autobusero.

Dicha instancia gubernamental, mediante su oficio DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012 y dirigido al señor Juan José Zúñiga Zúñiga, de la Dirección de Recursos Humanos del “Grupo Caribeños”; ha indicado, de manera contundente que “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro del pasaje de autobús, son ilegítimas o ilegales”. La más reciente jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así lo sentenció, mediante su Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo de dos mil once. En lo que interesa, este fallo judicial indicó:

“Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores –incluido el accionante-, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

Si bien es cierto que es causal de sanción disciplinaria, incluso el despido sin responsabilidad patronal, que un chofer de autobús coja para su propio beneficio dineros de los pasajes; debe mediar un debido proceso que le asegure su derecho a la defensa y los demás principios inherentes al mismo.

Por otra parte, no puede el empresario autobusero convertir tales faltantes en una “deuda laboral” deducible del salario del trabajador; ni interpretar que tales faltantes puedan conceptuarse como “anticipos” o “pagos hechos en exceso”; muchos menos, acreditarlos como “vales”.

La ANEP, con la valiosa cooperación de los diferentes medios de comunicación colectiva, alerta a todo el cuerpo laboral de choferes de autobús, para que no permitan más atropellos del empresariado inconsciente que, de manera totalmente ilegal, les rebaja de sus salarios, lo que se denominan como “faltantes” de dineros productos de pasajes que registran las barras electrónicas. La ANEP indica que un rebajo por tal concepto debe ser antecedido de un debido proceso para que el chofer de bus pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.

La ANEP hace un llamado para que ningún chofer de autobús coja plata que no le corresponde, que no use dineros que no son suyos; y que, por ende, ejerza su labor en medio de una gran honestidad, honradez y transparencia.

La ANEP entiende que no acepta bajo ninguna circunstancia este tipo de conductas laborales; pero, eso sí, estima que ha llegado el momento de hablar claro sobre la realidad salarial de los choferes de autobús, en función de la complejidad de su quehacer, por ejemplo, elevándoseles el rango salarial en la escala de Salarios Mínimos. Por tanto, ya está trabajando en una propuesta al respecto que será presentada, en el momento oportuno, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con potestad suficiente para resolver en la materia.

Con el nuevo modelo tarifario que la Aresep le aprobó a los empresarios autobuseros, incluso con las fijaciones extraordinarias, la situación financiera de éstos habrá de mejorar sensiblemente; situación más que propicia para discutir el precio que debe tener la fuerza laboral que los choferes les venden para operar sus unidades de transporte público. La “nueva fórmula de ajuste de tarifas para buses” incrementará, en términos generales, al nivel de ganancias de dicho empresariado

La ANEP insta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como al Consejo de Transporte Público (CTP), para que dispongan lo pertinente, mediante negociación entre empresarios autobuseros con los sindicatos de sus choferes, para que tales rebajos salariales abruptos e ilegales no se sigan cometiendo, so pena de, incluso, pérdida de las concesiones y/ó negativas de incrementos de tarifas. La ANEP estima que todas las partes deben sentarse, conjuntamente, para buscar una solución satisfactoria que lleve calma laboral y tranquilidad al sector del transporte público modalidad autobús.

Ahora que se ha hecho del conocimiento público el prestigioso Informe del Estado de la Nación, en su XVIII edición, la situación sociolaboral de los choferes de autobús constituye un ejemplo claro de empobrecimiento y de creciente desigualdad social; amén de representar un caso típico de violaciones de Derechos Laborales, en múltiples ocasiones. Por tanto, debe el Gobierno de la República actuar al respecto en pro de la dignificación de los choferes de buses y de parar la sobreexplotación laboral de este estratégico sector laboral del país.

San José, jueves 8 de noviembre de 2012.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Álvaro Valverde Granados
Responsable ANEP-Sector Privado
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

Persecución sindical en Cartago

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Licenciado
Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde Municipal
Municipalidad de Cartago
Su Despacho

Estimado señor.

Reciba un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Como es de conocimiento de vuestra autoridad, nuestra organización sindical, quiérase o, no cuenta en este gobierno local con un segmento laboral afiliado muy significativo; personas trabajadoras que por su propia voluntad decidieron honrarnos con su membresía, afiliándose a esta organización sindical.

De igual manera, existe una estructura sindical denominada “Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Cartago”, electa democráticamente por los afiliados y las afiliadas anepistas de la Municipalidad de Cartago, y debidamente inscrita ante su despacho y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tal y como lo ordena la ley. Somos, todavía y pese a que algunos no les gusta, un Estado de Derecho dentro del cual se contempla la organización sindical, misma que se conceptúa como parte esencial del sistema democrático.

No obstante que esta estructura sindical de la ANEP en la Municipalidad de Cartago es completamente legal, a la misma se le han denegado, reiteradamente, los permisos solicitados con goce salarial para que se reúnan cuatro horas, una vez al mes, a fin de atender los asuntos de su natural incumbencia; igualmente, su autoridad ha denegado los permisos para que asistan al espacio denominado “Consejo Consultivo Nacional” (reunión bimensual de las seccionales de la ANEP), así como a asambleas generales nacionales y a asambleas institucionales inherentes al accionar sindical institucional de nuestra representada.

Al respecto nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión cronológica de nuestro archivo, encontrándonos catorce permisos solicitados y catorce permisos denegados, sea el 100% de permisos han sido denegados, utilizándose como argumento el artículo 144 del Código Municipal y el artículo primero de la Convención Colectiva de Trabajo firmada por el sindicato local.

Sí bien respetamos el criterio legal de su representada, no es compartido por nuestra organización ya que sí bien en el Código Municipal no se estipula los permisos sindicales con goce salarial, sí existe la normativa de ley superior que supletoriamente tutela los Derechos y Libertades Sindicales: nos referimos específicamente al Convenio 135 y la a Recomendación 143 de la Organización Internacional del trabajo (OIT). Ambos convenios ratificados por la Asamblea Legislativa y, por tanto, convertidos en leyes de la República.

Valga la oportunidad para indicar a vuestra autoridad que con sustento en la normativa internacional citada y en la voluntad política expresada por la mayoría de alcaldes costarricenses, nuestra organización sindical cuenta, a excepción de la Municipalidad de Cartago, con los permisos sindicales en 59 gobiernos locales, independientemente de que hayan o no otras organizaciones laborales.

Otro argumento esbozado por su digna autoridad para denegar los permisos sindicales con goce salarial es la Convención Colectiva de Trabajo, máximo instrumento laboral de las trabajadoras y los trabajadores, que ostenta el rango de Ley; alegando que dicho instrumento laboral faculta, ”únicamente”, al Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de la provincia de Cartago como representante del interés laboral de los trabajadores, “para el estudio, mejoramiento y defensa del interés económico y social”, indicando que este gobierno local se compromete a tratar estos temas con el sindicato local.

Lo anterior no sólo es excluyente de la normativa internacional en materia de Libertad Sindical, específicamente los incisos a) y b) del artículo 3 del Convenio 135; de igual manera los incisos 1 y 2 del artículo 2 de este mismo convenio internacional; sino que también se violentan, adicionalmente, los incisos 1), 2) y 3) del artículo noveno, 1), 2) y 3) del artículo décimo, ambos de la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Valga indicar, señor alcalde, que nuestra preocupación expresada se sustenta en que su honorable autoridad nos está eliminando el derecho que le asiste a nuestros dirigentes de seccional afiliados y afiliadas de esta corporación municipal, a reunirse, celebrar y participar en asambleas y concejos consultivos y otras actividades de orden estratégico que el sindicato considere, tal lo permite la normativa internacional en materia de Libertades Sindicales.

Ante esta disyuntiva o discrepancia histórica, nuestra organización considera urgente mantener una reunión con las altas jerarquías municipales a fin de que podamos dilucidar un acuerdo de partes al respecto, con feliz término. Contrario sensu estaremos considerando solicitar la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); al valorar que estamos ante la figura jurídica de “Prácticas Laborales Desleales”, cometidas desde la instancia patronal.

Así las cosas, quedaremos a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solicitud.

En resumen señor alcalde, la “radiografía” de permisos denegados, nos indica que entre el 19 de enero del 2007 y el 23 de setiembre del 2012, se solicitaron 14 solicitudes de permisos de los cuales todos fueron denegados con sustento en el artículo 144 del Código Municipal y el artículo primero de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el sindicato local; lo que, como reiteramos, es completamente discriminatorio e ilegal.

Con consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-Sector Municipal
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

Visos de antisindicalismo en la Muni de Nicoya

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Honorable señor
Marco Antonio Jiménez Muñoz
Alcalde Municipalidad de Nicoya
Su despacho

Estimado señor:

Reciba el saludo respetuoso y cordial de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización que nos honramos en representar.

En visita realizada el pasado 4 de octubre por parte de la compañera Iris Cervantes Paniagua, integrante de nuestra Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) y quien es responsable sindical de la ANEP para la atención de nuestros afiliados y afiliadas en la municipalidad a su digno cargo; varios funcionarios y funcionarias expusieron sobre los siguientes temas que a nuestro criterio merecen su atención y resolución según sea el caso:

Primero: Supuesta persecución sindical por parte de la Coordinadora de Gestión Ambiental, de quien se afirma que estaría instando a los trabajadores para que se desafilien de la ANEP. Esta misma funcionaria estaría tomando decisiones sin consultar con la jefatura de Sanidad, además de que estaría concediendo vacaciones sin mediar coordinación con el jefe inmediato, irrespetando así el programa o plan de vacaciones establecido. Aparentemente la citada servidora pasa “por encima” de la jefatura inmediata lo que a nuestro criterio debilita la prestación de los servicios; y estaría tomando personal de Sanidad para que realicen funciones en el Centro de Recuperación de Materiales Reciclables, dejando sin el personal necesario el programa de sanidad.

Segundo: De la información que nos ha llegado se entiende que los materiales que se reciclan son vendidos a entidades privadas. Ante esto surge la inquietud con respecto a qué se hace con los recursos económicos que se recaudan.

Tercero: Nos indican que en el Departamento de Maquinaria y Equipo hay falta de equipo de trasporte de personal, lo que ocasiona problemas a la hora de trasladar equipo de trabajo y recurso humano para asistencia técnica, ya que cuando se requiere del mantenimiento para el equipo, no se cuenta con el vehículo que permita oportunamente el traslado del encargado de mantenimiento. De igual manera para el personal de este programa no se aplica el otorgamiento de viáticos de acuerdo al reglamento, o sea después de 10 km.

Cuarto: Existe un razonable preocupación en cuanto a las condiciones del edificio, principalmente donde se encuentra la Plataforma de Servicio, Cajas y Recepción, esto ante el terremoto del pasado mes de setiembre; así como los movimientos sísmicos, de menor intensidad pero no por ello de menor riesgo, que ha sufrido el cantón de Nicoya. Ante esto le solicitamos, con todo respeto, informar a los trabajadores y trabajadoras sobre los estudios que han de haber realizado la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en coordinación con la Comisión Cantonal de Emergencias, en aras de ofrecerle tranquilidad y seguridad a los funcionarios y funcionarias que aún laboran en el edificio central, así como a las personas usuarias de sus servicios; de lo cual, a través de diferentes medios de comunicación, se ha informado de la afectación sufrida.

Los señalamientos anteriores, mismos que han sido planteados de la manera más respetuosa como hemos indicado, están inspirados en la mejor buena fe, de tal suerte que nuestro interés, como organización sindical representativa de los intereses económico-sociales de la mayoría del personal de la Municipalidad de Nicoya, es aportar, constructivamente hablando, en la elevación sustancial de la eficiencia institucional y en medio de una gran paz laboral; aspectos éstos de indiscutible relevancia para el éxito de la gestión confiada a su digna dirección.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

¡Cumplimos!

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Contra todo pronóstico, contra toda adversidad, contra la mala fe de grupúsculos extremistas y de ciertos pesimistas que siempre anduvieron diciendo que jamás se lograría, que _“ni soñaran”_…

Apostamos por la fuerza de la organización; apostamos a la unidad laboral de la Policía Penitenciara; apostamos a la movilización y al profesionalismo sindical; en todo momento acudimos al diálogo y la incidencia de un sindicato como ANEP de gran prestigio y credibilidad ciudadanas.

¡¡¡POR FIN PAGARON!!!

Gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Policía Penitenciaria que siempre confiaron en la ANEP, a lo largo de todos estos años de esta lucha. Lucha que la ANEP levantó cuando nadie se imaginaba que los 9 meses que quedaron pendiente de la Revaloración Salarial Extraordinaria lograda en el 2009, fuera posible que se pagaran. Esa Revaloración Salarial Extraordinaria, por cierto, fue planteada por la ANEP, en abril del 2008.

…Y hasta la Asamblea Legislativa fuimos a dar, porque hubo sectores político-gobiernistas de mala fe que creyeron que mandándonos al parlamento, ahí se moriría nuestra lucha; y, ¡oh sorpresa!: Logramos convencer a 47 diputados y diputadas de todas las fracciones que votaron, unánimemente, la ley que se nos obligó a buscar para que esta plata fuera pagada como, ¡por fin!, ocurrió en este día: viernes 19 de octubre de 2012.

¡¡¡¡SEGUIMOS ADELANTE!!!

Nuestras luchas por el mejoramiento integral de las condiciones de empleo, de trabajo, de Salud Ocupacional; por la elevación sustancial de la calidad de vida de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica; nos llevan a crecer, organizarnos y movilizarnos mejor; para

Primero: La Convención Colectiva de Trabajo (CCT), junto a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de los sectores Operativo, Técnico, Administrativo y Profesional.

Segundo: Apoyar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de la Fuerza Pública en la lucha que tienen por su nuevo Manual de Puestos. Al darse éste, se deberá reajustar el nuestro.

Tercero: Lograr la reivindicación económico-salarial correspondiente para los mandos medios de la Policía Penitenciaria.

Cuarto: Lograr que se establezca, con toda claridad y contundencia, que la Disponibilidad es una cosa y el tiempo extraordinario, otra. Por cierto, este 24 de octubre de 2012, se desarrollará un juicio laboral planteado por ANEP.

Quinto: Adecuación a la realidad nacional de hoy en día (tanto económica como de peligrosidad) de los montos que percibimos por cada uno de los dos riesgos; considerando que, como dolorosamente comprobado está, entramos a la cárcel a laborar pero no sabremos si volveremos a nuestros hogares después. La sociedad debe recompensarnos adecuadamente esos riesgos: Penitenciario y de Seguridad y Vigilancia.

¡¡¡SEGUIREMOS LUCHANDO!!!
ANEP siempre junto a usted

ANEP rechaza vinculación de la lucha de la Policía Penitenciaria con RPL

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Honorable señora Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República:

Respetuosos saludos. Con profunda indignación hemos leído nota periodística arriba consignada, bajo la responsabilidad del señor periodista don Jarmon Noguera González, de La Prensa Libre; nota que aparece en la edición de este importantísimo medio de comunicación colectiva, en su edición de hoy lunes 15 de octubre de 2012. Al respecto y dada la credibilidad que sí nos merece dicho profesional periodístico, debemos indicar lo siguiente:

PRIMERO: Quedamos estupefactos ante la grosera manipulación de su parte, señora Presidenta, pretendiendo descalificarnos de la justa, noble y transparente lucha que por muchos años, muchísimo antes de que a usted se le ocurriera ser Presidenta de la República, la ANEP ha librado a favor de los derechos y de la plena reivindicación laboral del sacrificado personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Es usted, señora Presidenta, la que con esa intentona burda de manipulación de la opinión pública, pretende mezclar el pago de la deuda salarial pendiente con la Policía Penitenciaria, con su repudiable veto al Código Procesal Laboral, o Reforma Procesal Laboral. La desacreditación que usted y que su Gobierno está sufriendo por ello, es la única causa que encontramos como “justificación” de su parte para mezclar ambas cosas.

TERCERO: Lo que usted hace, señora Presidenta, revela una pobreza argumental y una precaria debilidad intelectual de parte de su Gobierno, para sostener el veto a la Reforma Procesal Laboral. Usted vetó esa justa ley, señora Presidenta, obedeciendo a su prosternación a intereses inconfensables provenientes de los sectores empresariales piñero y bananero, así como de parte del más recalcitrante sector solidarista ajeno o apóstata del pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

CUARTO: Categóricamente rechazamos esa malsana intención, señora Presidenta, de descalificar las sobradas razones que se tienen a favor de la Reforma Procesal Laboral; demeritando, a su vez, la sana reclamación de justicia del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, el cual reclama el pago de una deuda salarial legítima en la fecha en que su mismo Gobierno señaló para su pago: antes del 15 de octubre de 2012. No fue la ANEP la que estableció ese plazo.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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PRESIDENTA ESPERA QUE “ALBINO NO SE ESTÉ DESQUITANDO”
• Ante llamado a huelga de la Policía Penitenciaria

Ante el llamado a huelga que está realizando la Policía Penitenciaria, la Presidenta de la República indicó que espera que no se trate de un desquite de Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), porque a la Policía se le está cumpliendo.

“Yo espero que no sea don Albino que se quiere desquitar con nosotros por medio de la Policía Penitenciaria por lo que está ocurriendo con el Código Procesal Laboral, a mí me parece que hay que separar las cosas”, expresó Laura Chinchilla.

La Mandataria afirmó que la huelga no tendría ningún fundamento porque se les está destinando los recursos que se había prometido para el pago a los miembros de este cuerpo policial y así se seguirá haciendo.

“Se viene cumpliendo con la Policía Penitenciaria y no tengo la menor duda de que esta semana tendrán buenas noticias”, aseguró Chinchilla.

Esto fue confirmado por el Ministerio de Justicia, el cual informó que a partir del 16 de octubre se estará depositando en las cuentas de los oficiales de la Policía Penitenciaria el pago extraordinario que se les adeuda.

Policía Penitenciaria indignada volverá a las calles

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Los y las integrantes de la Policía Penitenciara, entidad a cargo de la seguridad de las cárceles costarricenses, están sumamente indignados y altamente molestos porque el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, no pagará esta quincena, 15 de octubre, la deuda salarial que se tiene con este importante colectivo laboral del sector Público, correspondiente a nueves meses (enero-setiembre) del año 2009; pago que se les había prometido para este lunes.

Como se recodará, la ANEP ha llevado esta lucha durante casi cinco años, en medio de una gran complejidad, al punto de que fue necesario que la propia Asamblea Legislativa emitiera una Ley de la República para que pudiera ser honrada. Esta autorización jurídica, Ley No. 9039, algo insólito en su campo, fue emitida en marzo pasado y contó con el apoyo totalmente unánime de todas las fracciones parlamentarias.

Igualmente, los y las integrantes de la Policía Penitenciara tuvieron que acudir a las acciones de calle para que este Gobierno se dispusiera a asumir sus responsabilidades en tal sentido; dándose entre otras, una gran manifestación el día lunes 27 de junio de 2011, en el cual se dieron fuertes piquetes de protesta en las afueras de las diferentes cárceles del país y en sus calles aledañas.

La ANEP no dispone de ninguna comunicación oficial que responda por el atraso, por esta nueva deshonra de un compromiso gubernamental, así asumido por el propio Ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro quien, él mismo, fue la persona que le puso fecha límite al pago de la deuda: 15 de octubre.

La Policía Penitenciaria irá de nuevo a las calles. Se tenía previsto que fuera este lunes 15 pero dado el feriado conocido, el movimiento se hará, sin dilación alguna y con toda fuerza, el lunes 22 de octubre. La próxima semana daremos detalles al respecto.

San José, 12 de octubre de 2012.

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Directivo Nacional ANEP
Teléfono 88 95 26 26

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Teléfono 89 81 45 98

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Pensamientos de un policía responsable

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Dedico parte de mi tiempo a analizar las diferentes situaciones que aquejan a nuestro bello país. Leo, escucho y veo noticias, opiniones variadas, y pienso que la desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en instituciones públicas; las grandes diferencias y exclusiones sociales dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la salud y de la seguridad.

Y pienso que en Seguridad Pública es claro que “cuando el que manda pierde la vergüenza, el que es mandado pierde el respeto”. De esta manera debemos aceptar que hay corrupción en las policías, algo muy preocupante; pero… ¿quién se propondrá hacer los cambios necesarios? Desde mi perspectiva nada debería justificar la corrupción, menos en los encargados de velar por la seguridad de las personas; además la Patria y la ciudadanía merecen no sólo una policía mejor preparada, también más honrada, por eso es imperativo señalar que el nivel de corrosión es de magnitudes desconocidas; él “sistema” funciona como “agente inflamable”, te “absorbe o excluye”, y resulta difícil saber quiénes están de este extremo y quiénes del otro.

Cuando vemos cómo se retarda un manual de puestos que favorece al trabajador de menor ingreso, “rasos”, pero los de arriba sacaron “su” manual, con muy buenos ingresos, además de “acomodar” a muchos (as) amigos. Señores, diría alguien por ahí: sugiero que se “investigue a ver si se trató de abuso de confianza”, los del “piso e´ tierra” conocemos de prácticas que restan credibilidad; elementos y fundamentos… los hay.

Definitivamente nos preocupan estas cosas. Por eso decimos: ¿a quién le favorece policías mal pagadas, desmotivadas y sin recursos? De seguro no es a la ciudadanía decente, no se tendrá un servicio de mayor calidad, a menos que se modifiquen algunas cosas, y los y las policías salgan a servir motivados, alegres y con un estado emocional acorde a la importante labor que desempeñan, creyendo en el “sistema”; pero aunque muchos por temor no lo exterioricen, a lo interno y en nuestra organización sabemos que la sensación de la mayoría es de desconfianza. Sin embargo, recientemente se dijo que los números en criminalidad se ¡redujeron! De ser así, definitivamente es loable la labor de los y las oficiales de las diferentes policías.

Siguiendo con la problemática, existe un tema que debería preocupar. Nos referimos a la salud mental del policía que en alto número ha perdido su hogar, por el desarraigo familiar, entre otras causas; aunado al nivel de endeudamiento que incrementa la angustia y aumenta la vulnerabilidad, siendo tentados a formar parte de “organizaciones” delictivas. Sumemos procesos por colisiones, algunos merecidos, otros no tanto. La mayoría de unidades están al margen de la ley, sin marchamo, sin revisión técnica, en malas condiciones y esto no se valora a la hora de establecer una suspensión, que aumenta la problemática salarial del trabajador. Ese es el producto final que luego usted recibe: un oficial frustrado, desmotivado, mal humorado; luego miramos abusos de autoridad, oficiales detenidos, hogares disfuncionales, el número de hogares “destruidos” en la Fuerza Pública es altísimo.

Existe personal “enfermo” y nadie lo nota. Bien se dice “mente sana, cuerpo sano”. Sabemos que, lamentablemente, existen malos funcionarios, pero tampoco existe diferencia entre hacer o no hacer. Si trabajas dieciséis (16) horas nada pasa, pero si sales una hora antes, aun con permiso, la administración te inicia un proceso; los “_intereses”_ son ajenos al valor de servir. Estas cosas están pasando.

¡Cómo no decirlo! Podría ser que con quien esté uno trabajando, llegue (o ya es), un delincuente “disfrazado” de policía. Y si no se actúa hoy, en un par de años Dios nos libre. Esto tiene que cambiar, por eso desde la convergencia democrática y sindical, sin menoscabo de nuestras obligaciones, aunque miren de “reojo” nuestras manifestaciones, apelamos al deber cívico y al derecho constitucional, inclusive. Nos debemos a la ciudadanía, por esto manifestamos nuestra verdad… sobre esta problemática de salud y seguridad.

¿Cuál es el miedo? Igual, vivir sin ideales, es como si nunca hubieras vivido. Alguna gente dentro de nuestra querida Fuerza Pública tergiversa o desconoce el aporte sindical. Por eso recuerdo que Moisés fue el primer “sindicalista”, él se enfrentó al faraón, liberando a un pueblo oprimido. Aportamos al desarrollo social, a la democracia del país, defendemos la justicia y el sentimiento de pertenencia; está intacta nuestra moral, a pesar de las adversidades, responsablemente manifestamos pensamiento, en procura de generar reflexión y el cambio que el país merece… Albert Einstein dijo algo para siempre: _“El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”_…; si mañana dejare de servir desde esta función podré mirar de frente a mis compañeros (as) y conciudadanos, con la satisfacción del deber cumplido…

Están vacilando con el Manual de Puestos

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San José, martes 25 de setiembre del 2012.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de la Presidencia para sectores sociales
Sus despachos

Honorables y respetados señores

La presente misiva es para, en primer término, saludarles con respeto, de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Una vez más, como reiteradamente lo venimos haciendo hasta ya bastante tiempo, deseamos plantear ante vuestras ilustres autoridades político-ministeriales, la gran preocupación que tenemos con relación al tema del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; de lo cual hemos dejado constancia de ello en diversos espacios (televisión, periódicos, etc.) a los cuales hemos acudido y a través de los cuales hemos informado tanto al personal de base del Ministerio de Seguridad Pública, como a los respectivos jerarcas de ese ministerio, así como a la propia Casa Presidencial, y a la ciudadanía, en general.

En reiteradas ocasiones hemos enviado cartas, así como hemos asistido a constantes reuniones en Casa Presidencial solicitando información del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como buscando colaborar para ver de qué manera se hace realidad el mismo lo más rápidamente posible.

Sin embargo, a la fecha no hemos recibido más que un poco de palabrerías por parte de Casa Presidencial y de la propia cartera de Seguridad Pública que, incluso, se contradicen de forma bastante ridícula. Por ejemplo, en una reunión en Casa Presidencial, el señor Viceministro de Seguridad Pública, don Celso Gamboa Sánchez (a quien respetamos mucho), manifestó que “el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA ya está terminado”, lo cual nos sorprendió; y, además agregó que “la señora Xiomara Rojas de SITECO lo sabe y ella participa constantemente en reuniones sobre el tema del Manual”, lo que nos sorprendió aún más.

La ridiculez estriba en que la propia Casa Presidencial, supuestamente, había solicitado información a las jerarquías ministeriales y con lo que dijo don Celso, ellos quedaron, como se dice popularmente, “detrás del palo”, y de alguna forma quedaron expuestos ante a representación de la ANEP casi que como “mentirosos”; pues se evidenció la falta de control político que existe desde Casa Presidencial para con Seguridad Pública, así como se hizo evidente la falta de respeto desde el Ministerio de Seguridad para con ellos, la Casa Presidencial.

Lo anterior lo planteamos debido a que, después, don Celso se retiró de la reunión y acto seguido ingresó la persona que en ese momento era la Directora de Recursos Humanos, doña Floribeth Castillo Canales, y manifestó que el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA para nada estaba terminado y que el mismo estaba un poco lejos de finalizarse; ¿entonces cómo es el asunto?

Ahora bien, existen muchas expectativas dentro del personal de base acerca del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y para nadie es un secreto que el punto máximo de interés es el tema salarial, el cual actualmente es bastante bajo y que comparado con los mandos medios y altos existe una diferencia abismal, lo que ha venido calando profundo, de manera negativa, en el sentir de las personas del personal de base de la Fuerza Pública.

Este no es un tema del cual se puede estar “vacilando”. Es un tema que para nosotros como organización responsable que somos, es muy serio y al cual siempre le hemos dado el manejo adecuado; sin embargo, da pena pensar que para las autoridades del Gobierno y del ministerio no sea así, o al menos esa es la impresión que han creado.

Hace unos días atrás empezamos a recibir llamadas de afiliados de diferentes partes del país que nos informaban acerca de la visita que estarían realizando, en conjunto, el Director de la Escuela de Policía, señor Erick Lacayo Rojas, junto con la señora Xiomara Rojas Sánchez, de SITECO; visitas en las que ambos estarían manifestando que andaban juntos trabajando el tema MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y que “SITECO era quien lo estaba impulsando”.

Esto nos da para creer más firmemente en nuestra tesis de que, al parecer, a las autoridades ministeriales y de Gobierno, les incomoda el accionar decente, ético, responsable, beligerante, propositivo, de constante lucha en pro de los derechos de los trabajadores y de las trabajadores (derechos que, por cierto, son constantemente violentados en este ministerio), etc., que practica nuestra organización sindical; debido a que es conocido por todos y por todas que es la ANEP, la institución laboral que desde hace varios años viene dando la lucha en pro del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA.

Es bueno recordar que esta lucha llegó al mismísimo nivel de la Presidencia de la República al término de la gestión gubernativa anterior y continuó en esta en el mismo nivel. Es bueno recordar que esta lucha forma parte un proceso integral de reivindicación ante la sociedad de lo que significa ser servidor público en materia de Seguridad Ciudadana y en sus distintos cuerpos policiales, dentro de los cuales, el de la Fuerza Pública es el más numeroso.

Igualmente, se nos motiva, también, para reflexionar acerca de qué intereses puedan existir al excluir a la ANEP de tal proceso; o bien, cuál es la razón de que no contemos con el “beneplácito” institucional, con el “visto bueno” jerárquico, dado que es bien sabida por el país la independencia político-partidista de la ANEP y no nos interesa quedar bien con “patroncito”, aunque sí con las legítimas bases laborales quienes son, a fin de cuentas, lo que vale cuando la lucha sindical es genuina, no calculadora; cuando la lucha sindical es legítima, no espuria; cuando la lucha sindical es de verdad, no de mentirillas; cuando la lucha sindical es para la gente, no por encima de la gente.

Solamente bajo este prisma, podemos comprender cómo ha habido una perversa resistencia institucional en la Fuerza Pública, tratando de impedir a toda costa el ejercicio de los derechos constitucionales y legales en materia de Libertad Sindical, que son en asistirle al compañero oficial de la Fuerza Pública, don Máinor Anchía Angulo; actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP y pese a que ya tiene un año de haber sido electo democráticamente, a la fecha no ha podido asumir sus funciones de representación sindical de los derechos de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP en la Fuerza Pública y a todo su personal, en general.

Denunciamos que en ello han mediado maniobras inconfesables pues pareciera que la incorporación plena de este servidor a la labor sindical de la ANEP resulta “amenazante” para un statu quo acostumbrado a la componenda y al servilismo sindical. Igualmente, debemos denunciar la diversidad de obstáculos que impiden el desarrollo organizacional de la ANEP en la Fuerza Pública, pues tenemos grandes dificultades para organización de filiales, capacitación, seminarios, talleres y otros eventos de formación sindical con perspectiva cívica valorando la especificidad estratégica del servicio de la Fuerza Pública en la búsqueda de la estabilidad democrática.

Por todo lo anterior, solicitamos con el debido respeto que como autoridades legítimas se merecen; pero, a la vez exigirles, con vehemencia, como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras del Ministerio de Seguridad Pública, la totalidad de la información acerca del estado real y actual del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como demandamos una contundente a la legítima interrogante de por qué no se ha implementado a la fecha.

¿Acaso el deliberado y malintencionado retraso en la implementación del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA tiene que ver con que a algunas jerarquías no les sirve que se implemente el mismo; a raíz de la competitividad amenazante que se generaría para los puestos de medios y altos mandos que, actualmente, son ocupados por un selecto grupo?

Para muchos es conocido que existen muchas personas que están como rasos y poseen títulos de profesionales (incluso con grado de licenciatura), en carreras afines con las funciones policiales y con los años que estipula la ley para ostentar los mandos superiores: ó, ¿acaso es que ya está concluido y no hay presupuesto económico para su implementación?

Igualmente, es altamente notorio que los bajos salarios que se paga al personal de base de la Fuerza Pública, es un enorme obstáculo para llenar todas las plazas vacantes que existen, como bien ha sido dado a conocer, mediáticamente hablando.

Finalmente, al amparo del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a vuestras ilustres autoridades las respuestas de rigor.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Luis Diego Alfaro Méndez
Sociólogo-Responsable ANEP-MSP
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

¿Se verá obligada la Policía Penitenciaria a salir a la calle de nuevo?

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Antes del próximo lunes 15 de octubre de 2012, se debe depositar en nuestras tarjetas, la plata que nos deben. Si no es así, ese lunes 15 realizaremos el movimiento de presión más grande jamás visto llevado a cabo por la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

Nos movilizaremos como nunca antes, si el Gobierno de la República no nos deposita la plata que se nos debe desde hace tres años.

Fueron muchísimos días, muchísimas semanas y muchísimos meses en que la ANEP y su Seccional ANEP – Policía Penitenciaria, lucharon para que se nos pagara la deuda de los nueve meses del año 2009 (enero-setiembre, ambos incluidos); deuda producto de la Revaloración Salarial Extraordinaria que había sido acordada entre el Ministerio de Justicia y Paz y la propia ANEP.

Fue tal el nivel de lucha y la intensidad de la misma que hasta tuvimos que gestionar, contra viento y marea, una ley de la República, que aprobó, finalmente, la Asamblea Legislativa: la Ley No. 9039. Esto ya es una realidad inobjetable y hemos sido extraordinariamente pacientes, tolerantes, responsables.

Entonces, no hay nada más que hablar. Si antes del lunes 15 la plata no está depositada: nos vamos para las calles ese lunes 15.

¡¡¡ALISTÉMONOS!!!

Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados