Categoría: Acción Sindical

Estimado señor Alcalde:

Con fecha 14 de octubre de 2004, oficio No 2055-ARDS-2004, el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Recolección de Desechos Sólidos a.í..; reporta ante las autoridades de Recursos Humanos y de Servicios Jurídicos de esa municipalidad, la ausencia del señor Miguel Soto Soto, Dirigente Sindical de la ANEP en la misma; quién el día 12 de octubre del presente año, respondiendo al clamor popular y al llamado del Gobierno de la República y de las Universidades Estatales, en su condición de ciudadano, marchó junto a la columna de ANEP, contra la corrupción y contra la impunidad, como lo hicieron miles de funcionarios públicos honestos y comprometidos con el decoro y honor de la Patria; servidores de la Administración Pública que marcharon con miles y miles de ciudadanos de otros sectores de la vida nacional.

En su nota, el Ing. Sandoval reconoce que el funcionario Soto se presentó el día 12 de octubre a las 7:20 a.m., para comunicarle que se dirigía a formar parte de las actividades a realizarse en San José, sea la marcha contra la corrupción. No obstante, el citado jerarca no señala en el oficio, que, en su calidad de jefatura, previniera al subalterno de posibles sanciones atinentes a una ausencia injustificada; por el contrario, el subordinado consideró que contaba con la anuencia de su jefatura inmediata por razones obvias, máxime que se trataba de un día feriado, cuyo traslado como tal para el día 18 de octubre, aún la alcaldía, a su digno cargo no oficializaba (adjunto copia circular oficio 2545-D-04, firmado por su estimable autoridad).

Estimado señor Alcalde Molina Rojas: A nuestro juicio el hecho que el Ing. Sandoval envíe notificación de lo ocurrido a la Unidad de Recursos Humanos para que se aplique el rebajo del día no laborado al funcionario Soto Soto y a la Unidad de Servicios Jurídicos “ para que se tomen las medidas del caso”, denotan una clara persecución sindical; toda vez que el señor Soto, es miembro de nuestra Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela, actualmente el más activo, después de los despidos de otros dirigentes que conformaban la dirigencia sindical de nuestra organización en esa corporación.

Es claro que en estos casos, si el funcionario no hubiese informado a su superior a dónde se dirigía, para que fuera orientado o se le prohibiese realizar otra actividad que no fuera propia de su función, como trabajador de la institución; y que éste desoyera tal mandato, su jefatura procediera tal como lo señala el artículo 149 incisos a) – b), sea amonestar verbalmente o por escrito al trabajador y enviar copia a la Oficina de Personal, para que se archive en el expediente.

Por el contrario, no así al departamento de Servicios Jurídicos porque no procede, a no ser que se pretenda abrir un órgano director para investigar lo que está claro, incurriéndose innecesariamente en gastos de tiempo y recursos de la institución para perseguir a un dirigente sindical como se colige por el procedimiento seguido.

Así las cosas, le solicitamos, con todo respeto, ordene al Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez desistir de la persecución contra nuestro dirigente; o de lo contrario, nos obligarían a recurrir a otras instancias, en detrimento de la imagen de las autoridades de esa Municipalidad.

Por ejemplo: cómo podría percibir la opinión pública nacional que haya persecución contra un trabajador de la Municipalidad de Alajuela, por atender el clamor nacional de un alto a la corrupción y un repudio a la misma; evidenciándose que la Municipalidad de Alajuela, la segunda más importante del país, estuvo al margen de tan noble jornada patriótica y que restringió el deseo de sus trabajadores, en cuanto ciudadanos, a participar de un evento de tanta trascendencia, como el del pasado 12 de octubre; evento sin precedentes en la historia nacional, pues contó con el respaldo de las autoridades políticas del país, de los sectores sociales y populares organizados, del sector empresarial, del sector político todavía honesto y limpio, de la academia, de la prensa y, lo más importante, del propio pueblo de Costa Rica.

Le solicitamos, en consecuencia, actuar conforme a la lógica aquí expuesta y que cese la acción contra nuestro dirigente, don Miguel Soto Soto.

La presente petición la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorables Señores del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
c.: Sr. Miguel Soto Soto, Representante Sindical ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Estimado Señor:

Primeramente, nos es grato poder expresarle un cordial y muy respetuoso saludo y, a la vez, desearle el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones.

De acuerdo al oficio No Al-255 2004, suscrito por el Auditor General, Lic. Oscar Serrano Madrigal, remitido al Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; en el que se informa sobre lo sucedido con el Informe A1 05 2003 denominado “Funciones y cargos desempeñados por la Licda. Mildred Bogantes Pereira, en la Unidad de la Asesoría Legal, en el período comprendido entre el 16 02 1999 al 16 07 2001; seguimiento a la Auditoría No INF AC 014 2002 de la Dirección General de Servicio Civil, sobre la gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)”, sus puntos Nos. 12, 13 y 14 señalan lo siguiente:

“…12. En la sesión No 30 2004 del 13 de mayo del 2004, se recibió a la Licenciada Mercedes Valle, en esa ocasión el CETAC dispuso:

“Se recibe a Licda. Mercedes Valle, a quien el CETAC le pide aclaraciones en relación al expediente analizado mediante contratación directa No 1436, denominado “Contratación de un consultor experto en auditoría interna y control para el Consejo Técnico de Aviación Civil”, al respecto el CETAC necesita saber si los hechos son atenuantes o no, y si es necesario poner la denuncia ante el Ministerio Público. La Licda. Valle indica que desde el punto de vista administrativo ella recomienda enviar el informe al Ministerio Público para que emitan criterio al respecto. Sobre el particular, Se Acuerda: Acoger y aprobar el informe presentado por la Licda. Valle; y se comisiona al Lic. Antonio Solera Víquez para que prepare la resolución administrativa que recoja el informe presentado”.

13. El informe en cuestión se encuentra en los archivos de la Secretaría del Consejo Técnico de aviación Civil.

14. No tenemos conocimiento, si a la fecha de este oficio el Licenciado Antonio Solera Víquez ha presentado al CETAC la resolución administrativa solicitada por ese órgano colegiado, por lo cual no podemos afirmar si este último punto esta pendiente.

También mediante oficio No 041696 de fecha 06 de agosto de 2004, suscrito por el Lic. Federico Carrillo Zurcher, Presidente del CETAC en ese momento, le da respuesta al Diputado Lic. José Miguel Corrales Bolaños, donde indica lo siguiente:

“… Damos respuesta a su oficio DDJMC 1 152 2004, con fecha 03 de agosto del año en curso; donde solicita información con respecto al resultado de los informes de auditoria AC 014 2002 y el AI 05 2003.

Sobre el particular, le informamos que existe un proyecto de resolución, para conocer por parte de este Consejo, el cual una vez aprobado y firme, le será remitido para su conocimiento.

No omito indicarle que este Consejo, conoce los alcances de la Ley de Control Interno y se apega a ella como corresponde. Sin embargo tratándose de documentos donde se relacionan presuntas responsabilidades de funcionarios, dicha información no puede divulgarse hasta que exista acto firme…”.

En virtud de lo anterior, con todo respeto, le solicito nos informe si existe a la fecha aprobación del proyecto de resolución que debía realizar el Lic. Antonio Solera y, qué acuerdo ha tomado el cuerpo colegiado de ese Consejo Técnico con relación a las recomendaciones del informe de la Auditoría No AI 05 2003; pues se desprende de la documentación antes señalada que el mismo entró en conocimiento del Consejo Técnico desde 16 de julio de 2003, en sesión ordinaria No 41 2003 y que en la actualidad se encuentra en proceso de resolución administrativa, desde el día 13 de mayo de 2004.

Es decir, ha pasado 1 año y 3 meses desde que entro en conocimiento del Consejo Técnico y 5 meses desde de que se tomó el acuerdo “acoger y aprobar el informe de la Licda. del Valle” y que se preparará la respectiva resolución administrativa designando como responsable de dicho proyecto al Lic. Solera.

Así las cosas, con fundamento en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es que nuestra organización sindical solicita una respuesta pronta de su autoridad, con el fin de que todos estos actos en apariencia anómalos no se queden en la impunidad.

Agradeciéndole por anticipado toda la atención prestada a nuestra solicitud, nuevamente le expresamos todas nuestras consideraciones por su fina atención para con nuestra solicitud.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Tobías Vargas Pacheco
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP- Aviación Civil

c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
c.: Señores Junta Directiva del CETAC.
c.: Lic. Oscar R. Serrano Madrigal. Auditor General de la DGAC.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Aviación Civil.
c.: Archivo.

Estimada señora:

Luego de saludarla y desear lo mejor al frente de dicho ministerio; nos permitimos adjuntar agotamientos de vía administrativa, de funcionarias que laboran como Auxiliares de Salud en el programa CEN-CINAI.

Lo anterior de conformidad con resolución DG 351-2003 del 11 de agosto 2003; en la que el Área de Instrumentación Tecnológica de la Dirección General del Servicio Civil, suprimió las clases anchas de dicho manual para los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios del Ministerio de Justicia y Gracia.

Por lo tanto, en ANEP creemos que dicha resolución es aplicable a estas funcionarias para que se les considere cocineras y no auxiliares, al estar estas cubiertas por el Régimen del Servicio Civil.

También es nuestro criterio que en el presente caso, tomando en consideración el principio de economía procesal, apelamos ante su autoridad para resolver este reclamo positivamente en vía administrativa y así evitarnos ambas partes un desgasto en dinero, tiempo y otros, innecesario, para lo cual estaremos en la mayor disposición de sentarnos a conversar sobre el tema.

Esperando una respuesta positiva, nos despedimos con todo respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Campos Alfaro
Responsable ANEP-Ministerio de Salud

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Trabajadoras de los CEN-CINAI.
c.: Archivo

Estimada señora:

Luego de manifestarle nuestro atento y respetuoso saludo; pasamos a detallar a usted los recientes hechos que se están desarrollando en el Parque Recreativo de Cariari, de la Provincia de Limón, por una conducción de la política de manejo del recurso humano que a nuestro criterio está errada, desde el nivel central, depositada en los niveles superiores que dirige este personal.

Observamos, en primera instancia, la existencia de un abandono de este tipo de parques recreativos, revelándose carencia absoluta de políticas que mejoren este tipo de espacios y lo rescaten para las familias costarricenses. Esta carencia se nota en que no hay una inversión en sus instalaciones y los espacios donde se presta el servicio. ¿Estará tomando en cuenta la propuesta de reestructuración el mejoramiento de estos parques?

La otra observación lo constituye los equipos con el cual deben de contar los funcionarios del Área de Vigilancia, o sea, sus dos trabajadores, que los instruyen para la portación de armas; pero en la práctica no les proporcionan absolutamente nada, más que una vara policial, un foco y un cilindro de gas de defensa personal para el trabajo nocturno; que en muchos casos lo hacen solos, en espacios muy amplios y la realización de recorridos amplios donde se exponen al peligro.

En la Fuerza Pública, a sus similares se les brindan las herramientas de trabajo y se les reconoce un sobresueldo denominado Riesgo Policial; básicamente porque su trabajo se realiza en relación directa con la delincuencia y se le reconoce un 18% a su salario base. En el presente caso, estos trabajadores de los parques lidian con toda clase de personas, incluidas, en alguna medida, aquellas que llegan a estos espacios a deteriorar o hacer acciones vandálicas.

Valga recordar que el ICODER no es un ente aislado del resto del Sector Público y las labores que estos funcionarios realizan, son en igual condición. Seria conveniente retomar este concepto y reconocerlo para estos servidores que realizan tales labores.

El tiempo extraordinario que a continuación paso a detallarle:

1. Normalmente existen dos vigilantes en dicho lugar que tienen un horario rotativo y semanalmente les corresponde los días de descaso. Es aquí donde se dan las distorsiones e hacen incurrir a la institución en mayores gastos, como por ejemplo, el que actualmente se está produciendo en el sitio. Uno de los funcionarios le corresponde un mes como período de sus vacaciones. Se toma la decisión de enviar desde Turrialba a dos misceláneos, cuyos requisitos exigidos, distintos a los anteriores (exámenes para el manejo y portación de armas, etc.), ya no son necesarios; cancelándoseles diariamente la suma de 6.000.00 colones por concepto de viáticos por los 15 días, a cada uno. Este realmente no es problema porque tienen derecho a disfrutarlo. El asunto reside en que el problema se resuelve con los propios trabajadores de la zona el cual tienen el aval para estos eventos que son, de alguna manera, especiales.

2. Con dicho traslado se está haciendo un uso abusivo del “ius variando”, puesto que se les causa perjuicio de naturaleza salarial a dichos servidores. Es evidente que no se está reconociendo el salario de Agentes de Seguridad y Vigilancia. Sumado a lo anterior se efectúa un traslado mayor a los 10 kilómetros que lo permitido para el patrono; además de que las funciones originadas en el contrato se están variando. Hay sentencias recientes en los tribunales de trabajo que demuestran lo aquí indicado.

3. Lo grave de la situación es que las arcas del gasto se disparan para el presente caso y cuando se trata de reconocer su tiempo extraordinario a los funcionarios en particular de dicho centro, se les reconocen solamente 4 horas por día, que cubren los 13,000.00 colones por cuatro días al mes. En contraste con el actual ejemplo en que a cada uno se les cancelan 30.000.00 colones por cuatro días.

4. Por otra parte al funcionario Javier, actual vigilante, cuando repone el día libre de su compañero Bladimir, que lo realiza una vez a la semana, no se lo reconoce dicho tiempo. Aquí es donde la organización se pregunta, que no existe en los niveles de jefatura superiores, una política acertada del Recurso Humano de quienes dirigen, son erráticos en sus medidas, profundizando mayores diferencias entre los trabajadores, lo que obligan a éstos a enfrentar dichas medidas.

5. Solicitamos, con todo respeto pero con vehemencia, que la solución de los problemas está en sus propios trabajadores, cuando se les toma en cuenta. Con esto queremos decir que el haber conversado con los funcionarios de la localidad, el problema se resuelve reconociéndoles adicionalmente ese tiempo extraordinario. Estos servidores estarían de acuerdo en contribuir con la institución si ella los toma en cuenta, y no sentar un precedente que le sale más caro a la institución, violentan el “ius variando” de los servidores.

Ante las situaciones presentadas, corresponde a su autoridad corregir lo mas pronto posible los yerros aquí enumeradas, de tal forma que permita recuperar una línea mas acertada sobre el recurso humano y en particular este centro, que sienten lesionados sus derechos y acuden a su estimable persona, como corresponde y no tener que acudir a tribunales de trabajo para corregir lo planteado.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta se despiden de usted reiterando nuestro atento saludo,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Señores Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Archivo.

Estimada señora:
Estimados señores:

Reciban un saludo cordial y atento de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el oficio S.G. 0670-04 de fecha 16 de setiembre del año en curso, les trasmitimos a ese honorable Consejo, una serie de inquietudes en torno al presupuesto paralelo, que justifican la Seguridad Privada en dicha Institución; las cuales hasta la fecha no han sido respondidas.

Nos interesa sobremanera, que nos concedan una audiencia que nos permita ampliar algunos criterios que a nuestro parecer son de fundamental importancia.

Por ello, les estamos reiterando una vez más, concedernos audiencia lo más pronto posible a fin de abordar lo planteado en el oficio de marras.

Sin otro particular se despiden de usted, muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un saludo cordial y atento saludo de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De conformidad con el Manual sobre los Lineamientos que deben cumplir las instituciones del Estado para la apertura de un Proceso de Reestructuración Institucional, le estamos solicitando, muy respetuosamente, concedernos la certificación escrita de los siguientes aspectos:

• Si en la actualidad existe alguna solicitud expresa de reestructuración de la institución denominada Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

• Fecha y año de autorización del proceso de reestructuración y si el mismo tiene fecha de vencimiento.

• Si la reestructuración para la mencionada entidad se debe, entre otras cosas, a una reducción de servicios por falta de fondos; o por el contrario, la misma es total y obedece a una reducción forzosa de servicios, en donde busque mayor eficacia que, valga indicar, debe afectar al 60% de la población laboral; tal como lo esgrime la Procuraduría General de la Republica en su dictamen C-022-91.

Nuestra solicitud la hacemos amparados al artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciendo de antemano las gestiones que al respecto nos proporcione, nos despedimos de su estimable autoridad,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expresa su más efusiva felicitación con ocasión de esta celebración especial: Vuestros 50 años de existencia como organización sindical, al servicio de los intereses económicos y sociales de ese gran conglomerado de la clase trabajadora costarricense, constituido por el Sector Salud y particularmente, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nuestra querida Patria está viviendo momentos de grandes definiciones históricas dado el feroz combate entre dos visiones de desarrollo: la que nos caracterizó ante el mundo, la del Estado Social y Democrático de Derecho; y aquella promovida por la máxima cúpula del poder económico y político de este país, atrincherada en el desprestigiado bipartidismo.

Tan solo esta circunstancia es suficiente motivo para que, con ocasión de vuestro 50 Aniversario, la ANEP, respetuosamente, deje constancia fiel por este medio, de que nuestro deseo de articular un trabajo unitario entre nuestras dos agrupaciones, que vaya más allá de lo coyuntural y que podamos acordar relaciones estratégicas, como en un pasado se tuvieron, aunque en el marco de otras realidades sociopolíticas.

Hoy, en este viernes 20 de agosto de 2004 y a pocas horas de una acción social de presión cívica protagonizada por una alianza de sectores gremiales de diversa índole, de la cual está participando la ANEP; hacemos un llamado respetuoso a UNDECA para que dentro de las circunstancias lógicas de este momento y que comprendemos muy bien, pueda manifestarnos un mensaje de solidaridad, considerando que los planteamientos de la lucha del próximo lunes 23 de agosto, han sido también reivindicados por vuestra importante agrupación sindical.

¡Felicidades en esta memorable fecha: los 50 años de UNDECA!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

Estimado señor Presidente:

En el Diario “La Nación” del pasado sábado 14 de agosto, se informa de que ya su Gobierno firmó los contratos para la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Lamentamos mucho, como ciudadanos y como organización sindical, que su Gobierno haya hecho caso omiso a todas las consideraciones que hemos planteado en torno al porqué consideramos que esos contratos, por leoninos y contrarios al interés público, no debían ser rubricados.

Ahora esperamos que, de alguna manera, la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus deberes y dejando de lado intereses de negocios, se tome el tiempo y la cordura necesaria, y proceda a revisar cuidadosamente estos contratos; a fin de evitarle al Estado y a la ciudadanía, correr con contratiempos, problemas y perjuicio al interés público, como los que estamos sufriendo hoy con la privatización del aeropuerto y la revisión vehicular.

Esperamos que las autoridades firmantes de estos contratos, respondan personalmente, con su propio patrimonio, de los perjuicios que le pueda traer al interés público la firma de estos contratos.

Otro asunto, igual de preocupante que nos trae la privatización del INCOP y que le pedimos directamente a su persona que nos conteste, es si su Gobierno le va a reconocer las prestaciones legales y el famoso “desarraigo”, a por lo menos 500 trabajadores que permanentemente laboran en actividades ordinarias de la carga y la descarga en ese puerto; y que la institución, precisamente para no pagar esas prestaciones y ese “desarraigo”, se ha negado a reconocer su condición de trabajadores, además que a éstos ni siquiera se les cancela el salario mínimo de ley, por lo que el Estado tiene una deuda económica y moral pendiente para con estos humildes trabajadores.

Le preguntamos, don Abel, ¿cuáles son las fuentes de trabajo que su Administración tiene previstas para emplear a los más de 1500 desempleos directos que provocará ese proceso de privatización?. Sobre todo considerando que ya muchos trabajadores, lamentablemente tienen comprometidas, con créditos de todo tipo, sus prestaciones legales y el tan llevado y traído “desarraigo”.

Si su Gobierno insiste en despedir a esos trabajadores de INCOP, mal llamados por las autoridades portuarias como “trabajadores de la calle”, sin prestaciones legales y sin desarraigo, ¿dónde tiene previsto el Gobierno proveerles empleo, para que éstos y sus familias no sean sometidos a la humillante condición humana de no contar con un empleo digno y, por ende, condenarse ellos y sus familias al hambre?.

Esperamos que la Contraloría General de la República no llegue a permitir la culminación de este negocio, pero si se llegare a consumar, esperamos Sr. Presidente, que su Gobierno no deje en la intemperie económica a estas familias; que se proceda al pago de sus prestaciones legales, el pago de tal “desarraigo” y a preverles de un empleo digno, tal y como lo demanda nuestra Constitución Política.

Que Dios esté con usted y le ilumine, en estas horas criticas en que vivimos los grandes sectores desplazados y excluidos, por la implantación de las políticas neoliberales, que hoy se han tragado a esta institución.

Atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Molina
Presidente Seccional ANEP-INCOP

c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. Javier Chávez Bolaños. Ministro de Obras Públicas y Transportes.
c.: Dr. Alex Solís Fallas. Contralor General de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín. Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Jefes y Jefas de Fracción, Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un saludo cordial y atento saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Acudimos a su estimable y honorable institución para que visto y analizado el caso aquí planteado, se proceda a investigar los hechos ocurridos desde marzo del 2003 y que concluyen en marzo del 2004; sobre actos administrativos ejecutados por jefaturas en el seno del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), generadores del despido a un funcionario; todo lo cual, a nuestro criterio, representó una extralimitación de poderes de tales jefaturas en la citada entidad.

Al servidor Norberto Aragón Chavarría, Agente de Seguridad y Vigilancia del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), con una trayectoria laboral en el mismo de más de cinco años y que se desempeña en el Parque Metropolitano La Sabana; se le abre investigación por supuesto abandono de trabajo el día 21 de febrero del 2003, teniendo asignado el rol de noche. La señora Directora Nacional del ICODER, mediante Resolución D.N. 276-05-03, inicia investigación; cuyo resultado se le notifica el día 7 de julio del 2003, a las 6:00 p.m., mediante resolución No. 013-07-2003.

Durante los días 14, 15 y 16 de febrero del 2003, se le investiga al funcionario contratando a la empresa Corporación Jurídica ASELECOM, domiciliada en San Sebastián, la que ofrece los servicios de investigación privada; por lo que el día 13 de febrero del 2003 se firma el convenio entre esta empresa y el ICODER, con un valor de ¢72.000.oo; que corresponden a tres días de investigación. Hechos que se dan sin que la persona investigada se entere del asunto. (Adjuntamos acta de los hechos, 14, 15 y 16 de febrero del 2003).

Posteriormente, se entrega un informe donde se investiga la vida privada del funcionario, sus padres y calidades personales de su núcleo familiar, información laboral y los estudios regístrales en el Registro Nacional, información crediticia del empleado, fotografías del sitio donde labora, videos etc. (Se aporta folio del asunto).

El día 25 de febrero, el señor Aragón Chavarría informa a sus superiores de las anomalías que a su entender se estaban desarrollando en el sitio laboral, sea el Parque Metropolitano La Sabana (los días 14, 15 y 16) donde prestaba sus servicios; denuncia que es recibida en la misma fecha por el Área Administrativa de la institución. (Se adjunta nota). Hechos que hasta la fecha no han sido resueltos por la institución.

Esto demuestra que su principal objetivo lo era el funcionario, para determinar responsabilidades y justificar su despido, por lo que a nuestro criterio tal despliegue no era necesario como la justificación de la firma de un contrato que no pudo determinar anomalías.

Vistas así las cosas, creemos necesario que la Defensoría de los Habitantes de la República realice una investigación para determinar si hubo o no abuso de parte de las correspondientes autoridades en el caso del servidor Norberto Aragón Chavarría, en cuanto ciudadano costarricense y persona trabajadores con derechos laborales que son de obligado respeto.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-ICODER.
c.: Sr. Norberto Aragón Chavarría.
c.: Sr. Javier Valerín Villegas, Responsable ANEP-ICODER.
c.: Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP.
c.: Archivo.

Los precios de RITEVE, PAN, AGUA, LUZ, TELEFONO, BUSES, TAXIS, LECHE, ARROZ, FRIJOLES, VIVIENDA, COMBUSTIBLE (entre otros), están por las nubes y para comerse un pedazo de carne o salir a darse una vuelta, comprar zapatos o vestirse, la única forma de hacerlo, es recurriendo al crédito, a la deuda… si es que todavía es posible. El alto costo de la vida es, simplemente, agobiante, acongojante, abrumador y un claro desestabilizador del ánimo familiar, generador de violencia e inseguridad social en general.

Súmele a este flagelo económico, la política salarial mísera, paupérrima, a que nos está sometiendo este Bloque Neoliberal. Ajustes salariales muy por debajo del índice de la inflación, recorte de horas extra, recorte del rubro de viáticos, etc.; ajustes de salario miserables y por la vía del Decreto Ejecutivo, procedimiento muy propio y particular de esta Administración.

Y como si esto no fuera suficiente, este Bloque Neoliberal nos anuncia un TLC, que además de terminar con lo que nos queda de agricultura, pretende hacer negocios con lo más preciado de nuestras instituciones: la CCSS, ICE, INS, A y A.

Ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres del campo y de la ciudad; trabajadores y trabajadoras, empresarios comprometidos con esta patria, ¡llegó la hora!

ALTO AL VIOLENTO COSTO DE LA VIDA. FUERA RITEVE. EXIJAMOS SALARIO JUSTO (¡NO AL 4.5 %!) Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE NUESTROS CAMPESINOS. COMERCIO JUSTO SÍ, TLC NO.

EN ANEP NOS UNIMOS AL LLAMADO DEL MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL: ESTE LUNES 23 DE AGOSTO, VAMOS AL REFERENDUM DE LA CALLE.
¡NI UN PASO ATRAS!

17 de agosto de 2004