La Mesa Sindical de Mujeres conformada por las centrales sindicales CTRN, CUT, CSJM-ANEP, CMTC invita a la manifestación de las ollas vacías frente al Ministerio de Hacienda como medida de protesta ante el aumento de los impuestos en los alimentos.
Las organizadores solicitan a los participantes llevar ollas vacías como un acto de simbolismo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el pasado viernes 22 de marzo, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la ley 9635 conocida como Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Desde el momento en que esta nueva Ley otorga al Poder Ejecutivo poderes de dirección y control sobre todas las instituciones de la Administración Pública, eso es, a nuestro juicio, violatorio de una serie de principios y normas constitucionales, como lo es por ejemplo, el principio de autonomía municipal establecido en los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.
De modo que el primer punto impugnado de la acción de inconstitucionalidad de referencia es el artículo 26 de la Ley 9635, en la medida que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley a las municipalidades y otras instituciones autónomas y entes descentralizados, sin tener en cuenta su nivel de autonomía política, administrativa y financiera.
A nuestro criterio la Ley 9635, contiene una serie de contradicciones con los principios constitucionales de autonomía de la voluntad, seguridad jurídica, progresividad de los derechos fundamentales, justicia tributaria, no confiscatoriedad de los salarios, derecho a la negociación colectiva, etc.
Se impugna el método de calificación, el cual es incierto para todos los
funcionarios de la institucionalidad pública
por ser el mismo arbitrario; y, además, al ordenar
que el mismo será aplicado para todas las instituciones (incluso para las
municipalidades), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan), el cual será el ente competente para dictar las metas y
planes de acción; buscando darle al Poder Ejecutivo, poder de dirección a las
municipalidades y entes autónomos en materia de empleo público.
Es importante señalar que, incluso, la Ley indica frases como “con las salvedades correspondientes”, ambigüedad que –eventualmente-, le permitiría a la Administración desaplicar las reglas en el caso que quisieran, violentando la inderogabilidad singular de la norma, pudiendo fundamentar cualquier caso de excepción con dicha “salvedad”.
Se acusa, además, la inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad, al crear dos regímenes diferentes de prohibición: uno remunerado con el 65 % para algunos funcionarios de la Administración Central (que incluye a los del Ministerio de Hacienda), mientras que a aquellos que se regulen por leyes especiales les remunerará un 30 % solamente.
También se cuestiona la constitucionalidad de las normas de metodología por evaluación y designación de anualidades nominales en los funcionarios, en la medida que, mientras el Estado se asegura de captar recursos porcentuales basados en el consumo, el aumento por anualidad permanece invariable en el tiempo, causando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los gastos; además de vincularse el mismo a la también inconstitucional decisión de obligar a denunciar convenciones colectivas, en las que se pudiera disponer cualquier otro acuerdo.
Otro punto impugnado es el tema de la prohibición que hace la ley 9635, de que se pacten mejores condiciones de trabajo por medio de la negociación colectiva.
Son muchas las normas dentro de la Ley 9635 que consideramos violentan el derecho de la constitución, su articulado y principios contenidos. Por ello es importante la actuación en contra de dichas normas, no solamente pensando en el perjuicio gravísimo contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y la desidia ante el Derecho Internacional Laboral; sino que, también, por el menoscabo al Estado de Derecho, en que se le otorga al Poder Ejecutivo poderes irrestrictos sobre entes descentralizados en materia de empleo público, fomentando el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense.
San José viernes 22 de marzo de 2019. Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
El pasado viernes 22 de marzo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró un exitoso Consejo Consultivo Nacional (CCN), con la presencia de más de 500 personas, en su mayoría dirigentes anepistas, así como invitados especiales, expositores, entre otros.
La actividad que se desarrolló en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica lució con un lleno total, abordando como tema central “El análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica”.
Acciones Jurídicas contra Ley 9635
La ANEP ya inició con los mecanismos legales, para combatir la afectación que ya viven muchos trabajadores de diversas instituciones autónomas y municipales, así como las mismas instituciones, por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Ley 9635: Impacto en el régimen municipal
Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense, de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto. Es más, de que la misma ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa tramitación político- parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.
Aquí se evidencia la productiva campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad. Para la corriente sindical en la cual militamos resulta muy satisfactorio tener como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.
En este escenario, se presentó el libro “Ley 9635: Impacto del régimen municipal”, escrito por Edward Cortés García, abogado especialista en Derecho Constitucional quien se dirigió al Consejo Consultivo Nacional.
Ataque sindical en sede parlamentaria
Otro de los temas analizados durante el CCN, fue el ataque antisindical que se desarrolla en la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical, esto luego de la huelga desarrollada contra el combo fiscal. En este punto el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez analizó el contenido de dichos proyectos de ley.
Aportes para una agenda fiscal patriótica
La preocupación por la actual situación fiscal del país es uno de los puntos principales en los que la ANEP ha puesto principal atención en los últimos años con propuestas concretas y claras, dando la voz de alerta de lo que se avecina si el país no implementa una verdadera justicia tributaria y un análisis a fondo de la deuda pública que mantiene el país. Esta última llegó a 34 mil millones de dólares, lo que significa el 40% del gasto anual del Gobierno Central (presupuesto público).
Ante eses escenario destaca la propuesta “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”. Además del acercamiento con el movimiento ciudadano denominado Grupo Transparencia Nacional (GTN), que busca impulsar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.
Para analizar el tema del déficit fiscal, el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP contó con la exposición del doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís quien además funge como Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
También se contó con la destacada presencia de Ernani Goelzer, Director de ante proyecto del GTN quien detalló a la concurrida audiencia la necesidad de implementar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.
Aportes a la ANEP en la actual circunstancia
El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez fue otro de los invitados a este Consejo Consultivo Nacional donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los anepistas para presentar una perspectiva constructiva sobre la actual situación de los derechos laborales en nuestro país y la necesidad de su defensa.
60 Aniversario ANEP
Como parte de las actividades de celebración de los 60 años de la organización se dio la presentación de la memoria histórica de la ANEP a cargo del historiador Adalberto Fonseca Esquivel, quién también presentó la portada de lo que será el libro “ANEP: 60 Aniversario”. Este podrá adquirirse dentro de poco.
Uno de los momentos emotivos de la actividad se dio al final del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, cuando los presentes celebraron los 60 años de nuestra querida organización.
Compartimos el documento completo del Consejo Consultivo Nacional, el cual puede descargar en el siguiente enlace
Documento Consejo Consultiv… by on Scribd
Galería de imágenes
• Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal
•El Combo Fiscal- Ley 9635: eje central del debate
Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.
Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.
Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.
Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
La solicitud de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el 2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS, la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.
Incluso el 23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General a.í. Emilia Navas, solicitando que se investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos contra altas autoridades de la CCSS.
En la carta enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados”.
En otro párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”.
Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
ANEP responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.
En junio 7 del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún ostentaban altos cargos en la institución.
1) López Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la Caja.
2) Acuña Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de Pensiones.
3) Picado Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial.
4) Ugarte Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está pensionado.
5) Balmaceda Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios.
6) Garro Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto administrativo en el Hospital San Juan de Dios.
El 12 de febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló todo lo sucedido en la institución.
“Esto es un espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.
ANEP solicita a nueva Fisca… by on Scribd
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA condenan el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, perpetrado la noche del lunes 18 de marzo.
El asesinato ocurrió luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido encarcelado durante 6 meses en el año 2015, por razones políticas.
Las organizaciones sindicales denunciamos al Estado costarricense porque nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra; a pesar de que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba, cuentan con señalamientos de protección estatal por parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)
Sucesivos gobiernos, por acción u omisión, se pusieron del lado de los finqueros locales, como fue el caso de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, en cuyo gobierno, fueron echados de la Asamblea Legislativa los representantes indígenas de todos los territorios, mientras exigían la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. En esa administración también se dieron muchas agresiones directas a Sergio y otros indígenas bribris.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la exviceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte implementó un plan “conciliador” en Salitre que sólo dio como resultado más violencia y el encarcelamiento injustificado de Sergio Rojas Ortiz.
También tienen responsabilidad en este fatal desenlace las malas decisiones de las autoridades políticas de los gobiernos locales del cantón de Buenos Aires, porque no han hecho mayor cosa para proteger a los indígenas.
Este asesinato sienta un pésimo precedente en cuanto a la integridad de quienes enarbolan luchas sociales en Costa Rica; y por ello sumamos nuestra voz a la de muchas otras organizaciones de la sociedad civil para exigir el esclarecimiento de este asesinato; y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales del mismo.
Parece que ya solamente estaríamos ante un escenario de presos políticos por la lucha social, como el caso Carlos Andrés Pérez Sánchez; si no que, más grave aún el crimen y asesinato político por causa de la lucha social (a la colombiana), tal y como lo refleja el caso de Sergio Rojas Ortiz.
Finalmente, lamentamos que el gobierno Alvarado-Piza no ponga el mismo empeño con que arremete contra los derechos laborales, en la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios de Costa Rica.
En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la detestada legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, bautizada por el pueblo que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle, como combo fiscal.
A menos de tres meses de su cuestionada aprobación parlamentaria y de su imposición mediando el fallo constitucional de compadre hablado, la ley 9635 genera amplio rechazo de gran diversidad, incluso en la propia institucionalidad pública.
Empezando por el anuncio de las universidades públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de su abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde entre los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la Presidencia Ejecutiva de la institución, y llegando al sector municipal donde sus concejos, alcaldías y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal concita el más amplio rechazo, repudio y cuestionamientos.
Recientemente, la propia Sala IV admitió una acción de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA), que abarcó los aspectos más sensibles de todo el ataque de dicha legislación contra derechos laborales ya conceptuados como situaciones jurídicas consolidadas en el empleo público.
A nivel municipal, la ANEP tiene conocimiento que el grave problema generado por esta ley en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, ha estado debatiéndose a lo interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Hay gran esperanza en la clase trabajadora de este importante sector del empleo público de que tales entidades se pronuncien, próximamente y de manera pública en defensa de la autonomía del régimen municipal, abogando por su restauración.
La preocupación popular se acreciente ante la inminencia de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), que entrará a regir a mitad del presente año y que, ante el real congelamiento de los salarios, generará más congoja y estrechez económico-financiera en los hogares obreros tanto del sector público como del privado.
Lo que sí queda constando es que al acercarse el primer año de gestión gubernativa de Alvarado-Piza, la base social del mismo es, prácticamente inexistente, mostrando gran aislamiento de amplios sectores populares y ciudadanos. Al presente gobierno, que es el del tripartidismo PLUSC-PAC, solamente le queda un abierto respaldo del alto corporativismo empresarial, gran parte del cual está cuestionado en cuanto a la honra plena de sus responsabilidades tributarias.
Finalmente, este viernes 22 de marzo las bases dirigentes de la ANEP se reunirán, en el marco del Consejo Consultivo Nacional de la agrupación, para analizar toda esta problemática que, sin duda alguna, tiene relación directa con la gravedad fiscal del país.
Tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), se encuentra de manteles largos, ya que el próximo 11 de abril cumplirán 100 años, por lo que la celebración de conmemoración se extenderá con actividades en diversas ciudades de todo el mundo.
Dentro de esas ciudades se encuentra San José, donde la celebración será el doble, ya que también se conmemoran 50 años del establecimiento de la sede de la OIT en la capital costarricense.
Con el propósito de conmemorar ambos acontecimientos históricos, la OIT realizará una actividad de ciclismo recreativo por la ciudad de San José, el domingo 31 de marzo del 2019, denominada “Pedaleando por el Trabajo Decente: OIT 100 años”.
La actividad es gratuita y abierta para todo público, iniciando a las 9:00 de la mañana; teniendo como punto de partida y llegada la Plaza de la Democracia. El recorrido se realizará por Avenida 8 hacia el parque metropolitano La Sabana, para luego regresar al punto de partida utilizando la ruta Paseo Colón y Avenida Segunda. (ver mapa de recorrido)
La actividad contará con una alta participación diversos actores y tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
