Categoría: Incidencia

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Asunto: Financiamiento de la publicación del libro del Sr. Presidente de la República y los cuestionables negocios de Papagayo

Estimado señor Presidente:

Con el mayor de nuestro respeto, le expresamos un atento saludo.

Ha llegado a nuestras manos copia de una carta emitida en Madrid, España, fechada el día 26 de julio del 2004; la cual está dirigida al Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo, ente adscrito al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de nuestro país; carta firmada por el Bernardo Martín Moreno, Presidente de la compañía mercantil SOMERSEN, indicando que esta firma representada por él, entrará en negocios con la sociedad ENJOY HOTELS & RESORTS, S. A., cuyo representante es el Sr. Rubén Pacheco Lutz, actual Asesor en materia de Turismo, de usted, ilustre Sr. Presidente de la República.

Tal asociación de negocios es para “el desarrollo de un resort con proyectos residenciales y hoteleros que incluye un campo de golf de 18 hoyos en las siguientes concesiones: Lote No. 1: 43 hectáreas, alrededor del Pozo Las Cortinas; Lote No. 2: 02 hectáreas, entrada derecha a Playa Chorotega (Panamá); Lote No. 3: 11 hectáreas, entrada Radial-Trancas derecha hasta Loma Linda; Lote No. 4: 39 hectáreas, entrada pueblo plaza y huertona”

Nos ha impresionado mucho conocer esta situación, toda vez que la compañía mercantil española SOMERSEN, le financió a usted, Sr. Presidente, la publicación de su libro “Poesías, cuentos y dibujos”, cuyo lanzamiento se hizo recientemente en España, durante su último visita a España

En días pasados, Sr. Presidente, la ANEP hizo un fuerte y público cuestionamiento a un presunto tráfico de influencias, en el proceso de adjudicación de concesiones para los últimos lotes libres en el Polo Turístico Papagayo.

Nuestra denuncia indicó que ese presunto tráfico de influencias pretendería un favorecimiento, de manera ilegal, para empresas ligadas al señor Rubén Pacheco Lutz, cuando no había calificado para el respectivo cartel de licitación que se dio en torno a las concesiones de esos últimos lotes de Papagayo, lo cual fue determinado así por una Comisión Evaluadora creada en el ICT para tal efecto; atropellándose toda la experticia técnica y el profesionalismo puestos en este caso.

Hemos sostenido que entre usted, Sr. Presidente, y el Sr. Pacheco Lutz, hay un vínculo de parentesco, lo cual fue negado por su digna persona. Sin embargo, a pesar de que este señor dejó de ser su Ministro de Turismo, usted lo ha mantenido como su Asesor en la materia; pero nuestra observación cotidiana del peso político que él sigue teniendo dentro del ICT, lo hace aparecer como si continuase con rango de Ministro de Estado.

Según una de las notas periodísticas que registraron su viaje a España, específicamente referidas al acto de lanzamiento de su libre, Sr. Presidente, se indica que “…el señor Bernardo Martín Moreno preside una de las inmobiliarias más grandes de España, de donde salen los fondos con los que la Fundación Martín paga la producción del libro, así como los quesos y vinos del cóctel posterior”.

Señor Presidente: ¿Sabía usted que la cantidad de multimillonaria de dólares involucrados en este negocio de Papagayo, es inmensamente mayor que los montos referidos a los escándalos ICE-ALCATEL y del crédito finlandés?

Señor Presidente: ¿Porqué en su viaje a España, dentro de la comitiva que le acompañó estuvo el señor Pacheco Lutz?; ¿no es esto, acaso, sintomático de que más que asesoría en Turismo a la máxima autoridad ejecutiva del país, como es usted, don Abel, podríamos tener en desarrollo un tráfico de influencias totalmente incompatible con tal cargo y hasta involucrar a la figura presidencial, indebidamente?

Señor Presidente: ¿Tenía usted idea o noción de que la entidad patrocinadora de la publicación de su obra literaria, tiene en perspectiva negocios multimillonarios con su Asesor en materia de Turismo, el Sr. Pacheco Lutz?

Señor Presidente: ¿Cómo podrá ser interpretado por la opinión pública nacional tal vínculo?; ¿acaso no compromete su política de transparencia y de total cuestionamiento a negocios incompatibles entre la jerarquía política del país y los negocios privados?

Señor Presidente: Si usted no tenía la noción de semejante vínculo (y nosotros en ANEP preferimos creer que es así), ¿no cree necesario que, de inmediato, se dé la separación del cargo del Sr. Pacheco Lutz y se esclarezca el asunto del financiamiento de la publicación de su libro para no manchar la transparencia de la gestión presidencial confiada a su digna autoridad?

Señor Presidente: ¿No cree que ya es hora de escuchar la propuesta técnica de los compañeros de la ANEP en el ICT, la cual podría enmendar muchos de los yerros políticos que acontecen en una institución responsable de la política pública en un sector tan estratégico para la economía nacional?

Lo anterior sería un acto de gran responsabilidad, para abordar el problema de efectuar una higiene moral en el ICT, dando cabida a las justas reivindicaciones sindicales, sociales y ambientales para mejorar la calidad sostenible del servicio; fomentando formas sanas de turismo nacional e internacional, impulsando la participación comunitaria en el turismo, a la vez que se protegen los recursos naturales que constituyen la base de nuestro producto turístico.

Finalmente, Señor Presidente: En realidad no solamente es necesario una verdadera explicación e investigación de esta delicada situación; sino que, como indicamos líneas arriba, el señor Pacheco Lutz debe ser separado de inmediato de su cargo, debe detenerse también inmediatamente las acciones de concesión de los últimos lotes de Papagayo y debe proceder a investigar las irregularidades que se han cometido en tal proceso, lo cual ya había denunciado la ANEP desde el mes de octubre anterior.

Esperando una respuesta de su parte, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República

Licenciada
Lineth Saborío Valverde
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de la Presidencia

Casa Presidencial Sus Despachos

Estimado señor Presidente:
Estimada señora Primera Vicepresidenta de la República y
Ministra la Presidencia:

Respetuosamente, expresamos a ustedes el más atento y respetuoso saludo.

En atención al interés de un importante número de familias pobres, cuya necesidad hemos detectado en el transcurso del trabajo comunal que realiza la ANEP, nos hemos enterado que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, está respaldando la tramitación de un proyecto de ley, denominado “Ley que permite la condonación de intereses de los fideicomisos del Banco Hipotecario de la Vivienda correspondientes a operaciones de entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que fueron disueltas o liquidadas”; el cual tiene el Expediente Legislativo No. 15.379.

El propio Sr. Ministro de la indicada cartera, don Helio Fallas Venegas, durante una audiencia pedida por nuestra parte y en compañía de varias de tales familias, nos indicó que con la indicada legislación se beneficiarán más de 10 mil familias que hoy están en circunstancias difíciles, incluso hasta de perder su respectiva casita. De ahí que el citado jerarca estima necesario y urgente la aprobación de dicha iniciativa legal, misma que incluso se emitió como política del citado despacho ministerial.

Por otra parte, en breve conversación informal y casual con el Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, Diputado Gerardo González Esquivel; así como con su colega legislador, el Lic. Ricardo Toledo Carranza, se nos indicó que dicho proyecto tiene amplia simpatía entre las distintas representaciones parlamentarias; además de que, a juicio de los que saben de técnica parlamentaria, el citado proyecto puede ser tramitado en una comisión plena.

Vistas así las cosas, respetuosamente, solicitamos a sus ilustres autoridades ejecutivas, el envío al actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Expediente Legislativo No. 15.379, el cual persigue la noble finalidad de corte social, que su nombre mismo explica.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.:Diputado Gerardo González Esquivel, Presidente de la Asamblea Legislativa.
c.:Diputado Ricardo Toledo Carranza, Diputado de la Asamblea Legislativa.
c.: MSc. Helio Fallas Venegas, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.
c.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto.
c.: Vecinos de comunidades interesadas.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Licenciado
José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimado señor Defensor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con enorme preocupación, solicitamos la valiosa intervención de su despacho, ante lo que estimamos es una inoportuna y contraproducente decisión, con respecto a la forma en que ha de otorgarse el servicio de vigilancia para el Laboratorio de Pruebas de Paternidad de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS); servicio que se prestaría electrónicamente, si nos atenemos a la decisión que está recomendando el Lic. Manuel Ugarte Brenes, Coordinador de la Comisión de Control del Gasto en Contratación; al comunicarlo así a la Dra. Kemly Picado Mata, Subgerente de la Subgerencia de Hospitales Nacionales y Clínicas Mayores, de la Gerencia de División Financiera de la CCSS.

Hasta el día de hoy, sin que se tenga el menor resultado negativo, la vigilancia en dicho laboratorio ha estado a cargo del personal de seguridad del Hospital San Juan de Dios (HSJD); funcionarios que con eficiencia, cuidado y decoro han brindado tal servicio; considerándose que en dicho establecimiento se basan pruebas delicadísimas que han de traer resultados, beneficiosos en un caso y/o perjudiciales en otro, para las personas que se ven envueltas en controversias de paternidad.

En una ocasión anterior, un intento de variar el tradicional sistema de vigilancia, contratando personal privado, no fructificó por razones más que obvias. Pero, ahora, los intentos de privatizar este servicio parecen no detenerse y en vez de seres humanos, un componente electrónico sería el responsable máximo de tal servicio.

No creemos nosotros que, ni un caso ni el otro, sean acordes con la naturaleza de la seguridad del trabajo a cargo de tal laboratorio; considerándose inherente al mismo la prestación humana de tal seguridad, bajo la responsabilidad de personal del servicio público que, directamente, suministra la CCSS, a través del personal de vigilancia del HSJD. Esto es garantía más que suprema de una tarea estratégica por las delicadas y específicas funciones que se ejecutan en dicha unidad médica.

Eliminar la prestación del servicio de vigilancia en ese laboratorio, que actualmente brindan los vigilantes de dicho hospital; sustituyéndoseles por una sistema de vigilancia electrónica; implica que, a final de cuentas, toda la seguridad quedaría a cargo de una sola persona, un vigilante privado que se ubica en la casetilla externa al laboratorio, quedando todo su interior sin la mejor tarea de seguridad humana.

Aunado a lo anterior, indudablemente que una decisión de privatizar por cualquier vía (ahora la electrónica), generará un considerable impacto negativo en las finanzas del personal de vigilancia del HSJD. La responsabilidad de la tarea de seguridad del Laboratorio de Pruebas de Paternidad, representa un salario extraordinario que, en buena medida, ayuda a sobrellevar la situación socioeconómica de las familias respectivas, en épocas de alta inflación y de gran incertidumbre económica.

No sería justo, en consecuencia, que mientras el país presencia un crecimiento sostenido de la pobreza y un sistemático estrujamiento de la otrora poderosa clase media; una decisión administrativa, imprudente y técnicamente fría, sin sustento factible de mejora sustancial en la seguridad deseada; provoque alteraciones presupuestarias en hogares de sencillos servidores públicos, como los de la vigilancia del Hospital San Juan de Dios, a cargo de la vigilancia en dicho laboratorio.

Vistas así las cosas, respetuosamente, le rogamos su intervención directa en la situación apuntada, considerando su gran papel social como Defensor de los Habitantes de la República; dado que en este punto, el tema de la seguridad va más allá de una colones menos o de unos colones más, si tomamos en cuenta que las decisiones que se toman en dicho laboratorio, tienen que ver con derechos civiles, económicos y sociales de personas que habrán de ser los ciudadanos futuros de nuestro país. Le solicitamos, formalmente por esta vía, la concesión de una audiencia con la debida urgencia que el caso amerita, para puntualizarle nuestras preocupaciones al respecto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Arcelio Sánchez Cisneros
Delegado Sindical ANEP-HSDJ

Carlos Carvajal Jara
p/ Personal de Seguridad, Hospital San Juan de Dios (HSJD)

—-
c.: Personal de Seguridad, Hospital San Juan de Dios.
c.: Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP-Responsable ANEP-CCSS.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Licenciado
Luis Diego Morales Matamoros
Presidente
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE)
Su Despacho

Estimada señora y estimado señor:

En nombre de nuestra organización sindical ANEP y respondiendo al llamado de funcionarios y público que visita la Municipalidad de Alajuela nos permitimos, con todo respeto, solicitarles la siguiente información:

¿Cuáles son los alcances de la institución que ustedes representan para declarar el estado de un edificio, en cuanto a su habitabilidad o no?

¿Qué sabe la Comisión Nacional de Emergencias y/o el Ministerio de Salud, sobre el estado físico del edificio que alberga al personal de la Municipalidad de Alajuela?

Se dice que el citado edificio ha sido declarado inhabitable, ¿qué nos pueden informar sobre el particular?

¿Es competencia de algunas de esas entidades, valorar las nueva políticas que se dicten en la Municipalidad de Alajuela u otras instituciones, con relación a las áreas de acceso y evacuación de personas? (lo anterior, por cuanto en la Municipalidad de Alajuela sólo se habilita una puerta para esa gestión).

Las anteriores preguntas las formulamos, como lo señalamos al inicio de esta nota, a solicitud de los funcionarios y el público que visita el edificio municipal, quienes a raíz del último sismo, nuevamente se llenan de temores, maximizándolos como es lógico, ante las políticas ya referidas, de la nueva administración, sobre el acceso y evacuación de personas.

Por todo lo expuesto, les rogamos se sirvan respondernos lo más pronto posible, al tiempo que le solicitamos si es de su competencia, intervenir en este centro de trabajo y atención al público; para que con su concurso se lleve la tranquilidad a los y a las alajuelenses. Caso contrario, les solicitamos nos informen a cuál autoridad compete debemos recurrir, a fin de que se tomen las acciones correspondientes, antes que, ocurra un infortunio de impredecibles dimensiones.

Muy respetuosamente, esperando pronta respuesta al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Municipal

—-
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Honorable Concejo Municipal de Alajuela.
c.: Lic. Fabio Molina Rojas, Alcalde Municipal de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela.
c.: Funcionarios y funcionarias, Municipalidad de Alajuela.
c.: Archivo.

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con fundamento en los informes que mes a mes nos envía la Seccional ANEP-Municipalidad de Abangares, nuestra Dirección Nacional, considera de suma importancia, ponerlos al tanto de lo que acontece en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, situación que consideramos anómalo y perjudicial para el buen desempeño de labores y la eficiencia que se debe a la comunidad de Las Juntas de Abangares.

Se asegura que en la práctica, existe en esa Planta, un estilo de dirección recargado en tres funcionarios, quienes; cual jefaturas sin nombramiento claro, asumen el papel de observadores, analistas, orientadores y críticos del trabajo que realizan otros dos funcionarios; destacados para desempeñar el trabajo operativo, (chapias, lavado de filtros, lavado de sedimentadores y limpieza general de la planta) de ser así, estaríamos hablando de un caso, donde “hay más caciques que indio,” lo que provocaría, indefectiblemente, recargo de funciones para unos y desconcierto a la hora de emitir órdenes y recibir las mismas, para otros. (¿A quién le hago caso?

Otro asunto que se debe atender con prontitud, para prevenir infortunios, es el caso del funcionario, Olbert Villalobos, Operador de Planta, quién padece de “ataques” y por el tratamiento que debe seguir y su propia enfermedad, muchas veces no puede cumplir con sus obligaciones a cabalidad, además el citado funcionario, ha sido operado de la cintura, en más de una ocasión, por lo que sería humanitariamente necesario procurarle un traslado, en un puesto acorde con sus posibilidades de cumplimiento eficaz y efectivo, al tiempo que se evitan riesgos muy particulares y propios de la Planta de Tratamiento. (Riesgo por las piscinas y soledad en la montaña).

Por todo lo expuesto, solicitamos con todo respeto, se ordene una investigación en la Planta, que determine con objetividad, si en ese centro de trabajo, se requiere más personal o si lo que procede, es distribuir el trabajo de manera más equitativa y racional.

Con nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Municipal

—-
c.:Dr. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.
c.:Lic. Fernando Trejos Ballesteros, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Consejo Nacional de Salud Ocupacional.
c.:Auditor Interno, Municipalidad de Abangares.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Seccional ANEP-Municipalidad Abangares.
c.:Trabajadores Municipalidad de Abangares.

Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sirva la presente para solicitarle estudiar y, eventualmente, derogar, los términos del Oficio 18988, fechado 16 de julio de 2003, que enviara el entonces Gerente de la División Médica, doctor Horacio Solano Montero, a todas las dependencias institucionales referente al asunto indicado (deslealtad), con instrucciones de acatamiento obligatorio; mismas que provocaron gran indignación entre los trabajadores, dado que se ordenó algo así como “VER Y CALLAR”.

La resolución del Consejo Asesor de la Dirección Jurídica (Sesión 1156-2003, celebrada el 8 de abril de 2003), ofrece conclusiones subjetivas que indujeron al entonces gerente a ordenar directrices equivocadas, dicho esto con todo respeto; las cuales, desde luego, no nos parecen válidas en tiempos en que la denuncia de actos irregulares se constituye en una obligación patriótica, máxime cuando fue sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que una gavilla de mafiosos, desde el lado político y del lado empresarial, se propuso concretar el más vergonzoso saqueo conocido en la historia de nuestro país.

La revisión de lo instruido en materia de “lealtad” a la institución, es una solicitud que hacemos en procura de que exista, tanto en trabajadores como en usuarios de los servicios de la CCSS, suficiente confianza para protegerla de nuevos actos de corrupción.

Le reiteramos nuestro respaldo a todas aquellas acciones que emprenda en la conducción institucional, en defensa de la ética en la función pública, que mejoren la calidad de los servicios públicos y que garanticen una seguridad social fortalecida como herencia para las generaciones venideras.

Quedamos en espera de su pronta respuesta, considerando que entre la población laboral de la institución, en su abrumadora y contundente mayoría, existe un profundo espíritu para revindicar la imagen de la institución, altamente lesionada por los sucesos ya de amplio conocimiento; pero, considerando, a la vez, que la Caja es la entidad pública más querida de los y de las costarricenses.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Lic. Francisco Dall´Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
c.: Honorable Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Dirigentes y Delegados de ANEP-CCSS.
c.: Medios de comunicación colectiva.
c.: Archivo.

Señores y señora Honorable Junta Directiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A) Presente

Señor
Everardo Rodríguez Bastos
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ( A y A).
Su Despacho

M.B.A.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Honorables trabajadoras
Honorables trabajadores
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)

Reciban, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Recientemente hemos sido enterados y documentados de algunos cambios jerárquicos en dos de las direcciones estratégicas de esta querida e insigne institución.

Nos referimos, concretamente, al nombramiento del Lic. Luis Alvarado Aguilar como nuevo jerarca en la Dirección del Área Metropolitana; así como del nombramiento en la Dirección de Suministros, del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, anterior jerarca de la Región Metropolitana.

También hemos sido puestos en conocimiento de la salida de la Licda. Wendy Goicurría Rodríguez, de la Dirección de Suministros.

Primeramente es oportuno señalar que ANEP no cuestiona, en absoluto, los méritos personales y profesionales de estos destacados y apreciados funcionarios; de tal manera que nuestras observaciones y/o posición oficial, van dirigidas a cuestionar los aspectos de fondo utilizados por la administración superior para los respectivos nombramientos o cambios, que pudiesen ser interpretados por la misma como “estratégicos”.

Así las cosas, nos permitimos exponer, de manera respetuosa, nuestras consideraciones.

Primero: Para ubicarnos en el contexto, es oportuno destacar que en el A y A, existen tres herramientas jurídicas internas que rigen tanto las políticas institucionales, como las relaciones laborales, que son: a) la Ley Constitutiva de esta estratégica institución, denominada cotidianamente como A y A; b) El Reglamento de la Junta Directiva; y c) el Reglamento Autónomo de Trabajo, recientemente publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. A lo anterior, podemos adicionar la Ley de Control Interno, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Segundo: La Ley Constitutiva del A y A da la potestad a la Junta Directiva de nombrar al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor; de igual manera establece que la Presidencia Ejecutiva la nombra el Consejo de Gobierno.

Tercero: Existe una agregación o adición que realizaron los autores intelectuales del Reglamento Autónomo del A y A, vigente desde el 19 de noviembre del 2004, misma que nunca se contempló en el documento borrador del mismo. Esta afirmación se corrobora al comparar el Artículo 20 aparecido en ese borrador, con lo que posteriormente fue aprobado por la honorable Junta Directiva de la institución, como Reglamento Autónomo.

Cuarto: Desde nuestra perspectiva, existe una contundente contradicción de orden jurídico que roza con la Ley Constitutiva; pues la decisión de que los directores y subdirectores de área y/o región sean nombrados, directamente, por la Junta Directiva del A y A, contraviene dicha ley; además de que se violenta el reglamento emitido en cuanto a respetar procesos de selección basados en ternas, inopia, ascensos, concursos internos y externos.

Quinto: Somos del criterio de que tales procesos deben seguirse observando para la designación de directores y subdirectores; correspondiéndole a la Junta Directiva de A y A, únicamente, la ratificación de tales nombramientos, luego de haberse observado esos procesos. Por tanto, la decisión que se tomó muestra que estamos ante un excesivo poder de imperio, de orden político, tanto por quienes impulsaron dicha reforma como por parte de la Honorable Junta Directiva de A y A.

Finalmente quedaremos a la espera de que las máximas autoridades institucionales tengan la gentileza de rendir cuentas sobre este y otros particulares, pues esta situación ha provocado un cisma a lo interno del A y A; poniéndose en riesgo la paz laboral de la valiosa fuerza de trabajo, que representa el capital mas valioso con el que cuenta esta estratégica institución.

Aprovechamos la valiosa oportunidad, para solicitarle a las autoridades institucionales que propicien, sin exclusión alguna, los espacios de discusión y análisis, tanto con las trabajadoras y los trabajadores como con las instancias sindicales; a propósito del plan piloto que viene manejando el programa denominado A y A-Banco Mundial.

Ese plan piloto pretende convertir a esta estratégica institución en una instancia rectora de políticas; dejando la parte sustancial, denominada operativa, a operadores especializados o empresas privadas vía concesiones; propuesta que desconoce tanto el personal como los sindicatos y que, por supuesto, nuestra agrupación rechaza, enérgicamente, ad portas.

Sobre esta situación de fondo que tiene que ver con el rumbo institucional, dejaremos patente nuestra posición oficial en los próximos días; reiterando a las instancias sindicales internas del A y A, repensar nuestra propuesta de alianza sindical, denominada Unidad en la Diversidad, que hiciéramos hace más de un año; misma que consideramos fundamental para la defensa y el fortalecimiento institucional, especialmente en momentos en que la privatización, vía concesión, amenaza seriamente al A y A.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

—-
c.:Trabajadores y trabajadoras del A y A.
c.:Sindicato de Profesio0nales del A y A (SIPAA).
c.:Asociación Sindical de Trabajadores del A y A (ASTRAA).
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

Licenciada
Lineth Saborío Chaverri
Primera Vicepresidenta de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimada señora Vicepresidenta:

A nombre del Movimiento Cívico Nacional (MCN) le expresamos un respetuoso saludo.

Le agradecemos su disposición a atendernos este día en el marco de la actividad de calle que hemos promovido con miras a plantearle respetuosamente lo siguiente:

Estimamos que no se le ha dado la debida celeridad al proceso que habría de determinar la nulidad, y/o resolución, y/o rescisión de lo que para el Movimiento Cívico Nacional constituye el anticonstitucional e ilegal monopolio privado de la Revisión Técnica Vehicular; considerando que de parte de nosotros ha existido la mejor buena voluntad de que este grave problema se resuelva por el cause establecido en la institucionalidad jurídica del país. Nosotros cumplimos en tiempo y forma con la presentación documental que nos correspondía hacer; misma que tiene una base argumental sumamente sólida como para que el país resuelva en forma definitiva esta situación de latente amenaza a la estabilidad social del país. Sentimos que de parte del Gobierno de la República, como indicamos, aún hay problemas para entender qué es lo que se está jugando en todo esto y por tanto no es conveniente ni sano más dilaciones.

Reconocemos que en cuanto al punto sobre Costo de Vida, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha actuado de manera responsable y el proceso, que ya va por su cuarta sesión, muestra signos esperanzadores de que pueda haber buenas conclusiones en un asunto de tanta trascendencia para el pueblo trabajador, especialmente.

Es igualmente relevante dejar constancia vehemente que como Movimiento Cívico Nacional repudiamos profundamente la gestación, el desarrollo y la práctica institucionalización del sistema de corrupción política que al más alto nivel de la estructura dirigente de Costa Rica ha sido revelado a la opinión pública nacional. En tal sentido dejamos constancia de nuestra voluntad de apoyar todas aquellas iniciativas que en distintos campos se están o se van a promover, para castrar de raíz este terrible flagelo que se ha cometido contra el pueblo costarricense y como Movimiento Cívico Nacional respetuosamente exigimos la debida participación para aportar nuestros planteamientos en tal sentido, en los distintos escenarios en que tales ideas, así como las de otras entidades sociales y políticas, se puedan considerar.

Por último una vez más, el Gobierno de la República por su distinguido medio debe saber que rechazamos categóricamente el TLC que nos quieren imponer con los Estados Unidos de América. No nos oponemos al comercio con esta potencia pero el mismo debería ser sobre la base de un comercio justo, guardando entre otras cosas, las inexorables asimetrías entre nuestras dos economías; y mucho menos podríamos aceptar la entrega como se hizo en el TLC de lo mejor del patrimonio público institucional representado en entidades claves de nuestro desarrollo pasado, presente y futuro como el ICE, la CCSS, el INS, el AyA, la agricultura nacional, nuestro patrimonio ambiental y nuestras conquistas socio-laboral así como lo que tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa nacional.

Muy respetuosamente firmamos,

Estimado señor:

Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de nuestra organización sindical.

En segundo término deseamos manifestarle lo siguiente: A raíz de los hechos denunciados públicamente en nuestro país, sobre actuaciones de diferentes personalidades de la vida política, concretamente de los partidos tradicionales que se han visto involucrados en una red de corrupción jamás vista en nuestra patria; se hace necesario mantener a este respecto una auscultación permanente sobre las actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente de quienes laboran para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Como bien sabemos, la misma ha sido objeto de serios cuestionamientos que la hacen más vulnerable, situación por la cual quienes ven en la salud un negocio se frotan las manos. Contrariamente, quienes estimamos y defendemos nuestra institucionalidad y nuestro Sistema de Seguridad Social, nos causa gran preocupación su desprestigio; máxime si éste se origina en las actuaciones de sus funcionarios. Nos declaramos por tanto impulsores de la ética y la calidad en los servicios públicos.

No habiendo salido aún del asombro, que se mezcla con la indignación que nos provoca todo el daño que se le causa a la Patria , habiéndose establecido un peligroso clima de desconfianza ciudadana ,dada la amplia cobertura periodística generada sobre estos lamentables acontecimientos; hemos detectado mediante la prensa sobre las visitas en horas de la mañana de parte del Dr. Víctor Manuel Ruiz, funcionario del hospital a su digno cargo a la casa de habitación del Expresidente de la República, Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier antes de su detención y posterior reclusión en el Centro de Atención Institucional La Reforma, donde como sabemos cumple prisión preventiva,

La prensa también han informado sobre las visitas el doctor Víctor Manuel Ruiz al presidio, de quien se afirma es su médico de cabecera. Lo preocupante de esto es que esas visitas las habría realizado, presuntamente, dentro de su jornada habitual de trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social.

Como referencia, mencionamos la publicación del periódico Al Día, de 29 de octubre 2004, con foto y cita, señalando, transcripción textual,: “Visita de Rigor. Ayer a las 4.15 de la tarde Víctor Manuel Ruiz, médico del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, abandonó cargado de bolsas el centro penitenciario La Reforma”.

Si efectivamente el Dr. Víctor Manuel Ruiz ha estado usando tiempo laboral de su horario contratado con la institución, para visitar al Lic. Calderón Fournier, ello se constituiría en evidente Abandono de Trabajo, situación que podrá confirmarse no sólo con la información periodística sino también solicitando los registros de ingreso al centro penal mencionado.

No es interés de nuestra organización observar la actividad privada que pueda tener el doctor Ruiz con la familia Calderón, en el campo medico y cualesquiera que desee tener de manera particular; pero si nos interesa se investigue si incurrió en abandono de sus obligaciones laborales para con la CCSS., ya que de resultar probadas estas situaciones mediante la investigación que reiteramos solícitamente se realice, deberán tomarse las acciones disciplinarias que en derecho correspondan, y de acuerdo al marco normativo institucional.

Finalmente solicitamos ponernos al corriente de la decisión que tome esa Dirección Medica al respecto.

Sin más de momento suscribimos con la debida consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

—-
c.:Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo CCSS.
c.:Dr. Víctor Manuel Ruiz Médico Cirujano, HCG. Junta Directiva CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

01- Los y las costarricenses no terminamos de salir del asombro y la consternación, ante las prácticamente diarias revelaciones de todos estos acontecimientos de corrupción, de tráfico de influencias, de formación y desarrollo de una red de asociación ilícita para delinquir; surgida al amparo de la intentona por una implementación total del modelo de una sociedad neoliberal, dirigida por el tradicional sistema político bipartidista.

02- La restauración de la moral y la ética en la función pública parece que será un largo camino, que pasa por enterrar la propuesta de una sociedad neoliberal; más allá de los procesos judiciales que se están dando contra la ya casi interminable lista de personajes ligados al denominado “PLUSC” (Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana).

03- Como sabemos, ese sistema político “PLUSC” se ha repartido el gobierno del país, indistintamente de cuál ha estado a la cabeza del Poder Ejecutivo, en las últimas décadas.

04- El “PLUSC” ha degenerado tanto que el financiamiento de sus campañas políticas presenta graves síntomas de corrupción; al aceptar, entre otras fuentes de cuestionable procedencia, dólares de Taiwán que comprometen nuestra soberanía como país y degradan el cargo presidencial.

05- Particularmente, en el caso del actual Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, su ascenso a este digno cargo está manchado por la anterior circunstancia; sin que él haya demandado penalmente, invocando la respectiva sanción establecida en nuestra ley electoral contra los responsables dentro de su partido por tal circunstancia. Esta situación reafirma la sospecha de muchas personas de que el Presidente Pacheco sí conocía de los dólares ilegales llegados a su campaña política.

06- La detención y el encarcelamiento de los Expresidentes de la República, Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, mandatarios constitucionales en los períodos 1990-1994 y 1998-2002, respectivamente; simboliza para quienes nos desenvolvemos en los sectores sociales del Movimiento Popular Costarricense, la puesta de la lápida en la tumba ya casi cavada, de ese sistema bipartidista, conocido popularmente como “PLUSC”.

07- Otro connotado Expresidente de la República, 1986-1990, el Dr. Oscar Arias Sánchez, como integrante destacado de ese sistema bipartidista “PLUSC”, debe muchísimas explicaciones, a las y a los costarricenses, sobre toda esta situación. Particularmente, en lo que respecta a aquellas actividades mercantiles en las que tiene interés directo, pues fueron concebidas dentro de ese esquema de facilitación de negocios privados con los servicios públicos, tan perfectamente ideado por el sistema bipartidista “PLUSC”.

08- Ahora es más claro que la fase final de toda esta especie de pesadilla psicosocial que estamos viviendo los y las costarricenses, parece que tuvo un punto de salida: los intentos de aprobar el denominado “Combo ICE”, en el año 2000.

09- En ese entonces, prácticamente todas las figuras públicas hoy cuestionadas, por acción directa o indirecta y/ó por silencio cómplice, impulsaban la aprobación de tal iniciativa. Por otra parte, todos ellos y otros como ellos que hoy parecen salvados de la debacle, se pensaron el denominado TLC, como culminación de ese proceso hoy completamente al desnudo.

10- En el fondo, la sabiduría popular percibía el olor a podredumbre y eso estaría explicando la férrea resistencia cívica que, durante 17 días de lucha callejera, en los meses de marzo y abril de ese año 2002, derrotó ese nefasto proyecto del Combo ICE.

11- Todos ellos y todo lo que ellos han simbolizado, habían logrado el primer debate parlamentario de dicho proyecto, dando por un hecho que el “Combo ICE” sería una realidad; quizás pródiga en comisiones y premios de valía muchísimo mayor a las cantidades de lo que hoy hemos conocido.

12- Cuatro años después de esa histórica lucha ciudadana; en este memorable año 2004, por otra circunstancia análoga (el cuestionado negocio de la revisión técnica vehicular) y por casi diez días; las acciones de calle promovidas por el Movimiento Cívico Nacional, con enorme respaldo ciudadano también, generaron dramáticos cambios en el gabinete de la Administración Pacheco de la Espriella, expulsando del mismo a varias de las más connotadas figuras neoliberales del sistema bipartidista “PLUSC”.

13- Las acciones del Movimiento Cívico Nacional, abrían así el escenario para la visibilización y el cuestiomiento fuerte hacia esa perniciosa red de políticos-empresarios y empresarios políticos, ahora ya al descubierto.

14- Tal red muestra ahora, con clara evidencia, de una u otra manera, su ligamen con el sistema político “PLUSC”: esa mezcla de negocios privados con los servicios públicos, que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad del atacado Estado Social de Derecho; ataque salido desde las trincheras de cúpula de ese “PLUSC.”

15- Hoy, si bien hay un sentimiento de que la justicia ha llegado y que el largo brazo de la ley está alcanzado la alta cumbre del olimpo bipartidista tradicional (pese a la muy criticada casa por cárcel); algunos pensamos que falta un proceso profundo de auscultación y de interpretación política de todos estos fenómenos; mas allá de sentir que se está haciendo lo correcto por parte una acción fiscal valerosa, nunca antes vista en la historia judicial de nuestro querido país.

16- En consecuencia, desde nuestra modesta perspectiva, se impone una seria y gran tarea de análisis, en toda la amplia red de los movimientos sociales costarricenses, para que podamos construir, entre todos, la más correcta interpretación posible de la naturaleza de tales fenómenos político-sociales de estos días.

17- Los movimientos sociales costarricenses tenemos la suficiente autoridad moral para ello; luego de la patriótica y heroica tarea de resistencia cívica, en todos estos años, contra el desmontaje de ese Estado Social de Derecho hoy casi saqueado.

18- Esta tarea se ha venido desarrollando de manera sistemática, pese a que ahora a algunos les interesa minimizarla, invisibilizarla, negándole el mérito patriótico de haberse enfrentado a tal red, aun sin saber de su existencia real. Tarea y lucha desplegadas en momentos de enorme dificultad, cuando la denuncia no había adquirido (pese a honrosas excepciones siempre abiertas para los sectores sociales), el carácter de política oficial de la estructura mediática nacional; la cual hoy está jugando un papel de gran trascendencia que del lado nuestro no genera mezquindad en reconocer.

19- Ante el vacío político en el que estamos inmersos, nunca como antes, hay que revitalizar la organización y la coordinación estratégica de los movimientos sociales costarricense. Ahora, el surgimiento de nuevos actores de gran potencial (como los que se aglutinan en el Movimiento Cívico Nacional), ha incrementado la opción de resistencia activa a niveles superiores, lo cual es halagador ante el mayor desafío de nuestra historia patria: derrotar el denominado TLC que representa para los neoliberales del “PLUSC”, la implantación definitiva de su visión de país.

20- Que la justicia siga su curso. Que la venda que tiene la imagen que la representa, le sea amarrada con más fuerza. Que sin alegrarnos por el mal ajeno, sin sentimientos revanchistas innobles que nos lleven a prender hogueras para quemas sumarias; sin creernos dueños de una moral absolutista que pontifica qué es bueno y qué es malo; quienes cometieron los graves actos ya denunciados asuman sus consecuencias políticas (éstas ya más que irreversibles), así como las jurídicas según el sistema institucional vigente.

21- Tal y como lo hace la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, reforzamos nuestra manifestación de repudio para todas estas situaciones vergonzosas; así como nuestro clamor de justicia imparcial y sin contemplaciones.

22- Finalmente, reiteramos que quienes estamos en los sectores sociales debemos tener presente que hay que ir más allá, hacia el esclarecimiento pleno de la naturaleza de los fenómenos político-sociales que estamos viviendo.

23- Si logramos la más acertada interpretación de los mismos, habrá de servir de base hacia la articulación de un movimiento de mayor envergadura estratégica; para seguir conservando la inmensa simpatía popular que las acciones cívicas promovidas han concitado, cuando los sectores sociales hemos convocado; en todos estos años de enfrentamiento a la hoy visible red de asociación ilícita para delinquir; red construida al más alto nivel de la política tradicional, cuya vida útil, para dicha de los y de las costarricenses, parece que ha llegado a su fin.

24- Por último, el noble pueblo costarricense merece otro destino político. Anhelamos que se dé el mayor desprendimiento de los sectores sanos del espectro político; de la inteligencia que anida en los sectores sociales; de aquellos sectores productivos de naturaleza patriótica; de la intelectualidad comprometida; con miras a la construcción de la nueva alternativa que posibilite la recuperación de la ilusión por la participación política en nuevo cauce; similar a lo que otros pueblos latinoamericanos ya están emprendiendo.

San José, 22 de octubre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto