Categoría: Incidencia

Estimada señora:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con gran preocupación y para que se esclarezca lo pertinente, sometemos a la digna consideración de su despacho, situación acaecida en la tarde ayer, miércoles 28 de abril, en el CEN-CINAI de Zapote; cuando, presuntamente, una funcionaria de Nutrición ordenó que se le entregara toda la leche embodegada que está destinada al consumo diario de los niños que acuden a dicho centro; por cuanto como se está en un proceso bastante “sui generis” de regalar leche, a diestra y siniestra (según se nos ha indicado); en ese momento se dispuso tomar la que estaba reservada para el fin indicado, dado cierto faltante para “regalar”.

Así las cosas, no sabemos con qué autorización pudo haber ocurrido lo que aparente ser una grave irregularidad; y, además, si esta política se va a mantener y si está extendida a todos los CEN-CINAI; ó si fue un acto de decisión individual de la funcionaria correspondiente, abusando de su autoridad.

Respetuosamente le rogaríamos nos aclarara sobre el particular, indicándole que acudimos a su despacho, con base en el Articulo 27 constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.: Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud.
c.:Sr. Manuel García Jiménez, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)-Responsable ANEP-Ministerio de Salud.
c.:Personal del CEN-CINAI de Zapote.
c.:Archivo.

Asunto: Desvío de fondos para pago laboral en INCOP, por la suma de 3.400 millones de colones, aprobado por la Asamblea Legislativa

Honorable señores diputados y honorables señoras diputadas:

Desde hace más de dos años, nuestra organización sindical ha venido denunciando ante ustedes, la Asamblea Legislativa y ante la propia Casa Presidencial, las irregularidades del proceso de concesión de obra pública mediante el cual se pretende entregar a manos privadas, el Puerto de Caldera.

Nos hemos opuesto, firmemente, a este proyecto no sólo porque a nuestro criterio se compran las conciencias de las personas trabajadoras de INCOP, prometiéndoles el pago de una indemnización adicional a las prestaciones legales (quizá con el objetivo de que no se opusieran a la privatización); sino también, porque el proceso licitatorio contiene una serie de vicios que rayan en la ilegalidad, además de que implica un leonino y oneroso “negocio” para las y los costarricenses.

Pues bien, una nueva razón para cuestionar lo que está tendiendo lugar en el INCOP a propósito de su privatización, es lo que ocurrió el pasado jueves 25 de marzo, en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la institución.

En el mes de diciembre de 2003, esta Asamblea Legislativa, con distinguidas excepciones de diputados y de diputadas que han luchado por conservar esta importante institución como parte del patrimonio nacional; aprobó en un presupuesto extraordinario, una transferencia de 3.400 millones de colones para que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), atendiera, oportunamente, el mal llamado “proceso de modernización”. En ANEP, por supuesto y como a sus autoridades les consta, nos opusimos a esta reforma presupuestaria.

La administración activa del INCOP, desde un inicio, justificó que el fin de ese dinero, era cancelar la indemnización por concepto de “desarraigo” (compra de conciencias decimos nosotros), prometida a los trabajadores y a las trabajadoras.

La mayoría de quienes votaron a favor de dicha transferencia, defendieron su voto alegando que había compromisos que cumplir con los trabajadores y las trabajadoras de Puerto Caldera. De hecho, muchas personas trabajadoras, a instancias de la administración del INCOP, se trasladaron hasta la Asamblea Legislativa, a pedir la aprobación de dicho dinero.

Pues bien, ahora resulta que el dinero aprobado por ustedes, señores diputados y señoras diputadas, no se utilizará para lo que se solicitó; sino que, con la anuencia del señor Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, a los 3.400 millones de colones se les dará otro destino.

El Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias y las enmiendas al Convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional (convenio que dicho sea de paso, no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa); establece una serie de medidas de seguridad que debe cumplir un puerto para que se le certifique y evitar así inconvenientes en la comercialización de productos.

En el acta número 3234 de la sesión de Junta Directiva del INCOP del jueves 25 de marzo, el señor Gerente General, Ing. Urías Ugalde Varela, planteó lo siguiente:

“Como resultado de la evaluación realizada, se determinó que para obtener la mencionada certificación el INCOP, debe ejecutar una serie de proyectos que suman alrededor de unos US $550.000.oo.

En línea con lo anterior, se expuso al Sr. Ministro que para realizara la ejecución de los proyectos que se requiere el INCOP no cuenta con los recursos financieros disponibles, toda vez que a lo largo de estos años se han acumulado los recursos líquidos necesarios para hacerle frente al pago de los derechos laborales, así como de la respectiva indemnización que debe realizarse a todos los empleados, como consecuencia del proceso de modernización.

De acuerdo con lo expuesto, se hizo ver al Sr. Ministro que la única forma posible de poder concretar todos los proyectos sería que el ministerio de Hacienda nos traspasara el equivalente en colones a US $650.000.oo (seiscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), tomándose los recursos de la Ley 8402 publicada en el Alcance 63 de la Gaceta No. 244 del 18 de diciembre de 2003, mediante la cual se autorizó la suma de 3.400 millones de colones para el fortalecimiento del INCOP.

Sobre lo propuesto, el Ministro Dent consideró bastante viable la propuesta realizada y aceptó realizar los trámites pertinentes para esos recursos nos sean girados lo más pronto posible.”

Señoras Diputadas, señores Diputados: el acta transcrita es muy clara. Con autorización del Ministro de Hacienda, la administración activa de INCOP decide cambiar el fin de un dinero aprobado por esta Asamblea Legislativa para un fin específico.

Pero no sólo eso, sino que, es evidente el negocio leonino que resulta ser para el Estado costarricense, la privatización de INCOP, puesto que además de aportar el dinero para cancelar las prestaciones legales y la indemnización en dólares prometida a los trabajadores y las trabajadoras; debe entregar a las empresas que se harán del negocio, un puerto certificado, que evidentemente representa una millonaria erogación de dinero.

Por otra parte, según manifestaciones del propio Gerente General: “ si en junio el puerto no está certificado no hay contrato, no se puede esperar a dejarle ese asunto a los concesionarios”.

El Asesor Externo de INCOP, licenciado Gustavo Esquivel Quirós, manifiesta al respecto lo siguiente: “… indistintamente de lo que se haya puesto en el cartel, la obligación de INCOP es entregar un puerto operativamente, es decir, no se puede entregar un puerto diciéndole al concesionario “encárguese usted de la certificación de seguridad” porque se estaría entregando un negocio que no es posible y se les estaría obligando a poner dentro de su estructura costos que no están obligados”. Al leer estas manifestaciones, nos cuestionamos seriamente qué intereses representan estas personas.

Por último, también el señor Gerente reconoce que, tal y como lo hemos denunciado, el INCOP desde que se firmó la carta de intenciones en el gobierno del Ex Presidente Miguel Angel Rodríguez, ha dejado de invertir para acumular los dineros necesarios para consolidar su privatización; lo cual, además, ha permitido que se presente a la institución como deficiente e inoperante, justificando así que pase a manos privadas.

Señores diputados, señoras diputadas: les rogamos se sirvan leer el acta de marras. Esta es un fiel reflejo del porqué el Puerto de Caldera lo tienen postrado con el único objeto ya no de venderlo, en función de hacer un buen negocio para el país; sino, prácticamente regalarlo y más aún, vergonzosamente, pagar o hacer regalías con platas de todos los costarricenses, como premio a los que estén de acuerdo o se hagan del negocio.

Tenemos suficientes razones para decir que al INCOP lo tienen secuestrado y en estado de coma. Las señoras diputadas y los señores diputados, cumpliendo con el mandato constitucional, están llamados, mediante el ejercicio del control político, a poner manos en el asunto, para rescatar esta institución de los intereses particulares que hoy la tienen postrada y ponerla, como corresponde, al servicio del desarrollo nacional y del interés público.

Reciban, nuevamente, nuestro mayor respeto y consideración.

SECCIONAL ANEP-INCOP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Estimada doctora:

Es muy grato volver a dirigirnos a su digna autoridad, expresándole el mayor de nuestro respeto y agradeciéndole la gentileza y celeridad al responder nuestra anterior nota, S.G. 0247-04, acerca del tema de privatización de servicios en la entidad confiada a su sabia responsabilidad.

Concretamente y con base en lo que usted nos indica en su respuesta, D.G. 0568-2004, fechada 14 del presente mes; aprovechándonos de su amabilidad, nos pareció importante solicitarle la siguiente información:

La base que da fundamento para impulsar el “Diagnóstico sobre la Conveniencia de reforzar los servicios de Seguridad y Vigilancia en áreas vulnerables”;

Si tal diagnóstico ya está listo; si no es así, cuándo comenzó y cuándo habrá de finalizar;

Si se ha contratado a alguna firma consultora para realizar tal diagnóstico; si es así, cómo se contrató, cómo se llama la firma, cuál es el costo y por cuánto tiempo;

Si tal diagnóstico no está concluido, considerar la presente nota como una solicitud oficial de la ANEP de tener una copia del mismo, una vez concluido;

Si está diseñada alguna estrategia de participación y/o sensibilización para el personal del ámbito de la seguridad hospitalaria, a fin de garantizar un proceso de total transparencia, en un ambiente de tranquilidad y paz laboral, que disipe los temores, fundados y no fundados, que acompañan procesos semejantes; máxime cuando los mismos se manejan con hermetismo.

Ha de tener claro su ilustrada autoridad que nuestras peticiones están basadas en el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa cooperación al respecto.

Reiterándole nuestro mayo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Sr. Geovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional de ANEP, Responsable ANEP-CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Personal del Servicio de Seguridad, Hospital Nacional Psiquiátrico.
c.:Archivo.

Licenciado
Gilberto Barrantes Rodríguez
Ministro
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Luego de expresarle el más atento y respetuoso de nuestros saludos, deseamos que su autoridad nos conceda, lo más pronto posible, una audiencia en su despacho para plantearle nuestras preocupaciones sobre el futuro de la próxima Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples; dadas las informaciones que tenemos en nuestro poder, las cuales nos indican eventuales problemas de financiamiento de la misma.

Para los movimientos sociales costarricenses y para la toma de decisiones en distintos ámbitos del quehacer nacional, la realización de tal encuesta es de extraordinaria importancia; razón por la cual estimamos que conversar con su persona al respecto, sería lo más idóneo a fin de disipar las especulaciones crecientes al respecto.

Esperando su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INEC.
c.:Sra. Lorena Chavarría Martínez, Responsable ANEP-MEIC.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

¿ESTÁ VERDADERAMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO A
FAVOR DEL COMBATE A LA POBREZA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Honorable señor Diputado Arce Salas:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte, considerando necesario invocar la gentileza y la amplitud con las cuales, en otras ocasiones, usted atendió nuestras opiniones y preocupaciones sobre varios asuntos en los cuales esta agrupación mostró interés de acudir ante su despacho. Por esa misma razón, hoy nos sentimos en la necesidad de expresarle por esta vía las consideraciones siguientes sobre el tema del Pacto Fiscal; consideraciones que se las planteamos con todo respeto.

En manos de los señores diputados y de las señoras diputadas de la Asamblea Legislativa está la aprobación de un verdadero pacto fiscal que atienda las necesidades fundamentales de nuestra población, de una forma progresiva; o bien, la aprobación de un paquete tributario regresivo que cargue la mayor parte de los impuestos sobre las espaldas de la población.

Durante más de un año, diversos sectores de la sociedad y el Gobierno, conjuntamente con cuatro de las fracciones legislativas, laboramos intentando obtener un verdadero proyecto de pacto fiscal; es decir, un proyecto que no sólo velara por hacer más progresivos los impuestos, sino también porque generara un mejor y más justo gasto público, acompañado de una serie de mecanismos idóneos para la debida aplicación tanto de impuestos como de las prioridades nacionales de gasto público. En síntesis, reformas a la administración tributaria, a los procedimientos tributarios y al sistema de información pública y rendición de cuentas

Precisamente, de que el pacto fiscal contenga componentes que trasciendan lo tributario, depende que sea un efectivo pacto fiscal y no un mero paquete tributario.

El producto es evidentemente imperfecto, e incluso nuestra propia organización ha insistido en que aquel primer producto debe ser mejorado, profundizando la progresividad del sistema, tanto en cuanto a los impuestos como al gasto público. La lógica misma de la tramitación legislativa permite que un primer producto que sale de una comisión sea mejorado por la opinión pública y por los señores diputados y señoras diputadas, para convertirse finalmente en ley de La República.

Sin embargo, con asombro y preocupación vemos que su fracción, en lugar de profundizar la progresividad del proyecto, profundiza su regresividad.

Bajo ninguna circunstancia pasaremos por alto las acciones emprendidas por el Bloque Patriótico o por otras fracciones legislativas, dirigidas a hacer más regresivo el citado proyecto de ley; o a que los nuevos recursos recaudados por esa eventual legislación no se dirijan a atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas.

En ese sentido, con consternación, hemos visto que el Bloque Patriótico, en pleno, presentó tres mociones, que fueron rápidamente avaladas por el PUSC, por el Movimiento Libertario y por el Diputado Avendaño y que se dirigen a viabilizar una agenda que desprecia las necesidades más apremiantes de las personas:

El Bloque Patriótico, eliminó el artículo que obligaba al Gobierno a girar íntegramente los recursos destinados al combate a la pobreza. Ese artículo, además, exigía no solamente que ese giro se hiciera de la mano de un programa de revisión de la eficiencia y eficacia de los programas de FODESAF, de forma tal que se introdujeran los cambios necesarios para evitar los abusos y la corrupción que se ha adueñado de esos programas; sino también para lograr que esos recursos logren el mayor impacto posible para las clases sociales más desprotegidas.

Además, de nuevo con el beneplácito del PUSC, del Movimiento Libertario y del Diputado Avendaño, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que obligaba a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a desarrollar un verdadero sistema de contabilidad de costos, que permitiría a la institución comparar costos entre proveedores y, sobre todo, lo que le cuesta la producción interna y externa de servicios; así como un sistema de información que le permitiera dirigir el gasto en salud que realiza esa institución a la atención oportuna y eficiente de las verdaderas necesidades de la población nacional. Ese gasto representa el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y tanto la Contraloría General de La República, como la Defensoría de los Habitantes de la República, e incluso la misma Asamblea Legislativa (por medio de informes que nunca llegaron a ser votados por intereses politiqueros), han dejado al descubierto problemas muy graves de gestión, de corrupción y de grandes desperdicio en la ejecución del gasto en salud. Hablamos aquí de una de las necesidades fundamentales de nuestra población, que cada día recibe servicios en salud más deteriorados, pero que ve como cada día se gastan más recursos en salud. Este tipo de sistemas de contabilidad de costos y de información de las necesidades de la gente, van al centro de estos problemas, pero evidentemente es contrario a los intereses del Bloque Patriótico.

Finalmente, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que establecía que buena parte de los nuevos recursos que se recauden se dirijan al mejoramiento del sistema educativo. Este artículo establecía como una de las prioridades nacionales del gasto público, el cerrar las brechas discriminatorias existentes en la educación, por ejemplo la existente entre escuelas rurales y urbanas; la existente entre la deficiente inversión en secundaria y educación preescolar y la inversión que recibe la educación primaria. Además pretendía eliminar los problemas de infraestructura que tiene la educación pública. Se buscaba mejorar el acceso a la educación de las personas con discapacidad; se pretendía minimizar el problema de la denominada “deserción” sobre todo en la educación secundaria, etc.

Ante todo esto nos preguntamos,

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ INTERESADO EN COMBATIR LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL USO DEL GASTO PÚBLICO, TANTO EN EL SECTOR SALUD COMO EN LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE QUE LOS MILLONES DE COLONES QUE SE GASTAN EN EL SECTOR SALUD REALMENTE SEAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO DESEA MEJORAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y SOBRE TODO ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES RURALES, DE LAS MUJERES, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Si por los hechos debemos juzgar no sólo a las personas sino sobre todo a los políticos, evidentemente tenemos que concluir que su interés es el de generar un paquete tributario que no se dirija a atender esas necesidades que nuestra población reclama a gritos.

Sin embargo, aún estamos a tiempo para corregir esta ruta. Ustedes tienen la voz y tienen el voto.

Agradeciéndole su atención, se suscribe respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Bloque Patriótico, Asamblea Legislativa.
c.:Señores diputados y señoras diputadas Asamblea Legislativa.
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Organizaciones sociales.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Siguiendo de cerca el transparente proceder administrativo que debe prevalecer en el funcionamiento institucional, y ante la serie de anomalías detectadas y reportadas por la Contraloría General de la República de su gestión, nos vemos en la obligación como organización sindical, seria y vigilante de la actuación gubernamental, de solicitarle, con el respeto que nos merece, que nos informe lo siguiente:

Mediante acuerdo número 4 firme, tomado por la Junta Directiva de su representada, en sesión 3144 celebrada el 23 de enero del año 2003, se acoge el oficio AG-021-2003 fechado el 20 de enero del mismo año, suscrito por el Licenciado Franklin Stevanovich Castro, Auditor General, quien remite el segundo informe parcial de la evaluación realizada con las Unidades de Control de Servicios Solicitados y Facturación, relacionado con el reporte y cobro el servicio de remolcadores y cobro del T.R.B.

¿Cuál es el proceso de cumplimiento de las recomendaciones emitidas?

¿En qué expediente se encuentra en el Ministerio Público las consideraciones que amerita el caso según el informe?

¿En qué proceso administrativo o judicial se encuentra la recuperación de los dineros dejados de percibir de acuerdo a las recomendaciones y conclusiones del informe en mención, como también la responsabilidad administrativa o judicial de las jefaturas directas relacionadas?

Toda nuestra preocupación radica en el sentido que su administración consideramos, no cumple eficientemente y mucho menos eficazmente lo encomendado a su investidura, y esto conlleva n flagrante incumplimiento de deberes que a resumidas cuentas, siempre es el estado como tal, el responsable de la deficiente labor de unos pocos.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores Diputados y señoras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de comunicación.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Nuevamente nos presentamos ante su Despacho con base a lo que establecen las leyes 1721 y sus reformas, y las 7428, 7494 y 8292, para que se investigue y resuelva el incumplimiento de los mismas en cuanto a las siguientes situaciones:

Desde principios del año 2001 bajo el alero de asesoría del famoso Proceso de Modernización, se contrataron una serie de servicios profesionales, en especial para el asesoramiento de los sindicatos de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles y la Unión Ferroviaria de Muelles, organizaciones sociales que suscribieron la Carta de Intenciones.

El licenciado Manuel Hernández Venegas, desde esa fecha y hasta la actualidad, en forma ininterrumpida ha venido ejerciendo la labor de asesoramiento bajo una contratación mensual de aproximadamente ¢1.000.000.oo por dichos servicios.

Como comprenderá esto viola todo principio de contratación por el tiempo y por la misma contratación, ya que impide una contratación que cumpla con lo establecido en la ley en contratación administrativa y su reglamento.

Por esta razón, le solicitamos la inmediata investigación para que se determine fehacientemente el trabajo realizado, y si realmente ameritó, ya que consideramos, como apuntamos anteriormente, que se trata de una contratación leonina en contra de la institucionalidad de INCOP.

Esperando la respuesta en el menor tiempo y solicitándole su compresión, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes.
c.:Trabajadores y trabajadoras de INCOP.
c.:Medios de Comunicación.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Por este medio deseamos hacer de su conocimiento, que en días pasados, mediante oficios S.G.0186-04, S.G.0187-04 y S.G.0218-04, solicitamos al señor Presidente Ejecutivo, al señor Auditor General y al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) respectivamente, procedieran conforme lo recomendado por esta Contraloría General de la República, en informe FOE-OP-10/2001 “Informe sobre el estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) sobre la contratación directa de un remolcador denominado “El Vínculo”, a presentar la acción civil resarcitoria ante los Tribunales de Justicia, a efectos de que la administración pública recuperara los daños causados con el comportamiento ilícito del Ex Presidente Ejecutivo del INCOP.

Asimismo, este órgano contralor emitió una serie de recomendaciones a seguir por parte de la administración activa, en el informe FOE-OP-268 del 10 de junio de 2003 “Informe del estudio efectuado sobre el pago de preaviso y auxilio de cesantía a favor del Ingeniero Guillermo Ruiz Castro, Ex Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico”, estableciendo responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en este asunto.

Al día de hoy, ninguno de los funcionarios mencionados, siquiera han respondido nuestra solicitud, conducta sumamente delicada, si tomamos en cuenta que están en juego dineros de todas y todos los costarricenses.

Solicitamos con todo respeto, que la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador de la hacienda pública, gestione lo correspondiente a fin de que se cumpla con las recomendaciones emitidas en sus informes, ya que sentimos que ha existido cierta tolerancia para con la administración activa de INCOP, misma que implicaría prescripción de responsabilidades en sede administrativa y un evidente perjuicio económico para el erario público.

Agradeciendo su atención, le reiteramos nuestro respecto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Sr. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo de INCOP.
c.:Ing. Urías Ugalde Varela, Gerente General de INCOP.
c.:Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor General de INCOP.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de nuestra organización sindical, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Mediante oficio DPGC-584-2004 del 25 de febrero de 2004, la Gerente de División de Programación y Gestión de Caja del Ministerio de Hacienda, nos informó que el sistema SIGAF registra la ejecución de pago a favor del acreedor 4000042140 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), por la suma de 3.400 millones de colones, refiriéndose a los recursos aprobados por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en el último presupuesto extraordinario para el período presupuestario que concluyó el 31 de diciembre pasado.

Hemos de señalar que dicho monto es para cubrir parte del pago de la indemnización por desarraigo, prometida a los trabajadores y trabajadoras de INCOP, para no oponerse al proceso privatizador de los muelles de Puerto Caldera.

De acuerdo a lo apuntado, y de conformidad con lo que establece la Ley 7428 mucho agradeceremos se nos informe a la mayor brevedad, si dicha partida cumplió con los movimientos presupuestarios de ejecución y liquidación, y su fundamento en el estricto apego a la ley.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Junta Directiva Nacional.

MBA
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nuestra respetuosa misiva es con la finalidad de clarificarnos con respecto a los alcances de su oficio G-2004-0434, fechado el 15 de marzo del año en curso; mismo en el cual su honorable autoridad especifica que los asuntos de personal, denuncias laborales, ascensos y cualesquier otro tema relacionado con el personal de la región metropolitana, lo debemos de coordinar con el Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, Director de la misma.

Con relación al anterior oficio, es nuestra intención saber si el caso del nombramiento de la Licda. Ana Virginia Sandoval Corrales, como Coordinadora de Recursos Humanos del Área Metropolitana, se circunscribe a dicho oficio; por cuanto, como usted recordará, mantuvimos con su persona una importante reunión en la que expusimos desde nuestra perspectiva, los argumentos por los que cuestionamos dicho nombramiento; mismos en con los que usted fue coincidente, manifestándonos la necesidad de tomarse un tiempo prudencial para buscar una salida al problema en mención, cuestionado por nuestro sindicato, de tal manera que se enderezara el procedimiento apegándose a derecho.

En tal sentido, consideramos que lo obvio es que su honorable autoridad resuelva, directamente, en definitiva este caso, pues el nombramiento de la Licda. Ana Virginia Sandoval Corrales fue de conveniencia de las jerarquías institucionales (principalmente de la Presidencia Ejecutiva, de la Gerencia General y del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, Director Regional del Área Metropolitana), las cuales dejaron sin efecto el nombramiento que ya en su oportunidad había realizado el Sr. Alvarado Ramírez; transgrediéndose la normativa laboral, para dar paso a un nombramiento de orden político como lo hemos afirmado de manera reiterada.

Vistas así las cosas, nos parece que con la nueva directriz que se nos ha comunicado, se podría estar desvirtuando los contenidos de la reunión que sostuviéramos y se estaría evadiendo la responsabilidad gerencial de tomar la decisión competente, habida cuenta de que el caso quedaba depositado en su despacho, dada la evolución del problema descrito.

Por último, ha de entender su honorable autoridad que hemos dado claras señales de diálogo para lograr acuerdos razonables interpartes en esta situación específica; no obstante, nos sentimos liberados para acudir a otras instancias que consideremos oportunas, pues hemos dado por agotado la vía administrativa en esta penosa situación.

Con toda consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

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c.:Lic. Roosevelt Alvarado Ramirez. Director Área Metropolitana (A y A).
c.:Sindicato de Profesionales del A y A ( SIPAA).
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Personal interesado, de A y A.
c.:Archivo.