Categoría: Incidencia

Licenciada
Esmeralda Britton González
Presidenta de la Junta Directiva
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ministra
Ministerio de la Condición de la Mujer
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el debido respeto pero de la manera más vehemente y enérgica, expresa su formal protesta y su muestra total de rechazo, a las acciones que se despliegan en contra del Lic. Jonathan Canales Hernández, Presidente de la Junta Directiva del Comité Seccional de la ANEP en el INAMU; quien, de manera arbitraria, como una acción de carácter intimidatorio, ha sido desplazado de su puesto profesional en el servicio de asesoría legal de la institución, a otra sección que no guarda relación alguna con su especialización profesional, más que comprobada a través de su correcto, eficiente y responsable desempeño laboral para con las tareas que en citado servicio son necesarios para el desenvolvimiento del INAMU.

La ANEP condena esta acción represiva pues es obvio la molestia institucional por la organización sindical de un importante número de servidores y de servidoras que han encontrado en la ANEP, la alternativa constitucional que les faculta a agruparse para la protección de sus derechos económicos y sociales; y, paralelamente, para fiscalizar el ejercicio de la función pública a cargo del INAMU, especialmente el accionar de sus autoridades transitorias.

De no revertirse la acción de acoso sindical contra nuestro máximo representante sindical en el INAMU, la ANEP deberá utilizar todos los mecanismos políticos y legales a mi alcance, para oponernos a lo que ya es actitud evidente de hostigar a la naciente organización sindical en el INAMU; pues es obvio que sus máximas autoridades, incluyéndola a usted, Sra. Ministra, han estado brindando muestras de “molestia”, por los requerimientos de información que la ANEP y nuestra Seccional han estado formulando, sobre decisiones políticas y administrativas de la actual gestión.

Es inobjetable, desde cualquier punto de vista semejante actitud y deberemos pedir, en próximas horas, la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con carácter de urgencia, ante la eventual situación de comisión de prácticas laborales desleales, al amparo de la Ley 7360 y otras disposiciones legales, constitucionales e internacionales en esta materia tan sensible de la Libertad Sindical.

Valga indicar que en nada beneficia al país que en la sede del propio Estado, se cometan actos antisindicales, precisamente en las cercanías de la próxima Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando Costa Rica deberá rendir cuentas por una serie de incumplimientos, atropellos y omisiones para garantizar el pleno respeto a los principios de Libertad Sindical; el cual tiene rango de Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y así ratificado en la innumerable cantidad de pactos de Derechos Humanos que Costa Rica ha suscrito a lo largo de los últimos cincuenta años.

Finalmente, de manera respetuosa, le pedimos una audiencia, con carácter de urgencia, para tratar este asunto; procurar buscar una solución “en casa”, antes de que tengamos que debatir sobre el tema en instancias extrainstitucionales y ante la opinión pública nacional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Jonathan Canales Hernández, Presidente Junta Directiva, Comité Seccional ANEP- INAMU.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.:Archivo.

Doctora
Oliva Brenes Antonini
Directora Médica
Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. Antonio Chapuí”
Su Despacho

Estimada doctora:

Primeramente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le hace llegar el más atento y respetuoso de nuestros saludo.

Con base en el Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, agradecemos profundamente que nos responda a la inquietud que hasta esta agrupación ha llegado, con respecto a un eventual proceso de privatización de servicios en el ámbito de la seguridad de dicho centro hospitalario confiado a su digna dirección; privatización que podría serlo en todo o en parte.

Tenemos informes confidenciales que nos merecen toda credibilidad, acerca de que por estos días un alto responsable de dicho servicio ha estado enseñándole a un representante de una empresa privada, la dinámica de funcionamiento del mismo (puestos, roles, sistemas, etc.).

La ANEP considera sumamente grave la situación planteada, sobre todo si la misma tiene certeza; no solamente por tratarse de una institución hospitalaria emblema nacional, como el Nacional Psiquiátrico; sino que estamos hablando de la privatización inmersa dentro de la institucionalidad del Sistema de Seguridad Social del cual todavía los y las costarricenses podemos enorgullecernos.

La ANEP con base en el fundamento legal arriba indicado, le solicita el suministro de toda la información acumulada al respecto (actas, estudios de factibilidad, ofertas recibidas, etc.). De la misma forma, si todo ello no fuese cierto, le rogaríamos un desmentido oficial al creciente rumor sobre privatización, expresado vía escrita.
No solamente nos interesa saber si, efectivamente, se está pensando privatizar en el servicio de seguridad; sino también, si ello está siendo considerado para otros servicios de ese prestigioso hospital.

Valga indicar que el asunto de la privatización en la Seguridad Social es de alta sensibilidad política, máxime que el actual mandatario del país, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República, se comprometió, con su firma de puño y letra, ante los movimientos sociales costarricenses, a que durante su gestión gubernativa no habría privatización de ninguna especie en todo el Sector Público.

Sin duda alguna, este compromiso es avalado por la máxima autoridad política y ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Dr. Eliseo Vargas García, persona de alta credibilidad para el Presidente Pacheco de la Espriella.

Así las cosas, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, quedamos en espera de su pronta respuesta, la cual incidirá en las políticas de la ANEP, de otras agrupaciones sindicales y profesionales con presencia en esa noble institución hospitalaria y de los propios trabajadores de la misma, que se han de seguir para enfrentar el desafío planteado.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa, CCSS.
c.:Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP-Responsable ANEP-CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras, del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Antonio Chapuí”.
c.:Archivo.

Señores y señoras
Alexander Delgado L.
Roberto López Alpízar
Carlos Romero
Ana Lucía Conejo Ortega
Francisco Araya Mora
Eladio Lobo
Mónica Gamboa Romero
Gerardo Enrique Araya Cordero
Tatiana Mejía Chacón
John González Quesada
Mario Lobo Carmona
Pamela Bonilla
Marvin Castillo Padilla
Xinia Lobo Díaz
Daisy Ravine Manley
Francisco Araya E
Martín Loría
Pilar Escorriola A.
Zeanne Páez Ordóñez
Felipe Montiel
Roberto Carlos Salazar Ulloa

Trabajadores y trabajadoras
Municipalidad de Tibás
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

En primer término, reciban ustedes el más respetuoso y atento de nuestros saludos.

Por esta vía damos respuesta a la nota fechada 26 de marzo de 2004, que ustedes nos dirigen; puntualizando de la siguiente forma:

Nunca como hoy en día, la imperiosa necesidad de la máxima transparencia en el ejercicio de la función pública, resulta un propósito imprescindible para la generación de la confianza ciudadana en sus gobernantes y en sus instituciones. No importa el sector institucional en que se desempeñe esa función pública, como tampoco importa la clase de puesto que se tenga y/o la calidad de la tarea. Se puede ser conserje, chofer, auditor, secretaria, profesional, alcalde, ministro, diputado ó presidente, lo que sea; siempre la obligación ética dominante será la misma en la función pública: estar propenso a ser auscultado, a la demanda de rendición de cuentas, a servir al usuario del servicio que brindamos, a honrar la confianza ciudadana que se nos dio con ocasión del acceso a un cargo público, ya sea por selección, por elección, por compadrazgo, por lo que fuere.

Ese es el único espíritu dominante en la denuncia que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formuló ante la Contraloría General de la República y que le fuera entrega, en forma personal, por los suscritos a la máxima autoridad de la misma; acerca de presuntas irregularidades que estaría cometiendo el actual Alcalde de la Municipalidad de Tibás, el distinguido ciudadano MSc. Percy Rodríguez Argüello.

Por ende, rechazamos, tajantemente que nuestra denuncia esté impregnada de “absurdos y temerarias manifestaciones”; mucho menos del mínimo sesgo malintencionado. Tampoco aceptamos que nuestras manifestaciones en la denuncia indicada sean “a todas luces difamantes, injuriosas y calumniantes”. Igualmente, rechazamos, con la misma vehemencia, que estemos pretendiendo “un revanchismo político dirigido contra el Señor Alcalde” y que busquemos su destitución. No hay en nuestra conducta ningún mecanismo indecoroso ni contrario a la ética, ni mucho menos afán de perjudicar a nadie. Tan es así que nada se escondió sobre nuestra denuncia y la misma apareció en nuestra página electrónica.

La ANEP no ha pretendido mancillar el nombre de ningún trabajador ni de ninguna trabajadora de la Municipalidad de Tibás. Las situaciones personales descritas en nuestra denuncia a la Contraloría General de la República, tienen el único propósito de que este ente contralor determine si ha habido o no alguna irregularidad en alguna de ellas, para que se tomen las medidas pertinentes, según el juicio de tal entidad y no el de la ANEP; que en todo caso, no es ningún juicio, sino tan sólo la puntualización de acontecimientos, decisiones y situaciones que pudieran ir contra la legalidad municipal en los distintos órdenes que contemplan esas situaciones.

Nuestro sistema democrático, afortunadamente, nos faculta para la acción social abierta, tanto para ustedes en cuanto ciudadanos y servidores públicos; como a la ANEP, en cuanto a institución laboral ampliamente reconocida por la sociedad costarricense. La misma legitimidad que a ustedes les asiste para defender la gestión del actual jerarca municipal, tal y como se desprende de su carta; es la misma legitimidad que a nosotros nos asiste para plantear, ante la instancia correspondiente, si esa gestión está apegada a la legalidad, sin que ello implique ninguna afirmación categórica que lesione la dignidad de nadie en particular. Cuando se trata del manejo de la cosa pública, lo menos que podemos hacer es molestarnos porque se nos pida cuentas de lo que estamos haciendo, al administrar los bienes patrimoniales y legales de la comunidad a la que servimos.

Sin duda alguna que este tipo de situaciones son de inobjetable interés ciudadano, tanto en el plano cantonal, como en el nacional. ANEP está lista para lo que creemos que debe ser el necesario debate público al respecto, por los diferentes medios de comunicación colectiva.

Respetuosamente,

Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás

Iris Cervantes Paniagua
Presidenta

Jorge Rojas Arias
Vicepresidente

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

——
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Tibás.
c.:Archivo.

Licenciada
Sussy Moreno Amador
Gerente General
Correos de Costa Rica, S. A.
Su Despacho

Asunto: Protesta de la ANEP sobre horario en Semana Santa

Estimada señora:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de la manera más respetuosa para la digna autoridad depositada en su persona, pero de una forma vehemente; le expresa una enérgica protesta por el manejo poco transparente y franco que se dio en torno a nuestra gestión, para la especial jornada de labores que se debió establecer con ocasión de la Semana Santa recién pasada; evento que como bien sabemos, es de enorme sensibilidad espiritual para el pueblo costarricense y ocasión propicia para la unión familiar.

Entendimos que la coordinación previa que ANEP había definido con la Gerencia General de la empresa, marcaba la pauta para esos días en cuanto a la posibilidad de asuetos para miércoles y para sábado santos; situación que se dio a medias (sólo sábado), en medio de un ambiente de gran incertidumbre, zozobra e interrogantes por parte del personal afectado, que conoció una definición institucional únicamente a último momento, sin tener claras las reglas del juego para esos días. Tenemos entendido, incluso, que en ciertos lugares ni siquiera el Sábado Santo fue concedido.

Esta situación es molesta porque no sólo afecta la credibilidad del mensaje de nuestra organización sindical; sino que, además, pone en duda la capacidad de la Gerencia General de Correos de Costa Rica, S. A., para sostener una directriz política concertada con la representación laboral, dando a paso a especulaciones sobre mayores incidencias de parte de ciertos mandos medios institucionales.

Lo anterior se puede conjuntar, además, con la necesidad de efectuar un balance responsable sobre una correcta relación costo-beneficio, como para obligar a mantener abiertos servicios y centros, cuando la demanda se reduce al mínimo por tales fechas.

Vistas así las cosas, la ANEP deja expresa manifestación por este medio de su enérgica protesta por la poca seriedad en el manejo de este asunto y por la fragilidad que mostró lo que en principio creímos firme compromiso y directriz efectiva de la Gerencia General de la institución, en la situación antes apuntada.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

—-
c.:Trabajadores y trabajadoras, Correos de Costa Rica, S. A.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Es muy probable que sea de su conocimiento que el Laboratorio de Pruebas de Paternidad Responsable (única entidad de su tipo en nuestro país, lo cual constituye un gran logro nacional), está adscrito al Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dicho centro médico tiene a su cargo el servicio de vigilancia de ese estratégico laboratorio.

La ANEP tiene sobradas razones, provenientes de fuentes dignas de nuestro mayor crédito, para suponer que en determinado momento de la historia institucional del citado laboratorio, ha estado flotando la idea de una especie de privatización del correspondiente servicio de vigilancia; privatización que incluso podría tener una “modalidad electrónica”, al presuponer la actual sustitución del personal de seguridad que realiza ese servicio público, por un mecanismo automatizado de vigilancia, susceptible de serle contratado a una entidad lucrativa que desde la esfera privada realiza negocios con los servicios públicos del ámbito de la seguridad institucional.

El sentido de nuestra carta a su digna autoridad, estriba en consultarle qué tipo de apreciación tendría la Dirección General del Registro Civil, ante la eventualidad de que una situación como la descrita en el párrafo anterior, se convirtiese en un hecho real; desde la perspectiva de la naturaleza estratégica que corresponde a la labor que la sociedad le ha encargado al Laboratorio Pruebas de Paternidad Responsable.

Vistas así las cosas y con base en lo que para la Dirección General del Registro Civil de Costa Rica puede representar la labor del mencionado laboratorio, la ANEP está interesada en conocer la opinión de su despacho sobre las siguientes cuestiones fundamentales: a) ¿Es mejor la vigilancia humana que la electrónica para una entidad de la naturaleza de la que estamos hablando); b) Si el factor humano es el idóneo en tal situación, ¿conviene o no a los intereses institucionales que esa vigilancia sea ejercida por funcionarios públicos pagados con fondos de la Seguridad Social?

Como habrá podido usted apreciar, el criterio de la institución confiada a su digna dirección es determinante para nuestros propósitos sociolaborales y de institucionalidad en el caso que nos ocupa; por tal razón y siempre en el marco del mayor respeto le solicitamos una respuesta, misma que estamos amparando conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Sin otro particular por el momento, quedamos en espera de su pronta respuesta; no sin antes reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Sr. Guido Fallas Monge, Directivo Nacional de ANEP-Responsable ANEP-Hospital San Juan de Dios.
c.: Sr. Arcelio Sánchez Cisneros, Delegado ANEP-Hospital San Juan de Dios-Servicio de Vigilancia.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Luego de saludarle en forma fraternal y respetuosa; nos referimos al contenido de su nota SH-395-03-04, fechada 24 de marzo de 2004, en la cual nos informa que la publicación del Decreto Ejecutivo No. 31691-H, en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 58, del martes 23 de marzo de 2004; es producto de “la arbitrariedad y unilateralidad del Ministro de Hacienda, …”, refiriéndose al nuevo Reglamento Autónomo de Servicios (entendemos nosotros).

Nos abocaremos al estudio urgente de la situación planteada en su nota y elaboradas nuestras conclusiones al respecto, las compartiremos con SINDHAC para valorar, en lo sucesivo, la realización de gestiones conjuntas, tanto en el plano nacional como en el internacional, si resulta necesario.

En todo caso valga la oportunidad para destacar la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos en aras de enfrentar de mejor manera la embestida del actual Gobierno Neoliberal del Presidente Pacheco de la Espriella; el cual tiene en su Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, uno de los ejes máximos del poder que lo sostiene.

Sin otro particular por el momento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. Rodrigo Acuña M., Director General, Inspección de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
c.: Sres. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
c.: Sres. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina en Costa Rica.
c.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto-Coordinador Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
c.: Sr. Luis Enrique Leal Ruiz, Responsable ANEP-Ministerio de Hacienda.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Delegados y Delegadas, ANEP-Ministerio de Hacienda.
c.: Archivo.

Estimado don Warner:

En primer término, reciba usted y sus compañeros y compañeras al frente de la FECASEP, el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Con gran alegría hemos recibo su nota, JD-021-04, fechada el día 9 de marzo anterior, en la cual expresa la intención de su representada para integrarse al proceso de la “Tercera República”. Nada más propicio en los actuales momentos sociohistóricos de nuestro querido país.

Inmediatamente ya hemos informado, por vía telefónica, a varias de las actuales entidades de la Tercera República sobre la decisión de la FECASEP, de tal suerte que en estos días se les convocará, oficialmente, para operacionalizar su adhesión a este proceso social.

Sin otro particular por el momento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.: Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
c.: Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).
c.: Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
c.: Colegio Profesional de Ingenieros y Agrónomos.
c.: Mesa Nacional Campesina.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Asunto: Participación de la ANEP en el Proyecto “Centroamérica Cumple y Gana”.

Estimado señor:

Le hacemos llegar, primeramente, el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

La Junta Directiva Nacional de la ANEP, en su Sesión No. 1704, celebrada el día viernes 19 de marzo anterior, analizó la propuesta de participación de nuestra organización en el Proyecto “Centroamérica Cumple y Gana”-Fortalecimiento de los Derechos Laborales en Centroamérica, el cual es financiado con fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América (USDOL, por sus siglas en inglés); proyecto que ejecutará la entidad estadounidense Abt. Associates Inc., y la Fundapem.

La ANEP decidió no participar en tal proyecto, pese a que los y las costarricenses que están involucrados en el mismo, merecen nuestro mayor respeto, considerando su alta ética profesional, su limpia trayectoria institucional y el buen deseo que les anima en tal iniciativa. Son otras, pues, las consideraciones que nos llevar a rechazar el ofrecimiento de participación.

El debate que se dio en el seno de la dirección nacional de la ANEP al respecto, estableció consideraciones como las siguientes, mismas que fundamentan la negativa que por este medio queda comunicada:

La ANEP está opuesta, radicalmente hablando, a la suscripción del tipo de tratado de “libre” comercio (TLC) que le están imponiendo a Costa Rica, los grupos de poder económico que controlan la acción política de nuestro país, conjuntamente con el actual Gobierno de los Estados Unidos de América.

De alguna manera y aunque se diga lo contrario, el proyecto en mención tiene relación directa en ese TLC. De hecho, tanto el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), como el de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hacen alarde con tal proyecto al exhibirlo como parte de la “Agenda de Cooperación” en el marco de la eventual aprobación del TLC con Estados Unidos de América.

En tal marco de condiciones, la participación de la ANEP conllevaría para esta organización el despliegue de una doble moral política en cuanto a su oposición al TLC; situación que, paralelamente, nos generaría problemas de credibilidad, de seriedad de compromiso y sobre todo de consecuencia, en el seno del amplio espectro de movimientos sociales que nos estamos coaligando por tal circunstancia (la lucha contra el TLC).

La ANEP ha realizado en diferentes momentos esfuerzos tendientes a concertar con las máximas cúpulas empresariales del país, diversos tópicos que conciernen al mundo laboral y social costarricense, entendiendo el carácter de la época que estamos viviendo. Sin embargo, la mayoría de tales esfuerzos han sido infructuosos y decepcionantes, a excepción de la experiencia denominada comúnmente como “Tercera República”, desarrollada junto a la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y otros sectores sociales de gran importancia nacional, como el cooperativismo; y pese a que la diferencia entre dicha entidad empresarial y la ANEP con relación al TLC es más que obvia.

Sin embargo, específicamente tratándose de quienes ostentan parte del poder empresarial en las organizaciones tradicionales de dicho ámbito, todo esfuerzo con ellos es, como indicamos, infructuoso; por su doble discurso y su poca capacidad ética para honrar lo que firman. Vernos juntos con este sector empresarial en un espacio como el que presupone el proyecto que nos ocupa, aparte de hipócrita, sería un esfuerzo insulso.

El fortalecimiento de los Derechos Laborales debería ser una política de Estado al máximo nivel, si de verdad se quisiera que la famosa globalización tuviera un desenvolvimiento humanista. Lamentablemente no es así, como ya es más que notorio. En todo caso, nada nos asegura que para el caso costarricense, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), subirá su perfil político y asumirá un rol beligerante, proactivo y protagónico cuando el proyecto termine.

Finalmente, es imposible aceptar participar de un proyecto financiado por el actual Gobierno de los Estados Unidos de América, considerando que su origen electoral está bastante cuestionado; amén de que su respeto por el Derecho Internacional no parece ser la conducta ética predominante en su seno. De ahí que estimar como “genuino” el interés de dicho gobierno por la situación y los derechos laborales de la clase trabajadora centroamericana, resulta un asunto poco creíble.

Las anteriores y otras argumentaciones surgidas de la discusión de rigor, son las que fundamentaron, como ya le indicamos, la negativa de la ANEP para participar en el proyecto que usted conduce, don Rodolfo Piza.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Lic. Alberto Trejos Zúñiga , Ministro de Comercio Exterior.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP).
c.:Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Entidades Sociales del Comité Nacional de Enlace (CNE).
c.:Entidades Sociales y Productivas de la “Tercera República”.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

Estimada señora:

Primeramente, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Por los medios de comunicación colectiva nos hemos enterado de la solicitud que han planteado ante su autoridad los autobuseros del país, para que se considere un incremento en la tarifa del 14.5%.

Nuestra organización desea manifestarle se considere a la hora de proceder a revisar el ajuste solicitado, los siguientes temas que son de fundamental relevancia en razón de la representación laboral que ostentamos:

Es importante resaltar que este estratégico medio de transporte público, que el Estado lo da por concesión a particulares, es usado fundamentalmente por trabajadoras y trabajadores tanto del Sector Público como del Privado; lo que implica que el ajuste solicitado tendrá un importante impacto en los bolsillos de la gente que representamos.

Debe usted considerar, además, que en el caso de la gente que trabaja en el Sector Público, cualquier impacto en el costo de la vida es superior, dado que el Gobierno Pacheco de la Espriella, ha decretado “incrementos” salariales para este sector muy por debajo del índice de la inflación.

Tratándose éste de un servicio público pero que el Estado lo da en concesión para ser prestado por particulares; este tipo de empresa para que se ajuste a derecho, debe regirse en cuanto a sus relaciones laborales por lo que estipula el Convenio Nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país; convenio que da sustento a la Directriz Nª 34 del Poder Ejecutivo, dada el 8 de febrero del 2002.

Será importante conforme al inciso anterior, y en tal sentido va nuestra solicitud, que la ARESEP constate si, efectivamente, las empresas que solicitan este ajuste tarifario, están a derecho con lo estipulado en el citado convenio y en la correspondiente directriz presidencial; sobre todo en lo concerniente a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus empelados y en cuanto al cumplimiento de las obligaciones para con la Seguridad Social.

Esperamos que nuestros argumentos sean considerados por su respetable autoridad a la hora de conceder o dejar de hacerlo, el ajuste solicitado por los empresarios del transporte colectivo de personas; y, en todo caso, deseamos conocer su criterio sobre nuestras preocupaciones al respecto, para lo cual debe entenderse que la presente la estamos formulando al amparo del Artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Nuevamente reciba usted nuestra mayor consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de comunicación colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.

Estimado señor:

Sumamente consternados y preocupados, por el severo impacto económico que causará para la dieta básica de la familia trabajadora costarricense, los fuertes incrementos en los precios del arroz y de la leche; solicitamos la convocatoria urgente, de la Comisión Nacional de Salarios (Sector Privado) y de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a fin de que procedan, respectivamente, a revisar los salarios y ajustarlos conforme al alto costo de la vida que, de manera acelerada, se está notando en este primer semestre del año 2004.

Lo anterior lo fundamentamos en los siguientes razonamientos:

Su Gobierno, sin negociación alguna, ha decretado ajustes salariales muy por debajo de los índices inflacionarios; lo que implica, indudablemente, un vil maltrato a la capacidad de compra de las familias trabajadoras del Sector Público. Para el Sector Privado, las fijaciones siguen igual tránsito hacia la depreciación salarial.

En su Administración se han fraguado importantísimas alzas en los servicios de luz, teléfono y agua; servicios básicos para asegurar una mínima calidad de vida.

Ahora, la leche, alimento básico en la dieta para niños, niñas y adolescentes, subirá nada menos y nada más que 12 colones el litro.

Los autobuseros ya solicitaron un incremento en sus tarifas del 14.5%.

Y como si fuera poco, también se nos anuncia a partir del próximo 19 de abril un incremento de aproximadamente 52 colones en la bolsa de arroz.

Y para asestar bien el golpe, ya las autoridades de RECOPE solicitaron un incremento en la gasolina de 7.29 colones en cada litro; lo que generará, nuevamente, más alzas en los precios de los productos y en las tarifas de los servicios básicos.

Como bien puede notar, señor Presidente, hay buenas y suficientes razones para que su Gobierno, si tiene a bien desafiar a sus amigos los neoliberales; se atreva a aplicar un poquito de la Doctrina Social cristiana, ajustando los salarios de la gente del trabajo, conforme lo demanda el alto costo de la vida. Esperamos que su reciente e importante visita a Su Santidad Juan Pablo II, le haya ayudado a recordar los principios socialcristianos que usted siempre ha alegado profesar.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Su Excelencia, Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica.
c.:Su Excelencia, Monseñor Francisco Ulloa Rojas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.:Organizaciones Sindicales y Sociales de Costa Rica.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.