Carta al Licenciado Gilberto Barrantes Rodríguez, Ministro Economía, Industria y Comercio (MEIC), sobre el futuro de la de la próxima Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Licenciado
Gilberto Barrantes Rodríguez
Ministro
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Luego de expresarle el más atento y respetuoso de nuestros saludos, deseamos que su autoridad nos conceda, lo más pronto posible, una audiencia en su despacho para plantearle nuestras preocupaciones sobre el futuro de la próxima Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples; dadas las informaciones que tenemos en nuestro poder, las cuales nos indican eventuales problemas de financiamiento de la misma.

Para los movimientos sociales costarricenses y para la toma de decisiones en distintos ámbitos del quehacer nacional, la realización de tal encuesta es de extraordinaria importancia; razón por la cual estimamos que conversar con su persona al respecto, sería lo más idóneo a fin de disipar las especulaciones crecientes al respecto.

Esperando su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INEC.
c.:Sra. Lorena Chavarría Martínez, Responsable ANEP-MEIC.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Carta al Licenciado Humberto Arce Salas, Diputado, Jefe de Fracción Parlamentaria del Bloque Patriótico, con respecto al Pacto Fiscal y si está verdaderamente esa agrupación legislativa está a favor del combate a la pobreza y contra la corrupción.

¿ESTÁ VERDADERAMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO A
FAVOR DEL COMBATE A LA POBREZA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Honorable señor Diputado Arce Salas:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte, considerando necesario invocar la gentileza y la amplitud con las cuales, en otras ocasiones, usted atendió nuestras opiniones y preocupaciones sobre varios asuntos en los cuales esta agrupación mostró interés de acudir ante su despacho. Por esa misma razón, hoy nos sentimos en la necesidad de expresarle por esta vía las consideraciones siguientes sobre el tema del Pacto Fiscal; consideraciones que se las planteamos con todo respeto.

En manos de los señores diputados y de las señoras diputadas de la Asamblea Legislativa está la aprobación de un verdadero pacto fiscal que atienda las necesidades fundamentales de nuestra población, de una forma progresiva; o bien, la aprobación de un paquete tributario regresivo que cargue la mayor parte de los impuestos sobre las espaldas de la población.

Durante más de un año, diversos sectores de la sociedad y el Gobierno, conjuntamente con cuatro de las fracciones legislativas, laboramos intentando obtener un verdadero proyecto de pacto fiscal; es decir, un proyecto que no sólo velara por hacer más progresivos los impuestos, sino también porque generara un mejor y más justo gasto público, acompañado de una serie de mecanismos idóneos para la debida aplicación tanto de impuestos como de las prioridades nacionales de gasto público. En síntesis, reformas a la administración tributaria, a los procedimientos tributarios y al sistema de información pública y rendición de cuentas

Precisamente, de que el pacto fiscal contenga componentes que trasciendan lo tributario, depende que sea un efectivo pacto fiscal y no un mero paquete tributario.

El producto es evidentemente imperfecto, e incluso nuestra propia organización ha insistido en que aquel primer producto debe ser mejorado, profundizando la progresividad del sistema, tanto en cuanto a los impuestos como al gasto público. La lógica misma de la tramitación legislativa permite que un primer producto que sale de una comisión sea mejorado por la opinión pública y por los señores diputados y señoras diputadas, para convertirse finalmente en ley de La República.

Sin embargo, con asombro y preocupación vemos que su fracción, en lugar de profundizar la progresividad del proyecto, profundiza su regresividad.

Bajo ninguna circunstancia pasaremos por alto las acciones emprendidas por el Bloque Patriótico o por otras fracciones legislativas, dirigidas a hacer más regresivo el citado proyecto de ley; o a que los nuevos recursos recaudados por esa eventual legislación no se dirijan a atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas.

En ese sentido, con consternación, hemos visto que el Bloque Patriótico, en pleno, presentó tres mociones, que fueron rápidamente avaladas por el PUSC, por el Movimiento Libertario y por el Diputado Avendaño y que se dirigen a viabilizar una agenda que desprecia las necesidades más apremiantes de las personas:

El Bloque Patriótico, eliminó el artículo que obligaba al Gobierno a girar íntegramente los recursos destinados al combate a la pobreza. Ese artículo, además, exigía no solamente que ese giro se hiciera de la mano de un programa de revisión de la eficiencia y eficacia de los programas de FODESAF, de forma tal que se introdujeran los cambios necesarios para evitar los abusos y la corrupción que se ha adueñado de esos programas; sino también para lograr que esos recursos logren el mayor impacto posible para las clases sociales más desprotegidas.

Además, de nuevo con el beneplácito del PUSC, del Movimiento Libertario y del Diputado Avendaño, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que obligaba a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a desarrollar un verdadero sistema de contabilidad de costos, que permitiría a la institución comparar costos entre proveedores y, sobre todo, lo que le cuesta la producción interna y externa de servicios; así como un sistema de información que le permitiera dirigir el gasto en salud que realiza esa institución a la atención oportuna y eficiente de las verdaderas necesidades de la población nacional. Ese gasto representa el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y tanto la Contraloría General de La República, como la Defensoría de los Habitantes de la República, e incluso la misma Asamblea Legislativa (por medio de informes que nunca llegaron a ser votados por intereses politiqueros), han dejado al descubierto problemas muy graves de gestión, de corrupción y de grandes desperdicio en la ejecución del gasto en salud. Hablamos aquí de una de las necesidades fundamentales de nuestra población, que cada día recibe servicios en salud más deteriorados, pero que ve como cada día se gastan más recursos en salud. Este tipo de sistemas de contabilidad de costos y de información de las necesidades de la gente, van al centro de estos problemas, pero evidentemente es contrario a los intereses del Bloque Patriótico.

Finalmente, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que establecía que buena parte de los nuevos recursos que se recauden se dirijan al mejoramiento del sistema educativo. Este artículo establecía como una de las prioridades nacionales del gasto público, el cerrar las brechas discriminatorias existentes en la educación, por ejemplo la existente entre escuelas rurales y urbanas; la existente entre la deficiente inversión en secundaria y educación preescolar y la inversión que recibe la educación primaria. Además pretendía eliminar los problemas de infraestructura que tiene la educación pública. Se buscaba mejorar el acceso a la educación de las personas con discapacidad; se pretendía minimizar el problema de la denominada “deserción” sobre todo en la educación secundaria, etc.

Ante todo esto nos preguntamos,

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ INTERESADO EN COMBATIR LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL USO DEL GASTOBLICO, TANTO EN EL SECTOR SALUD COMO EN LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE QUE LOS MILLONES DE COLONES QUE SE GASTAN EN EL SECTOR SALUD REALMENTE SEAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO DESEA MEJORAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y SOBRE TODO ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES RURALES, DE LAS MUJERES, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Si por los hechos debemos juzgar no sólo a las personas sino sobre todo a los políticos, evidentemente tenemos que concluir que su interés es el de generar un paquete tributario que no se dirija a atender esas necesidades que nuestra población reclama a gritos.

Sin embargo, aún estamos a tiempo para corregir esta ruta. Ustedes tienen la voz y tienen el voto.

Agradeciéndole su atención, se suscribe respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Bloque Patriótico, Asamblea Legislativa.
c.:Señores diputados y señoras diputadas Asamblea Legislativa.
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Organizaciones sociales.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Carta al Ingeniero Urías Ugalde Varela, Gerente General del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), planteando interrogates sobre la gestión del citado señor.

Estimado señor:

Siguiendo de cerca el transparente proceder administrativo que debe prevalecer en el funcionamiento institucional, y ante la serie de anomalías detectadas y reportadas por la Contraloría General de la República de su gestión, nos vemos en la obligación como organización sindical, seria y vigilante de la actuación gubernamental, de solicitarle, con el respeto que nos merece, que nos informe lo siguiente:

Mediante acuerdo número 4 firme, tomado por la Junta Directiva de su representada, en sesión 3144 celebrada el 23 de enero del año 2003, se acoge el oficio AG-021-2003 fechado el 20 de enero del mismo año, suscrito por el Licenciado Franklin Stevanovich Castro, Auditor General, quien remite el segundo informe parcial de la evaluación realizada con las Unidades de Control de Servicios Solicitados y Facturación, relacionado con el reporte y cobro el servicio de remolcadores y cobro del T.R.B.

¿Cuál es el proceso de cumplimiento de las recomendaciones emitidas?

¿En qué expediente se encuentra en el Ministerio Público las consideraciones que amerita el caso según el informe?

¿En qué proceso administrativo o judicial se encuentra la recuperación de los dineros dejados de percibir de acuerdo a las recomendaciones y conclusiones del informe en mención, como también la responsabilidad administrativa o judicial de las jefaturas directas relacionadas?

Toda nuestra preocupación radica en el sentido que su administración consideramos, no cumple eficientemente y mucho menos eficazmente lo encomendado a su investidura, y esto conlleva n flagrante incumplimiento de deberes que a resumidas cuentas, siempre es el estado como tal, el responsable de la deficiente labor de unos pocos.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores Diputados y señoras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de comunicación.
c.:Archivo.

Carta al Licenciado Franklin Stevanovich Castro, Auditor General del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, solicitándole una investigación para que se determine fehacientemente el trabajo realizado por los servicios profesionales del licen

Estimado señor:

Nuevamente nos presentamos ante su Despacho con base a lo que establecen las leyes 1721 y sus reformas, y las 7428, 7494 y 8292, para que se investigue y resuelva el incumplimiento de los mismas en cuanto a las siguientes situaciones:

Desde principios del año 2001 bajo el alero de asesoría del famoso Proceso de Modernización, se contrataron una serie de servicios profesionales, en especial para el asesoramiento de los sindicatos de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles y la Unión Ferroviaria de Muelles, organizaciones sociales que suscribieron la Carta de Intenciones.

El licenciado Manuel Hernández Venegas, desde esa fecha y hasta la actualidad, en forma ininterrumpida ha venido ejerciendo la labor de asesoramiento bajo una contratación mensual de aproximadamente ¢1.000.000.oo por dichos servicios.

Como comprenderá esto viola todo principio de contratación por el tiempo y por la misma contratación, ya que impide una contratación que cumpla con lo establecido en la ley en contratación administrativa y su reglamento.

Por esta razón, le solicitamos la inmediata investigación para que se determine fehacientemente el trabajo realizado, y si realmente ameritó, ya que consideramos, como apuntamos anteriormente, que se trata de una contratación leonina en contra de la institucionalidad de INCOP.

Esperando la respuesta en el menor tiempo y solicitándole su compresión, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes.
c.:Trabajadores y trabajadoras de INCOP.
c.:Medios de Comunicación.
c.:Archivo.

Carta al Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, solicitándole que la Contraloría gestione lo correspondiente a fin de que se cumpla con las recomendaciones emitidas en el Informe del estudio efectuado sobre el p

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Por este medio deseamos hacer de su conocimiento, que en días pasados, mediante oficios S.G.0186-04, S.G.0187-04 y S.G.0218-04, solicitamos al señor Presidente Ejecutivo, al señor Auditor General y al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) respectivamente, procedieran conforme lo recomendado por esta Contraloría General de la República, en informe FOE-OP-10/2001 “Informe sobre el estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) sobre la contratación directa de un remolcador denominado “El Vínculo”, a presentar la acción civil resarcitoria ante los Tribunales de Justicia, a efectos de que la administración pública recuperara los daños causados con el comportamiento ilícito del Ex Presidente Ejecutivo del INCOP.

Asimismo, este órgano contralor emitió una serie de recomendaciones a seguir por parte de la administración activa, en el informe FOE-OP-268 del 10 de junio de 2003 “Informe del estudio efectuado sobre el pago de preaviso y auxilio de cesantía a favor del Ingeniero Guillermo Ruiz Castro, Ex Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico”, estableciendo responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en este asunto.

Al día de hoy, ninguno de los funcionarios mencionados, siquiera han respondido nuestra solicitud, conducta sumamente delicada, si tomamos en cuenta que están en juego dineros de todas y todos los costarricenses.

Solicitamos con todo respeto, que la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador de la hacienda pública, gestione lo correspondiente a fin de que se cumpla con las recomendaciones emitidas en sus informes, ya que sentimos que ha existido cierta tolerancia para con la administración activa de INCOP, misma que implicaría prescripción de responsabilidades en sede administrativa y un evidente perjuicio económico para el erario público.

Agradeciendo su atención, le reiteramos nuestro respecto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Sr. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo de INCOP.
c.:Ing. Urías Ugalde Varela, Gerente General de INCOP.
c.:Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor General de INCOP.

Carta al Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la General de la República, si la partida para el pago a los trabajadores de 3.400 millones de colones, cumplió con los movimientos presupuestarios de ejecución y liquidación, y

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de nuestra organización sindical, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Mediante oficio DPGC-584-2004 del 25 de febrero de 2004, la Gerente de División de Programación y Gestión de Caja del Ministerio de Hacienda, nos informó que el sistema SIGAF registra la ejecución de pago a favor del acreedor 4000042140 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), por la suma de 3.400 millones de colones, refiriéndose a los recursos aprobados por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en el último presupuesto extraordinario para el período presupuestario que concluyó el 31 de diciembre pasado.

Hemos de señalar que dicho monto es para cubrir parte del pago de la indemnización por desarraigo, prometida a los trabajadores y trabajadoras de INCOP, para no oponerse al proceso privatizador de los muelles de Puerto Caldera.

De acuerdo a lo apuntado, y de conformidad con lo que establece la Ley 7428 mucho agradeceremos se nos informe a la mayor brevedad, si dicha partida cumplió con los movimientos presupuestarios de ejecución y liquidación, y su fundamento en el estricto apego a la ley.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

—-
c.:Señoras Diputadas y señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Junta Directiva Nacional.

Carta a la MBA Heibel Rodríguez Araya, Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), para que resuelva, directamente, el nombramiento de la Licda. Ana Virginia Sandoval Corrales como Coordinadora de Recursos Hum

MBA
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nuestra respetuosa misiva es con la finalidad de clarificarnos con respecto a los alcances de su oficio G-2004-0434, fechado el 15 de marzo del año en curso; mismo en el cual su honorable autoridad especifica que los asuntos de personal, denuncias laborales, ascensos y cualesquier otro tema relacionado con el personal de la región metropolitana, lo debemos de coordinar con el Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, Director de la misma.

Con relación al anterior oficio, es nuestra intención saber si el caso del nombramiento de la Licda. Ana Virginia Sandoval Corrales, como Coordinadora de Recursos Humanos del Área Metropolitana, se circunscribe a dicho oficio; por cuanto, como usted recordará, mantuvimos con su persona una importante reunión en la que expusimos desde nuestra perspectiva, los argumentos por los que cuestionamos dicho nombramiento; mismos en con los que usted fue coincidente, manifestándonos la necesidad de tomarse un tiempo prudencial para buscar una salida al problema en mención, cuestionado por nuestro sindicato, de tal manera que se enderezara el procedimiento apegándose a derecho.

En tal sentido, consideramos que lo obvio es que su honorable autoridad resuelva, directamente, en definitiva este caso, pues el nombramiento de la Licda. Ana Virginia Sandoval Corrales fue de conveniencia de las jerarquías institucionales (principalmente de la Presidencia Ejecutiva, de la Gerencia General y del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, Director Regional del Área Metropolitana), las cuales dejaron sin efecto el nombramiento que ya en su oportunidad había realizado el Sr. Alvarado Ramírez; transgrediéndose la normativa laboral, para dar paso a un nombramiento de orden político como lo hemos afirmado de manera reiterada.

Vistas así las cosas, nos parece que con la nueva directriz que se nos ha comunicado, se podría estar desvirtuando los contenidos de la reunión que sostuviéramos y se estaría evadiendo la responsabilidad gerencial de tomar la decisión competente, habida cuenta de que el caso quedaba depositado en su despacho, dada la evolución del problema descrito.

Por último, ha de entender su honorable autoridad que hemos dado claras señales de diálogo para lograr acuerdos razonables interpartes en esta situación específica; no obstante, nos sentimos liberados para acudir a otras instancias que consideremos oportunas, pues hemos dado por agotado la vía administrativa en esta penosa situación.

Con toda consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

—-
c.:Lic. Roosevelt Alvarado Ramirez. Director Área Metropolitana (A y A).
c.:Sindicato de Profesionales del A y A ( SIPAA).
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Personal interesado, de A y A.
c.:Archivo.

Carta a la Licenciada Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en protesta y muestra total de rechazo, por las acciones contra del Lic. Jonathan Canales Hernández, Presidente de la Ju

Licenciada
Esmeralda Britton González
Presidenta de la Junta Directiva
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ministra
Ministerio de la Condición de la Mujer
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el debido respeto pero de la manera más vehemente y enérgica, expresa su formal protesta y su muestra total de rechazo, a las acciones que se despliegan en contra del Lic. Jonathan Canales Hernández, Presidente de la Junta Directiva del Comité Seccional de la ANEP en el INAMU; quien, de manera arbitraria, como una acción de carácter intimidatorio, ha sido desplazado de su puesto profesional en el servicio de asesoría legal de la institución, a otra sección que no guarda relación alguna con su especialización profesional, más que comprobada a través de su correcto, eficiente y responsable desempeño laboral para con las tareas que en citado servicio son necesarios para el desenvolvimiento del INAMU.

La ANEP condena esta acción represiva pues es obvio la molestia institucional por la organización sindical de un importante número de servidores y de servidoras que han encontrado en la ANEP, la alternativa constitucional que les faculta a agruparse para la protección de sus derechos económicos y sociales; y, paralelamente, para fiscalizar el ejercicio de la función pública a cargo del INAMU, especialmente el accionar de sus autoridades transitorias.

De no revertirse la acción de acoso sindical contra nuestro máximo representante sindical en el INAMU, la ANEP deberá utilizar todos los mecanismos políticos y legales a mi alcance, para oponernos a lo que ya es actitud evidente de hostigar a la naciente organización sindical en el INAMU; pues es obvio que sus máximas autoridades, incluyéndola a usted, Sra. Ministra, han estado brindando muestras de “molestia”, por los requerimientos de información que la ANEP y nuestra Seccional han estado formulando, sobre decisiones políticas y administrativas de la actual gestión.

Es inobjetable, desde cualquier punto de vista semejante actitud y deberemos pedir, en próximas horas, la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con carácter de urgencia, ante la eventual situación de comisión de prácticas laborales desleales, al amparo de la Ley 7360 y otras disposiciones legales, constitucionales e internacionales en esta materia tan sensible de la Libertad Sindical.

Valga indicar que en nada beneficia al país que en la sede del propio Estado, se cometan actos antisindicales, precisamente en las cercanías de la próxima Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando Costa Rica deberá rendir cuentas por una serie de incumplimientos, atropellos y omisiones para garantizar el pleno respeto a los principios de Libertad Sindical; el cual tiene rango de Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y así ratificado en la innumerable cantidad de pactos de Derechos Humanos que Costa Rica ha suscrito a lo largo de los últimos cincuenta años.

Finalmente, de manera respetuosa, le pedimos una audiencia, con carácter de urgencia, para tratar este asunto; procurar buscar una solución “en casa”, antes de que tengamos que debatir sobre el tema en instancias extrainstitucionales y ante la opinión pública nacional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Jonathan Canales Hernández, Presidente Junta Directiva, Comité Seccional ANEP- INAMU.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INAMU.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.:Archivo.

Carta a la Doctora Oliva Brenes Antonini, Directora Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico, solicitando respuesta con respecto a un eventual proceso de privatización de servicios en el ámbito de la seguridad de ese hospital.

Doctora
Oliva Brenes Antonini
Directora Médica
Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. Antonio Chapuí”
Su Despacho

Estimada doctora:

Primeramente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le hace llegar el más atento y respetuoso de nuestros saludo.

Con base en el Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, agradecemos profundamente que nos responda a la inquietud que hasta esta agrupación ha llegado, con respecto a un eventual proceso de privatización de servicios en el ámbito de la seguridad de dicho centro hospitalario confiado a su digna dirección; privatización que podría serlo en todo o en parte.

Tenemos informes confidenciales que nos merecen toda credibilidad, acerca de que por estos días un alto responsable de dicho servicio ha estado enseñándole a un representante de una empresa privada, la dinámica de funcionamiento del mismo (puestos, roles, sistemas, etc.).

La ANEP considera sumamente grave la situación planteada, sobre todo si la misma tiene certeza; no solamente por tratarse de una institución hospitalaria emblema nacional, como el Nacional Psiquiátrico; sino que estamos hablando de la privatización inmersa dentro de la institucionalidad del Sistema de Seguridad Social del cual todavía los y las costarricenses podemos enorgullecernos.

La ANEP con base en el fundamento legal arriba indicado, le solicita el suministro de toda la información acumulada al respecto (actas, estudios de factibilidad, ofertas recibidas, etc.). De la misma forma, si todo ello no fuese cierto, le rogaríamos un desmentido oficial al creciente rumor sobre privatización, expresado vía escrita.
No solamente nos interesa saber si, efectivamente, se está pensando privatizar en el servicio de seguridad; sino también, si ello está siendo considerado para otros servicios de ese prestigioso hospital.

Valga indicar que el asunto de la privatización en la Seguridad Social es de alta sensibilidad política, máxime que el actual mandatario del país, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República, se comprometió, con su firma de puño y letra, ante los movimientos sociales costarricenses, a que durante su gestión gubernativa no habría privatización de ninguna especie en todo el Sector Público.

Sin duda alguna, este compromiso es avalado por la máxima autoridad política y ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Dr. Eliseo Vargas García, persona de alta credibilidad para el Presidente Pacheco de la Espriella.

Así las cosas, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, quedamos en espera de su pronta respuesta, la cual incidirá en las políticas de la ANEP, de otras agrupaciones sindicales y profesionales con presencia en esa noble institución hospitalaria y de los propios trabajadores de la misma, que se han de seguir para enfrentar el desafío planteado.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa, CCSS.
c.:Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP-Responsable ANEP-CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras, del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Antonio Chapuí”.
c.:Archivo.

Respuesta a interesados de la Municipalidad de Tibás, sobre las denuncias de la ANEP, con respecto a la gestión de su señor alcalde.

Señores y señoras
Alexander Delgado L.
Roberto López Alpízar
Carlos Romero
Ana Lucía Conejo Ortega
Francisco Araya Mora
Eladio Lobo
Mónica Gamboa Romero
Gerardo Enrique Araya Cordero
Tatiana Mejía Chacón
John González Quesada
Mario Lobo Carmona
Pamela Bonilla
Marvin Castillo Padilla
Xinia Lobo Díaz
Daisy Ravine Manley
Francisco Araya E
Martín Loría
Pilar Escorriola A.
Zeanne Páez Ordóñez
Felipe Montiel
Roberto Carlos Salazar Ulloa

Trabajadores y trabajadoras
Municipalidad de Tibás
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

En primer término, reciban ustedes el más respetuoso y atento de nuestros saludos.

Por esta vía damos respuesta a la nota fechada 26 de marzo de 2004, que ustedes nos dirigen; puntualizando de la siguiente forma:

Nunca como hoy en día, la imperiosa necesidad de la máxima transparencia en el ejercicio de la función pública, resulta un propósito imprescindible para la generación de la confianza ciudadana en sus gobernantes y en sus instituciones. No importa el sector institucional en que se desempeñe esa función pública, como tampoco importa la clase de puesto que se tenga y/o la calidad de la tarea. Se puede ser conserje, chofer, auditor, secretaria, profesional, alcalde, ministro, diputado ó presidente, lo que sea; siempre la obligación ética dominante será la misma en la función pública: estar propenso a ser auscultado, a la demanda de rendición de cuentas, a servir al usuario del servicio que brindamos, a honrar la confianza ciudadana que se nos dio con ocasión del acceso a un cargo público, ya sea por selección, por elección, por compadrazgo, por lo que fuere.

Ese es el único espíritu dominante en la denuncia que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formuló ante la Contraloría General de la República y que le fuera entrega, en forma personal, por los suscritos a la máxima autoridad de la misma; acerca de presuntas irregularidades que estaría cometiendo el actual Alcalde de la Municipalidad de Tibás, el distinguido ciudadano MSc. Percy Rodríguez Argüello.

Por ende, rechazamos, tajantemente que nuestra denuncia esté impregnada de “absurdos y temerarias manifestaciones”; mucho menos del mínimo sesgo malintencionado. Tampoco aceptamos que nuestras manifestaciones en la denuncia indicada sean “a todas luces difamantes, injuriosas y calumniantes”. Igualmente, rechazamos, con la misma vehemencia, que estemos pretendiendo “un revanchismo político dirigido contra el Señor Alcalde” y que busquemos su destitución. No hay en nuestra conducta ningún mecanismo indecoroso ni contrario a la ética, ni mucho menos afán de perjudicar a nadie. Tan es así que nada se escondió sobre nuestra denuncia y la misma apareció en nuestra página electrónica.

La ANEP no ha pretendido mancillar el nombre de ningún trabajador ni de ninguna trabajadora de la Municipalidad de Tibás. Las situaciones personales descritas en nuestra denuncia a la Contraloría General de la República, tienen el único propósito de que este ente contralor determine si ha habido o no alguna irregularidad en alguna de ellas, para que se tomen las medidas pertinentes, según el juicio de tal entidad y no el de la ANEP; que en todo caso, no es ningún juicio, sino tan sólo la puntualización de acontecimientos, decisiones y situaciones que pudieran ir contra la legalidad municipal en los distintos órdenes que contemplan esas situaciones.

Nuestro sistema democrático, afortunadamente, nos faculta para la acción social abierta, tanto para ustedes en cuanto ciudadanos y servidores públicos; como a la ANEP, en cuanto a institución laboral ampliamente reconocida por la sociedad costarricense. La misma legitimidad que a ustedes les asiste para defender la gestión del actual jerarca municipal, tal y como se desprende de su carta; es la misma legitimidad que a nosotros nos asiste para plantear, ante la instancia correspondiente, si esa gestión está apegada a la legalidad, sin que ello implique ninguna afirmación categórica que lesione la dignidad de nadie en particular. Cuando se trata del manejo de la cosa pública, lo menos que podemos hacer es molestarnos porque se nos pida cuentas de lo que estamos haciendo, al administrar los bienes patrimoniales y legales de la comunidad a la que servimos.

Sin duda alguna que este tipo de situaciones son de inobjetable interés ciudadano, tanto en el plano cantonal, como en el nacional. ANEP está lista para lo que creemos que debe ser el necesario debate público al respecto, por los diferentes medios de comunicación colectiva.

Respetuosamente,

Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás

Iris Cervantes Paniagua
Presidenta

Jorge Rojas Arias
Vicepresidente

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

——
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Tibás.
c.:Archivo.